por AntonioDeMiguelAnton | Jun 18, 2026 | Opinión, Política, Varios
El español ha enfrentado dos fuertes controversias recientemente; por un lado una avalancha de ceros y suspensos en euskera durante la PAU vasca, y por otro el veto inicial al idioma en las ruedas de prensa de la Copa del Mundo de fútbol.
Se está investigando un aluvión de ceros en el examen de euskera de cientos de estudiantes de colegios concertados, que cursan sus estudios principalmente en español (modelo A). Sobre un grupo de 150 alumnos hay 60 ceros y 40 notas por debajo del 2 en euskera, una asignatura troncal en Euskadi, lo que dinamita las opciones de los afectados para acceder a la carrera o la universidad deseada, para competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes, o simplemente para aprobar la prueba.
La situación ha provocado protestas callejeras y acusaciones de discriminación lingüística. Son alumnos con expedientes brillantes y títulos oficiales de euskera (nivel B2). Sin ningún género de duda es un ataque directo a la libertad de elección de lengua y un intento de perjudicar el acceso a la universidad de los jóvenes que no tienen el euskera como lengua materna. El mensaje parece claro: o eliges el modelo D o tendrás problemas en un futuro porque al llegar a la PAU el tribunal tirará por tierra todos los esfuerzos a lo largo de toda tu carrera académica.
Este uso del euskera como arma política es un atropello a los alumnos del modelo en español que deja al descubierto una realidad incómoda. Es un ataque directo al futuro de los jóvenes que estudian en castellano. Detrás de estas notas anómalas se esconde el uso de la lengua como una herramienta de exclusión política, es un castigo ideológico imposible de justificar. Hablamos de jóvenes con expedientes brillantes de notable y sobresaliente. Muchos de ellos tienen incluso títulos oficiales de euskera como el B2 o el C1. El sistema parece premiar o castigar a los alumnos según el centro de procedencia o el orden alfabético de sus apellidos. Esto destruye la supuesta neutralidad y el anonimato de la selectividad. ¿Por qué este desplome de notas?
El derecho a estudiar en la lengua materna debe de ser innegociable. El español es la lengua común de todos los ciudadanos de España. Sin embargo, en comunidades como el País Vasco, se arrincona al castellano de forma constante. Este examen ha funcionado como una barrera invisible para frenar el acceso de los alumnos hispanohablantes a las carreras con notas de corte más altas, como Medicina o Farmacia. Es toda una barrera territorial pues un alumno vasco que suspenda euskera ve hundida su nota media. Esto ocurre aunque tenga un diez en el resto de materias. Mientras tanto, un alumno de Guadalajara o Andalucía compite sin esa carga lingüística y política. Es una vulneración de derechos pues se está atacando el derecho constitucional a usar el español. Además, se penaliza el esfuerzo de las familias que eligen libremente la educación en castellano. La Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco no pueden ponerse de perfil apelando a «nuevos criterios de corrección». Un criterio que produce sesenta ceros en un mismo grupo de alumnos no es exigente; es defectuoso y malintencionado.
Otro de los goles que han intentado meter al español en estos días ha sido el absurdo desprecio inicial de la FIFA al español. La FIFA rectificó su postura tras la lluvia de críticas y ya permite el uso libre del español en todas las ruedas de prensa del Mundial. Sin embargo, el error inicial de prohibir este idioma en varios encuentros con los medios deja una mancha difícil de borrar. Fue un desprecio injustificable para una lengua que hablan casi 600 millones de personas en el planeta. Es una miopía geográfica imperdonable y lo más insólito de la medida inicial es la geografía del torneo, pues uno de los países anfitriones es México, la nación con más hispanohablantes del mundo. Otro de los coorganizadores es Estados Unidos, un país que alberga a más de 57 millones de ciudadanos de origen hispano.¿Cómo pensó la FIFA que era una buena idea silenciar el español en semejante escenario? Intentar esconder este idioma en su propia casa no fue un simple fallo de logística. Fue una muestra de soberbia y una total desconexión con la realidad cultural de la región.
