por AntonioDeMiguelAnton | Oct 15, 2026 | Educación, Opinión, Política
“Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso». Este mensaje del director del IES Villarejo de Salvanés muestra cómo algunos directores, no pocos, actúan como terminales del poder político puestos allí para ser activistas ideológicos y partidistas llegado el momento.
La escuela debe ser un espacio de conocimiento, convivencia y pensamiento crítico, no un instrumento al servicio de ninguna ideología. Por eso, cuando una comunicación relacionada con una huelga estudiantil utiliza expresiones como «convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso», resulta legítimo preguntarse dónde termina la información y dónde comienza el adoctrinamiento político. Los directores de los centros educativos tienen una responsabilidad especial, su función es garantizar el respeto, la pluralidad y la libertad de pensamiento de toda la comunidad educativa, no transmitir sus preferencias políticas ni convertir el centro en una plataforma de confrontación partidista. Informar de una convocatoria de huelga es una cosa; difundir consignas políticas como si fueran el mensaje institucional del centro es otra muy distinta.
Los alumnos tienen derecho a protestar, defender sus ideas y cuestionar las decisiones de los gobernantes; pero también tienen derecho a recibir una educación que les enseñe a pensar por sí mismos, a contrastar opiniones y a respetar a quienes piensan diferente. La libertad de expresión no debería convertirse en una excusa para presentar una determinada visión política como la única moralmente aceptable. La cuestión, por tanto, no es estar a favor o en contra de una huelga, ni defender a un partido u otro. La cuestión es si quienes dirigen nuestros centros educativos están ejerciendo su responsabilidad con neutralidad institucional y respeto a la diversidad ideológica de las familias y los estudiantes. La escuela debe enseñar a pensar, no decirles a los alumnos qué deben pensar. Y esa responsabilidad exige que los equipos directivos sean especialmente cuidadosos con los mensajes que transmiten y con las palabras que deciden hacer suyas. Porque educar en libertad significa precisamente eso: formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, incluso cuando sus conclusiones no coinciden con las de sus profesores, sus directores o quienes gobiernan.
Tristemente la educación vuelve a ser usada como arma electoral. La huelga indefinida de educación en Madrid y las movilizaciones y protestas que vendrán a continuación en toda España son un ensayo preventivo de cara al 29 de noviembre. Es una demostración de fuerza ante un posible gobierno PP-Vox que poco o nada ayudará a solucionar los verdaderos problemas de nuestro maltrecho modelo educativo. La educación no necesita ni propaganda ni trincheras, necesita soluciones.
Si las aulas están saturadas, si faltan profesionales de apoyo, si los docentes soportan una carga burocrática excesiva o si existen deficiencias en las instalaciones, esos problemas deben abordarse con independencia de quién gobierne o de quién vaya a gobernar. Y si se considera que determinadas políticas perjudican a la enseñanza pública, lo razonable es señalar cuáles son, aportar datos y explicar sus consecuencias. Invocar el miedo a un futuro Gobierno no sustituye ese trabajo.
El verdadero problema es que llevamos demasiado tiempo convirtiendo la educación en una sucesión de reformas, contrarreformas, promesas y enfrentamientos ideológicos. Cada cambio de ciclo político parece traer una nueva batalla sobre los contenidos, la organización escolar, la financiación o el papel de las distintas redes educativas. Mientras tanto, cuestiones fundamentales como el alto grado de ideologización y adoctrinamiento, la baja comprensión lectora, la asfixia burocrática, los bajos niveles de expresión escrita, de caligrafía, de ortografía, de calculo mental y memorización, el alto grado de absentismo y abandono escolar, la falta de formación docente útil, el uso perverso de las lenguas cooficiales, la necesidad de recuperar el modelo y cultura del esfuerzo, el mérito, la disciplina, la perseverancia, la responsabiliad quedan olvidadas.
Cuando la enseñanza se convierte en un instrumento de confrontación electoral y partidista, los estudiantes, las familias y los docentes corren el riesgo de quedar relegados a un segundo plano. La educación debe ser una prioridad permanente, no una preocupación que se activa cuando hay elecciones, manifestaciones multitudinarias o posibilidades de cambio de Gobierno. El profesorado necesita condiciones dignas; el alumnado, atención y oportunidades; las familias, confianza y transparencia; y la sociedad, un sistema capaz de preparar a las nuevas generaciones. Para lograrlo hacen falta acuerdos duraderos, financiación suficiente, evaluación independiente y voluntad de corregir errores. También hace falta abandonar la costumbre de presentar cada conflicto como una batalla definitiva entre dos bloques irreconciliables.
Las huelgas deberían servir para examinar las condiciones reales de la enseñanza pública, valorar las reivindicaciones una por una y exigir respuestas concretas a quienes tienen responsabilidades de gobierno. Si se utiliza únicamente para alimentar el enfrentamiento entre partidos, se perderá una oportunidad de abordar cuestiones que afectan a toda la sociedad. La educación no puede ser patrimonio de la izquierda, de la derecha ni de ningún sindicato. Tampoco puede quedar subordinada a los temores sobre quién gobernará mañana. Es un servicio público esencial y una responsabilidad colectiva que exige rigor, recursos y continuidad. Porque el verdadero fracaso no consiste en que haya una huelga, una protesta o un conflicto político. El fracaso sería que, después de las manifestaciones y después de las elecciones y sus discursos y titulares, las aulas siguieran teniendo los mismos problemas y los responsables de resolverlos continuaran sin ofrecer respuestas.
por AntonioDeMiguelAnton | Oct 13, 2026 | Opinión, Política, Varios
Foto de Tomás Camarillo
Hay lugares que son mucho más que un puñado de piedras, agua y cemento. Lugares que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad, que guardan las risas, los recuerdos y los gozos de varias generaciones y que, aunque pase el tiempo, siguen viviendo en el corazón de quienes tuvieron la suerte de disfrutarlos. En Guadalajara, uno de esos lugares fue la fuente del Jardín del Depósito de las Aguas, hoy Parque de las Cuatro Estaciones.
