por AntonioDeMiguelAnton | Sep 2, 2026 | Política, Varios
Ceuta, hoy, en su día, vive más que nunca el peligroso juego de ser instrumentalizada. Lleva días siendo el epicentro de la disputa política nacional, evidenciando cómo una frontera europea y su dura realidad pueden ser secuestradas por intereses partidistas. Las movilizaciones convocadas este miércoles en Madrid —divididas entre la protesta ciudadana frente al Congreso y el acto institucional en el Ayuntamiento— reflejan la profunda fractura en la gestión de una crisis que trasciende las siglas.
Por si no fuera suficiente el problema que tenemos encima con el asalto masivo a Ceuta, del que ahora salen las pruebas y evidencias de que no fue espontáneo y que esas oleadas fueron planificadas y coordinadas por gendarmes marroquíes dirigidos desde la retaguardia como una guerra híbrida de manual, se nos añaden un nuevo problema que radica en el uso de Ceuta como un arma arrojadiza de desgaste político, un tablero donde el sufrimiento humano y la vulnerabilidad de una región de España se transforman en capital electoral.
Mientras los colectivos ciudadanos claman por soluciones reales y despolitizadas a este grave asalto a nuestra frontera y a su presión invasora, las instituciones y los partidos se enzarzan en debates de competencias y polémicas sobre la legalidad de las convocatorias de manifestación de hoy, alejando el foco de lo verdaderamente urgente: garantizar la seguridad, los derechos, la estabilidad y la dignidad de la población ceutí y de quienes llegan a sus costas. Secuestrar el debate sobre Ceuta para alimentar el ruido demoscópico solo deteriora más el problema e impide la búsqueda de una solución. Una frontera internacional requiere políticas de altura, consenso y diplomacia, no ser el escenario de un pulso de poder que deja a los ciudadanos de la ciudad autónoma en una constante e insostenible sensación de desamparo.
En estos días veremos como la lucha partidista entre el PP y Vox por monopolizar el asunto de Ceuta va en aumento. La tentación de los partidos de apropiarse de las movilizaciones es comprensible desde la lógica electoral porque una concentración multitudinaria permite visualizar respaldo social, proyectar liderazgo y convertir un problema concreto en un argumento contra el adversario. Pero precisamente por eso los ciudadanos deberían desconfiar de quienes intentan colocar una bandera partidista delante de una causa que pertenece a todos. La formación de Santiago Abascal ha llegado a plantear una iniciativa en forma de moción para presentar en los ayuntamientos de forma coordinada sobre la «soberanía española y la invasión de Ceuta», reclamando, entre otras medidas, una declaración expresa sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y una política mucho más dura hacia Marruecos, pero ha aclarado a todos sus concejales que “es importante que, si el PP les propone registrarla de forma conjunta, se rechace esa petición y se registren como propia y exclusiva de Vox”.
El problema aparece cuando la defensa de esa causa empieza a convertirse en una competición por ver quién es más contundente, quién moviliza a más gente y quién consigue convertir el malestar ciudadano en rédito político. Y ahí está el verdadero peligro: convertir una causa ciudadana en escaparate político. La defensa de la ciudad y de la soberanía española corre el riesgo de quedar eclipsada por la competición entre Feijóo y Abascal por capitalizar el descontento ciudadano. Ceuta debería ser una causa capaz de unir; sin embargo, la política española está consiguiendo convertirla en otro escenario de confrontación partidista. Las concentraciones convocadas este 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma han terminado adquiriendo una dimensión política evidente. El PP las respalda a través de la FEMP y Alberto Núñez Feijóo tiene previsto participar en Madrid. Vox, por su parte, ha movilizado a sus simpatizantes y Santiago Abascal también acudirá a la concentración madrileña. Sobre el papel, ambos partidos defienden una misma causa: Ceuta, sus ciudadanos y la soberanía española, pero el problema aparece cuando la defensa de esa causa empieza a convertirse en una competición por ver quién es más contundente, quién moviliza a más gente y quién consigue convertir el malestar ciudadano en rédito político. Y ahí está el verdadero peligro, convertir una causa ciudadana en escaparate político. El PP pretende presentar las concentraciones como una respuesta institucional y ciudadana en apoyo de Ceuta. Vox ha decidido acompañarlas, pero con un discurso propio mucho más directamente dirigido contra el Gobierno y contra la política migratoria.
