por AntonioDeMiguelAnton | Oct 2, 2026 | Montaña, Naturaleza, Opinión, Política
Siempre he seguido con profunda atención lo que sucede en Francia. Pasé mis veranos en un campamento juvenil en plenos Alpes franceses. Haber vivido la convivencia directa con jóvenes parisinos de la banlieue de Thiais en los Alpes, me permitió, ademas de hacer un montón de amigos parisinos, entender la realidad francesa desde una perspectiva muy rica y cercana, lejos de los puros tópicos y estereotipos, que los había, los hay y muchos.
Mis veranos cobraban un sentido completamente diferente en aquel campamento juvenil; al principio, el contraste era total: yo venía de aquella Guadalajara de los años 70 y ellos traían consigo la energía desbordante, el ritmo rápido y los códigos propios de un municipio del cinturón sur parisino.
Sin embargo, los Alpes igualaban todo, bastaban un par de rutas de senderismo cuesta arriba, por esos “picazos”, para que las diferencias se borraran por completo. Entre el esfuerzo de las marchas, las risas y mis intentos por seguirles el ritmo cuando hablaban francés, la distancia inicial desaparecía. Mi momento favorito era el atardecer, cuando nos sentábamos juntos a compartir el goûter, esas meriendas francesas tan deliciosas; ahí, la intensidad de los jóvenes parisinos de la banlieue se transformaba en pura complicidad, risas y confidencias. Convivir con ellos en pleno corazón alpino me demostró que, sin importar de dónde vengamos, la juventud comparte siempre el mismo idioma cuando se trata de hacer amigos y vivir una aventura en un medio natural.
Francia, hoy se enfrenta a una ola de disturbios urbanos y protestas estudiantiles impulsadas por el descontento ante recortes presupuestarios en la educación pública y un plan gubernamental para reducir la deuda pública. La situación ha dejado cerca de dos mil detenidos, la parálisis de más de mil centros educativos y una creciente tensión política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Al otro lado de los Pirineos, en España, la situación no es idéntica, pero tampoco tan diferente como algunos podrían pensar. El uso político de estas movilizaciones son muy similares; allí buscan canalizar y usar el descontento social para obtener ventajas electorales y legislativas. La izquierda radical (LFI) respalda las protestas estudiantiles para unificar el descontento contra los recortes del Gobierno; el Ejecutivo aprovecha los disturbios para centrar el debate en la seguridad y tachar a la oposición de irresponsable; y la derecha de Le Pen utiliza el caos callejero para reforzar su agenda de «ley y orden» de cara a las elecciones presidenciales. En España, es la izquierda y el Gobierno quien instrumentaliza la presión de las manifestaciones por la vivienda.
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación francesa es la dificultad para encontrar acuerdos políticos duraderos. La fragmentación parlamentaria, los enfrentamientos entre partidos y las tensiones presupuestarias complican la capacidad del Gobierno para sacar adelante sus decisiones. España tampoco es ajena a esta realidad, la aritmética parlamentaria obliga a negociar constantemente y convierte muchas decisiones importantes en una compleja partida de equilibrios políticos. Negociar es consustancial a una democracia plural, el problema aparece cuando la ciudadanía percibe que las disputas entre partidos ocupan más espacio que las soluciones a los problemas reales.
Mientras se discuten estrategias, pactos y cálculos electorales, miles de familias siguen afrontando dificultades para pagar el alquiler, hacer frente a la cesta de la compra o mantener su nivel de vida. La distancia entre las prioridades, los intereses y las conveniencias de la política institucional y las preocupaciones cotidianas puede convertirse en un combustible peligroso para la desconfianza. Francia tiene una larga tradición de movilizaciones, huelgas y protestas. Los chalecos amarillos, las grandes manifestaciones contra la reforma de las pensiones y las recientes movilizaciones muestran que la calle continúa siendo un espacio central de expresión política. España también conoce ese fenómeno. El 15-M, las mareas ciudadanas, las protestas contra los desahucios y las movilizaciones por la vivienda son ejemplos de cómo el descontento puede articularse fuera de los partidos tradicionales.
