por AntonioDeMiguelAnton | Sep 21, 2026 | Opinión, Política
Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo en el que Europa prefiere no mirarse. La invasión que asfixia a la ciudad autónoma tras las entradas masivas de este verano ha dejado al descubierto una realidad que va mucho más allá de las cifras de acogida. Lo que hoy se respira en sus playas y barriadas no es solo el colapso material de unas instituciones desbordadas; es la descomposición silenciosa de la convivencia, acelerada por quienes han decidido que el miedo es una excelente herramienta electoral.
Es innegable que la ciudadanía ceutí sufre una fatiga crónica legítima. Una población de poco más de 80.000 habitantes no puede gestionar en solitario la frontera sur de un continente entero. El agotamiento ante los servicios públicos saturados y la perenne sensación de desamparo por parte de Madrid y Bruselas forman un caldo de cultivo idóneo para la frustración, el miedo y el hartazgo. La mecha de Ceuta está a punto de encenderse si es que no se ha encendido ya, evitar que se queme y estalle todo es tarea de todos. Pedir «paciencia» a una ciudad al límite mientras el calendario institucional se dilata no es una estrategia muy acertada; no es ni razonable ni inteligente negar las preocupaciones de los vecinos de Ceuta e intentar convencerles de que tienen que acostumbrarse a vivir con una realidad que es invivible. Una democracia no puede pedir a quienes sienten que su ciudad está sometida a una presión extraordinaria que simplemente dejen de preocuparse. Aumentar la intensidad del ventilador de la crispación tampoco parece muy afortunado. Si permitimos que el malestar social sea devorado por la intolerancia, habremos perdido lo más valioso que define a la sociedad ceutí: su histórica capacidad para mantener la paz y la convivencia en mitad de la frontera. El polvorín está listo; de la responsabilidad de nuestros gobernantes y de la propia sociedad civil depende no arrimar la cerilla.
Una sociedad sometida durante mucho tiempo al miedo puede terminar buscando rostros sobre los que descargar su frustración. Primero se señala, después se estigmatiza y finalmente, alguien decide que tiene derecho a actuar contra quien ha sido señalado. Ese recorrido no es inevitable, pero la historia demuestra que la violencia política y social rara vez aparece de la nada. Antes suele existir un deterioro del lenguaje, una pérdida de empatía y una creciente aceptación de que determinadas personas —por lo que piensan, por lo que defienden o por quienes son— merecen ser tratadas como enemigos.
Ceuta necesita seguridad, necesita libertad, necesita que sus derechos no sean pisoteados, necesita una política migratoria eficaz, necesita protección de sus fronteras y recursos suficientes para afrontar una situación excepcional. Y necesita que las preocupaciones de sus ciudadanos sean escuchadas; necesita algo tan básico como que nadie tenga miedo de atravesar una calle, sacar el perro a pasear por la noche, ir al gimnasio o al colegio, ir a pasear a sus playas acudir a una protesta y también necesita poder defender una posición política en libertad o ejercer sin miedo un cargo público porque pueda convertirse en objetivo de una turba. La violencia no puede convertirse en la continuación del debate político por otros medios. Y cuando una ciudad empieza a parecer un polvorín, la responsabilidad de quienes tienen capacidad de influencia no consiste en acercar la cerilla a la pólvora, sino en rebajar la temperatura. Porque una vez que el miedo encuentra un enemigo, siempre existe el riesgo de que alguien termine creyendo que atacarlo está justificado.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 14, 2026 | Opinión, Política
Me contaba este pasado fin de semana un amigo madrileño, que en su “comunidad de vecinos votan los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez han tenido un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años y sus descendientes no hayan pisado el portal en toda su vida”. Es muy divertido, me decía “porque ya son unos 170 y los que vivimos aquí apenas somos 20. Muchos no saben dónde está el edificio, no hablan con ningún vecino y algunos confunden nuestra calle con una localidad de la provincia de Córdoba (Argentina) pero participan activamente en su gestión. Al fin y al cabo, su antepasado tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, así que sería injusto negarles el derecho a decidir cómo debemos vivir los demás.”
Gracias a ellos -me decía- “ahora tenemos un portón automático para el garaje. No tenemos garaje, pero la inauguración fue preciosa y el presidente pronunció un discurso muy emocionante sobre la recuperación de la memoria comunitaria. También hemos instaurado el felpudo único: nadie puede utilizar un modelo distinto del aprobado en junta. Cuesta 375 euros y lo vende el vicepresidente, un señor muy majo que vive en un pueblito de San Luis Potosí (México) y que conoce perfectamente las necesidades del edificio porque pasó por delante de él una vez, durante una escala, en 1998.”
La última -me contaba- “ la junta acordó que solo se puede tender ropa los días impares del mes, y la de color únicamente cuando el número del día sea primo. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría gracias al voto por correo de 106 descendientes de antiguos propietarios. Los vecinos que vivimos aquí votamos en contra, pero se nos explicó que teníamos una visión demasiado localista y que la comunidad pertenece también a quienes mantienen con ella un vínculo histórico y afectivo, aunque no sepan si tenemos ascensor.”
Ahora -me terminó contando- “están estudiando instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, declarar festivo el aniversario de la Primera Derrama y cambiar el nombre del edificio por «Residencial Memoria Democrática». Nosotros solo hemos pedido que arreglen la gotera del quinto, pero la propuesta lleva tres años paralizada porque no despierta suficiente interés entre los comuneros de Montevideo”. Eso sí, concluyó sentenciando y diciendo de una forma tajante -como habiendo interiorizado y asimilado todo-, que: “las cuotas, las derramas y las averías seguimos pagándolas los 20 que vivimos aquí. Los otros 170 solo participan en las decisiones.”
