por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
por AntonioDeMiguelAnton | May 21, 2026 | Opinión, Política, Varios
El nuevo «encalamado» de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.
En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, «encalomar» siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha «encalamado» una imputación penal en toda regla.
La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» y como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?
Sin ningún género de duda al vincular el «buen nombre» de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.
Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico «comodín» electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.
El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D’Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de «trampa» legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.
El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un «comodín» definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.
por AntonioDeMiguelAnton | May 14, 2026 | Naturaleza, Política, Varios
En política, la estética y la ética deberían ir siem
pre de la mano. Sin embargo, en el caso del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, demuestra cómo los intereses de las grandes corporaciones energéticas pueden arrollar el sustento de los pueblos con la complicidad de quienes juraron defenderlos. Que el máximo responsable local actúe como promotor en la sombra de un macroparque fotovoltaico es grave; que lo haga mientras ostenta el cargo de delegado provincial de Agricultura de la Junta es, directamente, una burla intolerable para el sector primario.
¿Cómo puede el encargado de proteger, modernizar y amparar a nuestros agricultores bendecir un proyecto como «Haza del Sol»? Hablamos de la entrega de 275 hectáreas de tierra agrícola productiva a la multinacional Alfanar Energía. Bajo el mandato y la complacencia de López Tabernero, los profesionales del campo de la Alcarria se han visto acorralados por un asfixiante ultimátum: o ceden sus tierras por un alquiler impuesto o se exponen al rodillo de la expropiación forzosa.
Es una traición en toda regla a la soberanía alimentaria y al futuro de los jóvenes ganaderos que intentan fijar población en el medio rural. En lugar de blindar el término municipal utilizando las herramientas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal para decretar una moratoria —como han hecho otros ayuntamientos valientes—, el alcalde prefiere parapetarse tras la fría «legalidad administrativa». Una equidistancia tramposa que solo beneficia al gigante energético.
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y los colectivos ecologistas han sido claros: la situación es insostenible y el cese de Santos López como delegado de Agricultura es una necesidad higiénica urgente. No se puede repicar y andar en la procesión. No se puede ser el defensor del agricultor en Toledo y el facilitador de las placas solares en Guadalajara. Fuentelencina merece un alcalde que mire a los ojos a sus vecinos, no uno que mire los balances de resultados de las multinacionales.
Esta colonización fotovoltaica engulle medio millón de hectáreas de campo español. Todo el sector primario está denunciando una ola de especulación que destruye la soberanía alimentaria y acelera la despoblación. España ha perdido más de 500.000 hectáreas de cultivo en apenas diez años, una superficie devorada de forma progresiva por usos del suelo completamente ajenos a la producción agroalimentaria. El eje central de la crisis radica en el avance descontrolado de las plantas fotovoltaicas en zonas de alto valor agronómico. Las infraestructuras de energías renovables ocupan ya unas 47.000 hectáreas de suelo que antes generaba alimentos. Las proyecciones del sector indican que esta cifra superará las 100.000 hectáreas en las próximas décadas si las administraciones no intervienen.
Esta expansión desmedida no se produce sobre terrenos baldíos o zonas desérticas. El capital inversor busca superficies llanas y estratégicas, afectando directamente a vegas fértiles y regadíos consolidados que suponen el motor económico de comarcas enteras. La agricultura y la ganadería son insustituibles. No podemos permitir que el suelo productivo se convierta en moneda de cambio. Hay un vacío normativo que deja la ordenación del territorio a merced de fondos de inversión. Existe un efecto dominó de despoblación y desabastecimiento que está transformando drásticamente el suelo rústico y generando un impacto socioeconómico que va mucho más allá del paisaje. E
ste efecto está provocando la quiebra de la soberanía alimentaria: menos suelo fértil implica una menor capacidad de producción propia, encareciendo la cesta de la compra y disparando la dependencia de importaciones de terceros países. También está provocando una destrucción de empleo local; la instalación de plantas fotovoltaicas apenas genera puestos de trabajo estables tras su construcción, destruyendo el empleo agrario continuo que sustenta los pueblos. Además cataliza el éxodo rural e invierno demográfico; claro, sin expectativas laborales ligadas a la tierra, el relevo generacional se extingue y se acelera el abandono definitivo de los municipios del interior. Además el desequilibrio territorial se hace más presente y el vaciado de los campos consolida un modelo de macrociudades saturadas frente a una periferia productiva desmantelada.