Ceuta no necesita partidos que se apropien de su causa, hay causas que deberían ser tan importantes como para no convertirse en patrimonio de unas siglas, la defensa de Ceuta es una de ellas. Cuando una ciudad española atraviesa una situación de especial gravedad y sus ciudadanos reclaman seguridad, normalidad y el respaldo del Estado, lo último que debería ocurrir es que los partidos políticos conviertan esa preocupación en otro episodio de su permanente batalla electoral. Sin embargo, eso es precisamente lo que está sucediendo. Las convocatorias en apoyo a los ceutíes han terminado atrapadas en la lógica partidista. Unos partidos convocan, otros organizan concentraciones alternativas, unos acusan a los demás de instrumentalizar la situación y los otros responden denunciando una supuesta estrategia para desmovilizar a la ciudadanía. Y enfrente, el PSOE ha respondido denunciando la supuesta instrumentalización de las concentraciones y llamando a sus dirigentes territoriales a no participar en determinadas convocatorias. Algunos ayuntamientos gobernados por socialistas e IU han optado incluso por organizar concentraciones alternativas. Es decir: unos convocan, otros desconvocan, unos acusan a los otros de utilizar Ceuta y los otros responden acusándolos de querer utilizar el sufrimiento de los ceutíes contra el Gobierno.
Mientras tanto, el debate sobre Ceuta queda relegado a un segundo plano; y eso es un error. Porque una persona que sale a la calle para defender a los ceutíes no lo hace necesariamente para defender a un partido. Puede votar al PP, al PSOE, a Vox, a cualquier otra formación o no votar a ninguna. Puede estar de acuerdo con unas decisiones del Gobierno y discrepar de otras. Puede tener posiciones muy diferentes sobre inmigración, seguridad o política exterior. Lo que puede tener en común con miles de ciudadanos es algo mucho más sencillo: preocupación por Ceuta y solidaridad con sus habitantes. Ese sentimiento no tiene propietario político porque acudir a una concentración en defensa de Ceuta no convierte a nadie en votante del PP. Tampoco hacerlo debería convertir a nadie en simpatizante de Vox. Y no acudir a una convocatoria concreta tampoco convierte automáticamente a nadie en enemigo de Ceuta.
Ceuta no es de ningún partido. Lo que está ocurriendo con las convocatorias en apoyo a Ceuta demuestra, una vez más, lo difícil que resulta para nuestra política dejar de lado la confrontación partidista. Los españoles tenemos motivos suficientes para salir a la calle porque Ceuta ha vivido una situación extraordinariamente grave y sus vecinos reclaman seguridad, normalidad, respaldo institucional, una respuesta clara del Estado y sobre todo la verdad. Ese debería ser el punto de partida, sin embargo, los partidos han convertido las convocatorias en otro escenario de confrontación política del que no debemos formar parte ni caer en sus garras.
La ciudadanía no necesita que ningún partido le explique que Ceuta es España. No necesita que una sigla le conceda permiso para defender a los ceutíes. Y tampoco necesita que otra sigla le diga que una concentración deja de ser legítima porque la haya promovido un adversario político. Lo que necesita es que las instituciones cumplan con su obligación. Necesita seguridad. Necesita recursos. Necesita coordinación entre administraciones. Necesita una política migratoria eficaz. Necesita una política exterior que defienda los intereses españoles. Y necesita que el Gobierno y la oposición sean capaces de discutir estas cuestiones sin convertir cada problema nacional en una batalla electoral.