La protesta es un derecho fundamental y una herramienta legítima de participación democrática, pero conviene no confundir la movilización pacífica con actos violentos y con la politización y uso electoral y partidista de nuestros problemas. Quizá uno de los paralelismos más inquietantes entre Francia y España se encuentre en las expectativas de los jóvenes. Durante décadas, la promesa de progreso estuvo asociada al esfuerzo, la formación y el trabajo. Estudiar, encontrar un empleo y ahorrar permitía imaginar una vida independiente. Hoy, esa secuencia ya no garantiza el mismo resultado. Los salarios, el precio de la vivienda, la precariedad de determinados empleos y la incertidumbre económica han alterado las expectativas de muchos jóvenes.
No se trata de idealizar el pasado ni de afirmar que las generaciones anteriores no tuvimos dificultades; se trata de reconocer que una sociedad que no consigue ofrecer perspectivas razonables a quienes comienzan su vida adulta corre el riesgo de debilitar su propio contrato social. Cuando una parte de la juventud siente que el futuro está reservado a quienes ya disponen de recursos, la frustración puede transformarse en apatía, desconfianza o movilización. Cada país tiene sus propias instituciones, tradiciones de protesta, equilibrios políticos y problemas económicos; pero existe una relación inevitable entre el descontento social y los disturbios. Una democracia no se mide únicamente por su capacidad para celebrar elecciones, sino también por su capacidad para escuchar, corregir errores y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Gobernar no consiste solo en resistir hasta las próximas elecciones; también implica asumir responsabilidades, explicar decisiones difíciles y demostrar que la política puede cambiar la realidad.
El verdadero peligro no es la protesta, sino la desconexión. Francia nos muestra un escenario de tensión que invita a la reflexión. España comparte algunas de las condiciones que alimentan ese descontento, aunque no esté atravesando exactamente la misma situación. La lección que se puede extraer no es que ambos países estén condenados a vivir una crisis idéntica, es que ningún sistema político debería dar por garantizada la paciencia de sus ciudadanos. Porque el mayor problema de una democracia no es que sus ciudadanos salgan a la calle para exigir cambios; el problema empieza cuando demasiadas personas dejan de creer en sus instituciones, desconfían es sus políticos y en que sus problemas les importan de verdad.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 25, 2026 | Opinión, Política
Hay historias que se convierten en símbolos mucho antes de que se contraste toda la verdad y como comenzó todo. La de Mari Carmen es una de ellas. Ayer volvimos a ver concentraciones y consignas alrededor de una mujer de 87 años en silla de ruedas que llevaba décadas viviendo en un piso de renta antigua en Madrid. Y, como suele ocurrir cuando un caso particular se convierte en bandera política, la complejidad desapareció bajo un relato mucho más sencillo: una anciana vulnerable y un grupo de solidarios manifestantes frente a unos malvados especuladores sin corazón y humanidad. El problema es que la realidad es bastante más compleja y larga. Mari Carmen no llegó ayer a esa vivienda, entró en 1956, cuando tenía 17 años, en un contrato de los que entonces existían y que permitían una estabilidad residencial extraordinaria. Tras la muerte de su padre se produjo una primera subrogación y, posteriormente, otra a favor de Mari Carmen. Un sistema que permitía a determinadas familias permanecer durante décadas en una vivienda con rentas muy reducidas y una protección extraordinaria frente a la voluntad del propietario.
Durante todo ese tiempo, la vivienda dejó de ser para ella un simple lugar donde vivir. Se convirtió en su hogar, en su barrio, en sus recuerdos y en su historia personal, es comprensible, lo que no es comprensible es que esa realidad emocional se utilice para borrar la realidad jurídica; porque Mari Carmen no era propietaria de aquel piso, era inquilina. Y el hecho de haber vivido allí durante setenta años no modificaba por sí solo esa condición. La propiedad tenía unos derechos, ella tenía otros. Y el conflicto consistía precisamente en determinar hasta dónde llegaban unos y otros. Los tribunales terminaron estableciendo que la segunda subrogación no le daba derecho a permanecer indefinidamente en la vivienda.
