CUANDO LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DESCARRILA

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 28, 2026 | Opinión, Política, Varios

La tragedia ferroviaria de hoy en Urda reabre el debate sobre el mantenimiento, los sistemas de protección y unos protocolos de circulación en situaciones degradadas cuyas garantías deben ser examinadas. La seguridad no puede depender exclusivamente de que un operador o un maquinista no se equivoquen. El error humano no puede ser la última barrera de seguridad, el error humano es previsible y, por tanto, el sistema debe estar diseñado para evitar que se convierta en una catástrofe. El error humano puede ser el último eslabón de una cadena, pero eso no significa que sea su origen. La seguridad no consiste en exigir trabajadores infalibles. Consiste en construir organizaciones, infraestructuras y procedimientos capaces de anticipar sus equivocaciones.

Las personas nos equivocamos, nos distraemos, interpretamos incorrectamente una instrucción, tomamos decisiones bajo presión o actuamos con información incompleta. Precisamente por eso existen los sistemas automáticos de protección, los procedimientos de verificación, las redundancias tecnológicas y las barreras de seguridad. Cuando una equivocación humana puede desencadenar una tragedia, la investigación no puede limitarse a identificar quién cometió el último error. Debe determinar por qué el sistema permitió que ese error tuviera consecuencias irreversibles. Y sobre todo deberá dar respuesta a qué mecanismos de protección debían impedir que una decisión equivocada acabara provocando una colisión.

Cuando el sistema se degrada, la seguridad no puede degradarse con él y este es uno de los aspectos más preocupantes que debe examinarse tras el accidente de hoy para valorar las garantías que ofrecen los protocolos de circulación cuando los sistemas automáticos dejan de funcionar con normalidad. Un protocolo no es garantista por el simple hecho de estar escrito, aprobado y ser obligatorio. Es garantista cuando sus medidas son capaces de controlar eficazmente los riesgos que pretende evitar. Si una autorización verbal incorrecta puede permitir que un tren avance hacia otro detenido, sin que exista una barrera independiente capaz de impedir la colisión, estamos ante una posible insuficiencia de las defensas del sistema.Y esa insuficiencia no se resuelve únicamente recordando al operador que debe cumplir el procedimiento.

Los protocolos deben estar diseñados suponiendo que pueden producirse errores de comunicación, confusiones, omisiones y decisiones equivocadas. Para eso deben existir verificaciones independientes, comprobaciones de ocupación de vía, limitaciones operativas y mecanismos de protección adicionales. Si falla una persona, debe intervenir el sistema. Si falla un dispositivo, debe existir otro mecanismo de protección. Si se pierde una función automática, el procedimiento alternativo debe incorporar controles capaces de compensar esa pérdida. ¿Por qué seguimos a día de hoy trabajando con sistemas en los que una equivocación humana puede tener consecuencias catastróficas?

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla fue inaugurada en 1992, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla. Se convirtió en el símbolo de la modernización ferroviaria española, pero más de tres décadas después, su renovación tecnológica sigue siendo deberes sin hacer. El sistema LZB, utilizado históricamente en esta infraestructura, debía ser sustituido por el estándar europeo ERTMS, dentro de un proceso de modernización de las instalaciones de seguridad y señalización. ¿Por qué no se ha hecho?

España ha desarrollado una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. Durante décadas, la expansión ferroviaria ha sido presentada como un ejemplo de modernización tecnológica y capacidad inversora. Sin embargo, construir nuevas infraestructuras y conservar adecuadamente las existentes son responsabilidades diferentes, aunque inseparables. Una línea ferroviaria requiere mantenimiento preventivo, renovación de equipos, inspecciones, análisis de riesgos, actualización tecnológica y supervisión continua. No basta con que los trenes circulen; deben hacerlo dentro de condiciones de seguridad verificables.Tampoco basta con anunciar inversiones millonarias, hay que comprobar qué actuaciones se han completado, cuáles permanecen pendientes y qué riesgos existen mientras se ejecutan.