Porque cuando una causa ciudadana se convierte en un arma partidista, todos pierden. Pierde el Gobierno, porque cualquier medida que adopte será interpretada en clave electoral. Pierde la oposición, porque puede terminar utilizando un problema real de los ciudadanos como instrumento de desgaste. Y, sobre todo, pierde la propia ciudadanía, porque termina dividida entre quienes acuden a una convocatoria y quienes acuden a otra, cuando el objetivo debería ser exactamente el mismo: defender a Ceuta y exigir que el Estado esté a la altura de sus responsabilidades. Dejad de utilizar a Ceuta para enfrentarnos entre nosotros y empezad a trabajar juntos para defenderla, porque Ceuta no es del Gobierno, no es del PP, no es de Vox, no es del PSOE. Ceuta es de los ceutíes y es España. Y precisamente por eso, ninguna sigla debería intentar apropiarse de ella.
por AntonioDeMiguelAnton | Ago 25, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hoy, paseando por la calle de Miguel Fluiters -una de las principales y más céntricas arterias del casco histórico de Guadalajara- una vecina me preguntaba sobre mi opinión en relación a una nueva frutería que han abierto recientemente en esa misma calle. Me criticaba la falta de estética que hemos tenido los políticos y gobernantes de esta ciudad con nuestro entorno y con nuestro centro; por supuesto en la conversación apareció el polémico tinglado del proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, del scalextric peatonal junto al Santuario de la Virgen de la Antigua para que nos entendamos
Al despedirme de ella, tras una larguísima conversación, tuve que detenerme a pensar en todo ello otro largo tiempo. Vivimos obsesionados con las fachadas perfectas y los lugares instagrameables, pero las ciudades reales están hechas de asfalto desgastado y barrios sin pretensiones. Este artículo nace de esa conversación improvisada en la calle, como una invitación a encontrar el valor, las historias, los errores, el camino a seguir y el pulso real de esta Guadalajara que muchos consideramos imperfectos.
La primera pregunta que me hacía la señora es ¿quién protege la estética del casco histórico de Guadalajara? Esa imagen de algunos comercios, como este que les digo y los futuros proyectos urbanísticos de Guadalajara ponen, sin ningún género de duda, sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ciudad quiere ser Guadalajara y, sobre todo, quién se encarga de que sus calles mantengan una identidad coherente.
En plena calle Miguel Fluiters, una de las vías más representativas del centro histórico de Guadalajara, encontramos una fachada comercial que difícilmente pasa desapercibida: un gran rótulo de colores, paneles laterales repletos de imágenes de frutas y verduras, una persiana de un verde muy intenso y una sucesión de elementos comerciales que compiten visualmente con la arquitectura tradicional del edificio. No se trata de discutir si un comercio puede tener personalidad, naturalmente que puede. Tampoco de cuestionar la actividad de un pequeño negocio o su derecho a anunciarse. La cuestión es otra: ¿dónde termina la libertad comercial y dónde empieza la responsabilidad de proteger la imagen de un casco histórico?Y, sobre todo, ¿se aplican las mismas reglas a todos?
Guadalajara no carece precisamente de normativa estética. Las disposiciones urbanísticas municipales establecen criterios específicos para el Casco Antiguo y exigen que las actuaciones sobre fachadas respeten el carácter ambiental y arquitectónico del conjunto. La normativa llega a señalar que deben evitarse estilos, elementos o materiales extraños o impropios del Casco Antiguo.
También existe regulación sobre la publicidad y los elementos instalados en fachadas. Y las
propias normas municipales establecen que las reformas de fachadas de edificios del Casco Antiguo deben mantener un diseño unitario para el conjunto del edificio. Por tanto, la discusión no debería ser simplemente si una fachada es «bonita» o «fea». Debería ir más allá y tratar de mandar un mensaje a nuestros dirigentes políticos para que la política de protección patrimonial no solo funcione sobre el papel de un programa político, sino que acabe convirtiéndose en realidad.
El problema no es una tienda, sería injusto cargar sobre un comerciante particular la responsabilidad de la imagen de todo el centro. Si una fachada desentona, la responsabilidad última de ordenar el paisaje del centro urbano corresponde a las administraciones públicas. Son ellas las que redactan las normas, conceden las autorizaciones y tienen capacidad inspectora. Guadalajara lleva años hablando de la necesidad de revitalizar el Casco Histórico, de planes con la intención de recuperar población, actividad económica y vida urbana en el centro, simplificando determinadas reglas y facilitando la rehabilitación y la construcción en solares vacíos. Todo eso está muy bien, pero revitalizar un centro histórico no significa simplemente llenar sus solares, en abrir sus comercios cerrados o peatonalizar sus calles, también significa decidir qué imagen se quiere transmitir. Una ciudad puede invertir millones y perder su identidad en los detalles. Una calle no es solamente su pavimento. Es la suma de sus edificios, comercios, rótulos, escaparates, mobiliario, iluminación, árboles, terrazas y espacios públicos.
