por AntonioDeMiguelAnton | Jun 5, 2026 | Opinión, Política
Acabo de terminar de leer el libro de David Alandete. Es una radiografía impecable y adictiva sobre el regreso de Trump, la desinformación y las cloacas del poder. Si queréis entender de verdad la política actual y el periodismo de trinchera, hay que leerlo. El corresponsal en Washington desmenuza no solo el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, sino un fenómeno mucho más cercano y alarmante: la corrupción de los aparatos del Estado destinados a silenciar a la prensa libre.
A través de sus páginas el autor ofrece una radiografía incómoda sobre cómo las altas esferas políticas prefieren la docilidad ciudadana a golpe de manipulación. Alandete detalla campañas dirigidas a minar la reputación de los periodistas que se niegan a actuar como altavoces propagandísticos. Describe cómo se usan herramientas públicas para castigar o premiar medios según su línea editorial, distorsionando el derecho constitucional a la información. Cuenta en primera persona y con vivencias propias las presiones explícitas sufridas por el propio corresponsal a raíz de preguntas incómodas sobre geoestrategia y gasto militar, las cuales activaron maquinarias de acoso digital e institucional.
La corrupción que Alandete describe no se mide únicamente en transacciones financieras ilegales, sino en una moneda mucho más peligrosa: el tráfico de influencias informativas y el espionaje de Estado. La obra pone al descubierto cómo determinados sectores gubernamentales se valen del «coro de la opinión sincronizada» para asfixiar las voces disidentes y moldear relatos artificiales que oculten la realidad geopolítica.
Lo estamos viviendo también en España; la corrupción moderna no siempre viste de maletines ocultos; a menudo se disfraza de decretos, llamadas intimidatorias a las redacciones y campañas de linchamiento reputacional financiadas de forma opaca para garantizar que el poder nunca tenga que dar la explicación real de sus actos. El periodismo independiente, en España, se enfrenta a su época más oscura bajo la sombra de la presión gubernamental y el c
ontrol de la información. El repoquer de jueces, fiscales y policías insobornables formado por Balas, Luzón, Pedraz, Grinda y Biedma y periodistas de investigación valientes como Alejandro Entrambasaguas, Jorge Calabrés, Ketty Garat, José María Olmo o el mismísimo Iker Jiménez podrían ser protagonistas principales de esta película a los que también han intentado torcer voluntades bajo parece ser la batuta de Santos Cerdán y su fontanera.
A mi todo esto me recuerda la icónica película de Los intocables de Eliot Ness cuando la integridad era la única trinchera contra el sistema podrido. En una época en la que la impunidad se disfraza de burocracia y los escándalos de corrupción apenas duran tres días en el telediario, revisar el clásico de 1987 no es un ejercicio de nostalgia cinéfila, es mirarte en un espejo incómodo. Más allá de su impecable estética visual y el ritmo trepidante de sus tiroteos, la película funciona hoy como una feroz crítica a la descomposición de las instituciones y al peligro de una sociedad anestesiada ante la pérdida de valores.
La verdadera amenaza en “Los intocables” nunca fue el armamento de Al Capone, sino su capacidad para comprar conciencias. De Palma filma con crudeza un sistema podrido desde la raíz, donde el uniforme policial, la placa del detective y el mazo del juez tienen un precio de salida. La película lanza un dardo envenenado contra la indiferencia colectiva. Nos muestra cómo la normalización del delito es el paso previo a la tiranía. Al Capone (interpretado magistralmente por Robert De Niro) no es solo un gánster; es el símbolo del empresario corrupto que exige pleitesía pública mientras destruye el tejido moral de una ciudad entera. Ante este panorama, el largometraje plantea una verdad incómoda: cuando las instituciones se corrompen, la ciudadanía queda completamente desamparada.
Frente a este lodazal solo puede funcionar, como lo hace ne el guión de la película, levantar una muralla ética a través de cuatro hombres que deciden que su dignidad no está en venta. Lo mismo ocurre en nuestro país, estos intocables nos muestran cada uno desde su profesión que tener valores cuesta caro y que mantenerse limpio en un entorno hostil implica aislamiento, amenazas, sacrificios y mucho riesgo por el peligroso peaje de combatir al monstruo de la corrupción que es tan contagiosa que obliga a los hombres justos -como ocurre en la película- a cruzar líneas rojas y a rozar la brutalidad del enemigo para poder destruirlo.