A este sistema, me dijo mi amigo, “lo llamamos «comunidad de propietarios por ley de nietos». Es impecablemente democrático. Finalizó la conversación con una frase demoledora: “cuantos menos afectados estén por una decisión, más fácil resulta conseguir una mayoría para imponerla.”
El paralelismo de la comunidad de mi amigo con el voto CERA resulta especialmente interesante porque pone encima de la mesa una tensión inevitable entre vínculo y afectación. El que vive fuera puede conservar vínculos familiares, culturales, sentimentales e incluso económicos con el país; puede sentirse profundamente unido a él, puede haber nacido allí, haber crecido allí o marcharse contra su voluntad; pero el que vive dentro abre cada mañana la persiana, paga los impuestos, utiliza la sanidad, lleva a sus hijos al colegio, sufre el precio de la vivienda, utiliza el transporte público y descubre personalmente si la decisión de la junta sobre el felpudo era una buena idea.
No es lo mismo tener un vínculo con un lugar que vivir las consecuencias de las decisiones que se toman sobre él. Y esa diferencia debería formar parte de cualquier debate serio sobre representación. Porque la democracia no consiste únicamente en contar votos. También consiste en decidir quién debe formar parte del cuerpo que toma una determinada decisión y por qué.
Si mañana los vecinos del edificio de mi amigo deciden instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, parece razonable que tengan algo que decir quienes viven en el edificio. Pero imaginemos que, además, permitimos votar a los descendientes de todos los propietarios que alguna vez pasaron por allí; llegarían a una situación “magnífica”: podrían aprobar la piscina con 140 votos a favor, aunque 19 de los 20 vecinos presentes hubieran votado en contra.
La paradoja es que el sistema puede ser perfectamente democrático en su procedimiento y, sin embargo, generar resultados profundamente injustos y desconectados de quienes están afectados por ellos. Hay una lección bastante incómoda detrás de la comunidad de propietarios de mi amigo: la mayoría no siempre coincide con la mayoría de los afectados. Los veinte que viven allí siguen a día de hoy pagando las cuotas, las derramas y las reparaciones. Los otros 170 votan, la gotera del quinto lleva tres años esperando, la piscina climatizada está a punto de aprobarse. Y el felpudo nuevo llega el martes. El vecino que vive en el quinto no necesita explicar su vínculo afectivo con el edificio, está demostrado cada vez que baja a por el correo y encuentra una gotera. El que vive fuera puede querer muchísimo el inmueble, pero no se le moja el dormitorio. La democracia, como puede comprobarse, funciona perfectamente. Sobre todo cuando no eres tú quien tiene la gotera.
Cuanto más lejos está alguien de las consecuencias de una decisión, menos le cuesta votar a favor de ella, no porque sea mala persona, simplemente porque el coste lo paga otro. Hemos confundido pertenencia con afectación. Una persona puede pertenecer emocionalmente a un país sin vivir en él, puede sentirse española, catalana, gallega, andaluza, madrileña o lo que considere, puede conservar sus tradiciones, su idioma, sus recuerdos y sus amigos; todo eso es perfectamente legítimo, pero una cosa es pertenecer a una comunidad y otra distinta es estar sometido diariamente a las decisiones de su gobierno.
La democracia representativa nació, entre otras cosas, para resolver precisamente ese problema: decidir quién representa a quién y sobre qué asuntos. Por eso quizá la pregunta no debería ser simplemente: ¿Tiene esta persona un vínculo con España?, sino también: ¿Qué decisiones está legitimada para tomar sobre quienes viven en España y soportan sus consecuencias? No es una pregunta sencilla y tampoco admite soluciones simplistas. Excluir a los residentes en el extranjero sería tan discutible como fingir que su situación es idéntica a la de quien vive aquí todo el año. Entre ambos extremos existe un debate legítimo sobre representación, residencia, derechos políticos, circunscripciones, participación exterior y peso del voto.
Lo curioso es que en la comunidad de propietarios de mi amigo ya han resuelto el asunto. Allí no hay debate, me decía mi amigo: “si tu bisabuelo tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, tienes derecho a decidir si el edificio necesita una piscina. Y si los veinte que vivimos aquí protestamos, la respuesta es siempre la misma: “tenéis una visión demasiado localista”.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 9, 2026 | Educación, Opinión, Política
Les he de confesar que los resultados de PISA 2025 no me pillan por sorpresa. Llevamos años con datos e informes catastróficos de la salud de nuestro modelo educativo y no dejamos de aprender de los propios errores que año tras año nos dejan en evidencia. Es un error utilizar PISA únicamente como arma partidista y no cuestionarse qué políticas funcionan y cuáles no para cambiarlas o potenciarlas. Esa cuestión debería estar por encima de cualquier gobierno, de cualquier ideología, de cualquier política y por supuesto de cualquier partido.
PISA no debería servir para decidir quién tiene razón en una vieja guerra ideológica sobre el sistema educativo, debería servir para preguntarnos qué necesitan realmente nuestros alumnos; y la respuesta, probablemente, no sea tan complicada: mejores profesores, más conocimiento, más lectura, mejores fundamentos matemáticos, exigencia acompañada de apoyo y una tecnología utilizada con inteligencia, no como sustituto del esfuerzo.