Para muchos vecinos, aquella fuente no era simplemente un elemento decorativo, era parte de su infancia. Allí jugaron, corrieron y se refrescaron en los días y noches de calor veraniego muchos niños guadalajareños. Allí quedaron conversaciones, travesuras, primeras amistades y recuerdos familiares que ninguna excavadora puede destruir, por mucho que desaparezcan las piedras y los árboles que los vieron nacer. ¿Quién puede poner precio a un recuerdo de infancia? ¿Qué proyecto urbanístico puede justificar que una ciudad pierda una parte de su propia historia?
La fuente vinculada al antiguo abrevadero de 1883, junto con la figura de Neptuno, no era un objeto sin importancia. Formaba parte del paisaje sentimental de Guadalajara; era uno de esos rincones que los vecinos reconocían como propios, incluso sin necesidad de que aparecieran en una guía turística. Bastaba con pasar por delante para que muchos recordaran quiénes fueron, con quién estaban y cómo era la vida cuando todavía no existían tantas prisas. Y ahora, ¿qué les decimos a quienes crecieron jugando allí? ¿Que todo aquello ya no importa? ¿Que los recuerdos no cuentan cuando se proyecta una nueva urbanización? ¿Que debemos aceptar sin más que desaparezcan elementos de nuestro patrimonio porque alguien considera que estorban?
Una ciudad no se construye únicamente levantando edificios, abriendo calles o dibujando nuevos planos. Una ciudad también se construye conservando sus raíces, respetando sus espacios públicos y protegiendo aquellos lugares que dan identidad a sus barrios. Cuando se destruye un espacio cargado de historia y afecto, no solo se modifica el paisaje: se rompe una parte del vínculo entre los ciudadanos y el lugar al que llaman hogar.
Lo que está ocurriendo en el Jardín del Depósito de las Aguas, actualmente Parque de las Cuatro Estaciones, merece una reflexión profunda. Según la denuncia pública de vecinos y defensores de su biodiversidad, los trabajos vinculados al antiguo solar de AVICU han coincidido con el cierre del jardín, la tala de al menos siete árboles, la desaparición de espacios verdes y la retirada de elementos históricos, entre ellos las fuentes. También se han expresado preocupaciones por las consecuencias sobre la vegetación y sobre el hábitat del autillo europeo, una pequeña rapaz nocturna que forma parte de la biodiversidad de nuestro entorno. No hablamos, por tanto, únicamente de nostalgia. Hablamos de patrimonio, de naturaleza, de calidad de vida y de respeto a un espacio de titularidad pública que pertenece a todos los vecinos.
En 2022, el Pleno Municipal aprobamos por mayoría absoluta una declaración institucional que reconocía los valores históricos, naturales y sociales del conjunto. Por eso resulta legítimo preguntarse qué protección efectiva se ha dado a esos valores y cómo se han tenido en cuenta en las actuaciones realizadas en su entorno. Si reconocemos que un lugar tiene valor histórico, natural y social, ese reconocimiento no debería quedarse en un documento. Debe traducirse en decisiones, cuidados y garantías de conservación. De lo contrario, las declaraciones institucionales corren el riesgo de convertirse en palabras que suenan bien mientras la realidad avanza en otra dirección.
Nadie discute que las ciudades cambian, que los barrios evolucionan, que aparecen nuevas viviendas y se transforman los espacios urbanos, pero el progreso no debería obligarnos a elegir entre construir el futuro y respetar el pasado. El verdadero progreso no consiste en borrar todo aquello que existía antes, sino en saber avanzar sin destruir lo que nos hace únicos.¿Era imposible compatibilizar las obras con la protección del jardín? ¿Se estudiaron suficientemente las consecuencias sobre sus árboles, sus plantas y su fauna? ¿Qué alternativas se valoraron para conservar la fuente y su significado histórico? ¿Se escuchó de verdad a quienes llevaban años preocupándose por este espacio? Son preguntas legítimas que merecen respuestas claras. Los vecinos no deberían tener que conformarse con explicaciones vagas ni descubrir las consecuencias de una intervención cuando las máquinas ya han comenzado a trabajar.
Quienes han denunciado estos hechos aseguran que trasladaron sus preocupaciones por escrito a responsables municipales y a la empresa constructora, sin recibir respuesta. Si fue así, la falta de contestación no hace sino aumentar la sensación de impotencia de quienes ven cómo desaparece un lugar al que se sienten profundamente vinculados. Escuchar a los ciudadanos no puede ser un trámite; mucho menos cuando está en juego un patrimonio compartido. Una fuente puede restaurarse. Una estatua puede recolocarse. Un árbol puede sustituirse, aunque nunca de inmediato ni con las mismas funciones ecológicas. Pero la memoria de un lugar no se recupera con una obra nueva ni se reproduce colocando una réplica donde antes había vida. Pensemos por un momento en aquellos niños que hoy son adultos, en quienes llevaron allí a sus hijos y en quienes, al pasar por el jardín, podían reconocer un pedazo de su propia historia. Para ellos, la desaparición de la fuente no es un simple cambio urbanístico. Es la pérdida de un escenario irrepetible de su vida. Y pensemos también en los niños de hoy. ¿Qué patrimonio les estamos dejando? ¿Qué espacios públicos podrán recordar mañana con el mismo cariño? ¿Qué les diremos cuando pregunten por aquella fuente de la que sus abuelos hablan con emoción?
