CUANDO LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD DESCARRILA

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 28, 2026 | Opinión, Política, Varios

La tragedia ferroviaria de hoy en Urda reabre el debate sobre el mantenimiento, los sistemas de protección y unos protocolos de circulación en situaciones degradadas cuyas garantías deben ser examinadas. La seguridad no puede depender exclusivamente de que un operador o un maquinista no se equivoquen. El error humano no puede ser la última barrera de seguridad, el error humano es previsible y, por tanto, el sistema debe estar diseñado para evitar que se convierta en una catástrofe. El error humano puede ser el último eslabón de una cadena, pero eso no significa que sea su origen. La seguridad no consiste en exigir trabajadores infalibles. Consiste en construir organizaciones, infraestructuras y procedimientos capaces de anticipar sus equivocaciones.

Las personas nos equivocamos, nos distraemos, interpretamos incorrectamente una instrucción, tomamos decisiones bajo presión o actuamos con información incompleta. Precisamente por eso existen los sistemas automáticos de protección, los procedimientos de verificación, las redundancias tecnológicas y las barreras de seguridad. Cuando una equivocación humana puede desencadenar una tragedia, la investigación no puede limitarse a identificar quién cometió el último error. Debe determinar por qué el sistema permitió que ese error tuviera consecuencias irreversibles. Y sobre todo deberá dar respuesta a qué mecanismos de protección debían impedir que una decisión equivocada acabara provocando una colisión.

Cuando el sistema se degrada, la seguridad no puede degradarse con él y este es uno de los aspectos más preocupantes que debe examinarse tras el accidente de hoy para valorar las garantías que ofrecen los protocolos de circulación cuando los sistemas automáticos dejan de funcionar con normalidad. Un protocolo no es garantista por el simple hecho de estar escrito, aprobado y ser obligatorio. Es garantista cuando sus medidas son capaces de controlar eficazmente los riesgos que pretende evitar. Si una autorización verbal incorrecta puede permitir que un tren avance hacia otro detenido, sin que exista una barrera independiente capaz de impedir la colisión, estamos ante una posible insuficiencia de las defensas del sistema.Y esa insuficiencia no se resuelve únicamente recordando al operador que debe cumplir el procedimiento.

Los protocolos deben estar diseñados suponiendo que pueden producirse errores de comunicación, confusiones, omisiones y decisiones equivocadas. Para eso deben existir verificaciones independientes, comprobaciones de ocupación de vía, limitaciones operativas y mecanismos de protección adicionales. Si falla una persona, debe intervenir el sistema. Si falla un dispositivo, debe existir otro mecanismo de protección. Si se pierde una función automática, el procedimiento alternativo debe incorporar controles capaces de compensar esa pérdida. ¿Por qué seguimos a día de hoy trabajando con sistemas en los que una equivocación humana puede tener consecuencias catastróficas?

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla fue inaugurada en 1992, coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla. Se convirtió en el símbolo de la modernización ferroviaria española, pero más de tres décadas después, su renovación tecnológica sigue siendo deberes sin hacer. El sistema LZB, utilizado históricamente en esta infraestructura, debía ser sustituido por el estándar europeo ERTMS, dentro de un proceso de modernización de las instalaciones de seguridad y señalización. ¿Por qué no se ha hecho?

España ha desarrollado una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. Durante décadas, la expansión ferroviaria ha sido presentada como un ejemplo de modernización tecnológica y capacidad inversora. Sin embargo, construir nuevas infraestructuras y conservar adecuadamente las existentes son responsabilidades diferentes, aunque inseparables. Una línea ferroviaria requiere mantenimiento preventivo, renovación de equipos, inspecciones, análisis de riesgos, actualización tecnológica y supervisión continua. No basta con que los trenes circulen; deben hacerlo dentro de condiciones de seguridad verificables.Tampoco basta con anunciar inversiones millonarias, hay que comprobar qué actuaciones se han completado, cuáles permanecen pendientes y qué riesgos existen mientras se ejecutan.

La cuestión aquí es política, por eso las responsabilidades también deberían ser políticas. El problema es que mantenimiento no se inaugura, pero los kilómetros construidos sí, y los récords de viajeros o las velocidades comerciales también son carne de titular; olvidando y no dando prioridad a algo tan importante como invertir en fiabilidad de sus instalaciones, en la eficacia de sus protocolos de emergencia y en su capacidad para impedir que una avería termine en tragedia.

Las investigaciones independientes que vengan ahora no deberían limitarse a reconstruir los últimos minutos del accidente. Deben examinar también las decisiones adoptadas meses o años antes, las evaluaciones de riesgo disponibles, las advertencias recibidas y las medidas correctoras implantadas. El accidente no empieza el día que ocurre, existe una tendencia recurrente después de las grandes tragedias a concentrar toda la atención en los últimos segundos, pero un accidente puede comenzar mucho antes. Puede tener su origen en una evaluación de riesgos incompleta, un procedimiento insuficiente, una modernización retrasada, una deficiencia en la inversión y en el mantenimiento o una advertencia que no recibió la atención necesaria.

Hoy corresponde acompañar a las víctimas, atender a los heridos y respetar el dolor de las familias. Después llegará el momento de exigir explicaciones, documentación, transparencia y responsabilidades, también políticas, por supuesto. Y cuando llegue, habrá que examinar no solo lo que ocurrió en una cabina o en una sala de control, sino también lo que se decidió en despachos, expedientes técnicos, contratos, inversiones y evaluaciones de riesgo.