Los datos de PISA 2025 deberían servir para algo más que para una disputa política o para una sucesión de titulares. Deberían abrir una reflexión profunda sobre qué entendemos por educar y qué modelo educativo queremos. Quizá haya llegado el momento de recuperar algunas preguntas básicas: ¿qué debe saber un alumno al terminar cada etapa? ¿Cuánto debe leer? ¿Qué conocimientos debe dominar? ¿Cuánto tiempo necesita para practicar? ¿Cómo enseñamos el esfuerzo? ¿Cómo recuperamos la perseverancia? ¿Cómo conseguimos que la tecnología ayude en lugar de distraer? La educación puede y debe evolucionar, pero evolucionar no significa prescindir de sus fundamentos.
El peor resultado de PISA no sería que España bajara unos puntos, el verdadero desastre sería mirar esos datos, discutir durante una semana y después volver a hacer exactamente lo mismo. No se trata de elegir entre equidad y excelencia, se trata de entender que sin excelencia, la equidad termina convirtiéndose en una promesa vacía; y sin equidad, la excelencia se convierte en un privilegio. La fotografía que acaba de publicar la OCDE no es tranquilizadora. El rendimiento de los alumnos españoles de 15 años se sitúa por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. En comparación con 2022, España vuelve a retroceder en matemáticas y lectura, mientras que las ciencias permanecen prácticamente estables. Y si ampliamos la mirada hasta 2015, los resultados se encuentran entre los más bajos registrados en España.
No estamos, por tanto, ante una simple consecuencia pasajera de la pandemia. El Covid puede explicar una parte del golpe sufrido por los sistemas educativos, pero cada vez resulta más difícil utilizarlo como explicación suficiente de lo que está ocurriendo. La propia OCDE señala que, después de la enorme caída registrada en PISA 2022, los resultados han seguido estancados o descendiendo en numerosos países. Y aquí aparece la primera gran pregunta: ¿qué estamos haciendo mal? El problema no es solamente cuánto aprenden, sino qué estamos dejando de exigir. Durante años, el debate educativo se ha desplazado desde los conocimientos hacia las competencias, desde los contenidos hacia las metodologías y desde la exigencia hacia la inclusión. Algunas de estas transformaciones tienen sentido. Nadie debería defender una escuela que abandone a los alumnos con más dificultades. Pero hay una confusión peligrosa: pensar que exigir menos equivale a incluir más. No es así, no necesitamos rebajar el nivel, necesitamos buscar fórmulas para alcanzar ese nivel. La igualdad educativa no debería consistir en que todos reciban la misma expectativa a la baja, sino en que todos tengan las herramientas necesarias para alcanzar unas expectativas altas.
Los datos de PISA deberían servir precisamente para recuperar esta conversación. España tiene un 67% de alumnos que alcanza al menos el nivel 2 de competencia matemática, frente al 65% de media de la OCDE. En ciencias, el porcentaje español es del 76%, frente al 74% de la OCDE. En lectura, sin embargo, España se sitúa ligeramente por debajo: 68% frente al 69%. Es decir, el diagnóstico no es simplemente que «todo vaya mal». El problema más preocupante aparece cuando observamos la tendencia y, especialmente, la escasez de alumnos situados en los niveles superiores. Solo alrededor del 4% de los estudiantes españoles alcanza los niveles más altos en ciencias y matemáticas, frente a un 7% de media de la OCDE en ciencias.
Una educación que consigue que más alumnos alcancen un mínimo, pero que tiene dificultades para llevar a una proporción significativa de ellos hacia la excelencia, corre el riesgo de confundir igualdad con uniformidad. El asunto, por ejemplo de la lectura debería encender todas las alarmas. La OCDE calcula que entre 2015 y 2025 la puntuación media de lectura cayó 28 puntos en el conjunto de la OCDE, una pérdida equivalente aproximadamente a un año y medio de aprendizaje. Leer bien significa comprender un problema de matemáticas, interpretar una fuente histórica, seguir una explicación científica, distinguir un argumento de una opinión o evaluar críticamente una información encontrada en internet. Y precisamente cuando vivimos rodeados de información, titulares, vídeos, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial, comprender un texto se convierte en una competencia todavía más importante.
La paradoja es evidente: cuanto más fácil resulta producir información, más importante resulta saber interpretarla. La tecnología no es el enemigo y conviene huir de las simplificaciones. El debate sobre móviles, pantallas e inteligencia artificial suele plantearse como una guerra entre tecnófilos y tecnófobos. Pero PISA 2025 ofrece una conclusión bastante más interesante. La OCDE advierte de que la relación entre inteligencia artificial y rendimiento es compleja. La tecnología puede ayudar al aprendizaje cuando se utiliza con objetivos concretos, pero su uso excesivo o recreativo puede perjudicarlo. De hecho, los propios datos muestran asociaciones negativas entre determinados usos de IA para tareas escolares y el rendimiento, lo que demuestra que utilizar una herramienta no equivale automáticamente a aprender.
Por eso la cuestión no debería ser si queremos tecnología en las aulas, la cuestión debería ser para qué. Un móvil puede distraer o puede convertirse en una herramienta. Una inteligencia artificial puede sustituir el esfuerzo intelectual o puede ayudar a un alumno a comprender algo que no entendía. Un buscador puede fomentar la superficialidad o enseñar a contrastar fuentes. La respuesta no está en prohibir indiscriminadamente ni en abrazar ingenuamente cualquier innovación. Está en enseñar a utilizarla.