La pérdida de valores y la tolerancia social hacia la corrupción no son fenómenos nuevos, pero la película nos recuerda que la única vacuna sigue siendo la responsabilidad individual. Cuando el sistema falla y el relativismo moral lo justifica todo, la integridad deja de ser una opción personal para convertirse en la última trinchera de la verdad y de la justicia. Bravo por estos grandes profesionales, su honradez y lealtad merecen respeto y admiración. Son héroes en un mar de corrupción gubernamental. Son los verdaderos patriotas. Posiblemente estén deteniendo el mayor ataque a nuestra Democracia, a nuestras libertades, a nuestros valores, a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Son nuestros intocables.
Antonio de Miguel
por AntonioDeMiguelAnton | May 28, 2026 | Opinión, Política, Varios
Hubo un tiempo en que ser rebelde en política conllevaba costes reales: el exilio, la persecución, el encarcelamiento, la pérdida de financiación, el ostracismo mediático e incluso la muerte. Hoy, asistimos a la era de la «falsa rebeldía», un fenómeno global donde los líderes más integrados en las estructuras de poder compiten por ver quién luce el disfraz del superhéroe rebelde más convincente. Se presentan ante sus electores y vecinos como voces libres, valientes y críticas. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad esa rebeldía se disuelve instantáneamente y obedecen sumisamente a las ordenes de las élites de su partido y de su jefe. El amago de motín queda reducido a un calculado ejercicio de contención de daños electorales: retener al votante enfadado sin pagar el precio de la disidencia real.
A nivel local, aquí en Guadalajara lo vemos día sí y día no entre nuestros políticos; Page y Bellido son un ejemplo claro de ello. Hoy ha tocado sí para el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, que ha exigido, de forma “contundente”, al Gobierno de España y a la dirección del Partido Socialista a nivel nacional que “dé las explicaciones oportunas”, tras las últimas informaciones surgidas en el marco de la causa relacionada con el caso Plus Ultra y a “otros procedimientos” como la entrada ayer de la UCO en la sede de Ferraz.
Este fenómeno no es casual ni fruto de un arrebato de honestidad brutal; es una fría y calculada estrategia de supervivencia electoral. El mecanismo es simple: el líder territorial detecta un profundo malestar en su electorado local hacia las políticas del Gobierno central o de la dirección nacional de su propio partido. Para evitar que ese desgaste le arrastre en los próximos comicios locales, el político decide «disfrazarse» de oposición. Adopta el lenguaje de la calle, critica los pactos de su líder nacional y se presenta como el último bastión del sentido común dentro de unas siglas radicalizadas.
El beneficio de esta maniobra es doble. Por un lado, frena la fuga de votos moderados hacia la oposición real, ofreciendo a los ciudadanos una válvula de escape: «Puedes votarme a mí, yo no soy como ellos». Por otro lado, la dirección nacional del partido suele tolerar, e incluso alentar en secreto, este juego de roles. Saben que un perfil discordante pero controlado permite retener territorios clave que, de otro modo, se perderían.
El problema de este equilibrismo político es su fecha de caducidad y el inevitable desgaste de la credibilidad. La distancia entre el dicho y el hecho ensancha la brecha de la desconfianza ciudadana. Cuando un político permite ciertas dosis de degradación y corrupción dentro de su propio partido o califica de «línea roja» o «traición» una ley de su propio Gobierno, pero luego sus diputados votan a favor de ella en el Congreso —o rechazan reprobarla en el Senado—, la rebeldía se destapa como un decorado de cartón piedra. El ciudadano descubre que no está ante un rebelde con causa, sino ante un actor atrapado en el guión del aparato de su partido.
A largo plazo, esta falsa rebeldía depara un panorama peligroso para la salud democrática. Al normalizar que las palabras grandilocuentes carezcan de consecuencias reales, se devalúa el valor del discurso político. La disidencia real, aquella que históricamente conllevaba la pérdida del cargo o la expulsión por defender unos principios, queda sepultada por una simulación estratégica. Mientras el voto parlamentario siga blindando el poder de las cúpulas, los gritos de los barones no serán más que un eco inofensivo, un calculado ruido de fondo diseñado para que, en el fondo, nada cambie.
