SON NUESTROS INTOCABLES

por AntonioDeMiguelAnton | Jun 5, 2026 | Opinión, Política

Acabo de terminar de leer el libro de David Alandete. Es una radiografía impecable y adictiva sobre el regreso de Trump, la desinformación y las cloacas del poder. Si queréis entender de verdad la política actual y el periodismo de trinchera, hay que leerlo. El corresponsal en Washington desmenuza no solo el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, sino un fenómeno mucho más cercano y alarmante: la corrupción de los aparatos del Estado destinados a silenciar a la prensa libre.

A través de sus páginas el autor ofrece una radiografía incómoda sobre cómo las altas esferas políticas prefieren la docilidad ciudadana a golpe de manipulación. Alandete detalla campañas dirigidas a minar la reputación de los periodistas que se niegan a actuar como altavoces propagandísticos. Describe cómo se usan herramientas públicas para castigar o premiar medios según su línea editorial, distorsionando el derecho constitucional a la información. Cuenta en primera persona y con vivencias propias las presiones explícitas sufridas por el propio corresponsal a raíz de preguntas incómodas sobre geoestrategia y gasto militar, las cuales activaron maquinarias de acoso digital e institucional.

La corrupción que Alandete describe no se mide únicamente en transacciones financieras ilegales, sino en una moneda mucho más peligrosa: el tráfico de influencias informativas y el espionaje de Estado. La obra pone al descubierto cómo determinados sectores gubernamentales se valen del «coro de la opinión sincronizada» para asfixiar las voces disidentes y moldear relatos artificiales que oculten la realidad geopolítica.

Lo estamos viviendo también en España; la corrupción moderna no siempre viste de maletines ocultos; a menudo se disfraza de decretos, llamadas intimidatorias a las redacciones y campañas de linchamiento reputacional financiadas de forma opaca para garantizar que el poder nunca tenga que dar la explicación real de sus actos. El periodismo independiente, en España, se enfrenta a su época más oscura bajo la sombra de la presión gubernamental y el control de la información. El repoquer de jueces, fiscales y policías insobornables formado por Balas, Luzón, Pedraz, Grinda y Biedma y periodistas de investigación valientes como Alejandro Entrambasaguas, Jorge Calabrés, Ketty Garat, José María Olmo o el mismísimo Iker Jiménez podrían ser protagonistas principales de esta película a los que también han intentado torcer voluntades bajo parece ser la batuta de Santos Cerdán y su fontanera.

A mi todo esto me recuerda la icónica película de Los intocables de Eliot Ness cuando la integridad era la única trinchera contra el sistema podrido. En una época en la que la impunidad se disfraza de burocracia y los escándalos de corrupción apenas duran tres días en el telediario, revisar el clásico de 1987 no es un ejercicio de nostalgia cinéfila, es mirarte en un espejo incómodo. Más allá de su impecable estética visual y el ritmo trepidante de sus tiroteos, la película funciona hoy como una feroz crítica a la descomposición de las instituciones y al peligro de una sociedad anestesiada ante la pérdida de valores.

La verdadera amenaza en “Los intocables” nunca fue el armamento de Al Capone, sino su capacidad para comprar conciencias. De Palma filma con crudeza un sistema podrido desde la raíz, donde el uniforme policial, la placa del detective y el mazo del juez tienen un precio de salida. La película lanza un dardo envenenado contra la indiferencia colectiva. Nos muestra cómo la normalización del delito es el paso previo a la tiranía. Al Capone (interpretado magistralmente por Robert De Niro) no es solo un gánster; es el símbolo del empresario corrupto que exige pleitesía pública mientras destruye el tejido moral de una ciudad entera. Ante este panorama, el largometraje plantea una verdad incómoda: cuando las instituciones se corrompen, la ciudadanía queda completamente desamparada.