La principal lección que nos da PISA 2025 va más allá de la ideológica o partidista, de si una política educativa es buena y otra no. PISA nos desvela que los alumnos necesitan saber cosas. Necesitan leer mucho y comprender lo que leen. Necesitan dominar las matemáticas. Necesitan conocer ciencia. Necesitan escribir. Necesitan memorizar determinados conocimientos para poder relacionarlos con otros. Necesitan profesores bien formados y con tiempo para enseñar. Necesitan disciplina, esfuerzo y hábitos de estudio. Y también necesitan aprender a utilizar las nuevas tecnologías. No hay contradicción entre ambas cosas. Un alumno que no sabe leer críticamente puede convertirse en un consumidor perfecto de respuestas generadas por una máquina. Uno que sabe leer, pensar, contrastar y razonar puede convertir esa misma máquina en una herramienta extraordinariamente poderosa. El verdadero fracaso sería no aprender de PISA. PISA 2025 nos devuelve una realidad incómoda: sin esfuerzo, sin mérito, sin disciplina, sin perseverancia y sin responsabilidad no hay aprendizaje y sin conocimiento no hay pensamiento crítico. Para analizar, relacionar, sintetizar y concluir primero hay que saber. Y para saber hay que hacer un trabajo duro. La escuela puede cambiar sus métodos y herramientas, puede innovar, pero no puede renunciar a enseñar.
Durante las últimas décadas se ha intentado transformar la escuela. Se han incorporado nuevas metodologías, herramientas digitales, dispositivos electrónicos, nuevos espacios y distintas formas de organizar el aprendizaje. La intención era modernizar un modelo educativo considerado demasiado tradicional. Pero en ese proceso puede haberse cometido un error: confundir modernizar la escuela con eliminar algunos de los principios sobre los que históricamente se ha construido el aprendizaje. La metodología puede cambiar. También pueden cambiar los recursos, las tecnologías y los espacios. Pero hay una cuestión difícil de discutir: sin esfuerzo no hay aprendizaje profundo y sin conocimiento no puede existir una educación sólida.
Otro elemento que merece atención es la capacidad de los alumnos para perseverar ante una dificultad. Aprender no siempre es divertido. Tampoco es inmediato. Hay conocimientos que requieren repetición, práctica, concentración y tiempo. Resolver un problema matemático complicado, comprender un texto complejo o dominar una determinada disciplina exige aceptar la frustración y continuar trabajando. Por eso, la perseverancia no debería considerarse un elemento secundario del proceso educativo. La escuela también debe enseñar a los alumnos a enfrentarse a aquello que cuesta, a equivocarse, corregir, volver a intentarlo y terminar aquello que han comenzado. Una escuela moderna no tiene por qué ser una escuela sin exigencia. La modernización educativa no debería consistir en sustituir todo lo anterior por todo lo nuevo. Porque una escuela moderna no es aquella que tiene más dispositivos, utiliza más aplicaciones o cambia constantemente de metodología. Es aquella que consigue que sus alumnos lean mejor, escriban mejor, comprendan mejor, razonen mejor y sepan más.
Los resultados recuerdan, además, que la educación no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro del aula. La implicación de las familias sigue siendo determinante. El hábito de leer, la responsabilidad, las rutinas de estudio, el respeto por el profesor, la constancia y la valoración del conocimiento comienzan también fuera de la escuela. La educación, por tanto, no puede plantearse como una responsabilidad exclusiva de los docentes. Es una tarea compartida entre escuela, familias y sociedad.
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 25, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hoy, paseando por la calle de Miguel Fluiters -una de las principales y más céntricas arterias del casco histórico de Guadalajara- una vecina me preguntaba sobre mi opinión en relación a una nueva frutería que han abierto recientemente en esa misma calle. Me criticaba la falta de estética que hemos tenido los políticos y gobernantes de esta ciudad con nuestro entorno y con nuestro centro; por supuesto en la conversación apareció el polémico tinglado del proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, del scalextric peatonal junto al Santuario de la Virgen de la Antigua para que nos entendamos
Al despedirme de ella, tras una larguísima conversación, tuve que detenerme a pensar en todo ello otro largo tiempo. Vivimos obsesionados con las fachadas perfectas y los lugares instagrameables, pero las ciudades reales están hechas de asfalto desgastado y barrios sin pretensiones. Este artículo nace de esa conversación improvisada en la calle, como una invitación a encontrar el valor, las historias, los errores, el camino a seguir y el pulso real de esta Guadalajara que muchos consideramos imperfectos.
La primera pregunta que me hacía la señora es ¿quién protege la estética del casco histórico de Guadalajara? Esa imagen de algunos comercios, como este que les digo y los futuros proyectos urbanísticos de Guadalajara ponen, sin ningún género de duda, sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ciudad quiere ser Guadalajara y, sobre todo, quién se encarga de que sus calles mantengan una identidad coherente.
En plena calle Miguel Fluiters, una de las vías más representativas del centro histórico de Guadalajara, encontramos una fachada comercial que difícilmente pasa desapercibida: un gran rótulo de colores, paneles laterales repletos de imágenes de frutas y verduras, una persiana de un verde muy intenso y una sucesión de elementos comerciales que compiten visualmente con la arquitectura tradicional del edificio. No se trata de discutir si un comercio puede tener personalidad, naturalmente que puede. Tampoco de cuestionar la actividad de un pequeño negocio o su derecho a anunciarse. La cuestión es otra: ¿dónde termina la libertad comercial y dónde empieza la responsabilidad de proteger la imagen de un casco histórico?Y, sobre todo, ¿se aplican las mismas reglas a todos?