Una ciudad que no protege sus recuerdos corre el riesgo de convertirse en un lugar donde vivir, pero al que cada vez resulte más difícil sentir que pertenecemos. La responsabilidad de las administraciones públicas no termina cuando se concede una autorización o se aprueba un proyecto. También implica proteger el interés general, vigilar el respeto al patrimonio y garantizar que los espacios públicos no pierdan su valor para la comunidad. Por eso, los vecinos merecen conocer qué ha ocurrido con los elementos retirados, qué posibilidades reales existen de recuperar la fuente y la figura de Neptuno en su emplazamiento histórico, qué medidas se han adoptado para proteger la vegetación y la fauna, y qué futuro espera al Jardín del Depósito de las Aguas.
No basta con mirar hacia otro lado ni con dar por inevitable todo aquello que ya se ha ejecutado. Cuando se produce una pérdida patrimonial, lo razonable es explicar las decisiones, evaluar los daños y estudiar qué puede repararse o recuperarse. A quienes tienen responsabilidades municipales les corresponde ofrecer esas respuestas con transparencia. Y a la ciudadanía, el derecho a pedirlas. Porque el jardín no pertenece a un gobierno, a una empresa ni a una legislatura. Pertenece a Guadalajara. Y su historia es también la historia de quienes han vivido en sus calles, han paseado entre sus árboles y han jugado junto a su fuente.
Quizá dentro de unos años alguien pase por ese lugar y no sepa que allí hubo una fuente. Quizá los nuevos vecinos nunca lleguen a imaginar las tardes de juegos, las carreras, las risas y las pequeñas aventuras que formaron parte de la vida de tantas personas. Pero quienes lo recuerdan sí lo saben. Y tienen derecho a contarlo, a defenderlo y a reclamar que la historia de su barrio no se trate como un obstáculo para el desarrollo. No se trata de vivir anclados en el pasado. Se trata de entender que una ciudad sin memoria pierde una parte de su alma, que los árboles no son simples elementos del mobiliario urbano, que una fuente no es solamente piedra y agua, y que un jardín público no es un solar disponible para olvidar lo que fue. La fuente podrá desaparecer del paisaje, pero no debería desaparecer de la conciencia de Guadalajara. A quienes jugaron allí de niños, a quienes regresaron de adultos y a quienes enseñaron ese rincón a sus hijos: vuestra memoria importa. Vuestros recuerdos forman parte del patrimonio de esta ciudad, aunque no puedan catalogarse en un inventario ni medirse en metros cuadrados. Y a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre el futuro de Guadalajara, conviene recordarles algo sencillo: las obras se terminan, los edificios cambian y los gobiernos pasan. Pero las decisiones que destruyen un lugar querido pueden dejar una herida que dure generaciones.
Todavía estamos a tiempo de exigir explicaciones, reclamar medidas de protección y defender lo que queda de este jardín. Porque una ciudad que respeta a sus vecinos también respeta sus recuerdos. Y porque ninguna generación debería tener que explicar a la siguiente por qué permitió que desapareciera un lugar que había hecho feliz a tanta gente. Guadalajara no necesita elegir entre futuro y memoria. Necesita un futuro que no tenga que construirse a costa de su memoria.
por AntonioDeMiguelAnton | Oct 8, 2026 | Opinión, Política, Varios
Me preguntaba ayer un amigo a qué partido político iba a votar yo en las próximas elecciones del 29-N. Le respondí con otra pregunta: “Si partimos de que ninguno plantea realmente una reforma profunda del sistema de representación, quizá la cuestión sea precisamente esa: ¿qué partido propone modificar las reglas del juego para corregir los problemas estructurales que llevamos décadas arrastrando en España?
Porque una cosa es querer llegar al poder para gestionar el sistema tal y como está y otra muy distinta plantearse cambiar el propio sistema. Para mí, ahí está la clave; los partidos pueden cambiar gobiernos, ministros, programas y políticas concretas; pero si las reglas de representación, los mecanismos de control y la relación entre ciudadanía e instituciones permanecen prácticamente iguales, difícilmente vamos a solucionar determinados problemas de fondo. Por eso no me interesa tanto quién promete administrar mejor el sistema, sino quién está dispuesto a plantearse si el sistema actual necesita una reforma profunda. Esa reforma debería pasar por más representación de la sociedad, más participación ciudadana y más controles sobre el poder, sin eliminar la legitimidad del Parlamento ni el principio de un ciudadano, un voto. En definitiva: antes de preguntarnos quién queremos que gobierne, quizá deberíamos preguntarnos qué sistema queremos que gobierne a quienes gobiernan.
Hay una pregunta que también deberíamos hacernos con mucha más frecuencia: ¿es realmente representativo nuestro sistema político? La respuesta, si somos sinceros, no puede limitarse a decir que sí porque cada cuatro años acudimos a las urnas. Votar es imprescindible, pero votar no significa necesariamente estar representado en toda la complejidad de una sociedad. Nuestro sistema ha terminado convirtiendo a los partidos políticos en el eje prácticamente exclusivo de la representación pública. Ellos seleccionan a los candidatos que serán nuestros futuros representantes, elaboran las listas, organizan buena parte de la actividad parlamentaria y, cuando llegan al Gobierno, representan principalmente a las élites de sus partidos que les han puesto ahí y además adquieren una enorme capacidad de influencia sobre instituciones que deberían preservar su independencia. El ciudadano vota; después, durante cuatro años, contempla cómo otros toman decisiones en su nombre, en la de su partido en ocasiones muy interesadas y espurias. ¿Es eso suficiente para considerar plenamente representativa una democracia moderna?