Esta falsa rebeldía es como un ladrido sin mordida y sin duda es un síntoma de la degradación del debate público, sustituido por la política de la gesticulación, de la pantomima y de la milonga. Desenmascarar esta falsa rebeldía de diseño no es una opción de la sociedad civil, sino una necesidad democrática que tenemos todos. De lo contrario, seguiremos confundiendo el ruido de las cadenas con el sonido de la libertad.
por AntonioDeMiguelAnton | May 21, 2026 | Opinión, Política, Varios
El nuevo «encalamado» de la política española ha sido José Luis Rodŕíguez Zapatero; cercado por la Audiencia Nacional e imputado por el juez José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional que también es el responsable de investigaciones como la del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril de 2025 o la estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club.
En el argot de la calle y de las redacciones de tribunales, «encalomar» siempre ha sido el verbo preferido para describir el juego de pasar la patata caliente. Significa endosar una culpa, colgar un muerto político o, en su acepción más policial, pillar a alguien con las manos en la masa y ponerlo a disposición de la justicia. Durante una década, José Luis Rodríguez Zapatero arrastró el sanbenito de haber sido el culpable único de la crisis de 2008. Sin embargo, la actualidad ha transformado el significado de la palabra para el expresidente: ya no se trata de un relato mediático; esta vez, el juez Calama le ha «encalamado» una imputación penal en toda regla.
La Audiencia Nacional ha sacudido los cimientos de la política española con un auto de 85 páginas. El juez sitúa a Zapatero en el «vértice» y como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» dentro del conocido caso Plus Ultra. El auto ha impactado de lleno en la línea de flotación de Ferraz. La investigación por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental no solo afecta al expresidente, sino que sacude los cimientos éticos de un Gobierno que hizo de la regeneración y la lucha contra la corrupción su bandera fundacional. ¡Qué paradójico! ¿Verdad?
Sin ningún género de duda al vincular el «buen nombre» de Zapatero con la propia dignidad del proyecto socialista, el sanchismo ha cruzado un punto de no retorno: si el expresidente cae el próximo 2 de junio en las dependencias judiciales, arrastrará consigo la precaria estabilidad de las siglas que hoy gobiernan España. Esta defensa a ultranza del PSOE de Sánchez a Zapatero evidencia que el “caso ZP” debe de salpicar a altos cargos del Gobierno de Sánchez que seguramente fueron contactados por el expresidente para ejercer su influencia. Estos funcionarios clave de la Administración del Estado también deben de estar en su casa encerrados y con miedo a ser “encalamados”.
Pero no deben de subestimar a Sánchez y su capacidad de supervivencia; seguro que ya está preparando un nuevo truco de ilusionismo político para desviar la atención y para perpetuarse en el poder. En la política del sanchismo, los golpes de timón e ilusionismo más decisivos rara vez se dan en los mítines, o en las televisiones; se cocinan en los boletines oficiales. Mientras la atención pública se desgasta en el día a día parlamentario y judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza de forma silenciosa en una de las operaciones de ingeniería demográfica más ambiciosas de la democracia reciente. La llamada Ley de Memoria Democrática —popularmente conocida como la Ley de Nietos— ha dejado de ser una simple medida de reparación histórica para convertirse, a ojos de analistas y oposición, en el auténtico «comodín» electoral del sanchismo. A primera vista, la concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados se presenta bajo el manto ético de la justicia. Sin embargo, la letra pequeña y el calendario revelan una fría matemática electoral. Con las oficinas consulares desbordadas y más de medio millón de nuevos ciudadanos ya registrados en el Censo de los Electores Residentes Ausentes (CERA), la demografía política de España está sufriendo una metamorfosis irreversible desde el exterior.