Guadalajara no carece precisamente de normativa estética. Las disposiciones urbanísticas municipales establecen criterios específicos para el Casco Antiguo y exigen que las actuaciones sobre fachadas respeten el carácter ambiental y arquitectónico del conjunto. La normativa llega a señalar que deben evitarse estilos, elementos o materiales extraños o impropios del Casco Antiguo.
También existe regulación sobre la publicidad y los elementos instalados en fachadas. Y las
propias normas municipales establecen que las reformas de fachadas de edificios del Casco Antiguo deben mantener un diseño unitario para el conjunto del edificio. Por tanto, la discusión no debería ser simplemente si una fachada es «bonita» o «fea». Debería ir más allá y tratar de mandar un mensaje a nuestros dirigentes políticos para que la política de protección patrimonial no solo funcione sobre el papel de un programa político, sino que acabe convirtiéndose en realidad.
El problema no es una tienda, sería injusto cargar sobre un comerciante particular la responsabilidad de la imagen de todo el centro. Si una fachada desentona, la responsabilidad última de ordenar el paisaje del centro urbano corresponde a las administraciones públicas. Son ellas las que redactan las normas, conceden las autorizaciones y tienen capacidad inspectora. Guadalajara lleva años hablando de la necesidad de revitalizar el Casco Histórico, de planes con la intención de recuperar población, actividad económica y vida urbana en el centro, simplificando determinadas reglas y facilitando la rehabilitación y la construcción en solares vacíos. Todo eso está muy bien, pero revitalizar un centro histórico no significa simplemente llenar sus solares, en abrir sus comercios cerrados o peatonalizar sus calles, también significa decidir qué imagen se quiere transmitir. Una ciudad puede invertir millones y perder su identidad en los detalles. Una calle no es solamente su pavimento. Es la suma de sus edificios, comercios, rótulos, escaparates, mobiliario, iluminación, árboles, terrazas y espacios públicos.
¿Estamos diseñando la ciudad con una visión global o actuando mediante proyectos aislados? Es paradójico lo de la política urbanística de Guadalajara: por un lado, se redactan normas destinadas a proteger el centro urbano y se anuncia un nuevo plan para preservar la identidad del Casco Histórico y por otro otro, el guadalajareño y el visitante camina por algunas de sus calles y puede encontrarse con una acumulación de intervenciones y elementos cuya integración estética resulta, como mínimo, discutible. ¿Para qué sirve una ordenanza si no se hace cumplir?¿Para qué sirve una nueva ordenación del Casco Histórico si no existe una política activa y coherente de conservación de su paisaje urbano?
El pequeño comercio también merece un casco histórico digno, no se trata de enfrentar patrimonio y comercio. Un centro histórico vivo necesita tiendas, bares, restaurantes, fruterías, peluquerías, oficinas y pequeños negocios. Una calle convertida en museo tampoco sería una ciudad viva. Pero precisamente porque el comercio es parte esencial del centro, debería existir una política municipal clara de imagen comercial: ayudas para renovar fachadas y escaparates, asesoramiento a los comerciantes, criterios comprensibles sobre rótulos, colores, persianas, iluminación y publicidad, y una vigilancia homogénea. Eso permitiría que un comerciante no tuviera que adivinar qué puede hacer y qué no. Y permitiría también que la ciudad no dependiera del criterio estético del propietario de cada local.
La verdadera cuestión es qué ciudad queremos ¿Qué imagen queremos para el centro histórico? ¿Qué criterios se aplicarán a los comercios? ¿Habrá una inspección sistemática de rótulos, cierres y elementos de fachada? ¿Se exigirá el cumplimiento de las mismas reglas a todos? Y, sobre todo: ¿Queremos un Casco Histórico que simplemente esté lleno de actividad o queremos un Casco Histórico que, además, tenga identidad?
Como le decía a esta guadalajareña, esta frutería de Miguel Fluiters no debería utilizarse para señalar a un comerciante, debería servir para señalar algo mucho más importante: la responsabilidad de quienes gobiernan la ciudad de conseguir que actividad económica, espacio público y patrimonio no compitan entre sí, sino que formen parte de una misma idea de ciudad; porque un casco histórico no se destruye únicamente derribando edificios, también puede perderse poco a poco, fachada a fachada, rótulo a rótulo, persiana a persiana, hasta que un día descubrimos que hemos conservado los edificios pero hemos perdido el lugar.
Terminé la conversación con la señora hablando del «scalextric» y de un urbanismo a base de parches y de “ideicas” y ocurrencias electoralistas. Guadalajara lleva décadas buscando su identidad urbana, pero lo que encuentra de forma sistemática son toneladas de hormigón. El último capítulo de esta tendencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica: el polémico proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, rebautizado con sorna y resignación por los vecinos como el «nuevo scalextric». Una plataforma elevada de más de 10 millones de euros junto al histórico Santuario de la Virgen de la Antigua que encarna, a la perfección, el modelo de ciudad improvisada que arrastra la capital alcarreña desde hace años.
El problema fundamental de Guadalajara no es la falta de presupuesto, sino la ausencia de una visión de conjunto. Mientras el Plan de Ordenación Municipal (POM) envejece en los cajones, la ciudad se ha expandido en las últimas décadas de forma inconexa. Por un lado, se crearon barrios periféricos desalmados como Aguas Vivas o el entorno de la Avenida de Francia: grandes avenidas desiertas, calles inhóspitas para el peatón y un modelo de «ciudad dormitorio» donde bajar a comprar el pan exige subirse al coche. Por el otro, se dejó morir a fuego lento un Casco Histórico devorado por los solares vacíos, la pérdida de comercio tradicional y un abandono que ninguna peatonalización cosmética ha logrado revertir.