El fútbol es de los jugadores y de los aficionados, no de los burócratas ni de los políticos. La presión social y el sentido común ganaron esta batalla gracias al «VAR de la opinión pública». El peso del español no se puede ningunear en el deporte rey. La FIFA reaccionó rápido, sí, pero el bochorno de haberlo intentado no se olvida fácilmente porque el español es la lengua más importante y en el fútbol también.
por AntonioDeMiguelAnton | Jun 11, 2026 | Opinión, Política, Varios
Ayer, en el recinto ferial de IFEMA, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente hizo entrega de sus populares galardones en el marco de la feria Tecma en Madrid. La ciudad de Guadalajara, su Ayuntamiento, ha alcanzado el máximo reconocimiento internacional en gestión de residuos y limpieza urbana. Este galardón premia la estrategia municipal de realizar limpiezas intensivas y planificadas de forma específica en cada barrio de la capital.
Seguramente muchos de los guadalajareños tendrán que leer la noticia varias veces para poder creer el porqué y los motivos de este reconocimiento denominado “Escoba de Platino 2026” que destaca el modelo de limpieza intensiva por barrios y la mejora en la recogida selectiva como uno de los mejores modelos. Han sido numerosos los ayuntamientos y entidades tanto públicas como privadas que ayer vieron reconocida su labor a favor del medioambiente y la limpieza, en concreto 120 premios en formas de escobas en sus diferentes categorías.
El premio Escoba de Platino no siempre significa que una ciudad brille como el platino con su tono blanco grisáceo, metálico y elegante; no, muchas veces se otorga este galardón por mejorar la gestión y sus estrategias o comprar maquinaria nueva, y no por el estado real de sus calles. Me temo que es el caso de Guadalajara que día tras día sus vecinos ven sus barrios llenos de suciedad mientras los políticos que nos gobiernan celebran lo bien que lo hacen y seguramente ahora además luzcan la escoba como el logro a su bien hacer.
¿Por qué se da este premio a ciudades «sucias»? Premia el esfuerzo, no el resultado. El galardón no evalúa si hay manchas en las aceras por excrementos de palomas o acumulación de excrementos caninos sin recoger, o abandono de residuos voluminosos en las calles, o la proliferación de pintadas vandálicas, o continuas quejas recurrentes por contenedores desbordados y falta de desbroce de hierbas en ciertas áreas durante los meses más cálidos, o incluso presencia de ratas en determinados puntos.
Me parece muy paradójica esta Escoba de Platino y seguramente muchos guadalajareños no lo entenderán. Imagino la cara de asombro de nuestros vecinos al abrir hoy los periódicos digitales, escuchar la radio o ver en la televisión a su alcaldesa y sus concejales en la foto sonriendo mientras levantan el trofeo de platino que premia la «excelencia en la limpieza». Seguramente ellos lo que quieran ver es sus calles limpias, sentarse en un banco limpio, sus papeleras vacías y sus barrios libres de bolsas de basura sin excrementos en sus aceras.
El premio se mide en el papel, no en el suelo. La clave de esta contradicción está en las bases del concurso. El jurado no envía inspectores sorpresa a revisar las calles, ni a ver los contenedores de las ciudades candidatas. El premio se otorga según la documentación que envían los propios ayuntamientos. Lo que realmente se premia es el esfuerzo técnico, la inversión económica y la innovación como la compra de camiones nuevos o maquinaria menos ruidosa o la firma de nuevos contratos millonarios con empresas de limpieza , o campañas de educación escolar o aplicaciones móviles para quejas. Por ejemplo, municipios como San Sebastián de los Reyes lograron la Escoba de Platino tras lanzar un plan de choque para mejorar su gestión. Pero este avance llegó justo después de haber estado en los peores puestos de limpieza del país según las encuestas reales de los ciudadanos.
Hoy, cuando veas seguramente al equipo de gobierno celebrar el galardón en las redes sociales como un éxito absoluto, muchas de las asociaciones vecinales y colectivos de ciudadanos verán en este premio un paripé y un simple «lavado de imagen» que se paga con dinero público. El papel lo aguanta todo, pero las aceras no mienten. La Escoba de Platino corre el riesgo de convertirse en un trofeo de despacho que se olvida de lo más importante: la calle.
por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
por AntonioDeMiguelAnton | May 21, 2026 | Opinión, Política, Varios
El nuevo «encalamado» de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.
En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, «encalomar» siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha «encalamado» una imputación penal en toda regla.
La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» y como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?
Sin ningún género de duda al vincular el «buen nombre» de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.
Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico «comodín» electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.
El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D’Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de «trampa» legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.