El error humano es previsible y, por tanto, el sistema debe estar diseñado para evitar que se convierta en una catástrofe. La pregunta que hay que hacerse no es únicamente quién se equivocó, la verdadera pregunta es por qué el sistema no estaba preparado para impedir las consecuencias de esa equivocación.Y esa respuesta no puede quedar enterrada bajo la expresión «error humano».

USTED VOTE QUE NOSOTROS ELEGIMOS

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 22, 2026 | Opinión, Política, Varios

Ahora que todos los partidos están inmersos o ya han terminado de confeccionar sus listas electorales, conviene recordar que una parte decisiva del poder político se reparte mucho antes de que los ciudadanos podamos votar. Estos días estamos viendo como en las sedes de los partidos ya comenzaron los movimientos, las llamadas, los cambios forzados de última hora, las aspiraciones, las injusticias los enfados, las decepciones y los cálculos. Unos esperan repetir, otros aspiran a entrar y algunos descubren que su carrera política depende de una decisión que se tomará lejos de los ciudadanos a los que supuestamente representarán.

Las elecciones empiezan mucho antes de que se abran los colegios electorales. Empiezan en los despachos de las élites de los partidos donde se confeccionan las listas; es uno de los momentos más reveladores de nuestro sistema político. Porque mientras la democracia se presenta como el gobierno de los ciudadanos, la realidad es que, cuando estos llegan a las urnas, alguien ha decidido previamente por ellos quién puede ser elegido y, sobre todo, quién tiene posibilidades reales de conseguir un escaño. Nuestro sistema de listas cerradas y bloqueadas para el Congreso de los Diputados y buena parte de las instituciones representativas constituye uno de los mecanismos más eficaces de concentración del poder dentro de los partidos. El ciudadano no puede elegir a una persona, alterar el orden de los candidatos ni premiar a quien considera un buen representante. Vota una candidatura completa, confeccionada y ordenada previamente por los órganos del partido. Y en ese orden está la verdadera clave del poder.

No es lo mismo ocupar el segundo puesto de una candidatura que el décimo. No es lo mismo encabezar una lista que aparecer en ella como simple acompañante. Quien decide esas posiciones tiene en sus manos buena parte del futuro político de los candidatos. Puede premiar fidelidades, castigar discrepancias, garantizar continuidades o poner fin a carreras políticas sin necesidad de someter esas decisiones al juicio de los electores. El diputado sabe perfectamente a quién debe su escaño. Naturalmente, necesita los votos de los ciudadanos, pero para poder recibirlos alguien ha tenido antes que colocarlo en un puesto de salida. Y sabe también que, dentro de cuatro años, su continuidad dependerá en gran medida de que quienes confeccionan las candidaturas vuelvan a contar con él.

De ahí nace una de las grandes perversiones de nuestro sistema representativo: el político aprende a mirar hacia arriba, hacia quien hace las listas, antes que hacia abajo, hacia quienes depositan las papeletas. No necesariamente por falta de principios o de vocación pública. Sencillamente, porque el sistema establece unos incentivos que favorecen la obediencia interna frente a la independencia personal. Discrepar puede salir caro. Tener criterio propio puede convertirse en un inconveniente. Y representar con libertad a los ciudadanos puede resultar menos rentable que mantener una buena relación con quienes controlan el aparato. Así se va configurando una clase política en la que la fidelidad a la organización corre el riesgo de pesar más que la capacidad, la trayectoria profesional, el arraigo social o el conocimiento de los problemas reales de la gente.

A esta primera traba democrática y candado representativo de nuestro sistema se añade otro no menos importante: el dinero. Nuestros partidos se sostienen en buena medida mediante financiación pública. A las subvenciones ordinarias vinculadas a los resultados electorales se suman las subvenciones electorales que regula la ley del régimen electoral (21.167,64 euros por cada escaño y 0,81 euros por cada voto al Congreso). No se trata de negar la necesidad de una financiación pública transparente, que también puede servir para evitar dependencias económicas privadas y garantizar el pluralismo. El problema aparece cuando la estructura económica de los partidos, unida al control de las candidaturas, refuerza extraordinariamente el poder de sus direcciones. Quien controla las listas condiciona la composición de los grupos parlamentarios. Quien controla los grupos dispone de una influencia decisiva sobre los recursos y la organización. Y quien controla la organización cuenta con una posición privilegiada para decidir las siguientes candidaturas. El círculo se cierra. En medio de todo ello queda el ciudadano, convertido demasiadas veces en un espectador al que se convoca periódicamente para legitimar decisiones tomadas con anterioridad.

Esta es, probablemente, una de las razones de la creciente distancia entre la sociedad y la política. Muchos ciudadanos sienten que sus representantes no les pertenecen, que no responden ante ellos y que, una vez celebradas las elecciones, su capacidad de influencia se reduce considerablemente. No es que falten elecciones. Es que falta una relación más directa entre el elector y el elegido. La democracia no puede reducirse al acto de introducir una papeleta en una urna cada cuatro años. Necesita también una cultura de responsabilidad, cercanía y rendición de cuentas. Necesita representantes que sepan que su continuidad depende de la confianza de los ciudadanos y no exclusivamente de la voluntad de quienes dirigen sus partidos.