El proyecto de Cardenal Mendoza es el ejemplo de manual de como se opta por una macroestructura de hormigón que rompe el entorno de la patrona de la ciudad. Desde los despachos institucionales, la narrativa oficial siempre es la misma. Se habla de «humanización», «modernización» y se adorna el discurso con promesas de «renaturalización» y fondos europeos. Sin embargo, la realidad a pie de calle suele ser muy distinta: árboles maduros talados que son sustituidos por maceteros o por brotes jóvenes que tardarán veinte años en dar sombra, y plazas públicas reconvertidas en planchas de granito que actúan como auténticas sartenes en los meses de verano.
Hacer ciudad no consiste en agotar subvenciones europeas con miras a la campaña electoral, levantando plataformas grises antes de que venza el plazo de justificación. Hacer ciudad implica cohesión, consenso social y respeto a la escala humana. Guadalajara no necesita más parches millonarios, ni «scalextrics» peatonales que dejen una huella estética y funcional dudosa para las próximas generaciones, ni tampoco corolas bioclimáticas nada funcionales, nada prácticas, inútiles y absurdas. Necesita, con urgencia, un urbanismo valiente que rescate su centro, integre sus barrios y demuestre que el futuro de la capital alcarreña puede ser algo más que asfalto, jardineras, corolas y hormigón.
Solo así saldremos de ese mantra tan repetido entre los viajeros que pisan Guadalajara y salen diciendo que «Guadalajara es fea». Los que queremos esta ciudad con locura rápido nos apresuramos a defenderla a capa y espada y les hablamos de nuestras joyas, del Palacio del Infantado, o el Panteón de la Duquesa de Sevillano, o el Salón Chino de la Cotilla; olvidando que el visitante no juzga nuestra ciudad por tres o cuatro monumentos aislados, sino por la armonía de su tejido urbano. Y es ahí donde Guadalajara sangra. La frialdad de sus calles, sobre todo por el centro, no es un accidente urbanístico, ni un error puntual y pasajero; es el resultado de décadas de decisiones urbanísticas erráticas, de intereses institucionales, de beneficios urbanísticos, de conveniencias empresariales y sobre todo de una alarmante falta de sensibilidad histórica, debido a que los sucesivos consistorios se volcaban en sus intereses cortoplacistas espurios electorales y en expandir la ciudad con nuevos desarrollos más llamativos para el votante y mientras tanto el corazón de Guadalajara se dejaba morir.
Hoy en día, caminar por el centro es un ejercicio muy grande de melancolía, pena y dolor. Guadalajara no es fea por naturaleza; fue afeada por decreto y desinterés. Las decisiones urbanísticas de los últimos sesenta años han tratado a la ciudad como un mero espacio de tránsito y residencia barata a la sombra de Madrid, olvidando que el urbanismo de una capital debe generar orgullo, luz, cariño, arraigo y belleza. Hasta que las administraciones no entiendan que rehabilitar el centro y proteger el paisaje urbano es una inversión de futuro —y no un gasto—, Guadalajara seguirá cargando con el injusto pero comprensible estigma de ser catalogada por sus visitantes como una de las ciudades más feas de España.
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 14, 2026 | Opinión, Política
Hay eclipses que duran unos minutos y otros que parecen prolongarse mucho más. El pasado 12 de agosto España contempló un fenómeno astronómico extraordinario. Pero, mientras millones de ciudadanos dirigían la mirada al cielo, comenzaba también otro eclipse, mucho más terrenal: el de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de un Gobierno para aceptar preguntas incómodas.
La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha presentado el eclipse como una demostración de coordinación institucional, excelencia científica y eficacia en materia de seguridad. Y hay razones para reconocer el trabajo de científicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, emergencias, tráfico y administraciones que hicieron posible que un acontecimiento de estas características pudiera desarrollarse en nuestra querida Guadalajara con normalidad. El propio artículo de opinión de la subdelegada destaca expresamente la labor de la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico y del dispositivo desplegado durante la jornada.
Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando, en lugar de responder a las preguntas sobre la utilización de recursos públicos, se decide convertir la crítica en el problema. El artículo titulado Democracia eclipsada sostiene que los “mitos del siglo XXI”, identificados con “la desinformación y los bulos”, quisieron eclipsar la racionalidad y concluye apelando a una ciudadanía que debe escoger entre “la admiración astronómica” y “la crispación informativa e irresponsable”. La cuestión es sencilla: ¿preguntar por el dinero público es desinformar?
Porque una democracia madura no debería tener miedo a que los ciudadanos pregunten cuánto cuesta un acto, quién fue invitado, qué servicios se contrataron, con qué procedimiento y cuál fue el coste final. Al contrario: cuanto más dinero público se utiliza, mayor debe ser la transparencia. Y aquí es donde las declaraciones de Óscar Puente adquieren especial relevan
cia. El ministro es precisamente una de las voces del Gobierno que con frecuencia exige responsabilidades, critica el gasto o cuestiona la gestión de administraciones gobernadas por sus adversarios políticos. En julio, por ejemplo, protagonizó un duro enfrentamiento público con Isabel Díaz Ayuso en el que acusó a gobiernos del PP de reducir servicios públicos y posteriormente pedir ayuda al Gobierno central.