¿Estamos diseñando la ciudad con una visión global o actuando mediante proyectos aislados? Es paradójico lo de la política urbanística de Guadalajara: por un lado, se redactan normas destinadas a proteger el centro urbano y se anuncia un nuevo plan para preservar la identidad del Casco Histórico y por otro otro, el guadalajareño y el visitante camina por algunas de sus calles y puede encontrarse con una acumulación de intervenciones y elementos cuya integración estética resulta, como mínimo, discutible. ¿Para qué sirve una ordenanza si no se hace cumplir?¿Para qué sirve una nueva ordenación del Casco Histórico si no existe una política activa y coherente de conservación de su paisaje urbano?
El pequeño comercio también merece un casco histórico digno, no se trata de enfrentar patrimonio y comercio. Un centro histórico vivo necesita tiendas, bares, restaurantes, fruterías, peluquerías, oficinas y pequeños negocios. Una calle convertida en museo tampoco sería una ciudad viva. Pero precisamente porque el comercio es parte esencial del centro, debería existir una política municipal clara de imagen comercial: ayudas para renovar fachadas y escaparates, asesoramiento a los comerciantes, criterios comprensibles sobre rótulos, colores, persianas, iluminación y publicidad, y una vigilancia homogénea. Eso permitiría que un comerciante no tuviera que adivinar qué puede hacer y qué no. Y permitiría también que la ciudad no dependiera del criterio estético del propietario de cada local.
La verdadera cuestión es qué ciudad queremos ¿Qué imagen queremos para el centro histórico? ¿Qué criterios se aplicarán a los comercios? ¿Habrá una inspección sistemática de rótulos, cierres y elementos de fachada? ¿Se exigirá el cumplimiento de las mismas reglas a todos? Y, sobre todo: ¿Queremos un Casco Histórico que simplemente esté lleno de actividad o queremos un Casco Histórico que, además, tenga identidad?
Como le decía a esta guadalajareña, esta frutería de Miguel Fluiters no debería utilizarse para señalar a un comerciante, debería servir para señalar algo mucho más importante: la responsabilidad de quienes gobiernan la ciudad de conseguir que actividad económica, espacio público y patrimonio no compitan entre sí, sino que formen parte de una misma idea de ciudad; porque un casco histórico no se destruye únicamente derribando edificios, también puede perderse poco a poco, fachada a fachada, rótulo a rótulo, persiana a persiana, hasta que un día descubrimos que hemos conservado los edificios pero hemos perdido el lugar.
Terminé la conversación con la señora hablando del «scalextric» y de un urbanismo a base de parches y de “ideicas” y ocurrencias electoralistas. Guadalajara lleva décadas buscando su identidad urbana, pero lo que encuentra de forma sistemática son toneladas de hormigón. El último capítulo de esta tendencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica: el polémico proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, rebautizado con sorna y resignación por los vecinos como el «nuevo scalextric». Una plataforma elevada de más de 10 millones de euros junto al histórico Santuario de la Virgen de la Antigua que encarna, a la perfección, el modelo de ciudad improvisada que arrastra la capital alcarreña desde hace años.
El problema fundamental de Guadalajara no es la falta de presupuesto, sino la ausencia de una visión de conjunto. Mientras el Plan de Ordenación Municipal (POM) envejece en los cajones, la ciudad se ha expandido en las últimas décadas de forma inconexa. Por un lado, se crearon barrios periféricos desalmados como Aguas Vivas o el entorno de la Avenida de Francia: grandes avenidas desiertas, calles inhóspitas para el peatón y un modelo de «ciudad dormitorio» donde bajar a comprar el pan exige subirse al coche. Por el otro, se dejó morir a fuego lento un Casco Histórico devorado por los solares vacíos, la pérdida de comercio tradicional y un abandono que ninguna peatonalización cosmética ha logrado revertir.