El caso de Mari Carmen plantea preguntas incómodas que ayer, durante las manifestaciones, parecían quedar deliberadamente fuera de plano. ¿Qué derechos tenía realmente como inquilina? ¿Qué obligaciones tenía el propietario? ¿Qué ocurrió con el contrato de renta antigua? ¿Por qué se produjo la venta del inmueble? ¿Qué responsabilidad tienen las distintas leyes que han regulado estos alquileres durante décadas? Y, sobre todo, ¿por qué parece que cuestionar el relato de una anciana equivale automáticamente a carecer de humanidad?
Podemos discutir si esa legislación es justa, si debería existir un régimen de protección especial para las personas mayores o si el sistema de renta antigua ha generado situaciones difíciles de resolver. Pero no podemos fingir que el derecho de Mari Carmen a quedarse para siempre era una evidencia que solamente unos abogados sin escrúpulos se negaban a reconocer. Durante décadas, los contratos de renta antigua ofrecieron a los inquilinos una estabilidad que hoy resulta excepcional. Una persona podía permanecer en una vivienda durante gran parte de su vida pagando una renta muy inferior a la que tendría que pagar un nuevo inquilino, eso es lo que ocurrió con Mari Carmen. No hay nada ilegal en ello, tampoco hay nada vergonzoso en beneficiarse de un contrato legal. Pero sí hay una cuestión que merece ser discutida: ¿hasta qué punto es razonable mantener indefinidamente una protección económica cuando las circunstancias han cambiado por completo? El barrio de Retiro no es el mismo que en 1956. El mercado inmobiliario no es el mismo. El valor de la vivienda no es el mismo. Y las condiciones económicas de la propiedad tampoco son necesariamente las mismas. Sin embargo, el relato de la protesta parece asumir que el precio antiguo debe mantenerse eternamente porque el inquilino lleva mucho tiempo allí. ¿Y qué ocurre con quien compró la vivienda? ¿Y con quien heredó el inmueble? ¿Y con quien necesita venderlo? ¿Y con quien no puede afrontar los gastos de mantenerlo? La respuesta habitual parece ser que el propietario siempre puede vender, pero cuando vende, entonces aparece otro problema: el comprador es un fondo de inversión.
Aquí es donde el discurso de ayer merece una crítica seria. Se denuncia que los fondos de inversión compran viviendas y expulsan a sus inquilinos, pero rara vez se explica por qué esos inmuebles terminan en manos de esos inversores. En este caso, la familia propietaria vendió el edificio, posteriormente, el inmueble acabó en manos de una sociedad inmobiliaria. Podemos criticar la concentración de vivienda en manos de grandes inversores, podemos defender que determinados barrios necesitan más vivienda pública y que el alquiler debe tener reglas que protejan a los inquilinos, pero también deberíamos preguntarnos si una regulación que dificulta durante décadas la recuperación de una vivienda puede influir en quién está dispuesto a comprarla.
Un pequeño propietario puede no tener capacidad para afrontar años de litigios, abogados, gastos y riesgos. Una gran sociedad inmobiliaria sí puede tenerla. Y entonces ocurre algo que resulta bastante paradójico: las mismas políticas que pretenden proteger al inquilino pueden terminar favoreciendo que la vivienda pase de un pequeño propietario a un gran inversor. No es una ley universal ni una explicación suficiente para todos los casos. Pero es una cuestión que debería formar parte del debate. El contrato de Mari Carmen nació durante el franquismo, pero las normas que regularon su continuidad durante décadas también fueron modificadas por gobiernos democráticos. En 1985, el Gobierno de Felipe González aprobó el Real Decreto-ley 2/1985, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos de arrendamiento, aunque mantuvo el régimen anterior para los contratos ya existentes. En 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos estableció un régimen transitorio para esos contratos antiguos y limitó las posibilidades de subrogación. Por tanto, cuando se presenta el caso como si todo fuera consecuencia de una decisión reciente de la derecha, se está contando una historia incompleta. El sistema de renta antigua no lo inventó un gobierno actual. Tampoco se puede atribuir a un único partido la responsabilidad de todas las consecuencias de una legislación que ha atravesado varias décadas.
