por AntonioDeMiguelAnton | Jul 28, 2026 | Educación, Naturaleza, Opinión, Política
Estoy pasando unos días en mi pueblo. Es un rincón entre pinares donde el tiempo camina despacio, donde el aire huele a resina y el corazón encuentra descanso rodeado de naturaleza. Aquí nací, donde las montañas y sus pinos abrazan el cielo y donde cada piedra guarda una historia. Aprendí a correr por sus calles, a jugar en la plaza, a soñar junto al frontón, donde los aplausos y el eco de la pelota formaban parte de nuestra infancia. Escuché el silencio de los inviernos y el jolgorio de los veranos. Celebré las fiestas con mi gente y comprendí que la verdadera felicidad y riqueza no se mide en lo que tienes, sino en tener un lugar al que cuando vuelves está cargado de gran valor natural y humano, de recuerdos y de instantes tremendamente alegres.
El extenso pinar que rodea mi pueblo me enseñó que la naturaleza no es un escenario, es un hogar. Por tanto aprendí desde muy pequeño a respetarlo caminando en silencio, escuchando el viento en las copas y entendiendo que una sola cerilla puede borrar siglos de vida. Convivir con el bosque es cuidarlo como a la familia. El modelo de gestión forestal de mi pueblo se basó durante muchos años en un principio sencillo: un monte cuidado y aprovechado es más resistente y tiene menos riesgo de grandes incendios. Sus claves fueron por un lado una gestión activa del bosque mediante cortas planificadas, podas y clareos para evitar la acumulación de vegetación. También lo fue el aprovechamiento económico de la madera, que generaba empleo y mantenía una relación constante entre la población y el monte. La industria forestal local permitía que los recursos del bosque revirtiesen en su propio mantenimiento. La implicación de los vecinos y la tradición comunal, con una cultura de cuidado del territorio transmitida durante generaciones era muy importante en esta fórmula de gestión. Aquí tenemos muy claro, desde hace muchas generaciones, que la prevención pasa por tener bosques trabajados, con menos carga de combustible y con actividad económica ligada al territorio.
Cada verano, cuando las llamas arrasan miles de hectáreas de monte, el debate vuelve a repetirse: más medios de extinción, más aviones y más efectivos para combatir el fuego. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo la misma verano tras verano: ¿por qué nuestros bosques arden cada vez con más intensidad?
Las cifras son reveladoras. Extinguir una hectárea de bosque cuesta, según las estimaciones, 19.000 euros, mientras que gestionar esa misma hectárea para reducir el riesgo de incendios tendría un coste aproximado de 2.400 euros. A pesar de ello, la mayoría de Comunidades se mueven habitualmente en el rango de una inversión en prevención que apenas alcanza 15 euros por hectárea. La conclusión es evidente: seguimos destinando la mayor parte de los recursos a apagar incendios, cuando sería mucho más eficiente evitar que se produzcan.
Pero la prevención no consiste únicamente en abrir cortafuegos o limpiar montes. La mejor prevención es que el bosque vuelva a tener valor económico para quienes viven junto a él. La economía institucional explica este fenómeno con un principio sencillo: cuando quien soporta los costes de conservar un recurso también obtiene los beneficios de gestionarlo, tiene incentivos para mantenerlo en buen estado. En cambio, cuando el propietario mantiene las obligaciones, pero pierde capacidad de decisión y rentabilidad, el resultado suele ser el abandono. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en buena parte del medio rural. Muchos montes han dejado de generar ingresos suficientes y, con ello, también han desaparecido los incentivos para mantenerlos limpios, vigilados y aprovechados.
La gestión forestal sostenible demuestra que conservación y desarrollo económico no son objetivos enfrentados. Al contrario. El aprovechamiento responsable de la madera, la resina, los pastos, la leña o los recursos micológicos convierte el bosque en un activo productivo que genera empleo, fija población y favorece un mantenimiento continuo del monte. Cuando el bosque proporciona riqueza a quienes viven de él, también aparecen incentivos permanentes para controlar la biomasa, vigilar posibles incendios y reducir el combustible vegetal que alimenta los grandes fuegos.
En este contexto, la ganadería extensiva desempeña un papel esencial. El pastoreo tradicional limpia el monte de forma natural, reduce la acumulación de matorral y contribuye al equilibrio ecológico. Mantener este modelo requiere políticas que lo hagan económicamente viable mediante incentivos adecuados.