La democracia no debería reducirse a la alternancia. Los grandes partidos tradicionales y los que llegan nuevos parecen haber aceptado una premisa que les resulta extraordinariamente cómoda: que democracia equivale, esencialmente, a alternancia en el poder. Unos gobiernan, después gobiernan los otros. Se intercambian los papeles, se responsabilizan supuestamente y mutuamente de los problemas del país y, cuando llegan las elecciones, vuelven a pedir el voto prometiendo resolver aquello que los anteriores no resolvieron. Pero hay algo que debería hacernos reflexionar: han gobernado unos y otros, han cambiado presidentes, ministros, programas y mayorías parlamentarias; sin embargo, determinados problemas permanecen durante décadas: vivienda, productividad, burocracia, endeudamiento, educación, corrupción, deterioro institucional, desigualdad de oportunidades o pérdida de confianza en las instituciones.
Quizá el problema no sean solamente quienes gobiernan, quizá también haya un problema en las reglas del juego; y cuestionar esas reglas no significa cuestionar la democracia, al contrario. Una democracia madura debería tener la capacidad de revisar permanentemente sus propios mecanismos de representación. Los partidos son necesarios, pero no son la sociedad, organizan el debate político, presentan alternativas de gobierno, articulan intereses sociales y permiten que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes proyectos. El problema aparece cuando confundimos esa función con la representación completa de la sociedad.
Una sociedad moderna es infinitamente más compleja que sus partidos, hay científicos, médicos, ingenieros, empresarios, trabajadores, agricultores, profesores, investigadores, artistas, juristas, economistas, autónomos, universitarios, emprendedores, profesionales de la sanidad, organizaciones sociales y miles de ciudadanos que, con su trabajo y conocimiento, construyen diariamente el país; sin embargo, cuando llega la hora de adoptar decisiones trascendentales, toda esa diversidad termina pasando, en gran medida, por un único canal: la representación partidista. Y ahí aparece una pregunta legítima:
¿No debería existir también un espacio institucional donde esa experiencia social pudiera estar representada directamente? Una segunda Cámara de representación social. La propuesta no consiste en sustituir el Parlamento elegido por sufragio universal, tampoco en acabar con los partidos, ni en cuestionar el principio de «un ciudadano, un voto», la propuesta sería otra: complementar la representación política con una representación institucional de la sociedad civil. Podría crearse una segunda Cámara —o transformarse una de las existentes mediante una reforma constitucional— cuya función principal fuera incorporar conocimiento, experiencia y representación social al proceso legislativo. No sería una Cámara de políticos profesionales, tampoco debería convertirse en una Cámara controlada indirectamente por los partidos. Estaría integrada por personas procedentes de diferentes ámbitos de la sociedad: ciencia, universidad, educación, empresa, trabajo, sanidad, justicia, cultura, tecnología, agricultura, mundo rural, investigación, economía, administración y organizaciones sociales, entre otros. Pero aquí aparece la cuestión fundamental: ¿Quién elegiría a esas personas? Porque si las nombraran los partidos, habríamos vuelto al mismo problema por otra puerta.
Una posible fórmula sería establecer un sistema mixto de selección que combinará elección, sorteo cívico y requisitos objetivos de cualificación o trayectoria, dependiendo del sector representado. Por ejemplo, una parte de los miembros podría ser elegida directamente por ciudadanos entre candidaturas independientes; otra podría seleccionarse mediante procedimientos de participación de los colectivos profesionales y sociales correspondientes; y otra mediante sorteo cívico entre ciudadanos que cumplieran determinados requisitos de experiencia o formación para las materias específicas. El objetivo no sería crear una Cámara de expertos que pretendiera gobernar al margen de los ciudadanos. Sería crear una Cámara plural que aportará conocimiento y experiencia junto a la representación política. Su composición debería respetar criterios estrictos de pluralidad territorial, generacional y social, evitando que determinados sectores profesionales terminarán monopolizándola. Y, sobre todo, debería quedar prohibido que sus miembros fueran designados directamente por las direcciones de los partidos.
¿Qué poderes tendría? Aquí es donde la propuesta debe ser especialmente cuidadosa pues una segunda Cámara con poder absoluto podría crear un nuevo problema de legitimidad democrática. Por eso, su función debería ser principalmente de revisión, control, evaluación y propuesta, sin sustituir la legitimidad electoral del Parlamento. Podría, por ejemplo: revisar proyectos legislativos de especial trascendencia; emitir informes públicos obligatorios sobre su impacto económico, social, científico o territorial; solicitar la comparecencia de responsables políticos y altos cargos; evaluar periódicamente el cumplimiento de determinadas políticas públicas; proponer modificaciones legislativas; solicitar revisiones independientes de determinadas leyes; participar en determinados procedimientos de nombramiento institucional; ejercer funciones de control sobre organismos independientes; y disponer de capacidad para devolver determinados proyectos al Parlamento para una segunda deliberación.
No debería poder bloquear indefinidamente la voluntad de la Cámara elegida por sufragio, pero sí debería poder obligarla a explicar, revisar y justificar determinadas decisiones. Ahí estaría su verdadera utilidad. No sustituir al poder político. Contrapesarlo. Esta segunda Cámara no debería convertirse en un segundo Parlamento con idéntica capacidad de decisión. Su legitimidad tendría que proceder de una combinación de mecanismos: elección ciudadana en determinados ámbitos, procedimientos transparentes de selección, representación plural, mandato limitado, incompatibilidades estrictas y rendición pública de cuentas. Sus miembros deberían publicar su trayectoria profesional, posibles conflictos de intereses y patrimonio. Sus reuniones y votaciones deberían ser públicas. Deberían existir mecanismos de recusación y cese en caso de incumplimiento grave. Y nadie debería poder permanecer indefinidamente en la institución. La Cámara tampoco debería tener una mayoría permanente de ningún sector profesional. La representación social no puede convertirse en otro oligopolio.