En 1919, Max Weber pronunció su célebre conferencia “La política como vocación”, en la que distinguió entre quienes viven «para» la política y quienes viven «de» la política. No planteaba una distinción moral absoluta: ejercer profesionalmente la política y recibir una remuneración por ello es perfectamente legítimo. La cuestión es qué sucede cuando los mecanismos de acceso y permanencia en el poder favorecen la dependencia personal de quienes administran las carreras políticas. Un sistema que convierte la inclusión en una lista electoral en la principal garantía de continuidad profesional corre el riesgo de fomentar políticos más preocupados por conservar su puesto que por ejercerlo con independencia. Y eso debería preocuparnos a todos, con independencia de nuestras preferencias ideológicas. Porque este no es un problema exclusivo de la derecha, de la izquierda o de un partido concreto. Es una deficiencia estructural que atraviesa buena parte de nuestro sistema político y que beneficia a quienes, desde las distintas organizaciones, tienen capacidad para decidir quién entra, quién sale y quién ocupa los puestos con posibilidades reales de elección.

Ahora que estamos inmersos el proceso de elaboración de las próximas candidaturas, sería saludable que los partidos hablarán menos de renovación como consigna y más de democracia interna como compromiso efectivo. Que explicaran con transparencia cómo seleccionan a sus candidatos, qué participación tienen los afiliados, qué peso se concede al mérito y a la trayectoria, y por qué unas personas ocupan puestos de salida mientras otras quedan relegadas. Y sería igualmente saludable abrir, de una vez, un debate serio sobre la reforma de nuestro sistema electoral. Las listas desbloqueadas, el voto preferencial y otros mecanismos que permitan al ciudadano intervenir en la elección de sus representantes merecen ser discutidos sin el temor de quienes consideran que cualquier pérdida de control del aparato constituye una amenaza. No existe un sistema electoral perfecto. Pero esa evidencia no puede servir de excusa para mantener indefinidamente uno en el que las direcciones partidistas acumulan tanto poder sobre el futuro de sus representantes. Los partidos son instrumentos imprescindibles de la democracia. No deberían convertirse en sus propietarios.

Dentro de poco entraremos de lleno en la campaña electoral y volveremos a escuchar discursos sobre la soberanía popular, la participación ciudadana y la importancia decisiva de nuestro voto. Nos pedirán confianza, compromiso y responsabilidad. Nos recordarán, con razón, que votar es uno de los derechos fundamentales de una sociedad libre y que estamos en un momento decisivo de la historia de España y por tanto tenemos que ir masivamente a votar el domingo 29 de noviembre; pero convendría que, antes de pedirnos el voto, respondieran a una pregunta mucho más sencilla: ¿Por qué quienes vamos a elegir a nuestros representantes no podemos participar también en la elección de las personas que nos van a representar? Porque una democracia en la que los ciudadanos votan, pero las élites de los partidos deciden previamente quién puede ser elegido, conserva intacto el ritual electoral, aunque mantiene una parte esencial del poder lejos de aquellos en cuyo nombre se ejerce.

Y quizá haya llegado el momento de recordar que los escaños no son propiedad de los partidos, ni de sus dirigentes, ni de quienes confeccionan las listas. Pertenecen a la representación de los ciudadanos. Y es ante ellos, antes que ante cualquier despacho o jerarquía y élites del partido, donde debería responder quien los ocupa.

GUADALAJARA NO PUEDE BORRAR SUS RECUERDOS

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 13, 2026 | Opinión, Política, Varios

Foto de Tomás Camarillo

Hay lugares que son mucho más que un puñado de piedras, agua y cemento. Lugares que forman parte de la memoria colectiva de una ciudad, que guardan las risas, los recuerdos y los gozos de varias generaciones y que, aunque pase el tiempo, siguen viviendo en el corazón de quienes tuvieron la suerte de disfrutarlos. En Guadalajara, uno de esos lugares fue la fuente del Jardín del Depósito de las Aguas, hoy Parque de las Cuatro Estaciones.

Para muchos vecinos, aquella fuente no era simplemente un elemento decorativo, era parte de su infancia. Allí jugaron, corrieron y se refrescaron en los días y noches de calor veraniego muchos niños guadalajareños. Allí quedaron conversaciones, travesuras, primeras amistades y recuerdos familiares que ninguna excavadora puede destruir, por mucho que desaparezcan las piedras y los árboles que los vieron nacer. ¿Quién puede poner precio a un recuerdo de infancia? ¿Qué proyecto urbanístico puede justificar que una ciudad pierda una parte de su propia historia?

La fuente vinculada al antiguo abrevadero de 1883, junto con la figura de Neptuno, no era un objeto sin importancia. Formaba parte del paisaje sentimental de Guadalajara; era uno de esos rincones que los vecinos reconocían como propios, incluso sin necesidad de que aparecieran en una guía turística. Bastaba con pasar por delante para que muchos recordaran quiénes fueron, con quién estaban y cómo era la vida cuando todavía no existían tantas prisas. Y ahora, ¿qué les decimos a quienes crecieron jugando allí? ¿Que todo aquello ya no importa? ¿Que los recuerdos no cuentan cuando se proyecta una nueva urbanización? ¿Que debemos aceptar sin más que desaparezcan elementos de nuestro patrimonio porque alguien considera que estorban?

Una ciudad no se construye únicamente levantando edificios, abriendo calles o dibujando nuevos planos. Una ciudad también se construye conservando sus raíces, respetando sus espacios públicos y protegiendo aquellos lugares que dan identidad a sus barrios. Cuando se destruye un espacio cargado de historia y afecto, no solo se modifica el paisaje: se rompe una parte del vínculo entre los ciudadanos y el lugar al que llaman hogar.