Otro recurso con enorme potencial es la biomasa forestal. Su aprovechamiento como fuente de energía renovable permitiría transformar un problema —la acumulación de combustible vegetal— en una oportunidad económica, favoreciendo además proyectos comunitarios de autoabastecimiento energético y de economía social en el medio rural.
También resulta necesario revisar la fiscalidad que soportan los aprovechamientos forestales. Reducir o eliminar el IVA de productos como la madera, la leña, la resina o las setas supondría un estímulo para una actividad económica que, además de generar riqueza, contribuye directamente a la conservación del territorio.
A ello debería añadirse un sistema de compensaciones económicas por los servicios ambientales que prestan los bosques. Las masas forestales capturan CO₂, regulan el ciclo del agua, conservan la biodiversidad y ofrecen beneficios que disfruta toda la sociedad. Resulta razonable que quienes mantienen esos ecosistemas reciban una compensación por ello. La conservación del bosque no puede depender exclusivamente de la vigilancia pública. Debe convertirse también en un interés económico de quienes viven en el territorio.
Porque los incendios no empiezan el día que aparece una llama. Empiezan mucho antes, cuando el monte deja de cuidarse, cuando pierde su valor económico y cuando las políticas públicas olvidan que la mejor inversión no es apagar incendios, sino evitar que lleguen a producirse. Proteger nuestros bosques exige cambiar el enfoque: menos cultura de la emergencia y más cultura de la gestión. Un monte vivo, gestionado y económicamente rentable es, casi siempre, un monte mejor conservado y mucho más resistente frente al fuego.
por AntonioDeMiguelAnton | Jul 20, 2026 | Naturaleza, Opinión, Política
Las «cabras bombero» no pueden esperar; los ganaderos piden abrir ventanas de acceso seguras para atender a sus rebaños en municipios como Prádena de Atienza.
Los pastores llevan dos días sin poder dar agua ni alimento a sus animales debido a las restricciones impuestas por el incendio de La Mierla. Reclaman accesos puntuales y coordinados con el operativo de extinción para evitar la pérdida de un patrimonio ganadero esencial para la prevención de incendios.
Mientras cientos de efectivos continúan combatiendo el incendio forestal de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, otra emergencia se desarrolla lejos del frente de las llamas. Decenas de cabras y ovejas permanecen aisladas en explotaciones como las de Prádena de Atienza sin que sus propietarios puedan acceder para suministrarles agua y alimento.
Los ganaderos denuncian que llevan ya dos días sin poder entrar a sus fincas debido al cierre de los accesos. Aunque reconocen que la seguridad del operativo debe ser la prioridad absoluta, solicitan al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) que habilite ventanas de acceso controladas, siempre bajo la supervisión de los responsables del incendio y únicamente cuando las condiciones lo permitan.
La petición responde a una realidad que va mucho más allá del bienestar animal. Estos rebaños desempeñan un papel fundamental en la gestión del territorio. Conocidas popularmente como «cabras bombero», las cabras eliminan matorral, hierba seca y vegetación que actúa como combustible durante los incendios. Su labor diaria constituye una herramienta natural de prevención que ayuda a reducir la intensidad y velocidad de propagación del fuego.
Especialistas en gestión forestal llevan años defendiendo el pastoreo extensivo como una medida eficaz para disminuir el riesgo de grandes incendios. Allí donde pastan cabras y ovejas, el monte acumula menos biomasa y se crean discontinuidades en la vegetación que dificultan el avance de las llamas.
Por ello, la posible pérdida de estos animales tendría consecuencias que irían más allá del impacto económico para las familias ganaderas. También supondría debilitar uno de los sistemas más sostenibles y eficaces de prevención de incendios con los que cuenta el medio rural.
Los ganaderos insisten en que no piden poner en riesgo a nadie ni interferir en las labores de extinción. Su propuesta consiste en organizar accesos escalonados, acompañados por los servicios de emergencia y limitados al tiempo imprescindible para proporcionar agua y alimento a los animales. La colaboración entre los equipos de emergencia y el sector ganadero ya ha demostrado en otras situaciones que es posible compatibilizar la seguridad con la protección del ganado cuando las circunstancias lo permiten.
En plena emergencia, todas las vidas importan. Proteger a estos rebaños significa también proteger el futuro del monte y reconocer el trabajo silencioso que realizan durante todo el año. Cuando el incendio sea historia, serán de nuevo estas «cabras bombero» las que contribuirán a mantener limpio el monte y a reducir el riesgo de que una tragedia como la actual vuelva a repetirse.
por AntonioDeMiguelAnton | Jul 17, 2026 | Opinión, Política
Resulta sorprendente que la subdelegada del Gobierno aproveche un incendio para señalar a los «negacionistas del cambio climático» cuando la investigación apunta al alcalde de Vox en Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, que ha pasado a estar en el foco de la Guardia Civil por supuestamente originar el fuego de La Mierla con su cosechadora.