La propuesta, la solución sería un Pacto de Territorios para blindar el campo. Ante la inacción institucional y la falta de una planificación territorial coordinada, el mundo rural debería de exigir a nuestros políticos y gobernantes que la protección de la tierra se situase de manera inmediata en el centro de la agenda política nacional. Urge la articulación de un Pacto de Territorios para buscar establecer límites claros y restrictivos a la instalación de industrias en suelo rústico, forzando la recuperación de suelos ya degradados para fines energéticos y blindando, de manera permanente, los campos de cultivo esenciales. En esto deberían estar los alcaldes, en buscar y catalizar este pacto para no perder; y el alcalde de Fuentelencina por doble razón, una por su condición de delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara y por su condición de alcalde. Blindar la tierra hoy es la única garantía para evitar el desabastecimiento mañana.
por AntonioDeMiguelAnton | Abr 16, 2026 | Opinión, Política, Varios
En una emergencia, la diferencia entre el caos y una respuesta eficaz está en el método, la coordin
ación y el respeto al criterio técnico. Cuando llega una crisis de suministros básicos esta tiene la capacidad de paralizar una sociedad en cuestión de horas. Solo, por ejemplo, cuando el agua deja de salir por el grifo se revela, sin filtros ni propaganda, cómo funciona realmente un Ayuntamiento y los políticos responsables.
Ante el corte de abastecimiento de agua prolongado que vivimos el martes pasado en Guadalajara y en municipios de alrededor pudimos comprobar en nuestras carnes cómo funcionó el nuestro, el de Guadalajara y su capacidad de reacción. Esa capacidad no es una opción técnica, es una responsabilidad y una obligación moral. El silencio de las tuberías no fue el único que obtuvimos, también el de falta de información clara, detallada y continua sobre plazos y previsiones. Ese silencio revela una verdad muy incómoda.
En un corte de agua, los gobiernos locales operan bajo una presión extrema. Primero, está la responsabilidad institucional: dar una respuesta eficaz y transparente. En una crisis de este tipo, la rendición de cuentas es vital. Los ayuntamientos deben coordinarse con las empresas suministradoras, las confederaciones hidrográficas, las mancomunidades y las autoridades sanitarias, pero sobre todo, deben comunicar con claridad. La Ley 17/2015 establece el derecho a la información en emergencias; el ciudadano no puede ser el último en saber cuándo volverá el servicio. Durante estos episodios, el comportamiento de la gente suele ser ejemplar y resiliente, mientras los ayuntamientos se ven obligados a comunicar con todos los recursos que tienen a su alcance, que no son pocos, para calmar la incertidumbre y para estar cercanos a ellos atendiendo sus necesidades con un compromiso ético fuerte y veraz; y para ello hay que elaborar un plan de emergencia y posteriormente un informe postcrisis para no repetir errores de comunicación y de logística principalmente, pero la inercia política suele diluir la urgencia y estos asuntos en cuanto el suministro se restablece. Los ayuntamientos deben de mostrar una buena combinación de suficiencia técnica y compromiso ético cuando el problema ya está encima.
Con el restablecimiento del flujo de agua no termina la labor municipal. En segundo lugar la verdadera tarea es construir sistemas más robustos y concienciar a la población, aprendiendo de cada avería o periodo de escasez. No se trata solo de arreglar la rotura, sino de reponer la confianza de la comunidad en un sistema que debe ser infalible. Hacemos lo que podemos, pero la realidad de unas infraestructuras obsoletas es abrumadora. La próxima crisis de suministro no avisará; nuestra obligación es que no nos encuentre, otra vez, con las manos vacías y los grifos secos.