Lo que está ocurriendo en el Jardín del Depósito de las Aguas, actualmente Parque de las Cuatro Estaciones, merece una reflexión profunda. Según la denuncia pública de vecinos y defensores de su biodiversidad, los trabajos vinculados al antiguo solar de AVICU han coincidido con el cierre del jardín, la tala de al menos siete árboles, la desaparición de espacios verdes y la retirada de elementos históricos, entre ellos las fuentes. También se han expresado preocupaciones por las consecuencias sobre la vegetación y sobre el hábitat del autillo europeo, una pequeña rapaz nocturna que forma parte de la biodiversidad de nuestro entorno. No hablamos, por tanto, únicamente de nostalgia. Hablamos de patrimonio, de naturaleza, de calidad de vida y de respeto a un espacio de titularidad pública que pertenece a todos los vecinos.

En 2022, el Pleno Municipal aprobamos por mayoría absoluta una declaración institucional que reconocía los valores históricos, naturales y sociales del conjunto. Por eso resulta legítimo preguntarse qué protección efectiva se ha dado a esos valores y cómo se han tenido en cuenta en las actuaciones realizadas en su entorno. Si reconocemos que un lugar tiene valor histórico, natural y social, ese reconocimiento no debería quedarse en un documento. Debe traducirse en decisiones, cuidados y garantías de conservación. De lo contrario, las declaraciones institucionales corren el riesgo de convertirse en palabras que suenan bien mientras la realidad avanza en otra dirección.

Nadie discute que las ciudades cambian, que los barrios evolucionan, que aparecen nuevas viviendas y se transforman los espacios urbanos, pero el progreso no debería obligarnos a elegir entre construir el futuro y respetar el pasado. El verdadero progreso no consiste en borrar todo aquello que existía antes, sino en saber avanzar sin destruir lo que nos hace únicos.¿Era imposible compatibilizar las obras con la protección del jardín? ¿Se estudiaron suficientemente las consecuencias sobre sus árboles, sus plantas y su fauna? ¿Qué alternativas se valoraron para conservar la fuente y su significado histórico? ¿Se escuchó de verdad a quienes llevaban años preocupándose por este espacio? Son preguntas legítimas que merecen respuestas claras. Los vecinos no deberían tener que conformarse con explicaciones vagas ni descubrir las consecuencias de una intervención cuando las máquinas ya han comenzado a trabajar.

Quienes han denunciado estos hechos aseguran que trasladaron sus preocupaciones por escrito a responsables municipales y a la empresa constructora, sin recibir respuesta. Si fue así, la falta de contestación no hace sino aumentar la sensación de impotencia de quienes ven cómo desaparece un lugar al que se sienten profundamente vinculados. Escuchar a los ciudadanos no puede ser un trámite; mucho menos cuando está en juego un patrimonio compartido. Una fuente puede restaurarse. Una estatua puede recolocarse. Un árbol puede sustituirse, aunque nunca de inmediato ni con las mismas funciones ecológicas. Pero la memoria de un lugar no se recupera con una obra nueva ni se reproduce colocando una réplica donde antes había vida. Pensemos por un momento en aquellos niños que hoy son adultos, en quienes llevaron allí a sus hijos y en quienes, al pasar por el jardín, podían reconocer un pedazo de su propia historia. Para ellos, la desaparición de la fuente no es un simple cambio urbanístico. Es la pérdida de un escenario irrepetible de su vida. Y pensemos también en los niños de hoy. ¿Qué patrimonio les estamos dejando? ¿Qué espacios públicos podrán recordar mañana con el mismo cariño? ¿Qué les diremos cuando pregunten por aquella fuente de la que sus abuelos hablan con emoción?

Una ciudad que no protege sus recuerdos corre el riesgo de convertirse en un lugar donde vivir, pero al que cada vez resulte más difícil sentir que pertenecemos. La responsabilidad de las administraciones públicas no termina cuando se concede una autorización o se aprueba un proyecto. También implica proteger el interés general, vigilar el respeto al patrimonio y garantizar que los espacios públicos no pierdan su valor para la comunidad. Por eso, los vecinos merecen conocer qué ha ocurrido con los elementos retirados, qué posibilidades reales existen de recuperar la fuente y la figura de Neptuno en su emplazamiento histórico, qué medidas se han adoptado para proteger la vegetación y la fauna, y qué futuro espera al Jardín del Depósito de las Aguas.

No basta con mirar hacia otro lado ni con dar por inevitable todo aquello que ya se ha ejecutado. Cuando se produce una pérdida patrimonial, lo razonable es explicar las decisiones, evaluar los daños y estudiar qué puede repararse o recuperarse. A quienes tienen responsabilidades municipales les corresponde ofrecer esas respuestas con transparencia. Y a la ciudadanía, el derecho a pedirlas. Porque el jardín no pertenece a un gobierno, a una empresa ni a una legislatura. Pertenece a Guadalajara. Y su historia es también la historia de quienes han vivido en sus calles, han paseado entre sus árboles y han jugado junto a su fuente.

Quizá dentro de unos años alguien pase por ese lugar y no sepa que allí hubo una fuente. Quizá los nuevos vecinos nunca lleguen a imaginar las tardes de juegos, las carreras, las risas y las pequeñas aventuras que formaron parte de la vida de tantas personas. Pero quienes lo recuerdan sí lo saben. Y tienen derecho a contarlo, a defenderlo y a reclamar que la historia de su barrio no se trate como un obstáculo para el desarrollo. No se trata de vivir anclados en el pasado. Se trata de entender que una ciudad sin memoria pierde una parte de su alma, que los árboles no son simples elementos del mobiliario urbano, que una fuente no es solamente piedra y agua, y que un jardín público no es un solar disponible para olvidar lo que fue. La fuente podrá desaparecer del paisaje, pero no debería desaparecer de la conciencia de Guadalajara. A quienes jugaron allí de niños, a quienes regresaron de adultos y a quienes enseñaron ese rincón a sus hijos: vuestra memoria importa. Vuestros recuerdos forman parte del patrimonio de esta ciudad, aunque no puedan catalogarse en un inventario ni medirse en metros cuadrados. Y a quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre el futuro de Guadalajara, conviene recordarles algo sencillo: las obras se terminan, los edificios cambian y los gobiernos pasan. Pero las decisiones que destruyen un lugar querido pueden dejar una herida que dure generaciones.