El verdadero peligro de esta medida no radica en el volumen total de votos, sino en su distribución estratégica. En el sistema electoral español, fuertemente condicionado por la Ley D’Hondt, los escaños de las provincias pequeñas y despobladas se deciden a menudo por un puñado de papeletas. Es ahí donde el plan adquiere tintes de «trampa» legalizada. Un ciudadano que jamás ha pisado España, cuyo abuelo emigró en los años cincuenta, puede terminar empadronado por arraigo en provincias como Lugo, Zamora o Cuenca. Al introducir miles de nuevos votantes procedentes de Latinoamérica en circunscripciones con censos reducidos, Moncloa altera drásticamente los equilibrios de poder tradicionales. Es la fragmentación perfecta: ganar escaños decisivos sin necesidad de convencer al votante que sufre la inflación o la presión fiscal del día a día en territorio nacional.
El sanchismo ha demostrado una capacidad de supervivencia inaudita, sustentada siempre en el uso “creativo” del marco normativo. Utilizar el censo del exterior como un dique de contención frente al desgaste interno y los escándalos como el de ZP no es una teoría de la conspiración; es una estrategia de manual. Convertir la nacionalidad española en una herramienta de captación masiva de sufragios desvirtúa el concepto de ciudadanía. Mientras los residentes en España castigan o premian la gestión económica del Ejecutivo en base a su realidad cotidiana, el destino del país podría terminar decidiéndose en los consulados de Buenos Aires, Caracas o La Habana. Un «comodín» definitivo con el que Pedro Sánchez busca asegurarse de que, incluso cuando las encuestas en casa le den la espalda, las matemáticas del exterior siempre le cuadren.
por AntonioDeMiguelAnton | May 14, 2026 | Naturaleza, Política, Varios
En política, la estética y la ética deberían ir siem
pre de la mano. Sin embargo, en el caso del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, demuestra cómo los intereses de las grandes corporaciones energéticas pueden arrollar el sustento de los pueblos con la complicidad de quienes juraron defenderlos. Que el máximo responsable local actúe como promotor en la sombra de un macroparque fotovoltaico es grave; que lo haga mientras ostenta el cargo de delegado provincial de Agricultura de la Junta es, directamente, una burla intolerable para el sector primario.
¿Cómo puede el encargado de proteger, modernizar y amparar a nuestros agricultores bendecir un proyecto como «Haza del Sol»? Hablamos de la entrega de 275 hectáreas de tierra agrícola productiva a la multinacional Alfanar Energía. Bajo el mandato y la complacencia de López Tabernero, los profesionales del campo de la Alcarria se han visto acorralados por un asfixiante ultimátum: o ceden sus tierras por un alquiler impuesto o se exponen al rodillo de la expropiación forzosa.
Es una traición en toda regla a la soberanía alimentaria y al futuro de los jóvenes ganaderos que intentan fijar población en el medio rural. En lugar de blindar el término municipal utilizando las herramientas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal para decretar una moratoria —como han hecho otros ayuntamientos valientes—, el alcalde prefiere parapetarse tras la fría «legalidad administrativa». Una equidistancia tramposa que solo beneficia al gigante energético.
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y los colectivos ecologistas han sido claros: la situación es insostenible y el cese de Santos López como delegado de Agricultura es una necesidad higiénica urgente. No se puede repicar y andar en la procesión. No se puede ser el defensor del agricultor en Toledo y el facilitador de las placas solares en Guadalajara. Fuentelencina merece un alcalde que mire a los ojos a sus vecinos, no uno que mire los balances de resultados de las multinacionales.
Esta colonización fotovoltaica engulle medio millón de hectáreas de campo español. Todo el sector primario está denunciando una ola de especulación que destruye la soberanía alimentaria y acelera la despoblación. España ha perdido más de 500.000 hectáreas de cultivo en apenas diez años, una superficie devorada de forma progresiva por usos del suelo completamente ajenos a la producción agroalimentaria. El eje central de la crisis radica en el avance descontrolado de las plantas fotovoltaicas en zonas de alto valor agronómico. Las infraestructuras de energías renovables ocupan ya unas 47.000 hectáreas de suelo que antes generaba alimentos. Las proyecciones del sector indican que esta cifra superará las 100.000 hectáreas en las próximas décadas si las administraciones no intervienen.