Frente a este lodazal solo puede funcionar, como lo hace ne el guión de la película, levantar una muralla ética a través de cuatro hombres que deciden que su dignidad no está en venta. Lo mismo ocurre en nuestro país, estos intocables nos muestran cada uno desde su profesión que tener valores cuesta caro y que mantenerse limpio en un entorno hostil implica aislamiento, amenazas, sacrificios y mucho riesgo por el peligroso peaje de combatir al monstruo de la corrupción que es tan contagiosa que obliga a los hombres justos -como ocurre en la película- a cruzar líneas rojas y a rozar la brutalidad del enemigo para poder destruirlo.

La pérdida de valores y la tolerancia social hacia la corrupción no son fenómenos nuevos, pero la película nos recuerda que la única vacuna sigue siendo la responsabilidad individual. Cuando el sistema falla y el relativismo moral lo justifica todo, la integridad deja de ser una opción personal para convertirse en la última trinchera de la verdad y de la justicia. Bravo por estos grandes profesionales, su honradez y lealtad merecen respeto y admiración. Son héroes en un mar de corrupción gubernamental. Son los verdaderos patriotas. Posiblemente estén deteniendo el mayor ataque a nuestra Democracia, a nuestras libertades, a nuestros valores, a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Son nuestros intocables.

Antonio de Miguel

LA ESTUPIDEZ DE QUERER TENER RAZÓN A TODA COSTA

por AntonioDeMiguelAnton | May 7, 2026 | Opinión, Política

El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio. Cuando el menor de edad manifieste oposición a mantener cualquier tipo de contacto, régimen de visitas o convivencia con uno de sus progenitores, se deberán investigar las causas de dicho rechazo y garantizar que el contacto se da en condiciones seguras y de máximo bienestar para él. La nueva normativa prohíbe también el llamado síndrome de alienación parental (SAP: proceso en el que un progenitor manipula a su hijo para denigrar al otro progenitor).

Esta reciente reforma que está siendo impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, bajo el pretexto de blindar la seguridad de los menores, amenaza con dinamitar uno de los pilares más estables de nuestra legislación civil: la custodia compartida. Lo que se presenta como un avance en derechos infantiles es, en la práctica, un retroceso que devuelve a las familias a la era del conflicto judicial permanente y la discrecionalidad ideológica.

El punto más polémico de la nueva normativa de Rego será el de enterrar el SAP por decreto. Esa prohibición explícita de mencionar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que pretende la ministra será muy polémica. Al tacharlo de «pseudociencia» mediante ley, el Ministerio no solo ignora la realidad clínica de miles de menores que son manipulados sistemáticamente para odiar a un progenitor, sino que priva a los jueces de una herramienta esencial para detectar abusos psicológicos.¿Es protección prohibir que se investigue si un niño rechaza a su padre porque ha sido condicionado para ello?

La ministra, en su deseo obsesivo de querer tener razón, parece creer llevarla y por tanto pretende imponerla por BOE, pero la manipulación familiar existe y, a partir de ahora, será invisible ante la ley, dejando a los menores a merced del progenitor que mejor sepa instrumentalizarlos. La trampa radica en la coletilla de la «voluntad del menor». La reforma establece que, si un menor se opone al contacto con un progenitor, se debe priorizar su rechazo. Si bien escuchar al niño es vital, otorgar un poder de veto absoluto a un menor —muchas veces inmerso en una guerra emocional que no comprende—es una irresponsabilidad jurídica. Sira Rego ignora que, en casos de separación traumática, los hijos no siempre saben qué es lo mejor para su bienestar a largo plazo. Al blindar legalmente el rechazo del menor sin permitir el análisis de la alienación, el Gobierno está dando incentivos perversos para que el progenitor custodio alimente el conflicto, sabiendo que la justicia ya no podrá intervenir en la raíz del problema.