Todavía estamos a tiempo de exigir explicaciones, reclamar medidas de protección y defender lo que queda de este jardín. Porque una ciudad que respeta a sus vecinos también respeta sus recuerdos. Y porque ninguna generación debería tener que explicar a la siguiente por qué permitió que desapareciera un lugar que había hecho feliz a tanta gente. Guadalajara no necesita elegir entre futuro y memoria. Necesita un futuro que no tenga que construirse a costa de su memoria.

¿A QUIÉN VAS A VOTAR TÚ?

por AntonioDeMiguelAnton | Oct 8, 2026 | Opinión, Política, Varios

Me preguntaba ayer un amigo a qué partido político iba a votar yo en las próximas elecciones del 29-N. Le respondí con otra pregunta: “Si partimos de que ninguno plantea realmente una reforma profunda del sistema de representación, quizá la cuestión sea precisamente esa: ¿qué partido propone modificar las reglas del juego para corregir los problemas estructurales que llevamos décadas arrastrando en España?

Porque una cosa es querer llegar al poder para gestionar el sistema tal y como está y otra muy distinta plantearse cambiar el propio sistema. Para mí, ahí está la clave; los partidos pueden cambiar gobiernos, ministros, programas y políticas concretas; pero si las reglas de representación, los mecanismos de control y la relación entre ciudadanía e instituciones permanecen prácticamente iguales, difícilmente vamos a solucionar determinados problemas de fondo. Por eso no me interesa tanto quién promete administrar mejor el sistema, sino quién está dispuesto a plantearse si el sistema actual necesita una reforma profunda. Esa reforma debería pasar por más representación de la sociedad, más participación ciudadana y más controles sobre el poder, sin eliminar la legitimidad del Parlamento ni el principio de un ciudadano, un voto. En definitiva: antes de preguntarnos quién queremos que gobierne, quizá deberíamos preguntarnos qué sistema queremos que gobierne a quienes gobiernan.

Hay una pregunta que también deberíamos hacernos con mucha más frecuencia: ¿es realmente representativo nuestro sistema político? La respuesta, si somos sinceros, no puede limitarse a decir que sí porque cada cuatro años acudimos a las urnas. Votar es imprescindible, pero votar no significa necesariamente estar representado en toda la complejidad de una sociedad. Nuestro sistema ha terminado convirtiendo a los partidos políticos en el eje prácticamente exclusivo de la representación pública. Ellos seleccionan a los candidatos que serán nuestros futuros representantes, elaboran las listas, organizan buena parte de la actividad parlamentaria y, cuando llegan al Gobierno, representan principalmente a las élites de sus partidos que les han puesto ahí y además adquieren una enorme capacidad de influencia sobre instituciones que deberían preservar su independencia. El ciudadano vota; después, durante cuatro años, contempla cómo otros toman decisiones en su nombre, en la de su partido en ocasiones muy interesadas y espurias. ¿Es eso suficiente para considerar plenamente representativa una democracia moderna?

La democracia no debería reducirse a la alternancia. Los grandes partidos tradicionales y los que llegan nuevos parecen haber aceptado una premisa que les resulta extraordinariamente cómoda: que democracia equivale, esencialmente, a alternancia en el poder. Unos gobiernan, después gobiernan los otros. Se intercambian los papeles, se responsabilizan supuestamente y mutuamente de los problemas del país y, cuando llegan las elecciones, vuelven a pedir el voto prometiendo resolver aquello que los anteriores no resolvieron. Pero hay algo que debería hacernos reflexionar: han gobernado unos y otros, han cambiado presidentes, ministros, programas y mayorías parlamentarias; sin embargo, determinados problemas permanecen durante décadas: vivienda, productividad, burocracia, endeudamiento, educación, corrupción, deterioro institucional, desigualdad de oportunidades o pérdida de confianza en las instituciones.

Quizá el problema no sean solamente quienes gobiernan, quizá también haya un problema en las reglas del juego; y cuestionar esas reglas no significa cuestionar la democracia, al contrario. Una democracia madura debería tener la capacidad de revisar permanentemente sus propios mecanismos de representación. Los partidos son necesarios, pero no son la sociedad, organizan el debate político, presentan alternativas de gobierno, articulan intereses sociales y permiten que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes proyectos. El problema aparece cuando confundimos esa función con la representación completa de la sociedad.

Una sociedad moderna es infinitamente más compleja que sus partidos, hay científicos, médicos, ingenieros, empresarios, trabajadores, agricultores, profesores, investigadores, artistas, juristas, economistas, autónomos, universitarios, emprendedores, profesionales de la sanidad, organizaciones sociales y miles de ciudadanos que, con su trabajo y conocimiento, construyen diariamente el país; sin embargo, cuando llega la hora de adoptar decisiones trascendentales, toda esa diversidad termina pasando, en gran medida, por un único canal: la representación partidista. Y ahí aparece una pregunta legítima:

¿No debería existir también un espacio institucional donde esa experiencia social pudiera estar representada directamente? Una segunda Cámara de representación social. La propuesta no consiste en sustituir el Parlamento elegido por sufragio universal, tampoco en acabar con los partidos, ni en cuestionar el principio de «un ciudadano, un voto», la propuesta sería otra: complementar la representación política con una representación institucional de la sociedad civil. Podría crearse una segunda Cámara —o transformarse una de las existentes mediante una reforma constitucional— cuya función principal fuera incorporar conocimiento, experiencia y representación social al proceso legislativo. No sería una Cámara de políticos profesionales, tampoco debería convertirse en una Cámara controlada indirectamente por los partidos. Estaría integrada por personas procedentes de diferentes ámbitos de la sociedad: ciencia, universidad, educación, empresa, trabajo, sanidad, justicia, cultura, tecnología, agricultura, mundo rural, investigación, economía, administración y organizaciones sociales, entre otros. Pero aquí aparece la cuestión fundamental: ¿Quién elegiría a esas personas? Porque si las nombraran los partidos, habríamos vuelto al mismo problema por otra puerta.