El proyecto de Cardenal Mendoza es el ejemplo de manual de como se opta por una macroestructura de hormigón que rompe el entorno de la patrona de la ciudad. Desde los despachos institucionales, la narrativa oficial siempre es la misma. Se habla de «humanización», «modernización» y se adorna el discurso con promesas de «renaturalización» y fondos europeos. Sin embargo, la realidad a pie de calle suele ser muy distinta: árboles maduros talados que son sustituidos por maceteros o por brotes jóvenes que tardarán veinte años en dar sombra, y plazas públicas reconvertidas en planchas de granito que actúan como auténticas sartenes en los meses de verano.
Hacer ciudad no consiste en agotar subvenciones europeas con miras a la campaña electoral, levantando plataformas grises antes de que venza el plazo de justificación. Hacer ciudad implica cohesión, consenso social y respeto a la escala humana. Guadalajara no necesita más parches millonarios, ni «scalextrics» peatonales que dejen una huella estética y funcional dudosa para las próximas generaciones, ni tampoco corolas bioclimáticas nada funcionales, nada prácticas, inútiles y absurdas. Necesita, con urgencia, un urbanismo valiente que rescate su centro, integre sus barrios y demuestre que el futuro de la capital alcarreña puede ser algo más que asfalto, jardineras, corolas y hormigón.
Solo así saldremos de ese mantra tan repetido entre los viajeros que pisan Guadalajara y salen diciendo que «Guadalajara es fea». Los que queremos esta ciudad con locura rápido nos apresuramos a defenderla a capa y espada y les hablamos de nuestras joyas, del Palacio del Infantado, o el Panteón de la Duquesa de Sevillano, o el Salón Chino de la Cotilla; olvidando que el visitante no juzga nuestra ciudad por tres o cuatro monumentos aislados, sino por la armonía de su tejido urbano. Y es ahí donde Guadalajara sangra. La frialdad de sus calles, sobre todo por el centro, no es un accidente urbanístico, ni un error puntual y pasajero; es el resultado de décadas de decisiones urbanísticas erráticas, de intereses institucionales, de beneficios urbanísticos, de conveniencias empresariales y sobre todo de una alarmante falta de sensibilidad histórica, debido a que los sucesivos consistorios se volcaban en sus intereses cortoplacistas espurios electorales y en expandir la ciudad con nuevos desarrollos más llamativos para el votante y mientras tanto el corazón de Guadalajara se dejaba morir.
Hoy en día, caminar por el centro es un ejercicio muy grande de melancolía, pena y dolor. Guadalajara no es fea por naturaleza; fue afeada por decreto y desinterés. Las decisiones urbanísticas de los últimos sesenta años han tratado a la ciudad como un mero espacio de tránsito y residencia barata a la sombra de Madrid, olvidando que el urbanismo de una capital debe generar orgullo, luz, cariño, arraigo y belleza. Hasta que las administraciones no entiendan que rehabilitar el centro y proteger el paisaje urbano es una inversión de futuro —y no un gasto—, Guadalajara seguirá cargando con el injusto pero comprensible estigma de ser catalogada por sus visitantes como una de las ciudades más feas de España.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 18, 2026 | Opinión, Política, Varios
El español ha enfrentado dos fuertes controversias recientemente; por un lado una avalancha de ceros y suspensos en euskera durante la PAU vasca, y por otro el veto inicial al idioma en las ruedas de prensa de la Copa del Mundo de fútbol.
Se está investigando un aluvión de ceros en el examen de euskera de cientos de estudiantes de colegios concertados, que cursan sus estudios principalmente en español (modelo A). Sobre un grupo de 150 alumnos hay 60 ceros y 40 notas por debajo del 2 en euskera, una asignatura troncal en Euskadi, lo que dinamita las opciones de los afectados para acceder a la carrera o la universidad deseada, para competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, o simplemente para aprobar la prueba.