Prohibir y borrar por ley la mención o aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) bajo la premisa falsa de proteger a los menores no hace que el problema desaparezca. Cuando la ideología prima frente a la ciencia nada puede salir bien. El argumento principal para esta prohibición es que el SAP no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y aunque el término exacto no figure en los manuales diagnósticos, el fenómeno de la interferencia parental es una realidad clínica documentada. Negar que un adulto pueda instrumentalizar emocionalmente a un niño es ignorar décadas de psicología infantil. Al prohibir su mención, se deja a los jueces sin herramientas para identificar casos donde el rechazo del menor no nace de un trauma legítimo con el progenitor «rechazado», sino de una inducción maliciosa por parte del «custodio».

La reforma quiere responder a la demanda de casos como el de Juana Rivas, a la que la Justicia italiana siempre recogió en tres sentencias civiles lo que denominaron «inducción» y «manipulación». La nueva normativa establece que, si un menor se opone al contacto, se deben investigar las causas. Esto es positivo en teoría, pero peligroso en la práctica si se parte del dogma de que la manipulación es imposible. Si un sistema judicial tiene prohibido considerar la alienación, ante el rechazo de un niño, la tendencia automática será culpar al progenitor rechazado, asumiendo que «algo habrá hecho». Esto puede condenar a miles de niños a una pérdida irreversible del vínculo con uno de sus padres, basándose en una voluntad que, a veces, ha sido secuestrada emocionalmente.

Proteger a la infancia implica escuchar al niño, sí, pero también entender que su voz puede estar influenciada por el conflicto de lealtades. Al legislar contra un concepto clínico, el Gobierno corre el riesgo de desproteger a los menores frente a una de las formas de maltrato psicológico más sutiles: el borrado de un padre o una madre del mapa afectivo del hijo. La ley debería perseguir el abuso allá donde se produzca, sin prohibir palabras que ayudan a describir realidades incómodas.

La custodia compartida ha sido el mayor avance hacia la igualdad real en las últimas décadas. Sin embargo, esta reforma pone tantas trabas y condiciones —basadas a menudo en interpretaciones subjetivas de «bienestar emocional»— que la custodia compartida pasará de ser la norma a ser la excepción. Se legisla desde el prejuicio, asumiendo que la convivencia con ambos padres es un riesgo potencial en lugar de un derecho fundamental del niño. Al final del día, la pregunta es clara: ¿Estamos protegiendo a los niños o estamos dándole herramientas al sistema para que decida, bajo criterios ideológicos, qué familias merecen seguir siéndolo?

La ministra Rego ha elegido lo segundo, y el precio de su decisión lo pagará la salud mental de toda una generación de hijos de padres separados. El proyecto debe aún ser aprobado por las Cortes; su trámite va a ser muy complejo. Esperemos que reine la cordura y sobre todo la ciencia.

EL SILENCIO Y LA POLÍTICA DE LOS SAPOS

por AntonioDeMiguelAnton | Abr 30, 2026 | Opinión, Política

Mañana arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026. Tras el anuncio de adelanto electoral realizado por Juanma Moreno el pasado marzo, la comunidad se prepara para quince días de intensa actividad política en los que se decidirá el rumbo de la legislatura 2026-2030.

Andalucía siempre ha presumido de un ecosistema político propio, menos tóxico que el de la capital. Sin embargo, esta campaña medirá si esa «paz andaluza» resiste el empuje de las dinámicas nacionales. Las encuestas sitúan actualmente al PP de Juanma Moreno en una posición de clara ventaja, rozando la mayoría absoluta con un 42,3% de los votos en algunos sondeos. Por su parte, el PSOE-A afronta el reto de frenar su tendencia a la baja, con previsiones que lo sitúan en mínimos históricos de entre 26 y 29 escaños.

La campaña no solo se juega en los mítines, sino también en el barro mediático, en el hartazgo a la vieja política y la coherencia de sus figuras. Este sentimiento de desafección hacia la «vieja política» sobrevuela una campaña donde nuevos y viejos rostros intentarán convencer a un electorado que, aunque prefiere la moderación, no es ajeno al espectáculo televisivo y las redes sociales.