Una Cámara de la sociedad civil podría terminar dominada por élites profesionales, grandes empresas, organizaciones con mayor capacidad de influencia o grupos de presión. Y eso sería sustituir un problema por otro. Por eso la reforma tendría que incorporar mecanismos de protección desde el principio, tendría que poner límites estrictos a las incompatibilidades, registro obligatorio de reuniones y grupos de interés, declaraciones públicas de patrimonio e intereses, rotación de miembros, mandatos limitados, prohibición de recibir determinadas remuneraciones externas, auditorías independientes, transparencia absoluta en las votaciones. Y, sobre todo, ninguna organización debería tener garantizada una cuota permanente de representación.
Necesitamos también recuperar una idea sencilla: la democracia no termina el día de las elecciones. El ciudadano debería disponer de más mecanismos para intervenir entre procesos electorales: de Iniciativas legislativas ciudadanas más accesibles, de consultas públicas vinculantes en determinadas materias, de procesos de evaluación de las grandes políticas públicas, de audiencias ciudadanas, de mayor transparencia sobre cómo se elaboran las leyes y de mecanismos efectivos para conocer quién participa en las decisiones y con qué intereses. La tecnología permite hoy una participación ciudadana que hace unas décadas era prácticamente imposible. No tiene sentido disponer de herramientas para comunicarnos instantáneamente con millones de personas y mantener, al mismo tiempo, una relación política basada casi exclusivamente en votar cada cuatro años.
Los partidos forman parte de la democracia y deben seguir formando parte de ella, le dije a mi amigo; pero, los partidos tradicionales y los que vienen nuevos no tienen demasiado interés en modificar radicalmente el mecanismo que les concede muchísimos privilegios y sobre todo les permite alcanzar y conservar el poder. Pueden hablar de regeneración democrática, de transparencia, de participación ciudadana, de representatividad, de corrupción o de reforma institucional, pero rara vez llegan al núcleo de la cuestión, a la esencia del problema y a ponerse manos a la masa con hechos reales y efectivos para reformar estas cuestiones y transformar un Sistema muy perverso.
por AntonioDeMiguelAnton | Oct 2, 2026 | Montaña, Naturaleza, Opinión, Política
Siempre he seguido con profunda atención lo que sucede en Francia. Pasé mis veranos en un campamento juvenil en plenos Alpes franceses. Haber vivido la convivencia directa con jóvenes parisinos de la banlieue de Thiais en los Alpes, me permitió, ademas de hacer un montón de amigos parisinos, entender la realidad francesa desde una perspectiva muy rica y cercana, lejos de los puros tópicos y estereotipos, que los había, los hay y muchos.
Mis veranos cobraban un sentido completamente diferente en aquel campamento juvenil; al principio, el contraste era total: yo venía de aquella Guadalajara de los años 70 y ellos traían consigo la energía desbordante, el ritmo rápido y los códigos propios de un municipio del cinturón sur parisino.
Sin embargo, los Alpes igualaban todo, bastaban un par de rutas de senderismo cuesta arriba, por esos “picazos”, para que las diferencias se borraran por completo. Entre el esfuerzo de las marchas, las risas y mis intentos por seguirles el ritmo cuando hablaban francés, la distancia inicial desaparecía. Mi momento favorito era el atardecer, cuando nos sentábamos juntos a compartir el goûter, esas meriendas francesas tan deliciosas; ahí, la intensidad de los jóvenes parisinos de la banlieue se transformaba en pura complicidad, risas y confidencias. Convivir con ellos en pleno corazón alpino me demostró que, sin importar de dónde vengamos, la juventud comparte siempre el mismo idioma cuando se trata de hacer amigos y vivir una aventura en un medio natural.
Francia, hoy se enfrenta a una ola de disturbios urbanos y protestas estudiantiles impulsadas por el descontento ante recortes presupuestarios en la educación pública y un plan gubernamental para reducir la deuda pública. La situación ha dejado cerca de dos mil detenidos, la parálisis de más de mil centros educativos y una creciente tensión política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Al otro lado de los Pirineos, en España, la situación no es idéntica, pero tampoco tan diferente como algunos podrían pensar. El uso político de estas movilizaciones son muy similares; allí buscan canalizar y usar el descontento social para obtener ventajas electorales y legislativas. La izquierda radical (LFI) respalda las protestas estudiantiles para unificar el descontento contra los recortes del Gobierno; el Ejecutivo aprovecha los disturbios para centrar el debate en la seguridad y tachar a la oposición de irresponsable; y la derecha de Le Pen utiliza el caos callejero para reforzar su agenda de «ley y orden» de cara a las elecciones presidenciales. En España, es la izquierda y el Gobierno quien instrumentaliza la presión de las manifestaciones por la vivienda.
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación francesa es la dificultad para encontrar acuerdos políticos duraderos. La fragmentación parlamentaria, los enfrentamientos entre partidos y las tensiones presupuestarias complican la capacidad del Gobierno para sacar adelante sus decisiones. España tampoco es ajena a esta realidad, la aritmética parlamentaria obliga a negociar constantemente y convierte muchas decisiones importantes en una compleja partida de equilibrios políticos. Negociar es consustancial a una democracia plural, el problema aparece cuando la ciudadanía percibe que las disputas entre partidos ocupan más espacio que las soluciones a los problemas reales.