Los políticos que ayer se manifestaban deberían explicar claramente qué modelo de vivienda proponen, cuánto costaría y quién asumiría el coste. Porque mantener un alquiler indefinidamente por debajo del mercado no es gratis. El coste puede recaer sobre el propietario, sobre el Estado o sobre el conjunto de los contribuyentes. Y si el Estado decide asumirlo, entonces la discusión deja de ser solamente jurídica. Se convierte en una discusión sobre política pública. Hay algo profundamente humano en querer que una mujer de 87 años no tenga que abandonar el lugar donde ha vivido toda su vida, pero la compasión no puede sustituir a la responsabilidad. Si una persona necesita protección por su edad, su discapacidad o su situación económica, debemos discutir qué mecanismos existen para ofrecerla. Si una persona necesita una vivienda, debemos discutir cómo garantizar el acceso a la vivienda. Si una persona no puede pagar un alquiler de mercado, debemos discutir qué ayudas, viviendas públicas o soluciones habitacionales pueden ofrecerse. Lo que no podemos hacer es convertir una vivienda privada concreta en una especie de derecho absoluto que se mantiene indefinidamente porque el inquilino lleva muchos años viviendo allí. Porque eso no es solamente una cuestión de solidaridad, es una cuestión de propiedad. Y si queremos modificar el régimen de propiedad, debemos decirlo claramente.
Ayer, quienes se manifestaron podían estar defendiendo cosas muy distintas. Algunos quizá querían evitar que una anciana terminase en una situación de vulnerabilidad. Otros quizá querían protestar contra los fondos de inversión. Otros quizá querían defender un modelo de alquiler protegido. Y otros quizá querían criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero si la protesta pretendía presentar el caso como una injusticia evidente en la que una anciana tenía derecho a permanecer para siempre en aquella vivienda, entonces el debate debería ser bastante más riguroso. Porque la justicia no consiste únicamente en ponerse de parte de quien tiene una historia más emotiva, también consiste en reconocer que existen derechos contrapuestos y que, cuando esos derechos entran en conflicto, no basta con gritar más fuerte.
Mari Carmen no es el problema pero tampoco es la solución, Mari Carmen no creó el sistema de renta antigua ,no aprobó las leyes que permitieron las subrogaciones, no decidió cómo evolucionaría el mercado inmobiliario, no inventó los fondos de inversión, pero tampoco podemos convertir su caso en una explicación total de la crisis de vivienda. Su historia es la de una persona que se benefició durante décadas de un régimen de alquiler protegido y que, finalmente, perdió el derecho a permanecer en la vivienda. Es una historia triste, pero no necesariamente es una historia de abuso. Y si queremos discutir las consecuencias de la renta antigua, debemos hacerlo sin convertir a Mari Carmen en una heroína intocable ni a la propiedad en un villano automático. La política de vivienda debería ser capaz de sostener varias ideas al mismo tiempo:
-Que una persona mayor merece protección.
-Que los inquilinos necesitan seguridad jurídica.
-Que los propietarios tienen derechos.
-Que el alquiler debe ser económicamente viable.
-Que la vivienda pública es necesaria.
-Que la concentración de inmuebles en manos de grandes inversores puede plantear problemas.
-Que las leyes tienen consecuencias no deseadas.
-Y que esas consecuencias no desaparecen porque una manifestación consiga una imagen poderosa.
Si queremos que los propietarios alquilen, debemos ofrecerles seguridad. Si queremos que los inquilinos tengan estabilidad, debemos establecer reglas claras. Si queremos que las personas mayores vulnerables no sean expulsadas de sus hogares, debemos crear mecanismos específicos de protección. Y si queremos que los barrios no se llenen de grandes inversores, debemos entender por qué los pequeños propietarios venden. Todo eso requiere más trabajo que señalar a un enemigo político. Esta historia de Mari Carmen no es una historia en la que unos son buenos porque defienden a una anciana y otros son malos porque defienden la propiedad, la vivienda es demasiado importante para reducirla a eso. Mari Carmen merece una solución que tenga en cuenta su edad, su situación personal y su necesidad de vivienda, pero los propietarios merecen también que sus derechos no se conviertan en papel mojado. Y la sociedad merece una política de vivienda que no dependa de que el próximo caso tenga una imagen suficientemente emotiva para movilizar a la gente, porque cuando una sociedad sustituye las reglas por las emociones, el problema no desaparece, simplemente se lo deja a la siguiente persona.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 21, 2026 | Opinión, Política
Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo en el que Europa prefiere no mirarse. La invasión que asfixia a la ciudad autónoma tras las entradas masivas de este verano ha dejado al descubierto una realidad que va mucho más allá de las cifras de acogida. Lo que hoy se respira en sus playas y barriadas no es solo el colapso material de unas instituciones desbordadas; es la descomposición silenciosa de la convivencia, acelerada por quienes han decidido que el miedo es una excelente herramienta electoral.