Y hablando de Andalucía, de espectáculos, de coherencia, de supervivencia política y de cambios de chaqueta, me viene a la cabeza el rifirrafe entre Risto Mejide y Susana Díaz: ¡ojalá más periodistas y presentadores pusieran en su sitio a vende-ungüentos como Risto ha puesto a Susana Díaz! Entre la coherencia y la supervivencia, la mayoría elige el cargo; al llegar a él prefieren el silencio para no perder el sillón.

En la política moderna, la voz no siempre es el instrumento más valorado; a menudo, lo es el silencio. Existe una máxima no escrita en los pasillos del poder que dicta que, para ascender o simplemente para sobrevivir, hay que aprender a deglutir sapos de dimensiones épicas. Es la dinámica del silencio cómplice, ese pacto de sangre institucional que convierte a personas con principios en piezas mudas de un tablero de ajedrez. Lo vemos a diario; líderes que ayer defendían una línea roja infranqueable hoy la cruzan con una sonrisa ensayada, mientras sus filas aplauden con un entusiasmo que huele a resignación.

¿Qué pasa por la cabeza de un representante cuando tiene que votar algo que, en privado, desprecia? La respuesta suele ser la «disciplina de partido», un eufemismo que disfraza la anulación del criterio propio en favor de la supervivencia del grupo. El problema de «tragar con lo intragable» es que el estómago político termina por atrofiarse. Al principio, el político cede en detalles menores por un supuesto «bien mayor». Sin embargo, esa frontera es movediza. Poco a poco, lo que era inaceptable se vuelve necesario, y lo que era una traición a los ideales se etiqueta como pragmatismo. El resultado es un espectáculo de ventriloquía donde todos dicen lo mismo, no porque lo crean, sino porque el coste de la disidencia es el destierro mediático y profesional.

Este silencio no es gratis; lo pagamos los ciudadanos con la moneda de la desafección. Cuando un votante ve que su representante es incapaz de mantener una sola coherencia frente a las órdenes de arriba, la confianza se quiebra. Se percibe al político no como a un líder con convicciones, sino como a un empleado de una estructura que prioriza su propia conservación sobre el interés general.

Es hora de preguntarnos si queremos partidos que funcionen como ejércitos de obediencia ciega o como espacios de debate real. Mientras la lealtad se siga midiendo por la capacidad de agachar la cabeza y tragar sin masticar, seguiremos teniendo una política de cartón piedra, donde las ideas mueren para que las siglas sobrevivan. Al final, el mayor peligro para una democracia no es el ruido de las voces discordantes, sino el silencio atronador de quienes, sabiendo que algo está mal, deciden que es más seguro callar.

El caso de Susana Díaz es, posiblemente, el ejemplo más gráfico y cercano de cómo la ambición de poder puede transformarse en una supervivencia dócil y bien remunerada. Quien fuera la «faraona» del socialismo andaluz, la misma que prometía «no dormir» hasta echar a Pedro Sánchez por sus pactos con el populismo, hoy se acomoda en un escaño del Senado de España bajo el manto protector del mismo hombre que juró combatir.

Del «No mientas, cariño» pasó a la obediencia debida. Resulta casi cómico recordar aquel debate de primarias donde Díaz señalaba a Sánchez con el dedo, acusándole de dar «bandazos» y de anteponer su interés personal al del país. Aquella Susana que advertía que el problema del PSOE era, precisamente, Sánchez, ha sido sustituida por una senadora que ha preferido «tragar» con la amnistía, los pactos con el independentismo y la degradación institucional con tal de mantener su silla y su sueldo de más de 96.000 euros anuales.