La situación ha provocado protestas callejeras y acusaciones de discriminación lingüística. Son alumnos con expedientes brillantes y títulos oficiales de euskera (nivel B2). Sin ningún género de duda es un ataque directo a la libertad de elección de lengua y un intento de perjudicar el acceso a la universidad de los jóvenes que no tienen el euskera como lengua materna. El mensaje parece claro: o eliges el modelo D o tendrás problemas en un futuro porque al llegar a la PAU el tribunal tirará por tierra todos los esfuerzos a lo largo de toda tu carrera académica.
Este uso del euskera como arma política es un atropello a los alumnos del modelo en español que deja al descubierto una realidad incómoda. Es un ataque directo al futuro de los jóvenes que estudian en castellano. Detrás de estas notas anómalas se esconde el uso de la lengua como una herramienta de exclusión política, es un castigo ideológico imposible de justificar. Hablamos de jóvenes con expedientes brillantes de notable y sobresaliente. Muchos de ellos tienen incluso títulos oficiales de euskera como el B2 o el C1. El sistema parece premiar o castigar a los alumnos según el centro de procedencia o el orden alfabético de sus apellidos. Esto destruye la supuesta neutralidad y el anonimato de la selectividad. ¿Por qué este desplome de notas?
El derecho a estudiar en la lengua materna debe de ser innegociable. El español es la lengua común de todos los ciudadanos de España. Sin embargo, en comunidades como el País Vasco, se arrincona al castellano de forma constante. Este examen ha funcionado como una barrera invisible para frenar el acceso de los alumnos hispanohablantes a las carreras con notas de corte más altas, como Medicina o Farmacia. Es toda una barrera territorial pues un alumno vasco que suspenda euskera ve hundida su nota media. Esto ocurre aunque tenga un diez en el resto de materias. Mientras tanto, un alumno de Guadalajara o Andalucía compite sin esa carga lingüística y política. Es una vulneración de derechos pues se está atacando el derecho constitucional a usar el español. Además, se penaliza el esfuerzo de las familias que eligen libremente la educación en castellano. La Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco no pueden ponerse de perfil apelando a «nuevos criterios de corrección». Un criterio que produce sesenta ceros en un mismo grupo de alumnos no es exigente; es defectuoso y malintencionado.
Otro de los goles que han intentado meter al español en estos días ha sido el absurdo desprecio inicial de la FIFA al español. La FIFA rectificó su postura tras la lluvia de críticas y ya permite el uso libre del español en todas las ruedas de prensa del Mundial. Sin embargo, el error inicial de prohibir este idioma en varios encuentros con los medios deja una mancha difícil de borrar. Fue un desprecio injustificable para una lengua que hablan casi 600 millones de personas en el planeta. Es una miopía geográfica imperdonable y lo más insólito de la medida inicial es la geografía del torneo, pues uno de los países anfitriones es México, la nación con más hispanohablantes del mundo. Otro de los coorganizadores es Estados Unidos, un país que alberga a más de 57 millones de ciudadanos de origen hispano.¿Cómo pensó la FIFA que era una buena idea silenciar el español en semejante escenario? Intentar esconder este idioma en su propia casa no fue un simple fallo de logística. Fue una muestra de soberbia y una total desconexión con la realidad cultural de la región.
El fútbol es de los jugadores y de los aficionados, no de los burócratas ni de los políticos. La presión social y el sentido común ganaron esta batalla gracias al «VAR de la opinión pública». El peso del español no se puede ningunear en el deporte rey. La FIFA reaccionó rápido, sí, pero el bochorno de haberlo intentado no se olvida fácilmente porque el español es la lengua más importante y en el fútbol también.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 11, 2026 | Opinión, Política, Varios
Ayer, en el recinto ferial de IFEMA, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente hizo entrega de sus populares galardones en el marco de la feria Tecma en Madrid. La ciudad de Guadalajara, su Ayuntamiento, ha alcanzado el máximo reconocimiento internacional en gestión de residuos y limpieza urbana. Este galardón premia la estrategia municipal de realizar limpiezas intensivas y planificadas de forma específica en cada barrio de la capital.