La cuestión aquí es política, por eso las responsabilidades también deberían ser políticas. El problema es que mantenimiento no se inaugura, pero los kilómetros construidos sí, y los récords de viajeros o las velocidades comerciales también son carne de titular; olvidando y no dando prioridad a algo tan importante como invertir en fiabilidad de sus instalaciones, en la eficacia de sus protocolos de emergencia y en su capacidad para impedir que una avería termine en tragedia.

Las investigaciones independientes que vengan ahora no deberían limitarse a reconstruir los últimos minutos del accidente. Deben examinar también las decisiones adoptadas meses o años antes, las evaluaciones de riesgo disponibles, las advertencias recibidas y las medidas correctoras implantadas. El accidente no empieza el día que ocurre, existe una tendencia recurrente después de las grandes tragedias a concentrar toda la atención en los últimos segundos, pero un accidente puede comenzar mucho antes. Puede tener su origen en una evaluación de riesgos incompleta, un procedimiento insuficiente, una modernización retrasada, una deficiencia en la inversión y en el mantenimiento o una advertencia que no recibió la atención necesaria.

Hoy corresponde acompañar a las víctimas, atender a los heridos y respetar el dolor de las familias. Después llegará el momento de exigir explicaciones, documentación, transparencia y responsabilidades, también políticas, por supuesto. Y cuando llegue, habrá que examinar no solo lo que ocurrió en una cabina o en una sala de control, sino también lo que se decidió en despachos, expedientes técnicos, contratos, inversiones y evaluaciones de riesgo.

El error humano es previsible y, por tanto, el sistema debe estar diseñado para evitar que se convierta en una catástrofe. La pregunta que hay que hacerse no es únicamente quién se equivocó, la verdadera pregunta es por qué el sistema no estaba preparado para impedir las consecuencias de esa equivocación.Y esa respuesta no puede quedar enterrada bajo la expresión «error humano».

USTED VOTE QUE NOSOTROS ELEGIMOS

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 22, 2026 | Opinión, Política, Varios

Ahora que todos los partidos están inmersos o ya han terminado de confeccionar sus listas electorales, conviene recordar que una parte decisiva del poder político se reparte mucho antes de que los ciudadanos podamos votar. Estos días estamos viendo como en las sedes de los partidos ya comenzaron los movimientos, las llamadas, los cambios forzados de última hora, las aspiraciones, las injusticias los enfados, las decepciones y los cálculos. Unos esperan repetir, otros aspiran a entrar y algunos descubren que su carrera política depende de una decisión que se tomará lejos de los ciudadanos a los que supuestamente representarán.

Las elecciones empiezan mucho antes de que se abran los colegios electorales. Empiezan en los despachos de las élites de los partidos donde se confeccionan las listas; es uno de los momentos más reveladores de nuestro sistema político. Porque mientras la democracia se presenta como el gobierno de los ciudadanos, la realidad es que, cuando estos llegan a las urnas, alguien ha decidido previamente por ellos quién puede ser elegido y, sobre todo, quién tiene posibilidades reales de conseguir un escaño. Nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas para el Congreso de los Diputados y buena parte de las instituciones representativas constituye uno de los mecanismos más eficaces de concentración del poder dentro de los partidos. El ciudadano no puede elegir a una persona, alterar el orden de los candidatos ni premiar a quien considera un buen representante. Vota una candidatura completa, confeccionada y ordenada previamente por los órganos del partido. Y en ese orden está la verdadera clave del poder.

