Dice Juan Soto Ivars en su ensayo «Esto no existe» (2025) que cuando uno se pone las gafas violetas para intentar descubrir las desigualdades entre hombre y mujeres es como cuando Valle-Inclan se iba al callejón del Gato a mirarse a los espejos cóncavos.
El autor argumenta que, cuando estas «gafas» se vuelven obligatorias o extremistas, terminan por distorsionar la visión de la justicia y los hechos. Según su tesis, esta mirada impide ver a los hombres como posibles víctimas de denuncias falsas o abusos procesales, al considerar que el sistema siempre debe priorizar la perspectiva de género sobre la presunción de inocencia. Sostiene que las instituciones tienen una ceguera institucional porque se han puesto estas gafas de forma tan rígida que se niegan a investigar los fallos del sistema por miedo a ser tachadas de machistas.
No puedo estar más de acuerdo con las conclusiones de Soto sobre esta “ideología bastarda” que se ha convertido en la voz institucional y mediática que trata de unir a la mujer como una tribu contra el hombre, contra su enemigo. Y como dice Soto como “una narrativa de género que ha cautivado un pánico social para apagar su sentido crítico con el señuelo de que las están protegiendo y de que quien cuestiona esa narrativa pretende hacerles daño.” Un discurso morado que ha secuestrado hasta los colegios e institutos de enseñanza secundaria, que lucen estos días previos al 8M sus paredes de color morado con el trabajo de esos profesores con gafas moradas, pero que no cuentan a sus alumnos que se destina un dineral a estas políticas de igualdad que se reparten entre los profesionales de este activismo ideológico y a todas estas factorías de la narrativa de género que ocultan la realidad de lo que ocurre y que tristemente no hace descender las violaciones ni las muertes, ni tan siquiera el maltrato.
El autor ha recibido amenazas y ha necesitado protección policial, generando un fuerte debate social al desmontar la «narrativa de género» y visibilizar efectos secundarios de la ley. Aunque reconoce la necesidad de proteger a las mujeres, Soto Ivars sostiene que el mecanismo se emplea indebidamente en ocasiones, generando desprotección judicial en varones. El libro, que lo aconsejo encarecidamente, es una obra que busca la igualdad real y la visibilización de todas las víctimas; es un ensayo de investigación sobre las denuncias falsas en el marco de la Ley de Violencia de Género en España. Crítica al sistema VioGén y analiza cómo el sistema de protección puede ser utilizado de forma instrumental, equiparando a veces conflictos menores con delitos graves, lo que acaba desprotegiendo a las víctimas reales. El libro es una fuente de testimonios de hombres que han sido procesados por denuncias que resultaron ser falsas y que son utilizadas como armas arrojadizas e interesadas; describiendo el proceso como una «muerte civil» que los separa de sus hijos y arruina su reputación.
Hay un capítulo en el comienzo de la segunda parte del libro que he de confesarles que ha pesar de que era consciente y conocedor de ello desde hace uno años que profundicé en este asunto, aún a día de hoy me deja, -como dirían mis alumnos- «to’ pillao»; atrapado y enganchadísimo sería la traducción. Es el tema del “incentivo perverso” que llama Soto. En él se pregunta el autor ¿Qué interés podría tener una mujer que no es víctima en ser considerada como tal? De entrada, nos dice, “la mera presentación de una denuncia suele permitir la expulsión inmediata del hombre del domicilio familiar. Si se presenta en un proceso de divorcio, el caso pasa de los juzgados de familia (civiles) a los juzgados de violencia sobre la mujer (penales), lo que inclina la balanza a favor de la mujer, le garantiza la guardia y custodia de los hijos y el uso del hogar conyugal y suprime de facto cualquier capacidad negociadora del hombre en la separación. El Constitucional sentenció que basta la denuncia para impedir la custodia compartida al padre”.
Esta medida cautelar, nos sigue diciendo Soto “tiene otra consecuencia sobre el futuro de la custodia, puesto que el tiempo transcurrido durante los trámites judiciales, mientras el menor está con la madre y el padre trata de demostrar su inocencia, se utiliza después como prueba de mayor «arraigo» en favor de ella y para alegar que el vínculo entre el niño y el padre es débil. Pero hay más. “Una denunciante adquiere por automatismo burocrático el derecho a una asistencia especializada integral y justicia gratuita, con abogados de oficio formados en este terreno, con independencia de su nivel de renta y validez para todo el proceso incluidos recursos y apelaciones. Y además “recibirá también una renta de inserción prorrogable de cuatrocientos euros como mínimo, una ayuda de pago único si cambia de residencia y acceso a la pensión de jubilación anticipada y a la prestación por desempleo, incluso aunque extinga su contrato voluntariamente. Si es autónoma, podrá suspender su cotización a la Seguridad Social durante seis meses, y en caso de estar desempleada tendrá ayudas económicas específicas, itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, acceso a un programa formativo específico y matrícula gratuita en la UNED y otras universidades. Existen incentivos para las empresas, como bonificaciones fiscales, cuando contraten a mujeres que denuncian maltrato, les ofrezcan movilidad geográfica o compensen las diferencias salariales. Sus hijos tendrán matrícula gratuita en la universidad, entre otras ayudas”. Respecto del alojamiento -sigue detallando el autor-, “las víctimas tienen prioridad en el mercado de viviendas protegidas y en las plazas en residencias geriátricas públicas, además de la posibilidad de suspender un lanzamiento hipotecario por impago sobre su domicilio habitual, acceso al Fondo Social de Viviendas en Alquiler y la consideración de «sector preferente» para recibir ayudas del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda”.
Esto, respecto a las españolas, nos dice Soto, “si son extranjeras, se regulariza su situación de residencia en España y se bloquea el proceso de extradición, incluso en caso de delito grave, además de recibir un permiso excepcional de trabajo. Hasta tal punto hay ventajas para mujeres en proceso migratorio, que han caído varias redes mafiosas dedicadas a la simulación de delitos de violencia de género para regularizar a inmigrantes. No una ni dos sino muchas y desde hace muchos años”.
El libro además de ser todo un ejemplo de investigación profunda es un acto de valentía, porque este tema es tabú a día de hoy y como le dijeron algunos amigos a Juan Soto no conviene escribir sobre ello, pero afortunadamente hay personas que les gusta nadar valientemente contra corriente en búsqueda de la verdad y como dice soto: “No se hace daño diciendo la verdad, sino callando”.