Seguramente muchos de los guadalajareños tendrán que leer la noticia varias veces para poder creer el porqué y los motivos de este reconocimiento denominado “Escoba de Platino 2026” que destaca el modelo de limpieza intensiva por barrios y la mejora en la recogida selectiva como uno de los mejores modelos. Han sido numerosos los ayuntamientos y entidades tanto públicas como privadas que ayer vieron reconocida su labor a favor del medioambiente y la limpieza, en concreto 120 premios en formas de escobas en sus diferentes categorías.
El premio Escoba de Platino no siempre significa que una ciudad brille como el platino con su tono blanco grisáceo, metálico y elegante; no, muchas veces se otorga este galardón por mejorar la gestión y sus estrategias o comprar maquinaria nueva, y no por el estado real de sus calles. Me temo que es el caso de Guadalajara que día tras día sus vecinos ven sus barrios llenos de suciedad mientras los políticos que nos gobiernan celebran lo bien que lo hacen y seguramente ahora además luzcan la escoba como el logro a su bien hacer.
¿Por qué se da este premio a ciudades «sucias»? Premia el esfuerzo, no el resultado. El galardón no evalúa si hay manchas en las aceras por excrementos de palomas o acumulación de excrementos caninos sin recoger, o abandono de residuos voluminosos en las calles, o la proliferación de pintadas vandálicas, o continuas quejas recurrentes por contenedores desbordados y falta de desbroce de hierbas en ciertas áreas durante los meses más cálidos, o incluso presencia de ratas en determinados puntos.
Me parece muy paradójica esta Escoba de Platino y seguramente muchos guadalajareños no lo entenderán. Imagino la cara de asombro de nuestros vecinos al abrir hoy los periódicos digitales, escuchar la radio o ver en la televisión a su alcaldesa y sus concejales en la foto sonriendo mientras levantan el trofeo de platino que premia la «excelencia en la limpieza». Seguramente ellos lo que quieran ver es sus calles limpias, sentarse en un banco limpio, sus papeleras vacías y sus barrios libres de bolsas de basura sin excrementos en sus aceras.
El premio se mide en el papel, no en el suelo. La clave de esta contradicción está en las bases del concurso. El jurado no envía inspectores sorpresa a revisar las calles, ni a ver los contenedores de las ciudades candidatas. El premio se otorga según la documentación que envían los propios ayuntamientos. Lo que realmente se premia es el esfuerzo técnico, la inversión económica y la innovación como la compra de camiones nuevos o maquinaria menos ruidosa o la firma de nuevos contratos millonarios con empresas de limpieza , o campañas de educación escolar o aplicaciones móviles para quejas. Por ejemplo, municipios como San Sebastián de los Reyes lograron la Escoba de Platino tras lanzar un plan de choque para mejorar su gestión. Pero este avance llegó justo después de haber estado en los peores puestos de limpieza del país según las encuestas reales de los ciudadanos.
Hoy, cuando veas seguramente al equipo de gobierno celebrar el galardón en las redes sociales como un éxito absoluto, muchas de las asociaciones vecinales y colectivos de ciudadanos verán en este premio un paripé y un simple «lavado de imagen» que se paga con dinero público. El papel lo aguanta todo, pero las aceras no mienten. La Escoba de Platino corre el riesgo de convertirse en un trofeo de despacho que se olvida de lo más importante: la calle.
por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
por AntonioDeMiguelAnton | May 21, 2026 | Opinión, Política, Varios
El nuevo «encalamado» de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.
En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, «encalomar» siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha «encalamado» una imputación penal en toda regla.
La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» y como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?
Sin ningún género de duda al vincular el «buen nombre» de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.
Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico «comodín» electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.
El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D’Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de «trampa» legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.
El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un «comodín» definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.
Ceuta, hoy, en su día, vive más que nunca el peligroso juego de ser instrumentalizada. Lleva días siendo el epicentro de la disputa política nacional, evidenciando cómo una frontera europea y su dura realidad pueden ser secuestradas por intereses partidistas. Las movilizaciones convocadas este miércoles en Madrid —divididas entre la protesta ciudadana frente al Congreso y el acto institucional en el Ayuntamiento— reflejan la profunda fractura en la gestión de una crisis que trasciende las siglas.