No es lo mismo ocupar el segundo puesto de una candidatura que el décimo. No es lo mismo encabezar una lista que aparecer en ella como simple acompañante. Quien decide esas posiciones tiene en sus manos buena parte del futuro político de los candidatos. Puede premiar fidelidades, castigar discrepancias, garantizar continuidades o poner fin a carreras políticas sin necesidad de someter esas decisiones al juicio de los electores. El diputado sabe perfectamente a quién debe su escaño. Naturalmente, necesita los votos de los ciudadanos, pero para poder recibirlos alguien ha tenido antes que colocarlo en un puesto de salida. Y sabe también que, dentro de cuatro años, su continuidad dependerá en gran medida de que quienes confeccionan las candidaturas vuelvan a contar con él.

De ahí nace una de las grandes perversiones de nuestro sistema representativo: el político aprende a mirar hacia arriba, hacia quien hace las listas, antes que hacia abajo, hacia quienes depositan las papeletas. No necesariamente por falta de principios o de vocación pública. Sencillamente, porque el sistema establece unos incentivos que favorecen la obediencia interna frente a la independencia personal. Discrepar puede salir caro. Tener criterio propio puede convertirse en un inconveniente. Y representar con libertad a los ciudadanos puede resultar menos rentable que mantener una buena relación con quienes controlan el aparato. Así se va configurando una clase política en la que la fidelidad a la organización corre el riesgo de pesar más que la capacidad, la trayectoria profesional, el arraigo social o el conocimiento de los problemas reales de la gente.

A esta primera traba democrática y candado representativo de nuestro sistema se añade otro no menos importante: el dinero. Nuestros partidos se sostienen en buena medida mediante financiación pública. A las subvenciones ordinarias vinculadas a los resultados electorales se suman las subvenciones electorales que regula la ley del régimen electoral (21.167,64 euros por cada escaño y 0,81 euros por cada voto al Congreso). No se trata de negar la necesidad de una financiación pública transparente, que también puede servir para evitar dependencias económicas privadas y garantizar el pluralismo. El problema aparece cuando la estructura económica de los partidos, unida al control de las candidaturas, refuerza extraordinariamente el poder de sus direcciones. Quien controla las listas condiciona la composición de los grupos parlamentarios. Quien controla los grupos dispone de una influencia decisiva sobre los recursos y la organización. Y quien controla la organización cuenta con una posición privilegiada para decidir las siguientes candidaturas. El círculo se cierra. En medio de todo ello queda el ciudadano, convertido demasiadas veces en un espectador al que se convoca periódicamente para legitimar decisiones tomadas con anterioridad.

Esta es, probablemente, una de las razones de la creciente distancia entre la sociedad y la política. Muchos ciudadanos sienten que sus representantes no les pertenecen, que no responden ante ellos y que, una vez celebradas las elecciones, su capacidad de influencia se reduce considerablemente. No es que falten elecciones. Es que falta una relación más directa entre el elector y el elegido. La democracia no puede reducirse al acto de introducir una papeleta en una urna cada cuatro años. Necesita también una cultura de responsabilidad, cercanía y rendición de cuentas. Necesita representantes que sepan que su continuidad depende de la confianza de los ciudadanos y no exclusivamente de la voluntad de quienes dirigen sus partidos.

En 1919, Max Weber pronunció su célebre conferencia “La política como vocación”, en la que distinguió entre quienes viven «para» la política y quienes viven «de» la política. No planteaba una distinción moral absoluta: ejercer profesionalmente la política y recibir una remuneración por ello es perfectamente legítimo. La cuestión es qué sucede cuando los mecanismos de acceso y permanencia en el poder favorecen la dependencia personal de quienes administran las carreras políticas. Un sistema que convierte la inclusión en una lista electoral en la principal garantía de continuidad profesional corre el riesgo de fomentar políticos más preocupados por conservar su puesto que por ejercerlo con independencia. Y eso debería preocuparnos a todos, con independencia de nuestras preferencias ideológicas. Porque este no es un problema exclusivo de la derecha, de la izquierda o de un partido concreto. Es una deficiencia estructural que atraviesa buena parte de nuestro sistema político y que beneficia a quienes, desde las distintas organizaciones, tienen capacidad para decidir quién entra, quién sale y quién ocupa los puestos con posibilidades reales de elección.