Politizar este incendio, que en estos momentos amenaza el núcleo de nuestro maravilloso Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y culpar al «cambio climático» o a los «negacionistas» de los incendios forestales es la excusa perfecta para ocultar la falta de prevención en invierno y el abandono del monte. Ahora, lo que hace falta es centrarse en lo urgente que no es otra cosa que combatir el fuego; y en menos discursos ideológicos y más respeto a la investigación, a la presunción de inocencia y a la verdadera prevención de los incendios. Si ya hay un presunto responsable identificado, que actúe la Justicia con todas las garantías; pero reducir el debate sobre los incendios al negacionismo del cambio climático no puede eclipsar otra realidad: la prevención, la gestión forestal y el cuidado del mundo rural también son esenciales para evitar grandes catástrofes.
Los bosques no se cuidan con ideología, se cuidan con recursos y limpieza. Los incendios no empiezan con una chispa, empiezan mucho antes: con montes abandonados, falta de prevención y escasa gestión. Proteger nuestros bosques exige actuar todo el año, apoyar al mundo rural y coordinar esfuerzos. Prevenir hoy es salvar vidas y naturaleza mañana.
Los incendios se combaten antes de que empiece el fuego, apostando por una prevención estructural y permanente en lugar de centrar los esfuerzos únicamente en la extinción. Debemos de exigir garantizar una financiación estable para la prevención, impulsar la gestión forestal sostenible, fomentar el pastoreo y la ganadería extensiva para reducir el combustible vegetal, reforzar el papel de agricultores, ganaderos y ayuntamientos, mantener infraestructuras rurales, evitar cualquier beneficio urbanístico derivado de los incendios, promover el aprovechamiento sostenible del monte y la biomasa, concienciar a la población, crear un sistema nacional permanente y coordinado de prevención y extender las iniciativas que hayan demostrado ser eficaces.
Para todo ello debería haber, como hace poco anunciaba SOS Rural, un plan de choque contra los incendios con un modelo de prevención más eficaz que garantizase una mayor protección de los pueblos, los bosques y el entorno natural frente al creciente riesgo de incendios forestales. Y para ello debería de haber en paralelo un gran pacto entre las administraciones y la sociedad para convertir estas propuestas en políticas públicas con financiación, objetivos medibles y evaluación continua. Apagar los incendios es necesario, pero prevenirlos es urgente, porque el incendio empieza mucho antes de que aparezcan las llamas.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 18, 2026 | Opinión, Política, Varios
El español ha enfrentado dos fuertes controversias recientemente; por un lado una avalancha de ceros y suspensos en euskera durante la PAU vasca, y por otro el veto inicial al idioma en las ruedas de prensa de la Copa del Mundo de fútbol.
Se está investigando un aluvión de ceros en el examen de euskera de cientos de estudiantes de colegios concertados, que cursan sus estudios principalmente en español (modelo A). Sobre un grupo de 150 alumnos hay 60 ceros y 40 notas por debajo del 2 en euskera, una asignatura troncal en Euskadi, lo que dinamita las opciones de los afectados para acceder a la carrera o la universidad deseada, para competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, o simplemente para aprobar la prueba.
La situación ha provocado protestas callejeras y acusaciones de discriminación lingüística. Son alumnos con expedientes brillantes y títulos oficiales de euskera (nivel B2). Sin ningún género de duda es un ataque directo a la libertad de elección de lengua y un intento de perjudicar el acceso a la universidad de los jóvenes que no tienen el euskera como lengua materna. El mensaje parece claro: o eliges el modelo D o tendrás problemas en un futuro porque al llegar a la PAU el tribunal tirará por tierra todos los esfuerzos a lo largo de toda tu carrera académica.
Este uso del euskera como arma política es un atropello a los alumnos del modelo en español que deja al descubierto una realidad incómoda. Es un ataque directo al futuro de los jóvenes que estudian en castellano. Detrás de estas notas anómalas se esconde el uso de la lengua como una herramienta de exclusión política, es un castigo ideológico imposible de justificar. Hablamos de jóvenes con expedientes brillantes de notable y sobresaliente. Muchos de ellos tienen incluso títulos oficiales de euskera como el B2 o el C1. El sistema parece premiar o castigar a los alumnos según el centro de procedencia o el orden alfabético de sus apellidos. Esto destruye la supuesta neutralidad y el anonimato de la selectividad. ¿Por qué este desplome de notas?