Lo que vivimos estos días no es solo una avería; es el resultado de una falta de previsión alarmante y una gestión que parece haber sido sobrepasada por los acontecimientos. Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara se limitó a enviar avisos genéricos, a pocos kilómetros tuvimos ejemplos de cómo se gestiona un servicio esencial con seriedad y eficiencia. Los ciudadanos pagamos por una gestión eficiente, no por excusas. Es inaceptable que en una capital de provincia se tarde tanto en cargar unos depósitos que claramente son insuficientes para la población actual. La falta de información detallada y continua, sumada a la ausencia de un dispositivo de abastecimiento alternativo (cisternas) digno, demuestra que el Ayuntamiento de Guadalajara no tiene un plan de emergencia a la altura de sus vecinos.
No puede ser que Cabanillas nos adelante en capacidad de almacenamiento por falta de previsión en la capital. No puede ser que nos falte transparencia e información minuto a minuto sobre la calidad del agua y la presión. Los ciudadanos no podemos ser los últimos de la fila mientras los municipios vecinos demuestran que, con voluntad, inversión y trabajo, el impacto del corte se pudo haber evitado o, al menos, mitigado con dignidad. Guadalajara merece una gestión de primera, no un servicio de tercera.
por AntonioDeMiguelAnton | Abr 12, 2026 | Opinión, Política, Varios, Viajes
He pasado la Semana Santa en Londres; y más allá de la niebla, la lluvia, el Big Ben, de sus cabinas rojas, el té, el British Museum y sus icónicos autobuses de dos pisos; esta ciudad es un museo viviente llena de historia y de muchas curiosidades. Una de ellas es el búnker secreto o como se conoce allí: las Churchill War Rooms. Bajo las calles del barrio de Westminster, a solo unos pasos de Downing Street, se encuentra el centro neurálgico desde donde se dirigió la resistencia británica. Es una cápsula del tiempo que cuando la guerra terminó en agosto de 1945, las luces se apagaron y las puertas se cerraron prácticamente quedó todo tal cual estaban. Al abrirse como museo décadas después, se encontraron objetos intactos, desde terrones de azúcar escondidos en un cajón hasta mapas con los mismos pines que marcaban el movimiento de las tropas el último día. El olor de la historia aún se respira en cada una de las salas de ese bunker en la que todavía se puede percibir un ligero aroma a tabaco, rastro de los inseparables puros Romeo y Julieta que Churchill fumaba mientras tomaba decisiones críticas; y si te fijas bien en la silla de madera de la sala del gabinete, verás marcas de arañazos en los brazos, reflejo del estrés y los nervios de Churchill durante las reuniones más tensas de la guerra.
Cuando regresas a España y a Guadalajara de esa burbuja en el tiempo y de conocer más a esos políticos de garra que lideraron momentos mundiales muy difíciles y vuelves a la gramática política española y a ese diccionario tosco y grosero de zafiedades y chabacanerías que usan nuestros políticos te das cuenta en lo que ha degenerado nuestra política. Desayunamos día a día con escenas que parecen extraídas de una mala función de vodevil o de una charla de bar a altas horas de la madrugada. Un ejemplo de ello es el último episodio, protagonizado por Santiago Abascal al calificar de «Juanma Moruno» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o el enésimo episodio de Víctor Morejón, concejal de Vox delegado de Turismo, casco histórico, comercio y mercados en Guadalajara, quien ha decidido con ese video nefasto que la mejor forma de gestionar la ciudad es jactarse de pasarse las leyes «por el forro de lo que rima con emisiones».
Lo que subyace en las palabras de Morejón es la exhibición impúdica de la mediocridad. Cuando un representante público carece de argumentos técnicos, jurídicos o políticos para debatir una ordenanza, recurre a la zafiedad. El «porque yo lo digo» y el lenguaje soez se convierten en el refugio de quien no tiene nada más que ofrecer que ruido. Estos insultos y exabruptos son la representación gráfica de una estrategia tan arriesgada como cínica que corren el riesgo de dinamitar los puentes con los que son tus socios de gobierno o lo serán en un futuro muy cercano en el caso de Abascal. El uso de estos calificativos degradantes busca una rentabilidad inmediata en el mercado de la atención. En un ecosistema digital saturado, la propuesta política pausada no vende; el mote humillante, sí. Al etiquetar al adversario (que no enemigo) con un apodo ridículo, se intenta despojarle de su autoridad institucional para reducirlo a una caricatura.