El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un «comodín» definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.
por AntonioDeMiguelAnton | May 14, 2026 | Naturaleza, Política, Varios
En política, la estética y la ética deberían ir siem
pre de la mano. Sin embargo, en el caso del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, demuestra cómo los intereses de las grandes corporaciones energéticas pueden arrollar el sustento de los pueblos con la complicidad de quienes juraron defenderlos. Que el máximo responsable local actúe como promotor en la sombra de un macroparque fotovoltaico es grave; que lo haga mientras ostenta el cargo de delegado provincial de Agricultura de la Junta es, directamente, una burla intolerable para el sector primario.
¿Cómo puede el encargado de proteger, modernizar y amparar a nuestros agricultores bendecir un proyecto como «Haza del Sol»? Hablamos de la entrega de 275 hectáreas de tierra agrícola productiva a la multinacional Alfanar Energía. Bajo el mandato y la complacencia de López Tabernero, los profesionales del campo de la Alcarria se han visto acorralados por un asfixiante ultimátum: o ceden sus tierras por un alquiler impuesto o se exponen al rodillo de la expropiación forzosa.
Es una traición en toda regla a la soberanía alimentaria y al futuro de los jóvenes ganaderos que intentan fijar población en el medio rural. En lugar de blindar el término municipal utilizando las herramientas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal para decretar una moratoria —como han hecho otros ayuntamientos valientes—, el alcalde prefiere parapetarse tras la fría «legalidad administrativa». Una equidistancia tramposa que solo beneficia al gigante energético.
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y los colectivos ecologistas han sido claros: la situación es insostenible y el cese de Santos López como delegado de Agricultura es una necesidad higiénica urgente. No se puede repicar y andar en la procesión. No se puede ser el defensor del agricultor en Toledo y el facilitador de las placas solares en Guadalajara. Fuentelencina merece un alcalde que mire a los ojos a sus vecinos, no uno que mire los balances de resultados de las multinacionales.
Esta colonización fotovoltaica engulle medio millón de hectáreas de campo español. Todo el sector primario está denunciando una ola de especulación que destruye la soberanía alimentaria y acelera la despoblación. España ha perdido más de 500.000 hectáreas de cultivo en apenas diez años, una superficie devorada de forma progresiva por usos del suelo completamente ajenos a la producción agroalimentaria. El eje central de la crisis radica en el avance descontrolado de las plantas fotovoltaicas en zonas de alto valor agronómico. Las infraestructuras de energías renovables ocupan ya unas 47.000 hectáreas de suelo que antes generaba alimentos. Las proyecciones del sector indican que esta cifra superará las 100.000 hectáreas en las próximas décadas si las administraciones no intervienen.
Esta expansión desmedida no se produce sobre terrenos baldíos o zonas desérticas. El capital inversor busca superficies llanas y estratégicas, afectando directamente a vegas fértiles y regadíos consolidados que suponen el motor económico de comarcas enteras. La agricultura y la ganadería son insustituibles. No podemos permitir que el suelo productivo se convierta en moneda de cambio. Hay un vacío normativo que deja la ordenación del territorio a merced de fondos de inversión. Existe un efecto dominó de despoblación y desabastecimiento que está transformando drásticamente el suelo rústico y generando un impacto socioeconómico que va mucho más allá del paisaje. E
ste efecto está provocando la quiebra de la soberanía alimentaria: menos suelo fértil implica una menor capacidad de producción propia, encareciendo la cesta de la compra y disparando la dependencia de importaciones de terceros países. También está provocando una destrucción de empleo local; la instalación de plantas fotovoltaicas apenas genera puestos de trabajo estables tras su construcción, destruyendo el empleo agrario continuo que sustenta los pueblos. Además cataliza el éxodo rural e invierno demográfico; claro, sin expectativas laborales ligadas a la tierra, el relevo generacional se extingue y se acelera el abandono definitivo de los municipios del interior. Además el desequilibrio territorial se hace más presente y el vaciado de los campos consolida un modelo de macrociudades saturadas frente a una periferia productiva desmantelada.