La crítica que le hacemos ahora los españoles no es solo por su cambio de opinión —un deporte nacional en el sanchismo—, sino por la cobardía política. Como senadora por designación autonómica, su labor ha pasado prácticamente inadvertida en los grandes debates que han fracturado a su partido y a su país. Se ha convertido en una colaboradora mediática que, cuando se le pregunta por los abusos del Gobierno, prefiere hablar de «dolor» personal o de lo «duro» que fue aquel Comité Federal de 2016, evitando siempre cualquier crítica real que pueda incomodar a Ferraz. Susana Díaz es el retrato de una capitulación que ha pasado de aspirar a liderar el Estado a ser una figura decorativa que valida con su silencio cada cesión del sanchismo. Al final, parece que Risto Mejide tenía razón en su reciente enfrentamiento televisivo: el miedo a perder el puesto ha sido más fuerte que cualquier convicción socialista.

En política, la coherencia suele ser la primera víctima de la necesidad. Susana Díaz eligió la supervivencia cómoda frente a la integridad política. Hoy, su legado no es el de una líder que defendió la unidad de España, sino el de una dirigente que, tras ser derrotada, decidió que era mejor tragar sapos en silencio que dar la batalla desde fuera del pesebre. El menú está completo, y el postre ha sido su propia dignidad.

A partir de mañana, los candidatos tendrán dos semanas para demostrar si Andalucía sigue siendo esa «pequeña isla» de convivencia o si, finalmente, la política de los «sapos» termina por inundar el Guadalquivir.

LA TOXICIDAD POLÍTICA

por AntonioDeMiguelAnton | Abr 23, 2026 | Opinión, Política

Dicen los psicólogos que lo que no se sana en casa, se proyecta fuera. Si observamos el panorama actual, parece que nuestra vida pública ha dejado de ser un debate de gestión para convertirse en una relación de pareja disfuncional: llena de reproches, manipulación y una incapacidad crónica para escuchar. La política, hoy, se parece peligrosamente a ese noviazgo del que todos tus amigos te dicen que deberías huir.

En una relación sana, las diferencias se negocian. En una tóxica, el desacuerdo es una traición. Estamos viviendo lo que los sociólogos llaman polarización afectiva. Ya no votamos «a favor de» un proyecto, sino «en contra de» alguien a quien percibimos como una amenaza vital. Al igual que en una pareja contaminada, el otro ya no es alguien que piensa distinto; es un ser malvado que quiere destruir nuestro mundo.

La toxicidad política utiliza técnicas de manual de autoayuda, pero del malo. Se nos dice que lo que vemos no está ocurriendo, o que la realidad es exactamente lo contrario a los datos. El objetivo es que el ciudadano pierda la confianza en su propio juicio y termine delegando su voluntad en el «líder salvador». Ciertos discursos buscan que el ciudadano se sienta incapaz de prosperar sin la tutela constante del Estado o del partido, creando un vínculo de dependencia emocional similar al de una relación donde uno anula la autonomía del otro.

Estos partidos de ahora actúan como esa pareja celosa que te aleja de tus amigos porque «son mala influencia». Nos encierran en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír, eliminando cualquier posibilidad de contraste. Convierten cualquier reunión con amigos, familia o compañeros de trabajo en un campo de minas; preferimos el silencio tenso o el grito antes que la vulnerabilidad de admitir que el «otro» podría tener algo de razón.

Para sanar una relación tóxica, el primer paso es establecer límites. Necesitamos recuperar la conciencia ciudadana y dejar de ser «hinchas» o «víctimas». La democracia no es un matrimonio indisoluble ni un cheque en blanco; es un contrato de servicios que requiere vigilancia, crítica y, sobre todo, la capacidad de decir «basta» cuando el respeto se pierde. Si no somos capaces de tratar a quien piensa diferente con la dignidad que exigiríamos en nuestra propia casa, seguiremos atrapados en este ciclo de desprecio mutuo. Quizás sea hora de que la política pase por el diván antes de que termine por rompernos a todos el corazón.

Lo que tenemos con la clase política actual no es una crisis de representación; es una relación de maltrato psicológico consentida, televisada y, para colmo, financiada con nuestros propios impuestos. Nos quejamos de la toxicidad en redes, pero acudimos cada mañana a por nuestra dosis de veneno con la sumisión de quien no sabe vivir sin su maltratador. En cualquier pareja sana, si uno miente sistemáticamente, se le deja. En política, si el líder miente, sus seguidores se inventan una gimnasia mental para justificarlo. Hemos caído en el síndrome de Estocolmo ideológico: preferimos que nuestro partido nos engañe a reconocer que el adversario —ese «monstruo» que nos han enseñado a odiar— tiene un punto de razón.

