No quisiera aseverar con absoluta rotundidad que la salida de Óscar Puente haya sido organizada desde Moncloa, eso requeriría pruebas, pero sí considero legítimo y sano democráticamente preguntarse si tras su dimisión hay intereses espurios para terminar funcionando como un cortafuegos político que reduzca la presión sobre Pedro Sánchez en el horizonte electoral.
¿Es una dimisión una verdadera asunción de responsabilidades o puede convertirse en una operación para proteger políticamente a quienes permanecen en el poder?
Cuando una crisis alcanza semejante dimensión, resulta difícil aceptar que todas las responsabilidades políticas deban concentrarse exclusivamente en una persona. Entiendo y comprendo que un presidente del Gobierno no tiene por qué conocer cada actuación de sus ministros, pero sí debe responder políticamente por la dirección general de su Ejecutivo y explicar qué información recibió cuando se producen hechos de especial gravedad. Y aquí es donde las dimisiones adquieren una dimensión estratégica.
La salida de un ministro puede transmitir una imagen de renovación, responsabilidad y firmeza. Pero también puede servir para ganar tiempo, cambiar el foco informativo, la estrategia y permitir que el partido continúe adelante sin afrontar todas las preguntas incómodas. Lo verdaderamente preocupante no es que los políticos dimitan, lo preocupante sería que la dimisión se convirtiera en una cortina de humo y en un sustituto de la transparencia para evitar llegar más arriba.
En una democracia, asumir responsabilidades no consiste únicamente en abandonar un despacho, entregar una cartera ministerial y desaparecer de los titulares. Consiste también en explicar qué ocurrió, qué decisiones se tomaron, quién las conocía y qué errores deben corregirse para que no vuelvan a repetirse. Y cuando hablamos de accidentes ferroviarios con víctimas, esta exigencia debería situarse muy por encima de cualquier interés partidista.
Las familias no necesitan una representación política de culpables y salvadores. Necesitan conocer la verdad. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir que esa verdad no quede enterrada bajo una sucesión de dimisiones, comunicados y cambios de responsables. Por eso creo que debemos empezar a mirar las dimisiones políticas con mayor espíritu crítico; no para negar el valor que pueda tener una renuncia sincera, sino para impedir que se utilice como una fórmula automática para cerrar debates que siguen abiertos. Si Pedro Sánchez desconocía los audios, debería poder aclararse cómo se gestionó esa información dentro del Gobierno. Si los conocía, sería necesario explicar cuándo tuvo acceso a ellos y qué actuaciones se produjeron después. En ambos casos, lo importante es que los hechos puedan esclarecerse y no queden reducidos a una batalla de versiones. La responsabilidad política no puede funcionar como una cadena que siempre se rompe antes de llegar a lo más alto.
España necesita una cultura política en la que dimitir no sea simplemente una manera de salvar la imagen de un partido, sino una consecuencia de la rendición de cuentas. Porque, al final, lo que debería preocuparnos no es solamente quién se marcha, sino quién permanece, qué sabía y qué explicaciones ofrece. Una dimisión puede cerrar una etapa política, pero nunca debería cerrar las preguntas que la provocaron. Y si los partidos convierten las dimisiones en una pieza más de su estrategia de supervivencia, corremos el riesgo de que la responsabilidad política deje de ser una obligación democrática para convertirse en una simple herramienta de comunicación partidista.