El derecho a estudiar en la lengua materna debe de ser innegociable. El español es la lengua común de todos los ciudadanos de España. Sin embargo, en comunidades como el País Vasco, se arrincona al castellano de forma constante. Este examen ha funcionado como una barrera invisible para frenar el acceso de los alumnos hispanohablantes a las carreras con notas de corte más altas, como Medicina o Farmacia. Es toda una barrera territorial pues un alumno vasco que suspenda euskera ve hundida su nota media. Esto ocurre aunque tenga un diez en el resto de materias. Mientras tanto, un alumno de Guadalajara o Andalucía compite sin esa carga lingüística y política. Es una vulneración de derechos pues se está atacando el derecho constitucional a usar el español. Además, se penaliza el esfuerzo de las familias que eligen libremente la educación en castellano. La Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco no pueden ponerse de perfil apelando a «nuevos criterios de corrección». Un criterio que produce sesenta ceros en un mismo grupo de alumnos no es exigente; es defectuoso y malintencionado.
Otro de los goles que han intentado meter al español en estos días ha sido el absurdo desprecio inicial de la FIFA al español. La FIFA rectificó su postura tras la lluvia de críticas y ya permite el uso libre del español en todas las ruedas de prensa del Mundial. Sin embargo, el error inicial de prohibir este idioma en varios encuentros con los medios deja una mancha difícil de borrar. Fue un desprecio injustificable para una lengua que hablan casi 600 millones de personas en el planeta. Es una miopía geográfica imperdonable y lo más insólito de la medida inicial es la geografía del torneo, pues uno de los países anfitriones es México, la nación con más hispanohablantes del mundo. Otro de los coorganizadores es Estados Unidos, un país que alberga a más de 57 millones de ciudadanos de origen hispano.¿Cómo pensó la FIFA que era una buena idea silenciar el español en semejante escenario? Intentar esconder este idioma en su propia casa no fue un simple fallo de logística. Fue una muestra de soberbia y una total desconexión con la realidad cultural de la región.
El fútbol es de los jugadores y de los aficionados, no de los burócratas ni de los políticos. La presión social y el sentido común ganaron esta batalla gracias al «VAR de la opinión pública». El peso del español no se puede ningunear en el deporte rey. La FIFA reaccionó rápido, sí, pero el bochorno de haberlo intentado no se olvida fácilmente porque el español es la lengua más importante y en el fútbol también.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 11, 2026 | Opinión, Política, Varios
Ayer, en el recinto ferial de IFEMA, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente hizo entrega de sus populares galardones en el marco de la feria Tecma en Madrid. La ciudad de Guadalajara, su Ayuntamiento, ha alcanzado el máximo reconocimiento internacional en gestión de residuos y limpieza urbana. Este galardón premia la estrategia municipal de realizar limpiezas intensivas y planificadas de forma específica en cada barrio de la capital.
Seguramente muchos de los guadalajareños tendrán que leer la noticia varias veces para poder creer el porqué y los motivos de este reconocimiento denominado “Escoba de Platino 2026” que destaca el modelo de limpieza intensiva por barrios y la mejora en la recogida selectiva como uno de los mejores modelos. Han sido numerosos los ayuntamientos y entidades tanto públicas como privadas que ayer vieron reconocida su labor a favor del medioambiente y la limpieza, en concreto 120 premios en formas de escobas en sus diferentes categorías.
El premio Escoba de Platino no siempre significa que una ciudad brille como el platino con su tono blanco grisáceo, metálico y elegante; no, muchas veces se otorga este galardón por mejorar la gestión y sus estrategias o comprar maquinaria nueva, y no por el estado real de sus calles. Me temo que es el caso de Guadalajara que día tras día sus vecinos ven sus barrios llenos de suciedad mientras los políticos que nos gobiernan celebran lo bien que lo hacen y seguramente ahora además luzcan la escoba como el logro a su bien hacer.
¿Por qué se da este premio a ciudades «sucias»? Premia el esfuerzo, no el resultado. El galardón no evalúa si hay manchas en las aceras por excrementos de palomas o acumulación de excrementos caninos sin recoger, o abandono de residuos voluminosos en las calles, o la proliferación de pintadas vandálicas, o continuas quejas recurrentes por contenedores desbordados y falta de desbroce de hierbas en ciertas áreas durante los meses más cálidos, o incluso presencia de ratas en determinados puntos.