La propuesta, la solución sería un Pacto de Territorios para blindar el campo. Ante la inacción institucional y la falta de una planificación territorial coordinada, el mundo rural debería de exigir a nuestros políticos y gobernantes que la protección de la tierra se situase de manera inmediata en el centro de la agenda política nacional. Urge la articulación de un Pacto de Territorios para buscar establecer límites claros y restrictivos a la instalación de industrias en suelo rústico, forzando la recuperación de suelos ya degradados para fines energéticos y blindando, de manera permanente, los campos de cultivo esenciales. En esto deberían estar los alcaldes, en buscar y catalizar este pacto para no perder; y el alcalde de Fuentelencina por doble razón, una por su condición de delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara y por su condición de alcalde. Blindar la tierra hoy es la única garantía para evitar el desabastecimiento mañana.
por AntonioDeMiguelAnton | Abr 16, 2026 | Opinión, Política, Varios
En una emergencia, la diferencia entre el caos y una respuesta eficaz está en el método, la coordin
ación y el respeto al criterio técnico. Cuando llega una crisis de suministros básicos esta tiene la capacidad de paralizar una sociedad en cuestión de horas. Solo, por ejemplo, cuando el agua deja de salir por el grifo se revela, sin filtros ni propaganda, cómo funciona realmente un Ayuntamiento y los políticos responsables.
Ante el corte de abastecimiento de agua prolongado que vivimos el martes pasado en Guadalajara y en municipios de alrededor pudimos comprobar en nuestras carnes cómo funcionó el nuestro, el de Guadalajara y su capacidad de reacción. Esa capacidad no es una opción técnica, es una responsabilidad y una obligación moral. El silencio de las tuberías no fue el único que obtuvimos, también el de falta de información clara, detallada y continua sobre plazos y previsiones. Ese silencio revela una verdad muy incómoda.
En un corte de agua, los gobiernos locales operan bajo una presión extrema. Primero, está la responsabilidad institucional: dar una respuesta eficaz y transparente. En una crisis de este tipo, la rendición de cuentas es vital. Los ayuntamientos deben coordinarse con las empresas suministradoras, las confederaciones hidrográficas, las mancomunidades y las autoridades sanitarias, pero sobre todo, deben comunicar con claridad. La Ley 17/2015 establece el derecho a la información en emergencias; el ciudadano no puede ser el último en saber cuándo volverá el servicio. Durante estos episodios, el comportamiento de la gente suele ser ejemplar y resiliente, mientras los ayuntamientos se ven obligados a comunicar con todos los recursos que tienen a su alcance, que no son pocos, para calmar la incertidumbre y para estar cercanos a ellos atendiendo sus necesidades con un compromiso ético fuerte y veraz; y para ello hay que elaborar un plan de emergencia y posteriormente un informe postcrisis para no repetir errores de comunicación y de logística principalmente, pero la inercia política suele diluir la urgencia y estos asuntos en cuanto el suministro se restablece. Los ayuntamientos deben de mostrar una buena combinación de suficiencia técnica y compromiso ético cuando el problema ya está encima.
Con el restablecimiento del flujo de agua no termina la labor municipal. En segundo lugar la verdadera tarea es construir sistemas más robustos y concienciar a la población, aprendiendo de cada avería o periodo de escasez. No se trata solo de arreglar la rotura, sino de reponer la confianza de la comunidad en un sistema que debe ser infalible. Hacemos lo que podemos, pero la realidad de unas infraestructuras obsoletas es abrumadora. La próxima crisis de suministro no avisará; nuestra obligación es que no nos encuentre, otra vez, con las manos vacías y los grifos secos.
Lo que vivimos estos días no es solo una avería; es el resultado de una falta de previsión alarmante y una gestión que parece haber sido sobrepasada por los acontecimientos. Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara se limitó a enviar avisos genéricos, a pocos kilómetros tuvimos ejemplos de cómo se gestiona un servicio esencial con seriedad y eficiencia. Los ciudadanos pagamos por una gestión eficiente, no por excusas. Es inaceptable que en una capital de provincia se tarde tanto en cargar unos depósitos que claramente son insuficientes para la población actual. La falta de información detallada y continua, sumada a la ausencia de un dispositivo de abastecimiento alternativo (cisternas) digno, demuestra que el Ayuntamiento de Guadalajara no tiene un plan de emergencia a la altura de sus vecinos.
No puede ser que Cabanillas nos adelante en capacidad de almacenamiento por falta de previsión en la capital. No puede ser que nos falte transparencia e información minuto a minuto sobre la calidad del agua y la presión. Los ciudadanos no podemos ser los últimos de la fila mientras los municipios vecinos demuestran que, con voluntad, inversión y trabajo, el impacto del corte se pudo haber evitado o, al menos, mitigado con dignidad. Guadalajara merece una gestión de primera, no un servicio de tercera.
El español ha enfrentado dos fuertes controversias recientemente; por un lado una avalancha de ceros y suspensos en euskera durante la PAU vasca, y por otro el veto inicial al idioma en las ruedas de prensa de la Copa del Mundo de fútbol.