Es innegable que la ciudadanía ceutí sufre una fatiga crónica legítima. Una población de poco más de 80.000 habitantes no puede gestionar en solitario la frontera sur de un continente entero. El agotamiento ante los servicios públicos saturados y la perenne sensación de desamparo por parte de Madrid y Bruselas forman un caldo de cultivo idóneo para la frustración, el miedo y el hartazgo. La mecha de Ceuta está a punto de encenderse si es que no se ha encendido ya, evitar que se queme y estalle todo es tarea de todos. Pedir «paciencia» a una ciudad al límite mientras el calendario institucional se dilata no es una estrategia muy acertada; no es ni razonable ni inteligente negar las preocupaciones de los vecinos de Ceuta e intentar convencerles de que tienen que acostumbrarse a vivir con una realidad que es invivible. Una democracia no puede pedir a quienes sienten que su ciudad está sometida a una presión extraordinaria que simplemente dejen de preocuparse. Aumentar la intensidad del ventilador de la crispación tampoco parece muy afortunado. Si permitimos que el malestar social sea devorado por la intolerancia, habremos perdido lo más valioso que define a la sociedad ceutí: su histórica capacidad para mantener la paz y la convivencia en mitad de la frontera. El polvorín está listo; de la responsabilidad de nuestros gobernantes y de la propia sociedad civil depende no arrimar la cerilla.
Una sociedad sometida durante mucho tiempo al miedo puede terminar buscando rostros sobre los que descargar su frustración. Primero se señala, después se estigmatiza y finalmente, alguien decide que tiene derecho a actuar contra quien ha sido señalado. Ese recorrido no es inevitable, pero la historia demuestra que la violencia política y social rara vez aparece de la nada. Antes suele existir un deterioro del lenguaje, una pérdida de empatía y una creciente aceptación de que determinadas personas —por lo que piensan, por lo que defienden o por quienes son— merecen ser tratadas como enemigos.
Ceuta necesita seguridad, necesita libertad, necesita que sus derechos no sean pisoteados, necesita una política migratoria eficaz, necesita protección de sus fronteras y recursos suficientes para afrontar una situación excepcional. Y necesita que las preocupaciones de sus ciudadanos sean escuchadas; necesita algo tan básico como que nadie tenga miedo de atravesar una calle, sacar el perro a pasear por la noche, ir al gimnasio o al colegio, ir a pasear a sus playas acudir a una protesta y también necesita poder defender una posición política en libertad o ejercer sin miedo un cargo público porque pueda convertirse en objetivo de una turba. La violencia no puede convertirse en la continuación del debate político por otros medios. Y cuando una ciudad empieza a parecer un polvorín, la responsabilidad de quienes tienen capacidad de influencia no consiste en acercar la cerilla a la pólvora, sino en rebajar la temperatura. Porque una vez que el miedo encuentra un enemigo, siempre existe el riesgo de que alguien termine creyendo que atacarlo está justificado.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 14, 2026 | Opinión, Política
Me contaba este pasado fin de semana un amigo madrileño, que en su “comunidad de vecinos votan los hijos, nietos y bisnietos de todos los que alguna vez han tenido un piso en el edificio, aunque lo vendieran hace cincuenta años y sus descendientes no hayan pisado el portal en toda su vida”. Es muy divertido, me decía “porque ya son unos 170 y los que vivimos aquí apenas somos 20. Muchos no saben dónde está el edificio, no hablan con ningún vecino y algunos confunden nuestra calle con una localidad de la provincia de Córdoba (Argentina) pero participan activamente en su gestión. Al fin y al cabo, su antepasado tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, así que sería injusto negarles el derecho a decidir cómo debemos vivir los demás.”