Me parece muy paradójica esta Escoba de Platino y seguramente muchos guadalajareños no lo entenderán. Imagino la cara de asombro de nuestros vecinos al abrir hoy los periódicos digitales, escuchar la radio o ver en la televisión a su alcaldesa y sus concejales en la foto sonriendo mientras levantan el trofeo de platino que premia la «excelencia en la limpieza». Seguramente ellos lo que quieran ver es sus calles limpias, sentarse en un banco limpio, sus papeleras vacías y sus barrios libres de bolsas de basura sin excrementos en sus aceras.
El premio se mide en el papel, no en el suelo. La clave de esta contradicción está en las bases del concurso. El jurado no envía inspectores sorpresa a revisar las calles, ni a ver los contenedores de las ciudades candidatas. El premio se otorga según la documentación que envían los propios ayuntamientos. Lo que realmente se premia es el esfuerzo técnico, la inversión económica y la innovación como la compra de camiones nuevos o maquinaria menos ruidosa o la firma de nuevos contratos millonarios con empresas de limpieza , o campañas de educación escolar o aplicaciones móviles para quejas. Por ejemplo, municipios como San Sebastián de los Reyes lograron la Escoba de Platino tras lanzar un plan de choque para mejorar su gestión. Pero este avance llegó justo después de haber estado en los peores puestos de limpieza del país según las encuestas reales de los ciudadanos.
Hoy, cuando veas seguramente al equipo de gobierno celebrar el galardón en las redes sociales como un éxito absoluto, muchas de las asociaciones vecinales y colectivos de ciudadanos verán en este premio un paripé y un simple «lavado de imagen» que se paga con dinero público. El papel lo aguanta todo, pero las aceras no mienten. La Escoba de Platino corre el riesgo de convertirse en un trofeo de despacho que se olvida de lo más importante: la calle.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 5, 2026 | Opinión, Política
Acabo de terminar de leer el libro de David Alandete. Es una radiografía impecable y adictiva sobre el regreso de Trump, la desinformación y las cloacas del poder. Si queréis entender de verdad la política actual y el periodismo de trinchera, hay que leerlo. El corresponsal en Washington desmenuza no solo el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, sino un fenómeno mucho más cercano y alarmante: la corrupción de los aparatos del Estado destinados a silenciar a la prensa libre.
A través de sus páginas el autor ofrece una radiografía incómoda sobre cómo las altas esferas políticas prefieren la docilidad ciudadana a golpe de manipulación. Alandete detalla campañas dirigidas a minar la reputación de los periodistas que se niegan a actuar como altavoces propagandísticos. Describe cómo se usan herramientas públicas para castigar o premiar medios según su línea editorial, distorsionando el derecho constitucional a la información. Cuenta en primera persona y con vivencias propias las presiones explícitas sufridas por el propio corresponsal a raíz de preguntas incómodas sobre geoestrategia y gasto militar, las cuales activaron maquinarias de acoso digital e institucional.
La corrupción que Alandete describe no se mide únicamente en transacciones financieras ilegales, sino en una moneda mucho más peligrosa: el tráfico de influencias informativas y el espionaje de Estado. La obra pone al descubierto cómo determinados sectores gubernamentales se valen del «coro de la opinión sincronizada» para asfixiar las voces disidentes y moldear relatos artificiales que oculten la realidad geopolítica.
Lo estamos viviendo también en España; la corrupción moderna no siempre viste de maletines ocultos; a menudo se disfraza de decretos, llamadas intimidatorias a las redacciones y campañas de linchamiento reputacional financiadas de forma opaca para garantizar que el poder nunca tenga que dar la explicación real de sus actos. El periodismo independiente, en España, se enfrenta a su época más oscura bajo la sombra de la presión gubernamental y el c
ontrol de la información. El repoquer de jueces, fiscales y policías insobornables formado por Balas, Luzón, Pedraz, Grinda y Biedma y periodistas de investigación valientes como Alejandro Entrambasaguas, Jorge Calabrés, Ketty Garat, José María Olmo o el mismísimo Iker Jiménez podrían ser protagonistas principales de esta película a los que también han intentado torcer voluntades bajo parece ser la batuta de Santos Cerdán y su fontanera.
A mi todo esto me recuerda la icónica película de Los intocables de Eliot Ness cuando la integridad era la única trinchera contra el sistema podrido. En una época en la que la impunidad se disfraza de burocracia y los escándalos de corrupción apenas duran tres días en el telediario, revisar el clásico de 1987 no es un ejercicio de nostalgia cinéfila, es mirarte en un espejo incómodo. Más allá de su impecable estética visual y el ritmo trepidante de sus tiroteos, la película funciona hoy como una feroz crítica a la descomposición de las instituciones y al peligro de una sociedad anestesiada ante la pérdida de valores.