Sin embargo, esta táctica encierra una paradoja peligrosa. ¿Cómo se explica al votante que el «moruno» de hoy es el socio «fiable y constitucionalista» de mañana? La respuesta es el cinismo político. Se fía todo a la desmemoria del electorado, bajo la premisa de que el poder es un bálsamo que todo lo cura y que una foto firmando un acuerdo de coalición borra meses de barro dialéctico. Estamos ante el fenómeno del «socio-enemigo». En un sistema de bloques donde nadie suma por sí solo, los partidos compiten ferozmente por el mismo espacio electoral. La estrategia consiste en castigar al aliado potencial para evitar la fuga de votos o para forzarle a endurecer su discurso. El problema es que esta erosión constante de la cortesía parlamentaria tiene consecuencias reales. Cuando un líder nacional insulta a un presidente autonómico, no solo ataca a la persona, sino a la institución que representa; será difícil construir proyectos comunes cuando la base de la relación es la desconfianza y el agravio personal.
El insulto que nace en el estrado se traslada a la calle y los ciudadanos adoptan el lenguaje de sus líderes, crispando la convivencia ciudadana. La política española ha pasado de ser el arte de lo posible a ser el arte de la provocación. Si el insulto fácil se convierte en la única herramienta de diferenciación, la gobernabilidad queda hipotecada. En el oscuro catálogo de la historia política, pocos nombres resuenan con la autoridad de Sir Winston Churchill. Sin embargo, al observar el panorama actual, el contraste no solo es evidente, es desolador. Mientras Churchill utilizaba la palabra para movilizar una civilización, gran parte de la clase política contemporánea parece atrapada en un ciclo infinito de mediocridad, cortoplacismo y marketing de redes sociales. Churchill no necesitaba «focus groups» ni asesores de imagen para dictar su destino. Su oratoria, forjada en la honestidad brutal de «sangre, sudor y lágrimas», buscaba elevar el espíritu de una nación hacia un propósito común.
Hoy, la política se ha reducido a la gestión de la indignación, sus discursos ya no buscan la verdad, sino el «clic», sustituyendo la visión de Estado por eslóganes vacíos diseñados para no ofender a nadie y, por ende, no inspirar a nadie. El político actual suele operar con la mirada en la encuesta de la próxima semana. La audacia de Churchill para no negociar con lo inaceptable ha sido reemplazada por una «pusilanimidad» que prioriza la supervivencia personal sobre el interés nacional. Churchill entendía que «el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». No temía a la impopularidad si esta era el precio de la convicción. En cambio, la política moderna habita en el pánico constante al error. Se gobierna para el escrutinio frívolo de las plataformas digitales, lo que resulta en liderazgos reactivos, incapaces de tomar decisiones difíciles por miedo a ser «cancelados».
La mediocridad actual no es falta de inteligencia, sino falta de carácter. Churchill era un hombre de contradicciones, pero sobre todo, era un hombre de principios innegociables en torno a la libertad individual y el libre mercado. Mientras los líderes de hoy sigan prefiriendo el aplauso fácil a la verdad incómoda, el fantasma de Churchill seguirá recordándonos que la democracia no solo requiere votos, sino gigantes dispuestos a defenderla.
La política, cuando se vacía de contenido intelectual, se rellena con este tipo de chabacanería. No se busca convencer al ciudadano con una gestión eficiente, sino buscar el aplauso fácil del sector más visceral mediante el desprecio absoluto a las reglas del juego que todos, por ley, debemos acatar.
