por AntonioDeMiguelAnton | Ago 25, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hoy, paseando por la calle de Miguel Fluiters -una de las principales y más céntricas arterias del casco histórico de Guadalajara- una vecina me preguntaba sobre mi opinión en relación a una nueva frutería que han abierto recientemente en esa misma calle. Me criticaba la falta de estética que hemos tenido los políticos y gobernantes de esta ciudad con nuestro entorno y con nuestro centro; por supuesto en la conversación apareció el polémico tinglado del proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, del scalextric peatonal junto al Santuario de la Virgen de la Antigua para que nos entendamos
Al despedirme de ella, tras una larguísima conversación, tuve que detenerme a pensar en todo ello otro largo tiempo. Vivimos obsesionados con las fachadas perfectas y los lugares instagrameables, pero las ciudades reales están hechas de asfalto desgastado y barrios sin pretensiones. Este artículo nace de esa conversación improvisada en la calle, como una invitación a encontrar el valor, las historias, los errores, el camino a seguir y el pulso real de esta Guadalajara que muchos consideramos imperfectos.
La primera pregunta que me hacía la señora es ¿quién protege la estética del casco histórico de Guadalajara? Esa imagen de algunos comercios, como este que les digo y los futuros proyectos urbanísticos de Guadalajara ponen, sin ningún género de duda, sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ciudad quiere ser Guadalajara y, sobre todo, quién se encarga de que sus calles mantengan una identidad coherente.
En plena calle Miguel Fluiters, una de las vías más representativas del centro histórico de Guadalajara, encontramos una fachada comercial que difícilmente pasa desapercibida: un gran rótulo de colores, paneles laterales repletos de imágenes de frutas y verduras, una persiana de un verde muy intenso y una sucesión de elementos comerciales que compiten visualmente con la arquitectura tradicional del edificio. No se trata de discutir si un comercio puede tener personalidad, naturalmente que puede. Tampoco de cuestionar la actividad de un pequeño negocio o su derecho a anunciarse. La cuestión es otra: ¿dónde termina la libertad comercial y dónde empieza la responsabilidad de proteger la imagen de un casco histórico?Y, sobre todo, ¿se aplican las mismas reglas a todos?
Guadalajara no carece precisamente de normativa estética. Las disposiciones urbanísticas municipales establecen criterios específicos para el Casco Antiguo y exigen que las actuaciones sobre fachadas respeten el carácter ambiental y arquitectónico del conjunto. La normativa llega a señalar que deben evitarse estilos, elementos o materiales extraños o impropios del Casco Antiguo.
También existe regulación sobre la publicidad y los elementos instalados en fachadas. Y las
propias normas municipales establecen que las reformas de fachadas de edificios del Casco Antiguo deben mantener un diseño unitario para el conjunto del edificio. Por tanto, la discusión no debería ser simplemente si una fachada es «bonita» o «fea». Debería ir más allá y tratar de mandar un mensaje a nuestros dirigentes políticos para que la política de protección patrimonial no solo funcione sobre el papel de un programa político, sino que acabe convirtiéndose en realidad.
El problema no es una tienda, sería injusto cargar sobre un comerciante particular la responsabilidad de la imagen de todo el centro. Si una fachada desentona, la responsabilidad última de ordenar el paisaje del centro urbano corresponde a las administraciones públicas. Son ellas las que redactan las normas, conceden las autorizaciones y tienen capacidad inspectora. Guadalajara lleva años hablando de la necesidad de revitalizar el Casco Histórico, de planes con la intención de recuperar población, actividad económica y vida urbana en el centro, simplificando determinadas reglas y facilitando la rehabilitación y la construcción en solares vacíos. Todo eso está muy bien, pero revitalizar un centro histórico no significa simplemente llenar sus solares, en abrir sus comercios cerrados o peatonalizar sus calles, también significa decidir qué imagen se quiere transmitir. Una ciudad puede invertir millones y perder su identidad en los detalles. Una calle no es solamente su pavimento. Es la suma de sus edificios, comercios, rótulos, escaparates, mobiliario, iluminación, árboles, terrazas y espacios públicos.
¿Estamos diseñando la ciudad con una visión global o actuando mediante proyectos aislados? Es paradójico lo de la política urbanística de Guadalajara: por un lado, se redactan normas destinadas a proteger el centro urbano y se anuncia un nuevo plan para preservar la identidad del Casco Histórico y por otro otro, el guadalajareño y el visitante camina por algunas de sus calles y puede encontrarse con una acumulación de intervenciones y elementos cuya integración estética resulta, como mínimo, discutible. ¿Para qué sirve una ordenanza si no se hace cumplir?¿Para qué sirve una nueva ordenación del Casco Histórico si no existe una política activa y coherente de conservación de su paisaje urbano?
El pequeño comercio también merece un casco histórico digno, no se trata de enfrentar patrimonio y comercio. Un centro histórico vivo necesita tiendas, bares, restaurantes, fruterías, peluquerías, oficinas y pequeños negocios. Una calle convertida en museo tampoco sería una ciudad viva. Pero precisamente porque el comercio es parte esencial del centro, debería existir una política municipal clara de imagen comercial: ayudas para renovar fachadas y escaparates, asesoramiento a los comerciantes, criterios comprensibles sobre rótulos, colores, persianas, iluminación y publicidad, y una vigilancia homogénea. Eso permitiría que un comerciante no tuviera que adivinar qué puede hacer y qué no. Y permitiría también que la ciudad no dependiera del criterio estético del propietario de cada local.
La verdadera cuestión es qué ciudad queremos ¿Qué imagen queremos para el centro histórico? ¿Qué criterios se aplicarán a los comercios? ¿Habrá una inspección sistemática de rótulos, cierres y elementos de fachada? ¿Se exigirá el cumplimiento de las mismas reglas a todos? Y, sobre todo: ¿Queremos un Casco Histórico que simplemente esté lleno de actividad o queremos un Casco Histórico que, además, tenga identidad?