Ahora que estamos inmersos el proceso de elaboración de las próximas candidaturas, sería saludable que los partidos hablarán menos de renovación como consigna y más de democracia interna como compromiso efectivo. Que explicaran con transparencia cómo seleccionan a sus candidatos, qué participación tienen los afiliados, qué peso se concede al mérito y a la trayectoria, y por qué unas personas ocupan puestos de salida mientras otras quedan relegadas. Y sería igualmente saludable abrir, de una vez, un debate serio sobre la reforma de nuestro sistema electoral. Las listas desbloqueadas, el voto preferencial y otros mecanismos que permitan al ciudadano intervenir en la elección de sus representantes merecen ser discutidos sin el temor de quienes consideran que cualquier pérdida de control del aparato constituye una amenaza. No existe un sistema electoral perfecto. Pero esa evidencia no puede servir de excusa para mantener indefinidamente uno en el que las direcciones partidistas acumulan tanto poder sobre el futuro de sus representantes. Los partidos son instrumentos imprescindibles de la democracia. No deberían convertirse en sus propietarios.

Dentro de poco entraremos de lleno en la campaña electoral y volveremos a escuchar discursos sobre la soberanía popular, la participación ciudadana y la importancia decisiva de nuestro voto. Nos pedirán confianza, compromiso y responsabilidad. Nos recordarán, con razón, que votar es uno de los derechos fundamentales de una sociedad libre y que estamos en un momento decisivo de la historia de España y por tanto tenemos que ir masivamente a votar el domingo 29 de noviembre; pero convendría que, antes de pedirnos el voto, respondieran a una pregunta mucho más sencilla: ¿Por qué quienes vamos a elegir a nuestros representantes no podemos participar también en la elección de las personas que nos van a representar? Porque una democracia en la que los ciudadanos votan, pero las élites de los partidos deciden previamente quién puede ser elegido, conserva intacto el ritual electoral, aunque mantiene una parte esencial del poder lejos de aquellos en cuyo nombre se ejerce.

Y quizá haya llegado el momento de recordar que los escaños no son propiedad de los partidos, ni de sus dirigentes, ni de quienes confeccionan las listas. Pertenecen a la representación de los ciudadanos. Y es ante ellos, antes que ante cualquier despacho o jerarquía y élites del partido, donde debería responder quien los ocupa.

GUADALAJARA NO PUEDE BORRAR SUS RECUERDOS

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 13, 2026 | Opinión, Política, Varios

Foto de Tomás Camarillo

Hay lugares que son mucho más que un puñado de piedras, agua y cemento. Lugares que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad, que guardan las risas, los recuerdos y los gozos de varias generaciones y que, aunque pase el tiempo, siguen viviendo en el corazón de quienes tuvieron la suerte de disfrutarlos. En Guadalajara, uno de esos lugares fue la fuente del Jardín del Depósito de las Aguas, hoy Parque de las Cuatro Estaciones.

Para muchos vecinos, aquella fuente no era simplemente un elemento decorativo, era parte de su infancia. Allí jugaron, corrieron y se refrescaron en los días y noches de calor veraniego muchos niños guadalajareños. Allí quedaron conversaciones, travesuras, primeras amistades y recuerdos familiares que ninguna excavadora puede destruir, por mucho que desaparezcan las piedras y los árboles que los vieron nacer. ¿Quién puede poner precio a un recuerdo de infancia? ¿Qué proyecto urbanístico puede justificar que una ciudad pierda una parte de su propia historia?