Mientras se discuten estrategias, pactos y cálculos electorales, miles de familias siguen afrontando dificultades para pagar el alquiler, hacer frente a la cesta de la compra o mantener su nivel de vida. La distancia entre las prioridades, los intereses y las conveniencias de la política institucional y las preocupaciones cotidianas puede convertirse en un combustible peligroso para la desconfianza. Francia tiene una larga tradición de movilizaciones, huelgas y protestas. Los chalecos amarillos, las grandes manifestaciones contra la reforma de las pensiones y las recientes movilizaciones muestran que la calle continúa siendo un espacio central de expresión política. España también conoce ese fenómeno. El 15-M, las mareas ciudadanas, las protestas contra los desahucios y las movilizaciones por la vivienda son ejemplos de cómo el descontento puede articularse fuera de los partidos tradicionales.
La protesta es un derecho fundamental y una herramienta legítima de participación democrática, pero conviene no confundir la movilización pacífica con actos violentos y con la politización y uso electoral y partidista de nuestros problemas. Quizá uno de los paralelismos más inquietantes entre Francia y España se encuentre en las expectativas de los jóvenes. Durante décadas, la promesa de progreso estuvo asociada al esfuerzo, la formación y el trabajo. Estudiar, encontrar un empleo y ahorrar permitía imaginar una vida independiente. Hoy, esa secuencia ya no garantiza el mismo resultado. Los salarios, el precio de la vivienda, la precariedad de determinados empleos y la incertidumbre económica han alterado las expectativas de muchos jóvenes.
No se trata de idealizar el pasado ni de afirmar que las generaciones anteriores no tuvimos dificultades; se trata de reconocer que una sociedad que no consigue ofrecer perspectivas razonables a quienes comienzan su vida adulta corre el riesgo de debilitar su propio contrato social. Cuando una parte de la juventud siente que el futuro está reservado a quienes ya disponen de recursos, la frustración puede transformarse en apatía, desconfianza o movilización. Cada país tiene sus propias instituciones, tradiciones de protesta, equilibrios políticos y problemas económicos; pero existe una relación inevitable entre el descontento social y los disturbios. Una democracia no se mide únicamente por su capacidad para celebrar elecciones, sino también por su capacidad para escuchar, corregir errores y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Gobernar no consiste solo en resistir hasta las próximas elecciones; también implica asumir responsabilidades, explicar decisiones difíciles y demostrar que la política puede cambiar la realidad.
El verdadero peligro no es la protesta, sino la desconexión. Francia nos muestra un escenario de tensión que invita a la reflexión. España comparte algunas de las condiciones que alimentan ese descontento, aunque no esté atravesando exactamente la misma situación. La lección que se puede extraer no es que ambos países estén condenados a vivir una crisis idéntica, es que ningún sistema político debería dar por garantizada la paciencia de sus ciudadanos. Porque el mayor problema de una democracia no es que sus ciudadanos salgan a la calle para exigir cambios; el problema empieza cuando demasiadas personas dejan de creer en sus instituciones, desconfían es sus políticos y en que sus problemas les importan de verdad.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 25, 2026 | Opinión, Política
Hay historias que se convierten en símbolos mucho antes de que se contraste toda la verdad y como comenzó todo. La de Mari Carmen es una de ellas. Ayer volvimos a ver concentraciones y consignas alrededor de una mujer de 87 años en silla de ruedas que llevaba décadas viviendo en un piso de renta antigua en Madrid. Y, como suele ocurrir cuando un caso particular se convierte en bandera política, la complejidad desapareció bajo un relato mucho más sencillo: una anciana vulnerable y un grupo de solidarios manifestantes frente a unos malvados especuladores sin corazón y humanidad. El problema es que la realidad es bastante más compleja y larga. Mari Carmen no llegó ayer a esa vivienda, entró en 1956, cuando tenía 17 años, en un contrato de los que entonces existían y que permitían una estabilidad residencial extraordinaria. Tras la muerte de su padre se produjo una primera subrogación y, posteriormente, otra a favor de Mari Carmen. Un sistema que permitía a determinadas familias permanecer durante décadas en una vivienda con rentas muy reducidas y una protección extraordinaria frente a la voluntad del propietario.
Durante todo ese tiempo, la vivienda dejó de ser para ella un simple lugar donde vivir. Se convirtió en su hogar, en su barrio, en sus recuerdos y en su historia personal, es comprensible, lo que no es comprensible es que esa realidad emocional se utilice para borrar la realidad jurídica; porque Mari Carmen no era propietaria de aquel piso, era inquilina. Y el hecho de haber vivido allí durante setenta años no modificaba por sí solo esa condición. La propiedad tenía unos derechos, ella tenía otros. Y el conflicto consistía precisamente en determinar hasta dónde llegaban unos y otros. Los tribunales terminaron estableciendo que la segunda subrogación no le daba derecho a permanecer indefinidamente en la vivienda.
El caso de Mari Carmen plantea preguntas incómodas que ayer, durante las manifestaciones, parecían quedar deliberadamente fuera de plano. ¿Qué derechos tenía realmente como inquilina? ¿Qué obligaciones tenía el propietario? ¿Qué ocurrió con el contrato de renta antigua? ¿Por qué se produjo la venta del inmueble? ¿Qué responsabilidad tienen las distintas leyes que han regulado estos alquileres durante décadas? Y, sobre todo, ¿por qué parece que cuestionar el relato de una anciana equivale automáticamente a carecer de humanidad?