Como le decía a esta guadalajareña, esta frutería de Miguel Fluiters no debería utilizarse para señalar a un comerciante, debería servir para señalar algo mucho más importante: la responsabilidad de quienes gobiernan la ciudad de conseguir que actividad económica, espacio público y patrimonio no compitan entre sí, sino que formen parte de una misma idea de ciudad; porque un casco histórico no se destruye únicamente derribando edificios, también puede perderse poco a poco, fachada a fachada, rótulo a rótulo, persiana a persiana, hasta que un día descubrimos que hemos conservado los edificios pero hemos perdido el lugar.
Terminé la conversación con la señora hablando del «scalextric» y de un urbanismo a base de parches y de “ideicas” y ocurrencias electoralistas. Guadalajara lleva décadas buscando su identidad urbana, pero lo que encuentra de forma sistemática son toneladas de hormigón. El último capítulo de esta tendencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica: el polémico proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, rebautizado con sorna y resignación por los vecinos como el «nuevo scalextric». Una plataforma elevada de más de 10 millones de euros junto al histórico Santuario de la Virgen de la Antigua que encarna, a la perfección, el modelo de ciudad improvisada que arrastra la capital alcarreña desde hace años.
El problema fundamental de Guadalajara no es la falta de presupuesto, sino la ausencia de una visión de conjunto. Mientras el Plan de Ordenación Municipal (POM) envejece en los cajones, la ciudad se ha expandido en las últimas décadas de forma inconexa. Por un lado, se crearon barrios periféricos desalmados como Aguas Vivas o el entorno de la Avenida de Francia: grandes avenidas desiertas, calles inhóspitas para el peatón y un modelo de «ciudad dormitorio» donde bajar a comprar el pan exige subirse al coche. Por el otro, se dejó morir a fuego lento un Casco Histórico devorado por los solares vacíos, la pérdida de comercio tradicional y un abandono que ninguna peatonalización cosmética ha logrado revertir.
El proyecto de Cardenal Mendoza es el ejemplo de manual de como se opta por una macroestructura de hormigón que rompe el entorno de la patrona de la ciudad. Desde los despachos institucionales, la narrativa oficial siempre es la misma. Se habla de «humanización», «modernización» y se adorna el discurso con promesas de «renaturalización» y fondos europeos. Sin embargo, la realidad a pie de calle suele ser muy distinta: árboles maduros talados que son sustituidos por maceteros o por brotes jóvenes que tardarán veinte años en dar sombra, y plazas públicas reconvertidas en planchas de granito que actúan como auténticas sartenes en los meses de verano.
Hacer ciudad no consiste en agotar subvenciones europeas con miras a la campaña electoral, levantando plataformas grises antes de que venza el plazo de justificación. Hacer ciudad implica cohesión, consenso social y respeto a la escala humana. Guadalajara no necesita más parches millonarios, ni «scalextrics» peatonales que dejen una huella estética y funcional dudosa para las próximas generaciones, ni tampoco corolas bioclimáticas nada funcionales, nada prácticas, inútiles y absurdas. Necesita, con urgencia, un urbanismo valiente que rescate su centro, integre sus barrios y demuestre que el futuro de la capital alcarreña puede ser algo más que asfalto, jardineras, corolas y hormigón.
Solo así saldremos de ese mantra tan repetido entre los viajeros que pisan Guadalajara y salen diciendo que «Guadalajara es fea». Los que queremos esta ciudad con locura rápido nos apresuramos a defenderla a capa y espada y les hablamos de nuestras joyas, del Palacio del Infantado, o el Panteón de la Duquesa de Sevillano, o el Salón Chino de la Cotilla; olvidando que el visitante no juzga nuestra ciudad por tres o cuatro monumentos aislados, sino por la armonía de su tejido urbano. Y es ahí donde Guadalajara sangra. La frialdad de sus calles, sobre todo por el centro, no es un accidente urbanístico, ni un error puntual y pasajero; es el resultado de décadas de decisiones urbanísticas erráticas, de intereses institucionales, de beneficios urbanísticos, de conveniencias empresariales y sobre todo de una alarmante falta de sensibilidad histórica, debido a que los sucesivos consistorios se volcaban en sus intereses cortoplacistas espurios electorales y en expandir la ciudad con nuevos desarrollos más llamativos para el votante y mientras tanto el corazón de Guadalajara se dejaba morir.
Hoy en día, caminar por el centro es un ejercicio muy grande de melancolía, pena y dolor. Guadalajara no es fea por naturaleza; fue afeada por decreto y desinterés. Las decisiones urbanísticas de los últimos sesenta años han tratado a la ciudad como un mero espacio de tránsito y residencia barata a la sombra de Madrid, olvidando que el urbanismo de una capital debe generar orgullo, luz, cariño, arraigo y belleza. Hasta que las administraciones no entiendan que rehabilitar el centro y proteger el paisaje urbano es una inversión de futuro —y no un gasto—, Guadalajara seguirá cargando con el injusto pero comprensible estigma de ser catalogada por sus visitantes como una de las ciudades más feas de España.
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 14, 2026 | Opinión, Política
Hay eclipses que duran unos minutos y otros que parecen prolongarse mucho más. El pasado 12 de agosto España contempló un fenómeno astronómico extraordinario. Pero, mientras millones de ciudadanos dirigían la mirada al cielo, comenzaba también otro eclipse, mucho más terrenal: el de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de un Gobierno para aceptar preguntas incómodas.
La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha presentado el eclipse como una demostración de coordinación institucional, excelencia científica y eficacia en materia de seguridad. Y hay razones para reconocer el trabajo de científicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, emergencias, tráfico y administraciones que hicieron posible que un acontecimiento de estas características pudiera desarrollarse en nuestra querida Guadalajara con normalidad. El propio artículo de opinión de la subdelegada destaca expresamente la labor de la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico y del dispositivo desplegado durante la jornada.
Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando, en lugar de responder a las preguntas sobre la utilización de recursos públicos, se decide convertir la crítica en el problema. El artículo titulado Democracia eclipsada sostiene que los “mitos del siglo XXI”, identificados con “la desinformación y los bulos”, quisieron eclipsar la racionalidad y concluye apelando a una ciudadanía que debe escoger entre “la admiración astronómica” y “la crispación informativa e irresponsable”. La cuestión es sencilla: ¿preguntar por el dinero público es desinformar?