Los políticos han aprendido que el miedo es el mejor pegamento. Nos mantienen en un estado de pánico constante: «si no me votas a mí, vendrá el caos», «si ellos ganan, se acaba el mundo». Es el discurso clásico del controlador que anula tu autoestima para que creas que, sin él, estás perdido. Y nosotros, cual pareja dependiente, compramos el miedo y entregamos la libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad. Es insultante ver cómo nos aplican el gaslighting (luz de gas) a diario. Nos dicen que la economía vuela mientras hacemos malabares en el supermercado. Nos dicen que hay consenso mientras la calle arde. Intentan convencernos de que lo que vemos con nuestros propios ojos es una alucinación o un invento de «la máquina del fango». El objetivo es claro: fracturar nuestra percepción de la realidad hasta que dejemos de confiar en nuestro propio instinto y solo confiemos en sus consignas. La culpa no es solo de ellos; es de nuestra complacencia. Nos hemos convertido en una afición de fútbol borracha de sectarismo. Aplaudimos los insultos en el Congreso como si fueran goles, olvidando que esos gritos son la banda sonora de nuestra propia decadencia. Hemos sustituido el pensamiento crítico por el «y tú más», esa respuesta infantil que en una pareja augura un divorcio inminente y en un país augura el colapso social.

Si seguimos permitiendo que nos traten como a súbditos emocionales, si seguimos validando el odio al vecino para sentir que pertenecemos a un bando, no nos quejemos luego de la ruina emocional y democrática que habitamos. La política actual no quiere ciudadanos; quiere devotos. Y tú, ¿eres un ciudadano o solo el juguete roto de un líder que no sabe ni cómo te llamas?

El dichoso tema de la «prioridad nacional» es un ejemplo de esto que les hablo; lejos de ser un brindis al sol, es una herramienta de precisión quirúrgica diseñada por Vox para condicionar la legislatura y, sobre todo, para mantener el control sobre su propia identidad frente al riesgo de ser absorbido por la gestión del Partido Popular. Para la formación de Santiago Abascal, incluir la prioridad nacional en sus acuerdos les permite ondear una bandera ideológica nítida —»los de casa primero»— ante un PP que a menudo se ve obligado a moderar su discurso por imperativos europeos o constitucionales. Funciona como una «cláusula de rescisión». Si en algún momento la coalición deja de ser rentable o necesitan forzar un adelanto electoral, cualquier matiz técnico del PP en la aplicación de esta prioridad será el casus belli perfecto para pulsar el «botón rojo» y romper el gobierno alegando traición a lo firmado.

La convivencia entre el PP y Vox es el reflejo de este tipo de relación profundamente contaminada y viciada por la desconfianza mutua; y mientras la derecha se enreda en debates sobre el arraigo y la constitucionalidad de sus pactos, el Gobierno central de Pedro Sánchez encuentra un balón de oxígeno inesperado. Cada fricción interna en el bloque de la derecha permite al PSOE desplazar la atención de su propia gestión y alimentar el miedo a un «modelo extremista» que ya se ensaya en territorios como Extremadura o Aragón. Para el votante, la sensación es de una derecha más preocupada por marcar territorio frente a su socio que por resolver los problemas estructurales de la región.

La prioridad nacional es, en esencia, estrategia pura frente a gestión pública. Vox ha instalado un sensor de movimiento en el corazón de esos gobiernos pero que saltará en cuanto Santiago Abascal decida que la legislatura ya no le sirve a sus intereses nacionales. La pregunta no es si habrá conflicto, sino cuándo decidirá Vox que ha llegado el momento de ejecutar su vía de escape.