La fuente vinculada al antiguo abrevadero de 1883, junto con la figura de Neptuno, no era un objeto sin importancia. Formaba parte del paisaje sentimental de Guadalajara; era uno de esos rincones que los vecinos reconocían como propios, incluso sin necesidad de que aparecieran en una guía turística. Bastaba con pasar por delante para que muchos recordaran quiénes fueron, con quién estaban y cómo era la vida cuando todavía no existían tantas prisas. Y ahora, ¿qué les decimos a quienes crecieron jugando allí? ¿Que todo aquello ya no importa? ¿Que los recuerdos no cuentan cuando se proyecta una nueva urbanización? ¿Que debemos aceptar sin más que desaparezcan elementos de nuestro patrimonio porque alguien considera que estorban?

Una ciudad no se construye únicamente levantando edificios, abriendo calles o dibujando nuevos planos. Una ciudad también se construye conservando sus raíces, respetando sus espacios públicos y protegiendo aquellos lugares que dan identidad a sus barrios. Cuando se destruye un espacio cargado de historia y afecto, no solo se modifica el paisaje: se rompe una parte del vínculo entre los ciudadanos y el lugar al que llaman hogar.

Lo que está ocurriendo en el Jardín del Depósito de las Aguas, actualmente Parque de las Cuatro Estaciones, merece una reflexión profunda. Según la denuncia pública de vecinos y defensores de su biodiversidad, los trabajos vinculados al antiguo solar de AVICU han coincidido con el cierre del jardín, la tala de al menos siete árboles, la desaparición de espacios verdes y la retirada de elementos históricos, entre ellos las fuentes. También se han expresado preocupaciones por las consecuencias sobre la vegetación y sobre el hábitat del autillo europeo, una pequeña rapaz nocturna que forma parte de la biodiversidad de nuestro entorno. No hablamos, por tanto, únicamente de nostalgia. Hablamos de patrimonio, de naturaleza, de calidad de vida y de respeto a un espacio de titularidad pública que pertenece a todos los vecinos.

En 2022, el Pleno Municipal aprobamos por mayoría absoluta una declaración institucional que reconocía los valores históricos, naturales y sociales del conjunto. Por eso resulta legítimo preguntarse qué protección efectiva se ha dado a esos valores y cómo se han tenido en cuenta en las actuaciones realizadas en su entorno. Si reconocemos que un lugar tiene valor histórico, natural y social, ese reconocimiento no debería quedarse en un documento. Debe traducirse en decisiones, cuidados y garantías de conservación. De lo contrario, las declaraciones institucionales corren el riesgo de convertirse en palabras que suenan bien mientras la realidad avanza en otra dirección.

Nadie discute que las ciudades cambian, que los barrios evolucionan, que aparecen nuevas viviendas y se transforman los espacios urbanos, pero el progreso no debería obligarnos a elegir entre construir el futuro y respetar el pasado. El verdadero progreso no consiste en borrar todo aquello que existía antes, sino en saber avanzar sin destruir lo que nos hace únicos.¿Era imposible compatibilizar las obras con la protección del jardín? ¿Se estudiaron suficientemente las consecuencias sobre sus árboles, sus plantas y su fauna? ¿Qué alternativas se valoraron para conservar la fuente y su significado histórico? ¿Se escuchó de verdad a quienes llevaban años preocupándose por este espacio? Son preguntas legítimas que merecen respuestas claras. Los vecinos no deberían tener que conformarse con explicaciones vagas ni descubrir las consecuencias de una intervención cuando las máquinas ya han comenzado a trabajar.