Una posible fórmula sería establecer un sistema mixto de selección que combinará elección, sorteo cívico y requisitos objetivos de cualificación o trayectoria, dependiendo del sector representado. Por ejemplo, una parte de los miembros podría ser elegida directamente por ciudadanos entre candidaturas independientes; otra podría seleccionarse mediante procedimientos de participación de los colectivos profesionales y sociales correspondientes; y otra mediante sorteo cívico entre ciudadanos que cumplieran determinados requisitos de experiencia o formación para las materias específicas. El objetivo no sería crear una Cámara de expertos que pretendiera gobernar al margen de los ciudadanos. Sería crear una Cámara plural que aportará conocimiento y experiencia junto a la representación política. Su composición debería respetar criterios estrictos de pluralidad territorial, generacional y social, evitando que determinados sectores profesionales terminarán monopolizándola. Y, sobre todo, debería quedar prohibido que sus miembros fueran designados directamente por las direcciones de los partidos.

¿Qué poderes tendría? Aquí es donde la propuesta debe ser especialmente cuidadosa pues una segunda Cámara con poder absoluto podría crear un nuevo problema de legitimidad democrática. Por eso, su función debería ser principalmente de revisión, control, evaluación y propuesta, sin sustituir la legitimidad electoral del Parlamento. Podría, por ejemplo: revisar proyectos legislativos de especial trascendencia; emitir informes públicos obligatorios sobre su impacto económico, social, científico o territorial; solicitar la comparecencia de responsables políticos y altos cargos; evaluar periódicamente el cumplimiento de determinadas políticas públicas; proponer modificaciones legislativas; solicitar revisiones independientes de determinadas leyes; participar en determinados procedimientos de nombramiento institucional; ejercer funciones de control sobre organismos independientes; y disponer de capacidad para devolver determinados proyectos al Parlamento para una segunda deliberación.

No debería poder bloquear indefinidamente la voluntad de la Cámara elegida por sufragio, pero sí debería poder obligarla a explicar, revisar y justificar determinadas decisiones. Ahí estaría su verdadera utilidad. No sustituir al poder político. Contrapesarlo. Esta segunda Cámara no debería convertirse en un segundo Parlamento con idéntica capacidad de decisión. Su legitimidad tendría que proceder de una combinación de mecanismos: elección ciudadana en determinados ámbitos, procedimientos transparentes de selección, representación plural, mandato limitado, incompatibilidades estrictas y rendición pública de cuentas. Sus miembros deberían publicar su trayectoria profesional, posibles conflictos de intereses y patrimonio. Sus reuniones y votaciones deberían ser públicas. Deberían existir mecanismos de recusación y cese en caso de incumplimiento grave. Y nadie debería poder permanecer indefinidamente en la institución. La Cámara tampoco debería tener una mayoría permanente de ningún sector profesional. La representación social no puede convertirse en otro oligopolio.

Una Cámara de la sociedad civil podría terminar dominada por élites profesionales, grandes empresas, organizaciones con mayor capacidad de influencia o grupos de presión. Y eso sería sustituir un problema por otro. Por eso la reforma tendría que incorporar mecanismos de protección desde el principio, tendría que poner límites estrictos a las incompatibilidades, registro obligatorio de reuniones y grupos de interés, declaraciones públicas de patrimonio e intereses, rotación de miembros, mandatos limitados, prohibición de recibir determinadas remuneraciones externas, auditorías independientes, transparencia absoluta en las votaciones. Y, sobre todo, ninguna organización debería tener garantizada una cuota permanente de representación.

Necesitamos también recuperar una idea sencilla: la democracia no termina el día de las elecciones. El ciudadano debería disponer de más mecanismos para intervenir entre procesos electorales: de Iniciativas legislativas ciudadanas más accesibles, de consultas públicas vinculantes en determinadas materias, de procesos de evaluación de las grandes políticas públicas, de audiencias ciudadanas, de mayor transparencia sobre cómo se elaboran las leyes y de mecanismos efectivos para conocer quién participa en las decisiones y con qué intereses. La tecnología permite hoy una participación ciudadana que hace unas décadas era prácticamente imposible. No tiene sentido disponer de herramientas para comunicarnos instantáneamente con millones de personas y mantener, al mismo tiempo, una relación política basada casi exclusivamente en votar cada cuatro años.

Los partidos forman parte de la democracia y deben seguir formando parte de ella, le dije a mi amigo; pero, los partidos tradicionales y los que vienen nuevos no tienen demasiado interés en modificar radicalmente el mecanismo que les concede muchísimos privilegios y sobre todo les permite alcanzar y conservar el poder. Pueden hablar de regeneración democrática, de transparencia, de participación ciudadana, de representatividad, de corrupción o de reforma institucional, pero rara vez llegan al núcleo de la cuestión, a la esencia del problema y a ponerse manos a la masa con hechos reales y efectivos para reformar estas cuestiones y transformar un Sistema muy perverso.