¿Con qué autoridad moral puede este Ayuntamiento de Guadalajara exigir a un vecino que pague una multa de tráfico o que cumpla con sus obligaciones tributarias? Si el propio responsable de Comercio, Turismo y el Casco Histórico presume de incumplir las normas que su propia administración debe velar, el mensaje es devastador: la ley es opcional si tienes un micrófono y un cargo. Este «cuñadismo» institucionalizado degrada las instituciones. No es una cuestión de ideología —se puede estar a favor o en contra de las ZBE—, es una cuestión de decoro. Un concejal que utiliza expresiones propias de un patio de colegio o de barra de bar para referirse a sus obligaciones legales no solo se descalifica a sí mismo, sino que arrastra en su caída la dignidad del consistorio al que representa. Al final, cuando la política se convierte en un concurso de ver quién es más maleducado, la gestión real queda en un segundo plano. La zafiedad de Morejón no es más que el reflejo de esta política del espejo roto y del espectáculo del canibalismo.
por AntonioDeMiguelAnton | Mar 30, 2026 | Opinión, Política, Varios
Lo que ocurrió en esta última edición de la Korrika el pasado fin de semana en Bilbao no fue una celebración de la lengua vasca; fue un ejercicio de adoctrinamiento sistémico y el uso de niños para blanquear el terrorismo que debería hacer saltar todas las alarmas en una sociedad democrática. Ver a niños de corta edad portando con naturalidad fotografías de asesinos sanguinarios de ETA no es cultura, es una corrupción moral de la infancia dirigida por quienes buscan perpetuar el odio bajo el disfraz del folclore.
La iniciativa consiste en una carrera de relevos multitudinaria que ha recorrido Euskadi, Navarra y País Vasco francés del 19 al 29 de marzo y que ha finalizado su edición de 2026 en la mañana de este domingo ante el Ayuntamiento de Bilbao tras completar 2.175 kilómetros de forma ininterrumpida día y noche. Al frente de la korrika siempre marcha una persona diferente portando el ‘Lekuko’ o testigo. Este pasa de mano en mano de unos portadores a otros que habitualmente son personas relevantes de la sociedad vasca y representantes de diferentes asociaciones que buscan concienciar y recaudar fondos para el uso y promoción del euskera.
Es de una bajeza moral infinita utilizar a menores de edad para rehabilitar la imagen de terroristas. La participación de niños en actos de exaltación del terrorismo no es accidental: es una estrategia diseñada para que las nuevas generaciones vean a los asesinos de personas como Tomás Caballero no como criminales, sino como «héroes» o víctimas de un conflicto¿Quién agita el fantasma del terrorismo? ¿Por qué? ¿Quien coloca a niños camisetas con los asesinos de ETA?
Este adoctrinamiento infantil en las calles de Navarra y el País Vasco es la prueba fehaciente de un sistema educativo y social intoxicado. ¿Dónde está la Fiscalía de Menores ante esta utilización flagrante? No se puede permitir que se use a la infancia como escudo humano para normalizar lo inaceptable.
El blanqueo de ETA, impulsado por pactos políticos que priorizan el poder sobre la dignidad, ha anestesiado a parte de la sociedad. La Korrika se ha convertido en un escaparate del delito de enaltecimiento del terrorismo, donde se vitorea a quienes apretaron el gatillo mientras se humilla, una vez más, a las víctimas que aún lloran a sus muertos. No se puede normalizar que los asesinos salgan a la calle sin mostrar arrepentimiento alguno. No podemos asistir impasibles a manipulaciones mediáticas destinadas a cambiar nuestra historia mediante presiones y mentiras. No podemos mirar como si nada pasara ante el constante enaltecimiento de los asesinos de ETA. Es indecente e intolerable que se subvencionen con dinero público eventos donde se exhiben camisetas y pancartas de presos etarras frente a la mirada de escolares. No es libertad de expresión; es la exaltación de la violencia más cruel.
La sociedad española no puede quedarse de brazos cruzados ante este espectáculo denigrante. No se puede «normalizar» el mal. La memoria, la dignidad y la justicia exigen que se depuren responsabilidades legales contra quienes organizan y permiten que los niños sean los portavoces de la barbarie. Una lengua no puede ser la excusa para envenenar el alma de los más pequeños.
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