Podemos discutir si esa legislación es justa, si debería existir un régimen de protección especial para las personas mayores o si el sistema de renta antigua ha generado situaciones difíciles de resolver. Pero no podemos fingir que el derecho de Mari Carmen a quedarse para siempre era una evidencia que solamente unos abogados sin escrúpulos se negaban a reconocer. Durante décadas, los contratos de renta antigua ofrecieron a los inquilinos una estabilidad que hoy resulta excepcional. Una persona podía permanecer en una vivienda durante gran parte de su vida pagando una renta muy inferior a la que tendría que pagar un nuevo inquilino, eso es lo que ocurrió con Mari Carmen. No hay nada ilegal en ello, tampoco hay nada vergonzoso en beneficiarse de un contrato legal. Pero sí hay una cuestión que merece ser discutida: ¿hasta qué punto es razonable mantener indefinidamente una protección económica cuando las circunstancias han cambiado por completo? El barrio de Retiro no es el mismo que en 1956. El mercado inmobiliario no es el mismo. El valor de la vivienda no es el mismo. Y las condiciones económicas de la propiedad tampoco son necesariamente las mismas. Sin embargo, el relato de la protesta parece asumir que el precio antiguo debe mantenerse eternamente porque el inquilino lleva mucho tiempo allí. ¿Y qué ocurre con quien compró la vivienda? ¿Y con quien heredó el inmueble? ¿Y con quien necesita venderlo? ¿Y con quien no puede afrontar los gastos de mantenerlo? La respuesta habitual parece ser que el propietario siempre puede vender, pero cuando vende, entonces aparece otro problema: el comprador es un fondo de inversión.
Aquí es donde el discurso de ayer merece una crítica seria. Se denuncia que los fondos de inversión compran viviendas y expulsan a sus inquilinos, pero rara vez se explica por qué esos inmuebles terminan en manos de esos inversores. En este caso, la familia propietaria vendió el edificio, posteriormente, el inmueble acabó en manos de una sociedad inmobiliaria. Podemos criticar la concentración de vivienda en manos de grandes inversores, podemos defender que determinados barrios necesitan más vivienda pública y que el alquiler debe tener reglas que protejan a los inquilinos, pero también deberíamos preguntarnos si una regulación que dificulta durante décadas la recuperación de una vivienda puede influir en quién está dispuesto a comprarla.
Un pequeño propietario puede no tener capacidad para afrontar años de litigios, abogados, gastos y riesgos. Una gran sociedad inmobiliaria sí puede tenerla. Y entonces ocurre algo que resulta bastante paradójico: las mismas políticas que pretenden proteger al inquilino pueden terminar favoreciendo que la vivienda pase de un pequeño propietario a un gran inversor. No es una ley universal ni una explicación suficiente para todos los casos. Pero es una cuestión que debería formar parte del debate. El contrato de Mari Carmen nació durante el franquismo, pero las normas que regularon su continuidad durante décadas también fueron modificadas por gobiernos democráticos. En 1985, el Gobierno de Felipe González aprobó el Real Decreto-ley 2/1985, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos de arrendamiento, aunque mantuvo el régimen anterior para los contratos ya existentes. En 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos estableció un régimen transitorio para esos contratos antiguos y limitó las posibilidades de subrogación. Por tanto, cuando se presenta el caso como si todo fuera consecuencia de una decisión reciente de la derecha, se está contando una historia incompleta. El sistema de renta antigua no lo inventó un gobierno actual. Tampoco se puede atribuir a un único partido la responsabilidad de todas las consecuencias de una legislación que ha atravesado varias décadas.
Los políticos que ayer se manifestaban deberían explicar claramente qué modelo de vivienda proponen, cuánto costaría y quién asumiría el coste. Porque mantener un alquiler indefinidamente por debajo del mercado no es gratis. El coste puede recaer sobre el propietario, sobre el Estado o sobre el conjunto de los contribuyentes. Y si el Estado decide asumirlo, entonces la discusión deja de ser solamente jurídica. Se convierte en una discusión sobre política pública. Hay algo profundamente humano en querer que una mujer de 87 años no tenga que abandonar el lugar donde ha vivido toda su vida, pero la compasión no puede sustituir a la responsabilidad. Si una persona necesita protección por su edad, su discapacidad o su situación económica, debemos discutir qué mecanismos existen para ofrecerla. Si una persona necesita una vivienda, debemos discutir cómo garantizar el acceso a la vivienda. Si una persona no puede pagar un alquiler de mercado, debemos discutir qué ayudas, viviendas públicas o soluciones habitacionales pueden ofrecerse. Lo que no podemos hacer es convertir una vivienda privada concreta en una especie de derecho absoluto que se mantiene indefinidamente porque el inquilino lleva muchos años viviendo allí. Porque eso no es solamente una cuestión de solidaridad, es una cuestión de propiedad. Y si queremos modificar el régimen de propiedad, debemos decirlo claramente.
Ayer, quienes se manifestaron podían estar defendiendo cosas muy distintas. Algunos quizá querían evitar que una anciana terminase en una situación de vulnerabilidad. Otros quizá querían protestar contra los fondos de inversión. Otros quizá querían defender un modelo de alquiler protegido. Y otros quizá querían criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero si la protesta pretendía presentar el caso como una injusticia evidente en la que una anciana tenía derecho a permanecer para siempre en aquella vivienda, entonces el debate debería ser bastante más riguroso. Porque la justicia no consiste únicamente en ponerse de parte de quien tiene una historia más emotiva, también consiste en reconocer que existen derechos contrapuestos y que, cuando esos derechos entran en conflicto, no basta con gritar más fuerte.