GUADALAJARA, FEA POR DECRETO Y DESINTERÉS

por AntonioDeMiguelAnton | Ago 25, 2026 | Opinión, Política, Varios

Hoy, paseando por la calle de Miguel Fluiters -una de las principales y más céntricas arterias del casco histórico de Guadalajara- una vecina me preguntaba sobre mi opinión en relación a una nueva frutería que han abierto recientemente en esa misma calle. Me criticaba la falta de estética que hemos tenido los políticos y gobernantes de esta ciudad con nuestro entorno y con nuestro centro; por supuesto en la conversación apareció el polémico tinglado del proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, del scalextric peatonal junto al Santuario de la Virgen de la Antigua para que nos entendamos

Al despedirme de ella, tras una larguísima conversación, tuve que detenerme a pensar en todo ello otro largo tiempo. Vivimos obsesionados con las fachadas perfectas y los lugares instagrameables, pero las ciudades reales están hechas de asfalto desgastado y barrios sin pretensiones. Este artículo nace de esa conversación improvisada en la calle, como una invitación a encontrar el valor, las historias, los errores, el camino a seguir y el pulso real de esta Guadalajara que muchos consideramos imperfectos.

La primera pregunta que me hacía la señora es ¿quién protege la estética del casco histórico de Guadalajara? Esa imagen de algunos comercios, como este que les digo y los futuros proyectos urbanísticos de Guadalajara ponen, sin ningún género de duda, sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ciudad quiere ser Guadalajara y, sobre todo, quién se encarga de que sus calles mantengan una identidad coherente.

En plena calle Miguel Fluiters, una de las vías más representativas del centro histórico de Guadalajara, encontramos una fachada comercial que difícilmente pasa desapercibida: un gran rótulo de colores, paneles laterales repletos de imágenes de frutas y verduras, una persiana de un verde muy intenso y una sucesión de elementos comerciales que compiten visualmente con la arquitectura tradicional del edificio. No se trata de discutir si un comercio puede tener personalidad, naturalmente que puede. Tampoco de cuestionar la actividad de un pequeño negocio o su derecho a anunciarse. La cuestión es otra: ¿dónde termina la libertad comercial y dónde empieza la responsabilidad de proteger la imagen de un casco histórico?Y, sobre todo, ¿se aplican las mismas reglas a todos?

Guadalajara no carece precisamente de normativa estética. Las disposiciones urbanísticas municipales establecen criterios específicos para el Casco Antiguo y exigen que las actuaciones sobre fachadas respeten el carácter ambiental y arquitectónico del conjunto. La normativa llega a señalar que deben evitarse estilos, elementos o materiales extraños o impropios del Casco Antiguo.

También existe regulación sobre la publicidad y los elementos instalados en fachadas. Y las propias normas municipales establecen que las reformas de fachadas de edificios del Casco Antiguo deben mantener un diseño unitario para el conjunto del edificio. Por tanto, la discusión no debería ser simplemente si una fachada es «bonita» o «fea». Debería ir más allá y tratar de mandar un mensaje a nuestros dirigentes políticos para que la política de protección patrimonial no solo funcione sobre el papel de un programa político, sino que acabe convirtiéndose en realidad.

El problema no es una tienda, sería injusto cargar sobre un comerciante particular la responsabilidad de la imagen de todo el centro. Si una fachada desentona, la responsabilidad última de ordenar el paisaje del centro urbano corresponde a las administraciones públicas. Son ellas las que redactan las normas, conceden las autorizaciones y tienen capacidad inspectora. Guadalajara lleva años hablando de la necesidad de revitalizar el Casco Histórico, de planes con la intención de recuperar población, actividad económica y vida urbana en el centro, simplificando determinadas reglas y facilitando la rehabilitación y la construcción en solares vacíos. Todo eso está muy bien, pero revitalizar un centro histórico no significa simplemente llenar sus solares, en abrir sus comercios cerrados o peatonalizar sus calles, también significa decidir qué imagen se quiere transmitir. Una ciudad puede invertir millones y perder su identidad en los detalles. Una calle no es solamente su pavimento. Es la suma de sus edificios, comercios, rótulos, escaparates, mobiliario, iluminación, árboles, terrazas y espacios públicos.

¿Estamos diseñando la ciudad con una visión global o actuando mediante proyectos aislados? Es paradójico lo de la política urbanística de Guadalajara: por un lado, se redactan normas destinadas a proteger el centro urbano y se anuncia un nuevo plan para preservar la identidad del Casco Histórico y por otro otro, el guadalajareño y el visitante camina por algunas de sus calles y puede encontrarse con una acumulación de intervenciones y elementos cuya integración estética resulta, como mínimo, discutible. ¿Para qué sirve una ordenanza si no se hace cumplir?¿Para qué sirve una nueva ordenación del Casco Histórico si no existe una política activa y coherente de conservación de su paisaje urbano?

El pequeño comercio también merece un casco histórico digno, no se trata de enfrentar patrimonio y comercio. Un centro histórico vivo necesita tiendas, bares, restaurantes, fruterías, peluquerías, oficinas y pequeños negocios. Una calle convertida en museo tampoco sería una ciudad viva. Pero precisamente porque el comercio es parte esencial del centro, debería existir una política municipal clara de imagen comercial: ayudas para renovar fachadas y escaparates, asesoramiento a los comerciantes, criterios comprensibles sobre rótulos, colores, persianas, iluminación y publicidad, y una vigilancia homogénea. Eso permitiría que un comerciante no tuviera que adivinar qué puede hacer y qué no. Y permitiría también que la ciudad no dependiera del criterio estético del propietario de cada local.