Porque una democracia madura no debería tener miedo a que los ciudadanos pregunten cuánto cuesta un acto, quién fue invitado, qué servicios se contrataron, con qué procedimiento y cuál fue el coste final. Al contrario: cuanto más dinero público se utiliza, mayor debe ser la transparencia. Y aquí es donde las declaraciones de Óscar Puente adquieren especial relevan
cia. El ministro es precisamente una de las voces del Gobierno que con frecuencia exige responsabilidades, critica el gasto o cuestiona la gestión de administraciones gobernadas por sus adversarios políticos. En julio, por ejemplo, protagonizó un duro enfrentamiento público con Isabel Díaz Ayuso en el que acusó a gobiernos del PP de reducir servicios públicos y posteriormente pedir ayuda al Gobierno central.
La vara de medir, sin embargo, debería ser siempre la misma. Si un gobierno autonómico tiene que explicar en qué gasta el dinero de los ciudadanos, el Gobierno de España también. Si la oposición debe justificar cada euro de sus administraciones, el Ejecutivo central debe estar dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Y si una crítica es legítima cuando se dirige al adversario, también lo es cuando se dirige al propio Gobierno. Eso no es crispación. Eso es democracia.
Resulta especialmente llamativo que un texto dedicado a reivindicar la racionalidad termine presentando cualquier cuestionamiento como una amenaza informativa. La ciencia enseña precisamente lo contrario: una afirmación no se convierte en verdadera porque la formule una autoridad, sino porque puede ser comprobada. El propio Observatorio de Yebes, al que el artículo dedica buena parte de sus elogios, representa perfectamente esa idea. Es una institución científica de enorme valor y el Gobierno ha destacado su relevancia internacional y su contribución al conocimiento del espacio.
Precisamente por eso conviene separar dos cosas que no deberían mezclarse: el extraordinario valor científico del eclipse y la gestión política que se haga alrededor de él. Nadie cuestiona que España haya vivido un acontecimiento excepcional. Nadie debería cuestionar tampoco el trabajo de los científicos o de quienes garantizaron la seguridad. Pero tampoco debería considerarse ilegítimo preguntar si determinados gastos vinculados a la organización fueron razonables, necesarios y proporcionados.
La denuncia política que ha circulado cifra en 72.358 euros el coste de un acto con ministros e invitados y habla de unas 300 personas, comida, bebida y actividades durante horas; por tanto la pregunta de fondo seguiría siendo perfectamente legítima: ¿qué se pagó con dinero público y por qué?
Y ahí es donde una respuesta política basada en desacreditar al crítico resulta insuficiente. Porque llamar “bulo” a una información no demuestra que sea falsa. Calificar de “crispación” una pregunta tampoco la responde. Y acusar a quien pide explicaciones de irresponsabilidad no sustituye a enseñar las facturas.
Hay una paradoja especialmente llamativa en todo esto. La Subdelegación reivindica que el eclipse permitió poner en valor el Observatorio de Yebes, una infraestructura científica que considera una de las joyas de la investigación española. Pero la ciencia funciona precisamente mediante la comprobación, la evidencia y la posibilidad de cuestionar las afirmaciones. Ese debería ser también el principio de la política. Si los 72.358 euros están justificados, que se publiquen los contratos y las facturas. Si el número de invitados está justificado, que se explique quiénes fueron y en qué condición participaron. Si las actividades fueron necesarias para la organización del acontecimiento, que se detalle su finalidad. Y si todo se hizo conforme a la legalidad y con criterios de austeridad, no debería existir ningún problema en explicarlo. Eso sería transparencia. Lo contrario corre el riesgo de producir un eclipse mucho más preocupante: aquel en el que la propaganda institucional termina ocultando las preguntas legítimas de los ciudadanos.
El eclipse astronómico nos recordó que durante unos minutos la luz puede desaparecer en pleno día. El debate político de estos días corre el riesgo de enseñarnos otra cosa: que también la transparencia puede quedar en penumbra cuando quienes gobiernan confunden la crítica con un ataque y las preguntas con desinformación. La democracia no consiste en que el Gobierno tenga siempre la última palabra, consiste en que los ciudadanos puedan hacer preguntas y exigir respuestas. Y, sobre todo, en que esas respuestas estén acompañadas de datos. Porque cuando se habla de dinero público, la mejor forma de combatir los bulos no es descalificar al que pregunta, es enseñar las cuentas y no en enrocarse que Sánchez al final no vino.
¿Qué pensaría Tales de Mileto si levantara hoy la mirada hacia el Observatorio de Yebes y descubriera que un espacio científico pagado con recursos públicos terminó convertido en escenario de una celebración reservada a ministros, invitados, familiares, amigos y personas próximas al poder?
Probablemente no le preocuparía demasiado si vino al final Sánchez o no. Le preocuparía algo bastante más profundo: para quién está el conocimiento y al servicio de quién están las instituciones públicas. Porque el verdadero paso del mito al logos no consiste
únicamente en mirar al cielo y calcular cuándo llegará un eclipse. Consiste también en aplicar la razón allí donde resulta incómoda: preguntar, comprobar, contrastar y exigir explicaciones.
Y si el argumento para defender aquella jornada es que todo fue ejemplar, entonces la respuesta racional debería ser sencilla: enseñar las cuentas, explicar los contratos y aclarar quiénes fueron invitados y por qué. Eso sí sería honrar el legado de Tales.
Porque convertir la ciencia en escaparate institucional mientras se pretende que las preguntas incómodas son “bulos” sería, paradójicamente, recorrer el camino contrario al que la propia subdelegada reivindica. Del logos al relato. De la razón a la propaganda. Del conocimiento al privilegio. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que deja este eclipse:
¿Estamos ante un conocimiento puesto al servicio de todos los ciudadanos o ante unas instituciones públicas puestas al servicio de los amigos del poder?
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 11, 2026 | Opinión, Política
Hay imágenes que, por sí solas, explican mejor una determinada forma de hacer política que cualquier discurso parlamentario. La que veremos mañana desde Guadalajara, en todas las cabeceras de los periódicos y en los informativos de la noche, será una de ellas: Pedro Sánchez contemplando el eclipse desde el Observatorio Astronómico de Yebes, rodeado de un dispositivo de seguridad extraordinario, mientras en Ceuta muchos ciudadanos siguen mirando hacia una frontera que se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro país. Así son las gafas de Sánchez que miran al cielo mientras Ceuta mira al abismo.