La vara de medir, sin embargo, debería ser siempre la misma. Si un gobierno autonómico tiene que explicar en qué gasta el dinero de los ciudadanos, el Gobierno de España también. Si la oposición debe justificar cada euro de sus administraciones, el Ejecutivo central debe estar dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Y si una crítica es legítima cuando se dirige al adversario, también lo es cuando se dirige al propio Gobierno. Eso no es crispación. Eso es democracia.
Resulta especialmente llamativo que un texto dedicado a reivindicar la racionalidad termine presentando cualquier cuestionamiento como una amenaza informativa. La ciencia enseña precisamente lo contrario: una afirmación no se convierte en verdadera porque la formule una autoridad, sino porque puede ser comprobada. El propio Observatorio de Yebes, al que el artículo dedica buena parte de sus elogios, representa perfectamente esa idea. Es una institución científica de enorme valor y el Gobierno ha destacado su relevancia internacional y su contribución al conocimiento del espacio.
Precisamente por eso conviene separar dos cosas que no deberían mezclarse: el extraordinario valor científico del eclipse y la gestión política que se haga alrededor de él. Nadie cuestiona que España haya vivido un acontecimiento excepcional. Nadie debería cuestionar tampoco el trabajo de los científicos o de quienes garantizaron la seguridad. Pero tampoco debería considerarse ilegítimo preguntar si determinados gastos vinculados a la organización fueron razonables, necesarios y proporcionados.
La denuncia política que ha circulado cifra en 72.358 euros el coste de un acto con ministros e invitados y habla de unas 300 personas, comida, bebida y actividades durante horas; por tanto la pregunta de fondo seguiría siendo perfectamente legítima: ¿qué se pagó con dinero público y por qué?
Y ahí es donde una respuesta política basada en desacreditar al crítico resulta insuficiente. Porque llamar “bulo” a una información no demuestra que sea falsa. Calificar de “crispación” una pregunta tampoco la responde. Y acusar a quien pide explicaciones de irresponsabilidad no sustituye a enseñar las facturas.
Hay una paradoja especialmente llamativa en todo esto. La Subdelegación reivindica que el eclipse permitió poner en valor el Observatorio de Yebes, una infraestructura científica que considera una de las joyas de la investigación española. Pero la ciencia funciona precisamente mediante la comprobación, la evidencia y la posibilidad de cuestionar las afirmaciones. Ese debería ser también el principio de la política. Si los 72.358 euros están justificados, que se publiquen los contratos y las facturas. Si el número de invitados está justificado, que se explique quiénes fueron y en qué condición participaron. Si las actividades fueron necesarias para la organización del acontecimiento, que se detalle su finalidad. Y si todo se hizo conforme a la legalidad y con criterios de austeridad, no debería existir ningún problema en explicarlo. Eso sería transparencia. Lo contrario corre el riesgo de producir un eclipse mucho más preocupante: aquel en el que la propaganda institucional termina ocultando las preguntas legítimas de los ciudadanos.
El eclipse astronómico nos recordó que durante unos minutos la luz puede desaparecer en pleno día. El debate político de estos días corre el riesgo de enseñarnos otra cosa: que también la transparencia puede quedar en penumbra cuando quienes gobiernan confunden la crítica con un ataque y las preguntas con desinformación. La democracia no consiste en que el Gobierno tenga siempre la última palabra, consiste en que los ciudadanos puedan hacer preguntas y exigir respuestas. Y, sobre todo, en que esas respuestas estén acompañadas de datos. Porque cuando se habla de dinero público, la mejor forma de combatir los bulos no es descalificar al que pregunta, es enseñar las cuentas y no en enrocarse que Sánchez al final no vino.
¿Qué pensaría Tales de Mileto si levantara hoy la mirada hacia el Observatorio de Yebes y descubriera que un espacio científico pagado con recursos públicos terminó convertido en escenario de una celebración reservada a ministros, invitados, familiares, amigos y personas próximas al poder?
Probablemente no le preocuparía demasiado si vino al final Sánchez o no. Le preocuparía algo bastante más profundo: para quién está el conocimiento y al servicio de quién están las instituciones públicas. Porque el verdadero paso del mito al logos no consiste
únicamente en mirar al cielo y calcular cuándo llegará un eclipse. Consiste también en aplicar la razón allí donde resulta incómoda: preguntar, comprobar, contrastar y exigir explicaciones.
Y si el argumento para defender aquella jornada es que todo fue ejemplar, entonces la respuesta racional debería ser sencilla: enseñar las cuentas, explicar los contratos y aclarar quiénes fueron invitados y por qué. Eso sí sería honrar el legado de Tales.
Porque convertir la ciencia en escaparate institucional mientras se pretende que las preguntas incómodas son “bulos” sería, paradójicamente, recorrer el camino contrario al que la propia subdelegada reivindica. Del logos al relato. De la razón a la propaganda. Del conocimiento al privilegio. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que deja este eclipse:
¿Estamos ante un conocimiento puesto al servicio de todos los ciudadanos o ante unas instituciones públicas puestas al servicio de los amigos del poder?
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 11, 2026 | Opinión, Política
Hay imágenes que, por sí solas, explican mejor una determinada forma de hacer política que cualquier discurso parlamentario. La que veremos mañana desde Guadalajara, en todas las cabeceras de los periódicos y en los informativos de la noche, será una de ellas: Pedro Sánchez contemplando el eclipse desde el Observatorio Astronómico de Yebes, rodeado de un dispositivo de seguridad extraordinario, mientras en Ceuta muchos ciudadanos siguen mirando hacia una frontera que se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro país. Así son las gafas de Sánchez que miran al cielo mientras Ceuta mira al abismo.