Mari Carmen no es el problema pero tampoco es la solución, Mari Carmen no creó el sistema de renta antigua ,no aprobó las leyes que permitieron las subrogaciones, no decidió cómo evolucionaría el mercado inmobiliario, no inventó los fondos de inversión, pero tampoco podemos convertir su caso en una explicación total de la crisis de vivienda. Su historia es la de una persona que se benefició durante décadas de un régimen de alquiler protegido y que, finalmente, perdió el derecho a permanecer en la vivienda. Es una historia triste, pero no necesariamente es una historia de abuso. Y si queremos discutir las consecuencias de la renta antigua, debemos hacerlo sin convertir a Mari Carmen en una heroína intocable ni a la propiedad en un villano automático. La política de vivienda debería ser capaz de sostener varias ideas al mismo tiempo:
-Que una persona mayor merece protección.
-Que los inquilinos necesitan seguridad jurídica.
-Que los propietarios tienen derechos.
-Que el alquiler debe ser económicamente viable.
-Que la vivienda pública es necesaria.
-Que la concentración de inmuebles en manos de grandes inversores puede plantear problemas.
-Que las leyes tienen consecuencias no deseadas.
-Y que esas consecuencias no desaparecen porque una manifestación consiga una imagen poderosa.
Si queremos que los propietarios alquilen, debemos ofrecerles seguridad. Si queremos que los inquilinos tengan estabilidad, debemos establecer reglas claras. Si queremos que las personas mayores vulnerables no sean expulsadas de sus hogares, debemos crear mecanismos específicos de protección. Y si queremos que los barrios no se llenen de grandes inversores, debemos entender por qué los pequeños propietarios venden. Todo eso requiere más trabajo que señalar a un enemigo político. Esta historia de Mari Carmen no es una historia en la que unos son buenos porque defienden a una anciana y otros son malos porque defienden la propiedad, la vivienda es demasiado importante para reducirla a eso. Mari Carmen merece una solución que tenga en cuenta su edad, su situación personal y su necesidad de vivienda, pero los propietarios merecen también que sus derechos no se conviertan en papel mojado. Y la sociedad merece una política de vivienda que no dependa de que el próximo caso tenga una imagen suficientemente emotiva para movilizar a la gente, porque cuando una sociedad sustituye las reglas por las emociones, el problema no desaparece, simplemente se lo deja a la siguiente persona.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 21, 2026 | Opinión, Política
Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo en el que Europa prefiere no mirarse. La invasión que asfixia a la ciudad autónoma tras las entradas masivas de este verano ha dejado al descubierto una realidad que va mucho más allá de las cifras de acogida. Lo que hoy se respira en sus playas y barriadas no es solo el colapso material de unas instituciones desbordadas; es la descomposición silenciosa de la convivencia, acelerada por quienes han decidido que el miedo es una excelente herramienta electoral.
Es innegable que la ciudadanía ceutí sufre una fatiga crónica legítima. Una población de poco más de 80.000 habitantes no puede gestionar en solitario la frontera sur de un continente entero. El agotamiento ante los servicios públicos saturados y la perenne sensación de desamparo por parte de Madrid y Bruselas forman un caldo de cultivo idóneo para la frustración, el miedo y el hartazgo. La mecha de Ceuta está a punto de encenderse si es que no se ha encendido ya, evitar que se queme y estalle todo es tarea de todos. Pedir «paciencia» a una ciudad al límite mientras el calendario institucional se dilata no es una estrategia muy acertada; no es ni razonable ni inteligente negar las preocupaciones de los vecinos de Ceuta e intentar convencerles de que tienen que acostumbrarse a vivir con una realidad que es invivible. Una democracia no puede pedir a quienes sienten que su ciudad está sometida a una presión extraordinaria que simplemente dejen de preocuparse. Aumentar la intensidad del ventilador de la crispación tampoco parece muy afortunado. Si permitimos que el malestar social sea devorado por la intolerancia, habremos perdido lo más valioso que define a la sociedad ceutí: su histórica capacidad para mantener la paz y la convivencia en mitad de la frontera. El polvorín está listo; de la responsabilidad de nuestros gobernantes y de la propia sociedad civil depende no arrimar la cerilla.
Una sociedad sometida durante mucho tiempo al miedo puede terminar buscando rostros sobre los que descargar su frustración. Primero se señala, después se estigmatiza y finalmente, alguien decide que tiene derecho a actuar contra quien ha sido señalado. Ese recorrido no es inevitable, pero la historia demuestra que la violencia política y social rara vez aparece de la nada. Antes suele existir un deterioro del lenguaje, una pérdida de empatía y una creciente aceptación de que determinadas personas —por lo que piensan, por lo que defienden o por quienes son— merecen ser tratadas como enemigos.
Ceuta necesita seguridad, necesita libertad, necesita que sus derechos no sean pisoteados, necesita una política migratoria eficaz, necesita protección de sus fronteras y recursos suficientes para afrontar una situación excepcional. Y necesita que las preocupaciones de sus ciudadanos sean escuchadas; necesita algo tan básico como que nadie tenga miedo de atravesar una calle, sacar el perro a pasear por la noche, ir al gimnasio o al colegio, ir a pasear a sus playas acudir a una protesta y también necesita poder defender una posición política en libertad o ejercer sin miedo un cargo público porque pueda convertirse en objetivo de una turba. La violencia no puede convertirse en la continuación del debate político por otros medios. Y cuando una ciudad empieza a parecer un polvorín, la responsabilidad de quienes tienen capacidad de influencia no consiste en acercar la cerilla a la pólvora, sino en rebajar la temperatura. Porque una vez que el miedo encuentra un enemigo, siempre existe el riesgo de que alguien termine creyendo que atacarlo está justificado.
“Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso». Este mensaje del director del IES Villarejo de Salvanés muestra cómo algunos directores, no pocos, actúan como terminales del poder político puestos allí para ser activistas ideológicos y partidistas llegado el momento.