No cuestiono que el presidente del Gobierno pueda asistir a un acontecimiento científico de relevancia nacional; sería absurdo hacerlo. El eclipse total de Sol es un fenómeno excepcional y que Guadalajara esté en los ojos de todos los españoles es buena noticia. Lo que cuestiono es el contraste, porque gobernar también consiste en elegir prioridades; y las prioridades de un Gobierno se conocen, sobre todo, cuando existen problemas que no admiten espera.
Ceuta debería ser la prioridad. Allí hay una presión migratoria que lleva tiempo tensionando los recursos disponibles. El CETI ha sufrido episodios de saturación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una presión permanente en una ciudad cuya situación geográfica convierte cada crisis fronteriza en un problema nacional. Y, sin embargo, la imagen que proyecta el Presidente es la de un dirigente que abandona temporalmente su retiro vacacional para acudir a contemplar un eclipse.
La cuestión no es el eclipse, la cuestión es la oportunidad política y la cortina de humo que crea Sánchez en una España mirando en direcciones distintas. Hay algo profundamente simbólico en todo esto, mientras que en Guadalajara y en el resto de España, miles de personas levantarán la cabeza para contemplar cómo la Luna tapa al Sol, en Ceuta, miles de ciudadanos llevan años mirando hacia la frontera preguntándose qué ocurrirá mañana. Unos esperan un fenómeno que durará unos minutos, otros esperan respuestas que llevan demasiado tiempo sin llegar. Y mientras tanto, policías y guardias civiles afrontan situaciones complejas, los servicios públicos tienen que absorber una presión extraordinaria y muchas familias reclaman algo tan elemental como poder vivir tranquilas. No creo que sea demagogia señalar esta contradicción, al contrario: creo que es nuestra obligación señalarla porque un presidente no deja de ser presidente cuando está de vacaciones.
El despliegue de Yebes merece explicaciones. Me llama la atención que debido al enorme dispositivo especial de seguridad que acompaña al eclipse se establecerán controles de acceso en el casco urbano de Yebes y hasta los vecinos no podrán acceder al pueblo si no se identifican en los puntos de control.
¿Cuánto cuesta el dispositivo?
¿Cuántos efectivos se destinan específicamente a la seguridad presidencial?
¿Qué parte corresponde al operativo general del eclipse?
¿Se ha producido realmente alguna modificación de los accesos previamente autorizados a ciudadanos y vecinos por la visita del presidente?
¿Se han tenido que anular visitas reservadas de vecinos que tenían previsto ver desde aquí el eclipse?
¿Por qué permanecerá cerrado al público durante la jornada debido a la celebración de un acto institucional con presencia de autoridades gubernamentales?
Son preguntas perfectamente legítimas que muchos guadalajareños nos estamos haciendo estos días. No parece aceptable que, ante cualquier duda, la ciudadanía tenga que conformarse con propaganda institucional o con versiones enfrentadas en las redes sociales.
Ceuta no puede ser un problema secundario, lo realmente preocupante, sin embargo, no está en Yebes. está en Ceuta, porque Ceuta no necesita discursos grandilocuentes, necesita al Gobierno, necesita frontera, necesita seguridad, necesita medios suficientes para sus policías y guardias civiles, necesita servicios públicos capaces de responder a situaciones extraordinarias; y necesita, sobre todo, que desde Madrid no se perciba su realidad como un problema lejano que puede esperar.
No estoy diciendo que Pedro Sánchez tenga que cancelar cualquier actividad institucional cada vez que surge un problema en España, eso sería absurdo. Estoy diciendo algo mucho más sencillo: un presidente debe transmitir que está donde están los problemas de los españoles, aunque físicamente se encuentre a cientos de kilómetros y él no lo hace. Y ahí es donde la fotografía de mañana en Guadalajara del eclipse adquiere una enorme fuerza política.
El eclipse pasará; los problemas seguirán, el 12 de agosto pasará, la Luna abandonará el disco solar, volverá la luz y Guadalajara recuperará su normalidad, pero Ceuta seguirá estando donde está. La presión migratoria seguirá existiendo. Las preocupaciones sobre la seguridad continuarán, los policías seguirán reclamando medios y los ciudadanos seguirán esperando respuestas. Por eso, cuando veo al presidente preparándose para contemplar el eclipse desde Guadalajara, no puedo evitar pensar en una contradicción demasiado evidente: Sánchez mira al cielo mientras Ceuta mira a la frontera.
Y quizá el verdadero problema no sea que el presidente mire hacia otro lado, nos tiene acostumbrados a hacerlo con cierta asiduidad como escapatoria; el problema está en que, mientras lo hace, deja de mirar hacia abajo, hacia los problemas reales de la España que gobierna. Porque un eclipse dura unos minutos pero la responsabilidad de gobernar dura mucho más.
por AntonioDeMiguelAnton | Jul 28, 2026 | Educación, Naturaleza, Opinión, Política
Estoy pasando unos días en mi pueblo. Es un rincón entre pinares donde el tiempo camina despacio, donde el aire huele a resina y el corazón encuentra descanso rodeado de naturaleza. Aquí nací, donde las montañas y sus pinos abrazan el cielo y donde cada piedra guarda una historia. Aprendí a correr por sus calles, a jugar en la plaza, a soñar junto al frontón, donde los aplausos y el eco de la pelota formaban parte de nuestra infancia. Escuché el silencio de los inviernos y el jolgorio de los veranos. Celebré las fiestas con mi gente y comprendí que la verdadera felicidad y riqueza no se mide en lo que tienes, sino en tener un lugar al que cuando vuelves está cargado de gran valor natural y humano, de recuerdos y de instantes tremendamente alegres.