Esta expansión desmedida no se produce sobre terrenos baldíos o zonas desérticas. El capital inversor busca superficies llanas y estratégicas, afectando directamente a vegas fértiles y regadíos consolidados que suponen el motor económico de comarcas enteras. La agricultura y la ganadería son insustituibles. No podemos permitir que el suelo productivo se convierta en moneda de cambio. Hay un vacío normativo que deja la ordenación del territorio a merced de fondos de inversión. Existe un efecto dominó de despoblación y desabastecimiento que está transformando drásticamente el suelo rústico y generando un impacto socioeconómico que va mucho más allá del paisaje. E
ste efecto está provocando la quiebra de la soberanía alimentaria: menos suelo fértil implica una menor capacidad de producción propia, encareciendo la cesta de la compra y disparando la dependencia de importaciones de terceros países. También está provocando una destrucción de empleo local; la instalación de plantas fotovoltaicas apenas genera puestos de trabajo estables tras su construcción, destruyendo el empleo agrario continuo que sustenta los pueblos. Además cataliza el éxodo rural e invierno demográfico; claro, sin expectativas laborales ligadas a la tierra, el relevo generacional se extingue y se acelera el abandono definitivo de los municipios del interior. Además el desequilibrio territorial se hace más presente y el vaciado de los campos consolida un modelo de macrociudades saturadas frente a una periferia productiva desmantelada.
La propuesta, la solución sería un Pacto de Territorios para blindar el campo. Ante la inacción institucional y la falta de una planificación territorial coordinada, el mundo rural debería de exigir a nuestros políticos y gobernantes que la protección de la tierra se situase de manera inmediata en el centro de la agenda política nacional. Urge la articulación de un Pacto de Territorios para buscar establecer límites claros y restrictivos a la instalación de industrias en suelo rústico, forzando la recuperación de suelos ya degradados para fines energéticos y blindando, de manera permanente, los campos de cultivo esenciales. En esto deberían estar los alcaldes, en buscar y catalizar este pacto para no perder; y el alcalde de Fuentelencina por doble razón, una por su condición de delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara y por su condición de alcalde. Blindar la tierra hoy es la única garantía para evitar el desabastecimiento mañana.
por AntonioDeMiguelAnton | May 7, 2026 | Opinión, Política
El Gobierno va a cambiar la legislación para poner límites a la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio. Cuando el menor de edad manifieste oposición a mantener cualquier tipo de contacto, régimen de visitas o convivencia con uno de sus progenitores, se deberán investigar las causas de dicho rechazo y garantizar que el contacto se da en condiciones seguras y de máximo bienestar para él. La nueva normativa prohíbe también el llamado síndrome de alienación parental (SAP: proceso en el que un progenitor manipula a su hijo para denigrar al otro progenitor).
Esta reciente reforma que está siendo impulsada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, bajo el pretexto de blindar la seguridad de los menores, amenaza con dinamitar uno de los pilares más estables de nuestra legislación civil: la custodia compartida. Lo que se presenta como un avance en derechos infantiles es, en la práctica, un retroceso que devuelve a las familias a la era del conflicto judicial permanente y la discrecionalidad ideológica.
El punto más polémico de la nueva normativa de Rego será el de enterrar el SAP por decreto. Esa prohibición explícita de mencionar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que pretende la ministra será muy polémica. Al tacharlo de «pseudociencia» mediante ley, el Ministerio no solo ignora la realidad clínica de miles de menores que son manipulados sistemáticamente para odiar a un progenitor, sino que priva a los jueces de una herramienta esencial para detectar abusos psicológicos.¿Es protección prohibir que se investigue si un niño rechaza a su padre porque ha sido condicionado para ello?
La ministra, en su deseo obsesivo de querer tener razón, parece creer llevarla y por tanto pretende imponerla por BOE, pero la manipulación familiar existe y, a partir de ahora, será invisible ante la ley, dejando a los menores a merced del progenitor que mejor sepa instrumentalizarlos. La trampa radica en la coletilla de la «voluntad del menor». La reforma establece que, si un menor se opone al contacto con un progenitor, se debe priorizar su rechazo. Si bien escuchar al niño es vital, otorgar un poder de veto absoluto a un menor —muchas veces inmerso en una guerra emocional que no comprende—es una irresponsabilidad jurídica. Sira Rego ignora que, en casos de separación traumática, los hijos no siempre saben qué es lo mejor para su bienestar a largo plazo. Al blindar legalmente el rechazo del menor sin permitir el análisis de la alienación, el Gobierno está dando incentivos perversos para que el progenitor custodio alimente el conflicto, sabiendo que la justicia ya no podrá intervenir en la raíz del problema.