No cuestiono que el presidente del Gobierno pueda asistir a un acontecimiento científico de relevancia nacional; sería absurdo hacerlo. El eclipse total de Sol es un fenómeno excepcional y que Guadalajara esté en los ojos de todos los españoles es buena noticia. Lo que cuestiono es el contraste, porque gobernar también consiste en elegir prioridades; y las prioridades de un Gobierno se conocen, sobre todo, cuando existen problemas que no admiten espera.
Ceuta debería ser la prioridad. Allí hay una presión migratoria que lleva tiempo tensionando los recursos disponibles. El CETI ha sufrido episodios de saturación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una presión permanente en una ciudad cuya situación geográfica convierte cada crisis fronteriza en un problema nacional. Y, sin embargo, la imagen que proyecta el Presidente es la de un dirigente que abandona temporalmente su retiro vacacional para acudir a contemplar un eclipse.
La cuestión no es el eclipse, la cuestión es la oportunidad política y la cortina de humo que crea Sánchez en una España mirando en direcciones distintas. Hay algo profundamente simbólico en todo esto, mientras que en Guadalajara y en el resto de España, miles de personas levantarán la cabeza para contemplar cómo la Luna tapa al Sol, en Ceuta, miles de ciudadanos llevan años mirando hacia la frontera preguntándose qué ocurrirá mañana. Unos esperan un fenómeno que durará unos minutos, otros esperan respuestas que llevan demasiado tiempo sin llegar. Y mientras tanto, policías y guardias civiles afrontan situaciones complejas, los servicios públicos tienen que absorber una presión extraordinaria y muchas familias reclaman algo tan elemental como poder vivir tranquilas. No creo que sea demagogia señalar esta contradicción, al contrario: creo que es nuestra obligación señalarla porque un presidente no deja de ser presidente cuando está de vacaciones.
El despliegue de Yebes merece explicaciones. Me llama la atención que debido al enorme dispositivo especial de seguridad que acompaña al eclipse se establecerán controles de acceso en el casco urbano de Yebes y hasta los vecinos no podrán acceder al pueblo si no se identifican en los puntos de control.
¿Cuánto cuesta el dispositivo?
¿Cuántos efectivos se destinan específicamente a la seguridad presidencial?
¿Qué parte corresponde al operativo general del eclipse?
¿Se ha producido realmente alguna modificación de los accesos previamente autorizados a ciudadanos y vecinos por la visita del presidente?
¿Se han tenido que anular visitas reservadas de vecinos que tenían previsto ver desde aquí el eclipse?
¿Por qué permanecerá cerrado al público durante la jornada debido a la celebración de un acto institucional con presencia de autoridades gubernamentales?
Son preguntas perfectamente legítimas que muchos guadalajareños nos estamos haciendo estos días. No parece aceptable que, ante cualquier duda, la ciudadanía tenga que conformarse con propaganda institucional o con versiones enfrentadas en las redes sociales.
Ceuta no puede ser un problema secundario, lo realmente preocupante, sin embargo, no está en Yebes. está en Ceuta, porque Ceuta no necesita discursos grandilocuentes, necesita al Gobierno, necesita frontera, necesita seguridad, necesita medios suficientes para sus policías y guardias civiles, necesita servicios públicos capaces de responder a situaciones extraordinarias; y necesita, sobre todo, que desde Madrid no se perciba su realidad como un problema lejano que puede esperar.
No estoy diciendo que Pedro Sánchez tenga que cancelar cualquier actividad institucional cada vez que surge un problema en España, eso sería absurdo. Estoy diciendo algo mucho más sencillo: un presidente debe transmitir que está donde están los problemas de los españoles, aunque físicamente se encuentre a cientos de kilómetros y él no lo hace. Y ahí es donde la fotografía de mañana en Guadalajara del eclipse adquiere una enorme fuerza política.
El eclipse pasará; los problemas seguirán, el 12 de agosto pasará, la Luna abandonará el disco solar, volverá la luz y Guadalajara recuperará su normalidad, pero Ceuta seguirá estando donde está. La presión migratoria seguirá existiendo. Las preocupaciones sobre la seguridad continuarán, los policías seguirán reclamando medios y los ciudadanos seguirán esperando respuestas. Por eso, cuando veo al presidente preparándose para contemplar el eclipse desde Guadalajara, no puedo evitar pensar en una contradicción demasiado evidente: Sánchez mira al cielo mientras Ceuta mira a la frontera.
Y quizá el verdadero problema no sea que el presidente mire hacia otro lado, nos tiene acostumbrados a hacerlo con cierta asiduidad como escapatoria; el problema está en que, mientras lo hace, deja de mirar hacia abajo, hacia los problemas reales de la España que gobierna. Porque un eclipse dura unos minutos pero la responsabilidad de gobernar dura mucho más.
Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo en el que Europa prefiere no mirarse. La invasión que asfixia a la ciudad autónoma tras las entradas masivas de este verano ha dejado al descubierto una realidad que va mucho más allá de las cifras de acogida. Lo que hoy se respira en sus playas y barriadas no es solo el colapso material de unas instituciones desbordadas; es la descomposición silenciosa de la convivencia, acelerada por quienes han decidido que el miedo es una excelente herramienta electoral. 