El extenso pinar que rodea mi pueblo me enseñó que la naturaleza no es un escenario, es un hogar. Por tanto aprendí desde muy pequeño a respetarlo caminando en silencio, escuchando el viento en las copas y entendiendo que una sola cerilla puede borrar siglos de vida. Convivir con el bosque es cuidarlo como a la familia. El modelo de gestión forestal de mi pueblo se basó durante muchos años en un principio sencillo: un monte cuidado y aprovechado es más resistente y tiene menos riesgo de grandes incendios. Sus claves fueron por un lado una gestión activa del bosque mediante cortas planificadas, podas y clareos para evitar la acumulación de vegetación. También lo fue el aprovechamiento económico de la madera, que generaba empleo y mantenía una relación constante entre la población y el monte. La industria forestal local permitía que los recursos del bosque revirtiesen en su propio mantenimiento. La implicación de los vecinos y la tradición comunal, con una cultura de cuidado del territorio transmitida durante generaciones era muy importante en esta fórmula de gestión. Aquí tenemos muy claro, desde hace muchas generaciones, que la prevención pasa por tener bosques trabajados, con menos carga de combustible y con actividad económica ligada al territorio.
Cada verano, cuando las llamas arrasan miles de hectáreas de monte, el debate vuelve a repetirse: más medios de extinción, más aviones y más efectivos para combatir el fuego. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo la misma verano tras verano: ¿por qué nuestros bosques arden cada vez con más intensidad?
Las cifras son reveladoras. Extinguir una hectárea de bosque cuesta, según las estimaciones, 19.000 euros, mientras que gestionar esa misma hectárea para reducir el riesgo de incendios tendría un coste aproximado de 2.400 euros. A pesar de ello, la mayoría de Comunidades se mueven habitualmente en el rango de una inversión en prevención que apenas alcanza 15 euros por hectárea. La conclusión es evidente: seguimos destinando la mayor parte de los recursos a apagar incendios, cuando sería mucho más eficiente evitar que se produzcan.
Pero la prevención no consiste únicamente en abrir cortafuegos o limpiar montes. La mejor prevención es que el bosque vuelva a tener valor económico para quienes viven junto a él. La economía institucional explica este fenómeno con un principio sencillo: cuando quien soporta los costes de conservar un recurso también obtiene los beneficios de gestionarlo, tiene incentivos para mantenerlo en buen estado. En cambio, cuando el propietario mantiene las obligaciones, pero pierde capacidad de decisión y rentabilidad, el resultado suele ser el abandono. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en buena parte del medio rural. Muchos montes han dejado de generar ingresos suficientes y, con ello, también han desaparecido los incentivos para mantenerlos limpios, vigilados y aprovechados.
La gestión forestal sostenible demuestra que conservación y desarrollo económico no son objetivos enfrentados. Al contrario. El aprovechamiento responsable de la madera, la resina, los pastos, la leña o los recursos micológicos convierte el bosque en un activo productivo que genera empleo, fija población y favorece un mantenimiento continuo del monte. Cuando el bosque proporciona riqueza a quienes viven de él, también aparecen incentivos permanentes para controlar la biomasa, vigilar posibles incendios y reducir el combustible vegetal que alimenta los grandes fuegos.
En este contexto, la ganadería extensiva desempeña un papel esencial. El pastoreo tradicional limpia el monte de forma natural, reduce la acumulación de matorral y contribuye al equilibrio ecológico. Mantener este modelo requiere políticas que lo hagan económicamente viable mediante incentivos adecuados.
Otro recurso con enorme potencial es la biomasa forestal. Su aprovechamiento como fuente de energía renovable permitiría transformar un problema —la acumulación de combustible vegetal— en una oportunidad económica, favoreciendo además proyectos comunitarios de autoabastecimiento energético y de economía social en el medio rural.
También resulta necesario revisar la fiscalidad que soportan los aprovechamientos forestales. Reducir o eliminar el IVA de productos como la madera, la leña, la resina o las setas supondría un estímulo para una actividad económica que, además de generar riqueza, contribuye directamente a la conservación del territorio.
A ello debería añadirse un sistema de compensaciones económicas por los servicios ambientales que prestan los bosques. Las masas forestales capturan CO₂, regulan el ciclo del agua, conservan la biodiversidad y ofrecen beneficios que disfruta toda la sociedad. Resulta razonable que quienes mantienen esos ecosistemas reciban una compensación por ello. La conservación del bosque no puede depender exclusivamente de la vigilancia pública. Debe convertirse también en un interés económico de quienes viven en el territorio.
Porque los incendios no empiezan el día que aparece una llama. Empiezan mucho antes, cuando el monte deja de cuidarse, cuando pierde su valor económico y cuando las políticas públicas olvidan que la mejor inversión no es apagar incendios, sino evitar que lleguen a producirse. Proteger nuestros bosques exige cambiar el enfoque: menos cultura de la emergencia y más cultura de la gestión. Un monte vivo, gestionado y económicamente rentable es, casi siempre, un monte mejor conservado y mucho más resistente frente al fuego.
por AntonioDeMiguelAnton | Jul 20, 2026 | Naturaleza, Opinión, Política
Las «cabras bombero» no pueden esperar; los ganaderos piden abrir ventanas de acceso seguras para atender a sus rebaños en municipios como Prádena de Atienza.
Los pastores llevan dos días sin poder dar agua ni alimento a sus animales debido a las restricciones impuestas por el incendio de La Mierla. Reclaman accesos puntuales y coordinados con el operativo de extinción para evitar la pérdida de un patrimonio ganadero esencial para la prevención de incendios.
Mientras cientos de efectivos continúan combatiendo el incendio forestal de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, otra emergencia se desarrolla lejos del frente de las llamas. Decenas de cabras y ovejas permanecen aisladas en explotaciones como las de Prádena de Atienza sin que sus propietarios puedan acceder para suministrarles agua y alimento.
Los ganaderos denuncian que llevan ya dos días sin poder entrar a sus fincas debido al cierre de los accesos. Aunque reconocen que la seguridad del operativo debe ser la prioridad absoluta, solicitan al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) que habilite ventanas de acceso controladas, siempre bajo la supervisión de los responsables del incendio y únicamente cuando las condiciones lo permitan.
La petición responde a una realidad que va mucho más allá del bienestar animal. Estos rebaños desempeñan un papel fundamental en la gestión del territorio. Conocidas popularmente como «cabras bombero», las cabras eliminan matorral, hierba seca y vegetación que actúa como combustible durante los incendios. Su labor diaria constituye una herramienta natural de prevención que ayuda a reducir la intensidad y velocidad de propagación del fuego.