La verdadera amenaza en “Los intocables” nunca fue el armamento de Al Capone, sino su capacidad para comprar conciencias. De Palma filma con crudeza un sistema podrido desde la raíz, donde el uniforme policial, la placa del detective y el mazo del juez tienen un precio de salida. La película lanza un dardo envenenado contra la indiferencia colectiva. Nos muestra cómo la normalización del delito es el paso previo a la tiranía. Al Capone (interpretado magistralmente por Robert De Niro) no es solo un gánster; es el símbolo del empresario corrupto que exige pleitesía pública mientras destruye el tejido moral de una ciudad entera. Ante este panorama, el largometraje plantea una verdad incómoda: cuando las instituciones se corrompen, la ciudadanía queda completamente desamparada.
Frente a este lodazal solo puede funcionar, como lo hace ne el guión de la película, levantar una muralla ética a través de cuatro hombres que deciden que su dignidad no está en venta. Lo mismo ocurre en nuestro país, estos intocables nos muestran cada uno desde su profesión que tener valores cuesta caro y que mantenerse limpio en un entorno hostil implica aislamiento, amenazas, sacrificios y mucho riesgo por el peligroso peaje de combatir al monstruo de la corrupción que es tan contagiosa que obliga a los hombres justos -como ocurre en la película- a cruzar líneas rojas y a rozar la brutalidad del enemigo para poder destruirlo.
La pérdida de valores y la tolerancia social hacia la corrupción no son fenómenos nuevos, pero la película nos recuerda que la única vacuna sigue siendo la responsabilidad individual. Cuando el sistema falla y el relativismo moral lo justifica todo, la integridad deja de ser una opción personal para convertirse en la última trinchera de la verdad y de la justicia. Bravo por estos grandes profesionales, su honradez y lealtad merecen respeto y admiración. Son héroes en un mar de corrupción gubernamental. Son los verdaderos patriotas. Posiblemente estén deteniendo el mayor ataque a nuestra Democracia, a nuestras libertades, a nuestros valores, a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Son nuestros intocables.
Antonio de Miguel
por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
por AntonioDeMiguelAnton | May 21, 2026 | Opinión, Política, Varios
El nuevo «encalamado» de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.
En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, «encalomar» siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha «encalamado» una imputación penal en toda regla.
La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» y como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?
Sin ningún género de duda al vincular el «buen nombre» de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.
Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico «comodín» electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.
El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D’Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de «trampa» legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.
El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un «comodín» definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.
por AntonioDeMiguelAnton | May 14, 2026 | Naturaleza, Política, Varios
En política, la estética y la ética deberían ir siem
pre de la mano. Sin embargo, en el caso del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, demuestra cómo los intereses de las grandes corporaciones energéticas pueden arrollar el sustento de los pueblos con la complicidad de quienes juraron defenderlos. Que el máximo responsable local actúe como promotor en la sombra de un macroparque fotovoltaico es grave; que lo haga mientras ostenta el cargo de delegado provincial de Agricultura de la Junta es, directamente, una burla intolerable para el sector primario.
¿Cómo puede el encargado de proteger, modernizar y amparar a nuestros agricultores bendecir un proyecto como «Haza del Sol»? Hablamos de la entrega de 275 hectáreas de tierra agrícola productiva a la multinacional Alfanar Energía. Bajo el mandato y la complacencia de López Tabernero, los profesionales del campo de la Alcarria se han visto acorralados por un asfixiante ultimátum: o ceden sus tierras por un alquiler impuesto o se exponen al rodillo de la expropiación forzosa.
Es una traición en toda regla a la soberanía alimentaria y al futuro de los jóvenes ganaderos que intentan fijar población en el medio rural. En lugar de blindar el término municipal utilizando las herramientas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal para decretar una moratoria —como han hecho otros ayuntamientos valientes—, el alcalde prefiere parapetarse tras la fría «legalidad administrativa». Una equidistancia tramposa que solo beneficia al gigante energético.
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y los colectivos ecologistas han sido claros: la situación es insostenible y el cese de Santos López como delegado de Agricultura es una necesidad higiénica urgente. No se puede repicar y andar en la procesión. No se puede ser el defensor del agricultor en Toledo y el facilitador de las placas solares en Guadalajara. Fuentelencina merece un alcalde que mire a los ojos a sus vecinos, no uno que mire los balances de resultados de las multinacionales.