Prohibir y borrar por ley la mención o aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) bajo la premisa falsa de proteger a los menores no hace que el problema desaparezca. Cuando la ideología prima frente a la ciencia nada puede salir bien. El argumento principal para esta prohibición es que el SAP no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y aunque el término exacto no figure en los manuales diagnósticos, el fenómeno de la interferencia parental es una realidad clínica documentada. Negar que un adulto pueda instrumentalizar emocionalmente a un niño es ignorar décadas de psicología infantil. Al prohibir su mención, se deja a los jueces sin herramientas para identificar casos donde el rechazo del menor no nace de un trauma legítimo con el progenitor «rechazado», sino de una inducción maliciosa por parte del «custodio».
La reforma quiere responder a la demanda de casos como el de Juana Rivas, a la que la Justicia italiana siempre recogió en tres sentencias civiles lo que denominaron «inducción» y «manipulación». La nueva normativa establece que, si un menor se opone al contacto, se deben investigar las causas. Esto es positivo en teoría, pero peligroso en la práctica si se parte del dogma de que la manipulación es imposible. Si un sistema judicial tiene prohibido considerar la alienación, ante el rechazo de un niño, la tendencia automática será culpar al progenitor rechazado, asumiendo que «algo habrá hecho». Esto puede condenar a miles de niños a una pérdida irreversible del vínculo con uno de sus padres, basándose en una voluntad que, a veces, ha sido secuestrada emocionalmente.
Proteger a la infancia implica escuchar al niño, sí, pero también entender que su voz puede estar influenciada por el conflicto de lealtades. Al legislar contra un concepto clínico, el Gobierno corre el riesgo de desproteger a los menores frente a una de las formas de maltrato psicológico más sutiles: el borrado de un padre o una madre del mapa afectivo del hijo. La ley debería perseguir el abuso allá donde se produzca, sin prohibir palabras que ayudan a describir realidades incómodas.
La custodia compartida ha sido el mayor avance hacia la igualdad real en las últimas décadas. Sin embargo, esta reforma pone tantas trabas y condiciones —basadas a menudo en interpretaciones subjetivas de «bienestar emocional»— que la custodia compartida pasará de ser la norma a ser la excepción. Se legisla desde el prejuicio, asumiendo que la convivencia con ambos padres es un riesgo potencial en lugar de un derecho fundamental del niño. Al final del día, la pregunta es clara: ¿Estamos protegiendo a los niños o estamos dándole herramientas al sistema para que decida, bajo criterios ideológicos, qué familias merecen seguir siéndolo?
La ministra Rego ha elegido lo segundo, y el precio de su decisión lo pagará la salud mental de toda una generación de hijos de padres separados. El proyecto debe aún ser aprobado por las Cortes; su trámite va a ser muy complejo. Esperemos que reine la cordura y sobre todo la ciencia.
Acabo de terminar de leer el libro de David Alandete. Es una radiografía impecable y adictiva sobre el regreso de Trump, la desinformación y las cloacas del poder. Si queréis entender de verdad la política actual y el periodismo de trinchera, hay que leerlo. El corresponsal en Washington desmenuza no solo el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, sino un fenómeno mucho más cercano y alarmante: la corrupción de los aparatos del Estado destinados a silenciar a la prensa libre. 
ontrol de la información. El repoquer de jueces, fiscales y policías insobornables formado por Balas, Luzón, Pedraz, Grinda y Biedma y periodistas de investigación valientes como Alejandro Entrambasaguas, Jorge Calabrés, Ketty Garat, José María Olmo o el mismísimo Iker Jiménez podrían ser protagonistas principales de esta película a los que también han intentado torcer voluntades bajo parece ser la batuta de Santos Cerdán y su fontanera.
