Me contaba este pasado fin de semana un amigo madrileño, que en su “comunidad de vecinos votan los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez han tenido un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años y sus descendientes no hayan pisado el portal en toda su vida”. Es muy divertido, me decía “porque ya son unos 170 y los que vivimos aquí apenas somos 20. Muchos no saben dónde está el edificio, no hablan con ningún vecino y algunos confunden nuestra calle con una localidad de la provincia de Córdoba (Argentina) pero participan activamente en su gestión. Al fin y al cabo, su antepasado tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, así que sería injusto negarles el derecho a decidir cómo debemos vivir los demás.”
Gracias a ellos -me decía- “ahora tenemos un portón automático para el garaje. No tenemos garaje, pero la inauguración fue preciosa y el presidente pronunció un discurso muy emocionante sobre la recuperación de la memoria comunitaria. También hemos instaurado el felpudo único: nadie puede utilizar un modelo distinto del aprobado en junta. Cuesta 375 euros y lo vende el vicepresidente, un señor muy majo que vive en un pueblito de San Luis Potosí (México) y que conoce perfectamente las necesidades del edificio porque pasó por delante de él una vez, durante una escala, en 1998.”
La última -me contaba- “ la junta acordó que solo se puede tender ropa los días impares del mes, y la de color únicamente cuando el número del día sea primo. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría gracias al voto por correo de 106 descendientes de antiguos propietarios. Los vecinos que vivimos aquí votamos en contra, pero se nos explicó que teníamos una visión demasiado localista y que la comunidad pertenece también a quienes mantienen con ella un vínculo histórico y afectivo, aunque no sepan si tenemos ascensor.”
Ahora -me terminó contando- “están estudiando instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, declarar festivo el aniversario de la Primera Derrama y cambiar el nombre del edificio por «Residencial Memoria Democrática». Nosotros solo hemos pedido que arreglen la gotera del quinto, pero la propuesta lleva tres años paralizada porque no despierta suficiente interés entre los comuneros de Montevideo”. Eso sí, concluyó sentenciando y diciendo de una forma tajante -como habiendo interiorizado y asimilado todo-, que: “las cuotas, las derramas y las averías seguimos pagándolas los 20 que vivimos aquí. Los otros 170 solo participan en las decisiones.”
A este sistema, me dijo mi amigo, “lo llamamos «comunidad de propietarios por ley de nietos». Es impecablemente democrático. Finalizó la conversación con una frase demoledora: “cuantos menos afectados estén por una decisión, más fácil resulta conseguir una mayoría para imponerla.”
El paralelismo de la comunidad de mi amigo con el voto CERA resulta especialmente interesante porque pone encima de la mesa una tensión inevitable entre vínculo y afectación. El que vive fuera puede conservar vínculos familiares, culturales, sentimentales e incluso económicos con el país; puede sentirse profundamente unido a él, puede haber nacido allí, haber crecido allí o marcharse contra su voluntad; pero el que vive dentro abre cada mañana la persiana, paga los impuestos, utiliza la sanidad, lleva a sus hijos al colegio, sufre el precio de la vivienda, utiliza el transporte público y descubre personalmente si la decisión de la junta sobre el felpudo era una buena idea.
No es lo mismo tener un vínculo con un lugar que vivir las consecuencias de las decisiones que se toman sobre él. Y esa diferencia debería formar parte de cualquier debate serio sobre representación. Porque la democracia no consiste únicamente en contar votos. También consiste en decidir quién debe formar parte del cuerpo que toma una determinada decisión y por qué.
Si mañana los vecinos del edificio de mi amigo deciden instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, parece razonable que tengan algo que decir quienes viven en el edificio. Pero imaginemos que, además, permitimos votar a los descendientes de todos los propietarios que alguna vez pasaron por allí; llegarían a una situación “magnífica”: podrían aprobar la piscina con 140 votos a favor, aunque 19 de los 20 vecinos presentes hubieran votado en contra.
La paradoja es que el sistema puede ser perfectamente democrático en su procedimiento y, sin embargo, generar resultados profundamente injustos y desconectados de quienes están afectados por ellos. Hay una lección bastante incómoda detrás de la comunidad de propietarios de mi amigo: la mayoría no siempre coincide con la mayoría de los afectados. Los veinte que viven allí siguen a día de hoy pagando las cuotas, las derramas y las reparaciones. Los otros 170 votan, la gotera del quinto lleva tres años esperando, la piscina climatizada está a punto de aprobarse. Y el felpudo nuevo llega el martes. El vecino que vive en el quinto no necesita explicar su vínculo afectivo con el edificio, está demostrado cada vez que baja a por el correo y encuentra una gotera. El que vive fuera puede querer muchísimo el inmueble, pero no se le moja el dormitorio. La democracia, como puede comprobarse, funciona perfectamente. Sobre todo cuando no eres tú quien tiene la gotera.
Cuanto más lejos está alguien de las consecuencias de una decisión, menos le cuesta votar a favor de ella, no porque sea mala persona, simplemente porque el coste lo paga otro. Hemos confundido pertenencia con afectación. Una persona puede pertenecer emocionalmente a un país sin vivir en él, puede sentirse española, catalana, gallega, andaluza, madrileña o lo que considere, puede conservar sus tradiciones, su idioma, sus recuerdos y sus amigos; todo eso es perfectamente legítimo, pero una cosa es pertenecer a una comunidad y otra distinta es estar sometido diariamente a las decisiones de su gobierno.
La democracia representativa nació, entre otras cosas, para resolver precisamente ese problema: decidir quién representa a quién y sobre qué asuntos. Por eso quizá la pregunta no debería ser simplemente: ¿Tiene esta persona un vínculo con España?, sino también: ¿Qué decisiones está legitimada para tomar sobre quienes viven en España y soportan sus consecuencias? No es una pregunta sencilla y tampoco admite soluciones simplistas. Excluir a los residentes en el extranjero sería tan discutible como fingir que su situación es idéntica a la de quien vive aquí todo el año. Entre ambos extremos existe un debate legítimo sobre representación, residencia, derechos políticos, circunscripciones, participación exterior y peso del voto.
Lo curioso es que en la comunidad de propietarios de mi amigo ya han resuelto el asunto. Allí no hay debate, me decía mi amigo: “si tu bisabuelo tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, tienes derecho a decidir si el edificio necesita una piscina. Y si los veinte que vivimos aquí protestamos, la respuesta es siempre la misma: “tenéis una visión demasiado localista”.