Esta colonización fotovoltaica engulle medio millón de hectáreas de campo español. Todo el sector primario está denunciando una ola de especulación que destruye la soberanía alimentaria y acelera la despoblación. España ha perdido más de 500.000 hectáreas de cultivo en apenas diez años, una superficie devorada de forma progresiva por usos del suelo completamente ajenos a la producción agroalimentaria. El eje central de la crisis radica en el avance descontrolado de las plantas fotovoltaicas en zonas de alto valor agronómico. Las infraestructuras de energías renovables ocupan ya unas 47.000 hectáreas de suelo que antes generaba alimentos. Las proyecciones del sector indican que esta cifra superará las 100.000 hectáreas en las próximas décadas si las administraciones no intervienen.
Esta expansión desmedida no se produce sobre terrenos baldíos o zonas desérticas. El capital inversor busca superficies llanas y estratégicas, afectando directamente a vegas fértiles y regadíos consolidados que suponen el motor económico de comarcas enteras. La agricultura y la ganadería son insustituibles. No podemos permitir que el suelo productivo se convierta en moneda de cambio. Hay un vacío normativo que deja la ordenación del territorio a merced de fondos de inversión. Existe un efecto dominó de despoblación y desabastecimiento que está transformando drásticamente el suelo rústico y generando un impacto socioeconómico que va mucho más allá del paisaje. E
ste efecto está provocando la quiebra de la soberanía alimentaria: menos suelo fértil implica una menor capacidad de producción propia, encareciendo la cesta de la compra y disparando la dependencia de importaciones de terceros países. También está provocando una destrucción de empleo local; la instalación de plantas fotovoltaicas apenas genera puestos de trabajo estables tras su construcción, destruyendo el empleo agrario continuo que sustenta los pueblos. Además cataliza el éxodo rural e invierno demográfico; claro, sin expectativas laborales ligadas a la tierra, el relevo generacional se extingue y se acelera el abandono definitivo de los municipios del interior. Además el desequilibrio territorial se hace más presente y el vaciado de los campos consolida un modelo de macrociudades saturadas frente a una periferia productiva desmantelada.
La propuesta, la solución sería un Pacto de Territorios para blindar el campo. Ante la inacción institucional y la falta de una planificación territorial coordinada, el mundo rural debería de exigir a nuestros políticos y gobernantes que la protección de la tierra se situase de manera inmediata en el centro de la agenda política nacional. Urge la articulación de un Pacto de Territorios para buscar establecer límites claros y restrictivos a la instalación de industrias en suelo rústico, forzando la recuperación de suelos ya degradados para fines energéticos y blindando, de manera permanente, los campos de cultivo esenciales. En esto deberían estar los alcaldes, en buscar y catalizar este pacto para no perder; y el alcalde de Fuentelencina por doble razón, una por su condición de delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara y por su condición de alcalde. Blindar la tierra hoy es la única garantía para evitar el desabastecimiento mañana.
por AntonioDeMiguelAnton | May 7, 2026 | Opinión, Política
El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio. Cuando el menor de edad manifieste oposición a mantener cualquier tipo de contacto, régimen de visitas o convivencia con uno de sus progenitores, se deberán investigar las causas de dicho rechazo y garantizar que el contacto se da en condiciones seguras y de máximo bienestar para él. La nueva normativa prohíbe también el llamado síndrome de alienación parental (SAP: proceso en el que un progenitor manipula a su hijo para denigrar al otro progenitor).
Esta reciente reforma que está siendo impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, bajo el pretexto de blindar la seguridad de los menores, amenaza con dinamitar uno de los pilares más estables de nuestra legislación civil: la custodia compartida. Lo que se presenta como un avance en derechos infantiles es, en la práctica, un retroceso que devuelve a las familias a la era del conflicto judicial permanente y la discrecionalidad ideológica.
El punto más polémico de la nueva normativa de Rego será el de enterrar el SAP por decreto. Esa prohibición explícita de mencionar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que pretende la ministra será muy polémica. Al tacharlo de «pseudociencia» mediante ley, el Ministerio no solo ignora la realidad clínica de miles de menores que son manipulados sistemáticamente para odiar a un progenitor, sino que priva a los jueces de una herramienta esencial para detectar abusos psicológicos.¿Es protección prohibir que se investigue si un niño rechaza a su padre porque ha sido condicionado para ello?