Especialistas en gestión forestal llevan años defendiendo el pastoreo extensivo como una medida eficaz para disminuir el riesgo de grandes incendios. Allí donde pastan cabras y ovejas, el monte acumula menos biomasa y se crean discontinuidades en la vegetación que dificultan el avance de las llamas.
Por ello, la posible pérdida de estos animales tendría consecuencias que irían más allá del impacto económico para las familias ganaderas. También supondría debilitar uno de los sistemas más sostenibles y eficaces de prevención de incendios con los que cuenta el medio rural.
Los ganaderos insisten en que no piden poner en riesgo a nadie ni interferir en las labores de extinción. Su propuesta consiste en organizar accesos escalonados, acompañados por los servicios de emergencia y limitados al tiempo imprescindible para proporcionar agua y alimento a los animales. La colaboración entre los equipos de emergencia y el sector ganadero ya ha demostrado en otras situaciones que es posible compatibilizar la seguridad con la protección del ganado cuando las circunstancias lo permiten.
En plena emergencia, todas las vidas importan. Proteger a estos rebaños significa también proteger el futuro del monte y reconocer el trabajo silencioso que realizan durante todo el año. Cuando el incendio sea historia, serán de nuevo estas «cabras bombero» las que contribuirán a mantener limpio el monte y a reducir el riesgo de que una tragedia como la actual vuelva a repetirse.
por AntonioDeMiguelAnton | Jul 17, 2026 | Opinión, Política
Resulta sorprendente que la subdelegada del Gobierno aproveche un incendio para señalar a los «negacionistas del cambio climático» cuando la investigación apunta al alcalde de Vox en Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, que ha pasado a estar en el foco de la Guardia Civil por supuestamente originar el fuego de La Mierla con su cosechadora.
Politizar este incendio, que en estos momentos amenaza el núcleo de nuestro maravilloso Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y culpar al «cambio climático» o a los «negacionistas» de los incendios forestales es la excusa perfecta para ocultar la falta de prevención en invierno y el abandono del monte. Ahora, lo que hace falta es centrarse en lo urgente que no es otra cosa que combatir el fuego; y en menos discursos ideológicos y más respeto a la investigación, a la presunción de inocencia y a la verdadera prevención de los incendios. Si ya hay un presunto responsable identificado, que actúe la Justicia con todas las garantías; pero reducir el debate sobre los incendios al negacionismo del cambio climático no puede eclipsar otra realidad: la prevención, la gestión forestal y el cuidado del mundo rural también son esenciales para evitar grandes catástrofes.
Los bosques no se cuidan con ideología, se cuidan con recursos y limpieza. Los incendios no empiezan con una chispa, empiezan mucho antes: con montes abandonados, falta de prevención y escasa gestión. Proteger nuestros bosques exige actuar todo el año, apoyar al mundo rural y coordinar esfuerzos. Prevenir hoy es salvar vidas y naturaleza mañana.
Los incendios se combaten antes de que empiece el fuego, apostando por una prevención estructural y permanente en lugar de centrar los esfuerzos únicamente en la extinción. Debemos de exigir garantizar una financiación estable para la prevención, impulsar la gestión forestal sostenible, fomentar el pastoreo y la ganadería extensiva para reducir el combustible vegetal, reforzar el papel de agricultores, ganaderos y ayuntamientos, mantener infraestructuras rurales, evitar cualquier beneficio urbanístico derivado de los incendios, promover el aprovechamiento sostenible del monte y la biomasa, concienciar a la población, crear un sistema nacional permanente y coordinado de prevención y extender las iniciativas que hayan demostrado ser eficaces.
Para todo ello debería haber, como hace poco anunciaba SOS Rural, un plan de choque contra los incendios con un modelo de prevención más eficaz que garantizase una mayor protección de los pueblos, los bosques y el entorno natural frente al creciente riesgo de incendios forestales. Y para ello debería de haber en paralelo un gran pacto entre las administraciones y la sociedad para convertir estas propuestas en políticas públicas con financiación, objetivos medibles y evaluación continua. Apagar los incendios es necesario, pero prevenirlos es urgente, porque el incendio empieza mucho antes de que aparezcan las llamas.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 18, 2026 | Opinión, Política, Varios
El español ha enfrentado dos fuertes controversias recientemente; por un lado una avalancha de ceros y suspensos en euskera durante la PAU vasca, y por otro el veto inicial al idioma en las ruedas de prensa de la Copa del Mundo de fútbol.
Se está investigando un aluvión de ceros en el examen de euskera de cientos de estudiantes de colegios concertados, que cursan sus estudios principalmente en español (modelo A). Sobre un grupo de 150 alumnos hay 60 ceros y 40 notas por debajo del 2 en euskera, una asignatura troncal en Euskadi, lo que dinamita las opciones de los afectados para acceder a la carrera o la universidad deseada, para competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, o simplemente para aprobar la prueba.
La situación ha provocado protestas callejeras y acusaciones de discriminación lingüística. Son alumnos con expedientes brillantes y títulos oficiales de euskera (nivel B2). Sin ningún género de duda es un ataque directo a la libertad de elección de lengua y un intento de perjudicar el acceso a la universidad de los jóvenes que no tienen el euskera como lengua materna. El mensaje parece claro: o eliges el modelo D o tendrás problemas en un futuro porque al llegar a la PAU el tribunal tirará por tierra todos los esfuerzos a lo largo de toda tu carrera académica.
Este uso del euskera como arma política es un atropello a los alumnos del modelo en español que deja al descubierto una realidad incómoda. Es un ataque directo al futuro de los jóvenes que estudian en castellano. Detrás de estas notas anómalas se esconde el uso de la lengua como una herramienta de exclusión política, es un castigo ideológico imposible de justificar. Hablamos de jóvenes con expedientes brillantes de notable y sobresaliente. Muchos de ellos tienen incluso títulos oficiales de euskera como el B2 o el C1. El sistema parece premiar o castigar a los alumnos según el centro de procedencia o el orden alfabético de sus apellidos. Esto destruye la supuesta neutralidad y el anonimato de la selectividad. ¿Por qué este desplome de notas?