Quienes han denunciado estos hechos aseguran que trasladaron sus preocupaciones por escrito a responsables municipales y a la empresa constructora, sin recibir respuesta. Si fue así, la falta de contestación no hace sino aumentar la sensación de impotencia de quienes ven cómo desaparece un lugar al que se sienten profundamente vinculados. Escuchar a los ciudadanos no puede ser un trámite; mucho menos cuando está en juego un patrimonio compartido. Una fuente puede restaurarse. Una estatua puede recolocarse. Un árbol puede sustituirse, aunque nunca de inmediato ni con las mismas funciones ecológicas. Pero la memoria de un lugar no se recupera con una obra nueva ni se reproduce colocando una réplica donde antes había vida. Pensemos por un momento en aquellos niños que hoy son adultos, en quienes llevaron allí a sus hijos y en quienes, al pasar por el jardín, podían reconocer un pedazo de su propia historia. Para ellos, la desaparición de la fuente no es un simple cambio urbanístico. Es la pérdida de un escenario irrepetible de su vida. Y pensemos también en los niños de hoy. ¿Qué patrimonio les estamos dejando? ¿Qué espacios públicos podrán recordar mañana con el mismo cariño? ¿Qué les diremos cuando pregunten por aquella fuente de la que sus abuelos hablan con emoción?

Una ciudad que no protege sus recuerdos corre el riesgo de convertirse en un lugar donde vivir, pero al que cada vez resulte más difícil sentir que pertenecemos. La responsabilidad de las administraciones públicas no termina cuando se concede una autorización o se aprueba un proyecto. También implica proteger el interés general, vigilar el respeto al patrimonio y garantizar que los espacios públicos no pierdan su valor para la comunidad. Por eso, los vecinos merecen conocer qué ha ocurrido con los elementos retirados, qué posibilidades reales existen de recuperar la fuente y la figura de Neptuno en su emplazamiento histórico, qué medidas se han adoptado para proteger la vegetación y la fauna, y qué futuro espera al Jardín del Depósito de las Aguas.

No basta con mirar hacia otro lado ni con dar por inevitable todo aquello que ya se ha ejecutado. Cuando se produce una pérdida patrimonial, lo razonable es explicar las decisiones, evaluar los daños y estudiar qué puede repararse o recuperarse. A quienes tienen responsabilidades municipales les corresponde ofrecer esas respuestas con transparencia. Y a la ciudadanía, el derecho a pedirlas. Porque el jardín no pertenece a un gobierno, a una empresa ni a una legislatura. Pertenece a Guadalajara. Y su historia es también la historia de quienes han vivido en sus calles, han paseado entre sus árboles y han jugado junto a su fuente.

Quizá dentro de unos años alguien pase por ese lugar y no sepa que allí hubo una fuente. Quizá los nuevos vecinos nunca lleguen a imaginar las tardes de juegos, las carreras, las risas y las pequeñas aventuras que formaron parte de la vida de tantas personas. Pero quienes lo recuerdan sí lo saben. Y tienen derecho a contarlo, a defenderlo y a reclamar que la historia de su barrio no se trate como un obstáculo para el desarrollo. No se trata de vivir anclados en el pasado. Se trata de entender que una ciudad sin memoria pierde una parte de su alma, que los árboles no son simples elementos del mobiliario urbano, que una fuente no es solamente piedra y agua, y que un jardín público no es un solar disponible para olvidar lo que fue. La fuente podrá desaparecer del paisaje, pero no debería desaparecer de la conciencia de Guadalajara. A quienes jugaron allí de niños, a quienes regresaron de adultos y a quienes enseñaron ese rincón a sus hijos: vuestra memoria importa. Vuestros recuerdos forman parte del patrimonio de esta ciudad, aunque no puedan catalogarse en un inventario ni medirse en metros cuadrados. Y a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre el futuro de Guadalajara, conviene recordarles algo sencillo: las obras se terminan, los edificios cambian y los gobiernos pasan. Pero las decisiones que destruyen un lugar querido pueden dejar una herida que dure generaciones.

Todavía estamos a tiempo de exigir explicaciones, reclamar medidas de protección y defender lo que queda de este jardín. Porque una ciudad que respeta a sus vecinos también respeta sus recuerdos. Y porque ninguna generación debería tener que explicar a la siguiente por qué permitió que desapareciera un lugar que había hecho feliz a tanta gente. Guadalajara no necesita elegir entre futuro y memoria. Necesita un futuro que no tenga que construirse a costa de su memoria.