La ministra, en su deseo obsesivo de querer tener razón, parece creer llevarla y por tanto pretende imponerla por BOE, pero la manipulación familiar existe y, a partir de ahora, será invisible ante la ley, dejando a los menores a merced del progenitor que mejor sepa instrumentalizarlos. La trampa radica en la coletilla de la «voluntad del menor». La reforma establece que, si un menor se opone al contacto con un progenitor, se debe priorizar su rechazo. Si bien escuchar al niño es vital, otorgar un poder de veto absoluto a un menor —muchas veces inmerso en una guerra emocional que no comprende—es una irresponsabilidad jurídica. Sira Rego ignora que, en casos de separación traumática, los hijos no siempre saben qué es lo mejor para su bienestar a largo plazo. Al blindar legalmente el rechazo del menor sin permitir el análisis de la alienación, el Gobierno está dando incentivos perversos para que el progenitor custodio alimente el conflicto, sabiendo que la justicia ya no podrá intervenir en la raíz del problema.
Prohibir y borrar por ley la mención o aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) bajo la premisa falsa de proteger a los menores no hace que el problema desaparezca. Cuando la ideología prima frente a la ciencia nada puede salir bien. El argumento principal para esta prohibición es que el SAP no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y aunque el término exacto no figure en los manuales diagnósticos, el fenómeno de la interferencia parental es una realidad clínica documentada. Negar que un adulto pueda instrumentalizar emocionalmente a un niño es ignorar décadas de psicología infantil. Al prohibir su mención, se deja a los jueces sin herramientas para identificar casos donde el rechazo del menor no nace de un trauma legítimo con el progenitor «rechazado», sino de una inducción maliciosa por parte del «custodio».
La reforma quiere responder a la demanda de casos como el de Juana Rivas, a la que la Justicia italiana siempre recogió en tres sentencias civiles lo que denominaron «inducción» y «manipulación». La nueva normativa establece que, si un menor se opone al contacto, se deben investigar las causas. Esto es positivo en teoría, pero peligroso en la práctica si se parte del dogma de que la manipulación es imposible. Si un sistema judicial tiene prohibido considerar la alienación, ante el rechazo de un niño, la tendencia automática será culpar al progenitor rechazado, asumiendo que «algo habrá hecho». Esto puede condenar a miles de niños a una pérdida irreversible del vínculo con uno de sus padres, basándose en una voluntad que, a veces, ha sido secuestrada emocionalmente.
Proteger a la infancia implica escuchar al niño, sí, pero también entender que su voz puede estar influenciada por el conflicto de lealtades. Al legislar contra un concepto clínico, el Gobierno corre el riesgo de desproteger a los menores frente a una de las formas de maltrato psicológico más sutiles: el borrado de un padre o una madre del mapa afectivo del hijo. La ley debería perseguir el abuso allá donde se produzca, sin prohibir palabras que ayudan a describir realidades incómodas.
La custodia compartida ha sido el mayor avance hacia la igualdad real en las últimas décadas. Sin embargo, esta reforma pone tantas trabas y condiciones —basadas a menudo en interpretaciones subjetivas de «bienestar emocional»— que la custodia compartida pasará de ser la norma a ser la excepción. Se legisla desde el prejuicio, asumiendo que la convivencia con ambos padres es un riesgo potencial en lugar de un derecho fundamental del niño. Al final del día, la pregunta es clara: ¿Estamos protegiendo a los niños o estamos dándole herramientas al sistema para que decida, bajo criterios ideológicos, qué familias merecen seguir siéndolo?
La ministra Rego ha elegido lo segundo, y el precio de su decisión lo pagará la salud mental de toda una generación de hijos de padres separados. El proyecto debe aún ser aprobado por las Cortes; su trámite va a ser muy complejo. Esperemos que reine la cordura y sobre todo la ciencia.
Estoy pasando unos días en mi pueblo. Es un rincón entre pinares donde el tiempo camina despacio, donde el aire huele a resina y el corazón encuentra descanso rodeado de naturaleza. Aquí nací, donde las montañas y sus pinos abrazan el cielo y donde cada piedra guarda una historia. Aprendí a correr por sus calles, a jugar en la plaza, a soñar junto al frontón, donde los aplausos y el eco de la pelota formaban parte de nuestra infancia. Escuché el silencio de los inviernos y el jolgorio de los veranos. Celebré las fiestas con mi gente y comprendí que la verdadera felicidad y riqueza no se mide en lo que tienes, sino en tener un lugar al que cuando vuelves está cargado de gran valor natural y humano, de recuerdos y de instantes tremendamente alegres.