El derecho a estudiar en la lengua materna debe de ser innegociable. El español es la lengua común de todos los ciudadanos de España. Sin embargo, en comunidades como el País Vasco, se arrincona al castellano de forma constante. Este examen ha funcionado como una barrera invisible para frenar el acceso de los alumnos hispanohablantes a las carreras con notas de corte más altas, como Medicina o Farmacia. Es toda una barrera territorial pues un alumno vasco que suspenda euskera ve hundida su nota media. Esto ocurre aunque tenga un diez en el resto de materias. Mientras tanto, un alumno de Guadalajara o Andalucía compite sin esa carga lingüística y política. Es una vulneración de derechos pues se está atacando el derecho constitucional a usar el español. Además, se penaliza el esfuerzo de las familias que eligen libremente la educación en castellano. La Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco no pueden ponerse de perfil apelando a «nuevos criterios de corrección». Un criterio que produce sesenta ceros en un mismo grupo de alumnos no es exigente; es defectuoso y malintencionado.
Otro de los goles que han intentado meter al español en estos días ha sido el absurdo desprecio inicial de la FIFA al español. La FIFA rectificó su postura tras la lluvia de críticas y ya permite el uso libre del español en todas las ruedas de prensa del Mundial. Sin embargo, el error inicial de prohibir este idioma en varios encuentros con los medios deja una mancha difícil de borrar. Fue un desprecio injustificable para una lengua que hablan casi 600 millones de personas en el planeta. Es una miopía geográfica imperdonable y lo más insólito de la medida inicial es la geografía del torneo, pues uno de los países anfitriones es México, la nación con más hispanohablantes del mundo. Otro de los coorganizadores es Estados Unidos, un país que alberga a más de 57 millones de ciudadanos de origen hispano.¿Cómo pensó la FIFA que era una buena idea silenciar el español en semejante escenario? Intentar esconder este idioma en su propia casa no fue un simple fallo de logística. Fue una muestra de soberbia y una total desconexión con la realidad cultural de la región.
El fútbol es de los jugadores y de los aficionados, no de los burócratas ni de los políticos. La presión social y el sentido común ganaron esta batalla gracias al «VAR de la opinión pública». El peso del español no se puede ningunear en el deporte rey. La FIFA reaccionó rápido, sí, pero el bochorno de haberlo intentado no se olvida fácilmente porque el español es la lengua más importante y en el fútbol también.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 11, 2026 | Opinión, Política, Varios
Ayer, en el recinto ferial de IFEMA, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente hizo entrega de sus populares galardones en el marco de la feria Tecma en Madrid. La ciudad de Guadalajara, su Ayuntamiento, ha alcanzado el máximo reconocimiento internacional en gestión de residuos y limpieza urbana. Este galardón premia la estrategia municipal de realizar limpiezas intensivas y planificadas de forma específica en cada barrio de la capital.
Seguramente muchos de los guadalajareños tendrán que leer la noticia varias veces para poder creer el porqué y los motivos de este reconocimiento denominado “Escoba de Platino 2026” que destaca el modelo de limpieza intensiva por barrios y la mejora en la recogida selectiva como uno de los mejores modelos. Han sido numerosos los ayuntamientos y entidades tanto públicas como privadas que ayer vieron reconocida su labor a favor del medioambiente y la limpieza, en concreto 120 premios en formas de escobas en sus diferentes categorías.
El premio Escoba de Platino no siempre significa que una ciudad brille como el platino con su tono blanco grisáceo, metálico y elegante; no, muchas veces se otorga este galardón por mejorar la gestión y sus estrategias o comprar maquinaria nueva, y no por el estado real de sus calles. Me temo que es el caso de Guadalajara que día tras día sus vecinos ven sus barrios llenos de suciedad mientras los políticos que nos gobiernan celebran lo bien que lo hacen y seguramente ahora además luzcan la escoba como el logro a su bien hacer.
¿Por qué se da este premio a ciudades «sucias»? Premia el esfuerzo, no el resultado. El galardón no evalúa si hay manchas en las aceras por excrementos de palomas o acumulación de excrementos caninos sin recoger, o abandono de residuos voluminosos en las calles, o la proliferación de pintadas vandálicas, o continuas quejas recurrentes por contenedores desbordados y falta de desbroce de hierbas en ciertas áreas durante los meses más cálidos, o incluso presencia de ratas en determinados puntos.
Me parece muy paradójica esta Escoba de Platino y seguramente muchos guadalajareños no lo entenderán. Imagino la cara de asombro de nuestros vecinos al abrir hoy los periódicos digitales, escuchar la radio o ver en la televisión a su alcaldesa y sus concejales en la foto sonriendo mientras levantan el trofeo de platino que premia la «excelencia en la limpieza». Seguramente ellos lo que quieran ver es sus calles limpias, sentarse en un banco limpio, sus papeleras vacías y sus barrios libres de bolsas de basura sin excrementos en sus aceras.
El premio se mide en el papel, no en el suelo. La clave de esta contradicción está en las bases del concurso. El jurado no envía inspectores sorpresa a revisar las calles, ni a ver los contenedores de las ciudades candidatas. El premio se otorga según la documentación que envían los propios ayuntamientos. Lo que realmente se premia es el esfuerzo técnico, la inversión económica y la innovación como la compra de camiones nuevos o maquinaria menos ruidosa o la firma de nuevos contratos millonarios con empresas de limpieza , o campañas de educación escolar o aplicaciones móviles para quejas. Por ejemplo, municipios como San Sebastián de los Reyes lograron la Escoba de Platino tras lanzar un plan de choque para mejorar su gestión. Pero este avance llegó justo después de haber estado en los peores puestos de limpieza del país según las encuestas reales de los ciudadanos.
Hoy, cuando veas seguramente al equipo de gobierno celebrar el galardón en las redes sociales como un éxito absoluto, muchas de las asociaciones vecinales y colectivos de ciudadanos verán en este premio un paripé y un simple «lavado de imagen» que se paga con dinero público. El papel lo aguanta todo, pero las aceras no mienten. La Escoba de Platino corre el riesgo de convertirse en un trofeo de despacho que se olvida de lo más importante: la calle.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 5, 2026 | Opinión, Política
Acabo de terminar de leer el libro de David Alandete. Es una radiografía impecable y adictiva sobre el regreso de Trump, la desinformación y las cloacas del poder. Si queréis entender de verdad la política actual y el periodismo de trinchera, hay que leerlo. El corresponsal en Washington desmenuza no solo el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, sino un fenómeno mucho más cercano y alarmante: la corrupción de los aparatos del Estado destinados a silenciar a la prensa libre.