La verdadera cuestión es qué ciudad queremos ¿Qué imagen queremos para el centro histórico? ¿Qué criterios se aplicarán a los comercios? ¿Habrá una inspección sistemática de rótulos, cierres y elementos de fachada? ¿Se exigirá el cumplimiento de las mismas reglas a todos? Y, sobre todo: ¿Queremos un Casco Histórico que simplemente esté lleno de actividad o queremos un Casco Histórico que, además, tenga identidad?

Como le decía a esta guadalajareña, esta frutería de Miguel Fluiters no debería utilizarse para señalar a un comerciante, debería servir para señalar algo mucho más importante: la responsabilidad de quienes gobiernan la ciudad de conseguir que actividad económica, espacio público y patrimonio no compitan entre sí, sino que formen parte de una misma idea de ciudad; porque un casco histórico no se destruye únicamente derribando edificios, también puede perderse poco a poco, fachada a fachada, rótulo a rótulo, persiana a persiana, hasta que un día descubrimos que hemos conservado los edificios pero hemos perdido el lugar.

Terminé la conversación con la señora hablando del «scalextric» y de un urbanismo a base de parches y de “ideicas” y ocurrencias electoralistas. Guadalajara lleva décadas buscando su identidad urbana, pero lo que encuentra de forma sistemática son toneladas de hormigón. El último capítulo de esta tendencia no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica: el polémico proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza, rebautizado con sorna y resignación por los vecinos como el «nuevo scalextric». Una plataforma elevada de más de 10 millones de euros junto al histórico Santuario de la Virgen de la Antigua que encarna, a la perfección, el modelo de ciudad improvisada que arrastra la capital alcarreña desde hace años.

El problema fundamental de Guadalajara no es la falta de presupuesto, sino la ausencia de una visión de conjunto. Mientras el Plan de Ordenación Municipal (POM) envejece en los cajones, la ciudad se ha expandido en las últimas décadas de forma inconexa. Por un lado, se crearon barrios periféricos desalmados como Aguas Vivas o el entorno de la Avenida de Francia: grandes avenidas desiertas, calles inhóspitas para el peatón y un modelo de «ciudad dormitorio» donde bajar a comprar el pan exige subirse al coche. Por el otro, se dejó morir a fuego lento un Casco Histórico devorado por los solares vacíos, la pérdida de comercio tradicional y un abandono que ninguna peatonalización cosmética ha logrado revertir.

El proyecto de Cardenal Mendoza es el ejemplo de manual de como se opta por una macroestructura de hormigón que rompe el entorno de la patrona de la ciudad. Desde los despachos institucionales, la narrativa oficial siempre es la misma. Se habla de «humanización», «modernización» y se adorna el discurso con promesas de «renaturalización» y fondos europeos. Sin embargo, la realidad a pie de calle suele ser muy distinta: árboles maduros talados que son sustituidos por maceteros o por brotes jóvenes que tardarán veinte años en dar sombra, y plazas públicas reconvertidas en planchas de granito que actúan como auténticas sartenes en los meses de verano.

Hacer ciudad no consiste en agotar subvenciones europeas con miras a la campaña electoral, levantando plataformas grises antes de que venza el plazo de justificación. Hacer ciudad implica cohesión, consenso social y respeto a la escala humana. Guadalajara no necesita más parches millonarios, ni «scalextrics» peatonales que dejen una huella estética y funcional dudosa para las próximas generaciones, ni tampoco corolas bioclimáticas nada funcionales, nada prácticas, inútiles y absurdas. Necesita, con urgencia, un urbanismo valiente que rescate su centro, integre sus barrios y demuestre que el futuro de la capital alcarreña puede ser algo más que asfalto, jardineras, corolas y hormigón.

Solo así saldremos de ese mantra tan repetido entre los viajeros que pisan Guadalajara y salen diciendo que «Guadalajara es fea». Los que queremos esta ciudad con locura rápido nos apresuramos a defenderla a capa y espada y les hablamos de nuestras joyas, del Palacio del Infantado, o el Panteón de la Duquesa de Sevillano, o el Salón Chino de la Cotilla; olvidando que el visitante no juzga nuestra ciudad por tres o cuatro monumentos aislados, sino por la armonía de su tejido urbano. Y es ahí donde Guadalajara sangra. La frialdad de sus calles, sobre todo por el centro, no es un accidente urbanístico, ni un error puntual y pasajero; es el resultado de décadas de decisiones urbanísticas erráticas, de intereses institucionales, de beneficios urbanísticos, de conveniencias empresariales y sobre todo de una alarmante falta de sensibilidad histórica, debido a que los sucesivos consistorios se volcaban en sus intereses cortoplacistas espurios electorales y en expandir la ciudad con nuevos desarrollos más llamativos para el votante y mientras tanto el corazón de Guadalajara se dejaba morir.

Hoy en día, caminar por el centro es un ejercicio muy grande de melancolía, pena y dolor. Guadalajara no es fea por naturaleza; fue afeada por decreto y desinterés. Las decisiones urbanísticas de los últimos sesenta años han tratado a la ciudad como un mero espacio de tránsito y residencia barata a la sombra de Madrid, olvidando que el urbanismo de una capital debe generar orgullo, luz, cariño, arraigo y belleza. Hasta que las administraciones no entiendan que rehabilitar el centro y proteger el paisaje urbano es una inversión de futuro —y no un gasto—, Guadalajara seguirá cargando con el injusto pero comprensible estigma de ser catalogada por sus visitantes como una de las ciudades más feas de España.