A través de sus páginas el autor ofrece una radiografía incómoda sobre cómo las altas esferas políticas prefieren la docilidad ciudadana a golpe de manipulación. Alandete detalla campañas dirigidas a minar la reputación de los periodistas que se niegan a actuar como altavoces propagandísticos. Describe cómo se usan herramientas públicas para castigar o premiar medios según su línea editorial, distorsionando el derecho constitucional a la información. Cuenta en primera persona y con vivencias propias las presiones explícitas sufridas por el propio corresponsal a raíz de preguntas incómodas sobre geoestrategia y gasto militar, las cuales activaron maquinarias de acoso digital e institucional.
La corrupción que Alandete describe no se mide únicamente en transacciones financieras ilegales, sino en una moneda mucho más peligrosa: el tráfico de influencias informativas y el espionaje de Estado. La obra pone al descubierto cómo determinados sectores gubernamentales se valen del «coro de la opinión sincronizada» para asfixiar las voces disidentes y moldear relatos artificiales que oculten la realidad geopolítica.
Lo estamos viviendo también en España; la corrupción moderna no siempre viste de maletines ocultos; a menudo se disfraza de decretos, llamadas intimidatorias a las redacciones y campañas de linchamiento reputacional financiadas de forma opaca para garantizar que el poder nunca tenga que dar la explicación real de sus actos. El periodismo independiente, en España, se enfrenta a su época más oscura bajo la sombra de la presión gubernamental y el c
ontrol de la información. El repoquer de jueces, fiscales y policías insobornables formado por Balas, Luzón, Pedraz, Grinda y Biedma y periodistas de investigación valientes como Alejandro Entrambasaguas, Jorge Calabrés, Ketty Garat, José María Olmo o el mismísimo Iker Jiménez podrían ser protagonistas principales de esta película a los que también han intentado torcer voluntades bajo parece ser la batuta de Santos Cerdán y su fontanera.
A mi todo esto me recuerda la icónica película de Los intocables de Eliot Ness cuando la integridad era la única trinchera contra el sistema podrido. En una época en la que la impunidad se disfraza de burocracia y los escándalos de corrupción apenas duran tres días en el telediario, revisar el clásico de 1987 no es un ejercicio de nostalgia cinéfila, es mirarte en un espejo incómodo. Más allá de su impecable estética visual y el ritmo trepidante de sus tiroteos, la película funciona hoy como una feroz crítica a la descomposición de las instituciones y al peligro de una sociedad anestesiada ante la pérdida de valores.
La verdadera amenaza en “Los intocables” nunca fue el armamento de Al Capone, sino su capacidad para comprar conciencias. De Palma filma con crudeza un sistema podrido desde la raíz, donde el uniforme policial, la placa del detective y el mazo del juez tienen un precio de salida. La película lanza un dardo envenenado contra la indiferencia colectiva. Nos muestra cómo la normalización del delito es el paso previo a la tiranía. Al Capone (interpretado magistralmente por Robert De Niro) no es solo un gánster; es el símbolo del empresario corrupto que exige pleitesía pública mientras destruye el tejido moral de una ciudad entera. Ante este panorama, el largometraje plantea una verdad incómoda: cuando las instituciones se corrompen, la ciudadanía queda completamente desamparada.
Frente a este lodazal solo puede funcionar, como lo hace ne el guión de la película, levantar una muralla ética a través de cuatro hombres que deciden que su dignidad no está en venta. Lo mismo ocurre en nuestro país, estos intocables nos muestran cada uno desde su profesión que tener valores cuesta caro y que mantenerse limpio en un entorno hostil implica aislamiento, amenazas, sacrificios y mucho riesgo por el peligroso peaje de combatir al monstruo de la corrupción que es tan contagiosa que obliga a los hombres justos -como ocurre en la película- a cruzar líneas rojas y a rozar la brutalidad del enemigo para poder destruirlo.
La pérdida de valores y la tolerancia social hacia la corrupción no son fenómenos nuevos, pero la película nos recuerda que la única vacuna sigue siendo la responsabilidad individual. Cuando el sistema falla y el relativismo moral lo justifica todo, la integridad deja de ser una opción personal para convertirse en la última trinchera de la verdad y de la justicia. Bravo por estos grandes profesionales, su honradez y lealtad merecen respeto y admiración. Son héroes en un mar de corrupción gubernamental. Son los verdaderos patriotas. Posiblemente estén deteniendo el mayor ataque a nuestra Democracia, a nuestras libertades, a nuestros valores, a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Son nuestros intocables.
Antonio de Miguel
por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
Hoy, paseando por la calle de Miguel Fluiters -una de las principales y más céntricas arterias del casco histórico de Guadalajara- una vecina me preguntaba sobre mi opinión en relación a una nueva frutería que han abierto recientemente en esa misma calle. Me criticaba la falta de estética que hemos tenido los políticos y gobernantes de esta ciudad con nuestro entorno y con nuestro centro; por supuesto en la conversación apareció el polémico tinglado del proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, del scalextric peatonal junto al Santuario de la Virgen de la Antigua para que nos entendamos
propias normas municipales establecen que las reformas de fachadas de edificios del Casco Antiguo deben mantener un diseño unitario para el conjunto del edificio. Por tanto, la discusión no debería ser simplemente si una fachada es «bonita» o «fea». Debería ir más allá y tratar de mandar un mensaje a nuestros dirigentes políticos para que la política de protección patrimonial no solo funcione sobre el papel de un programa político, sino que acabe convirtiéndose en realidad.
Terminé la conversación con la señora hablando del «scalextric» y de un urbanismo a base de parches y de “ideicas” y ocurrencias electoralistas. Guadalajara lleva décadas buscando su identidad urbana, pero lo que encuentra de forma sistemática son toneladas de hormigón. El último capítulo de esta tendencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica: el polémico proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, rebautizado con sorna y resignación por los vecinos como el «nuevo scalextric». Una plataforma elevada de más de 10 millones de euros junto al histórico Santuario de la Virgen de la Antigua que encarna, a la perfección, el modelo de ciudad improvisada que arrastra la capital alcarreña desde hace años.