Gracias a ellos -me decía- “ahora tenemos un portón automático para el garaje. No tenemos garaje, pero la inauguración fue preciosa y el presidente pronunció un discurso muy emocionante sobre la recuperación de la memoria comunitaria. También hemos instaurado el felpudo único: nadie puede utilizar un modelo distinto del aprobado en junta. Cuesta 375 euros y lo vende el vicepresidente, un señor muy majo que vive en un pueblito de San Luis Potosí (México) y que conoce perfectamente las necesidades del edificio porque pasó por delante de él una vez, durante una escala, en 1998.”
La última -me contaba- “ la junta acordó que solo se puede tender ropa los días impares del mes, y la de color únicamente cuando el número del día sea primo. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría gracias al voto por correo de 106 descendientes de antiguos propietarios. Los vecinos que vivimos aquí votamos en contra, pero se nos explicó que teníamos una visión demasiado localista y que la comunidad pertenece también a quienes mantienen con ella un vínculo histórico y afectivo, aunque no sepan si tenemos ascensor.”
Ahora -me terminó contando- “están estudiando instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, declarar festivo el aniversario de la Primera Derrama y cambiar el nombre del edificio por «Residencial Memoria Democrática». Nosotros solo hemos pedido que arreglen la gotera del quinto, pero la propuesta lleva tres años paralizada porque no despierta suficiente interés entre los comuneros de Montevideo”. Eso sí, concluyó sentenciando y diciendo de una forma tajante -como habiendo interiorizado y asimilado todo-, que: “las cuotas, las derramas y las averías seguimos pagándolas los 20 que vivimos aquí. Los otros 170 solo participan en las decisiones.”
A este sistema, me dijo mi amigo, “lo llamamos «comunidad de propietarios por ley de nietos». Es impecablemente democrático. Finalizó la conversación con una frase demoledora: “cuantos menos afectados estén por una decisión, más fácil resulta conseguir una mayoría para imponerla.”
El paralelismo de la comunidad de mi amigo con el voto CERA resulta especialmente interesante porque pone encima de la mesa una tensión inevitable entre vínculo y afectación. El que vive fuera puede conservar vínculos familiares, culturales, sentimentales e incluso económicos con el país; puede sentirse profundamente unido a él, puede haber nacido allí, haber crecido allí o marcharse contra su voluntad; pero el que vive dentro abre cada mañana la persiana, paga los impuestos, utiliza la sanidad, lleva a sus hijos al colegio, sufre el precio de la vivienda, utiliza el transporte público y descubre personalmente si la decisión de la junta sobre el felpudo era una buena idea.
No es lo mismo tener un vínculo con un lugar que vivir las consecuencias de las decisiones que se toman sobre él. Y esa diferencia debería formar parte de cualquier debate serio sobre representación. Porque la democracia no consiste únicamente en contar votos. También consiste en decidir quién debe formar parte del cuerpo que toma una determinada decisión y por qué.
Si mañana los vecinos del edificio de mi amigo deciden instalar una piscina climatizada en el cuarto de contadores, parece razonable que tengan algo que decir quienes viven en el edificio. Pero imaginemos que, además, permitimos votar a los descendientes de todos los propietarios que alguna vez pasaron por allí; llegarían a una situación “magnífica”: podrían aprobar la piscina con 140 votos a favor, aunque 19 de los 20 vecinos presentes hubieran votado en contra.
La paradoja es que el sistema puede ser perfectamente democrático en su procedimiento y, sin embargo, generar resultados profundamente injustos y desconectados de quienes están afectados por ellos. Hay una lección bastante incómoda detrás de la comunidad de propietarios de mi amigo: la mayoría no siempre coincide con la mayoría de los afectados. Los veinte que viven allí siguen a día de hoy pagando las cuotas, las derramas y las reparaciones. Los otros 170 votan, la gotera del quinto lleva tres años esperando, la piscina climatizada está a punto de aprobarse. Y el felpudo nuevo llega el martes. El vecino que vive en el quinto no necesita explicar su vínculo afectivo con el edificio, está demostrado cada vez que baja a por el correo y encuentra una gotera. El que vive fuera puede querer muchísimo el inmueble, pero no se le moja el dormitorio. La democracia, como puede comprobarse, funciona perfectamente. Sobre todo cuando no eres tú quien tiene la gotera.
Cuanto más lejos está alguien de las consecuencias de una decisión, menos le cuesta votar a favor de ella, no porque sea mala persona, simplemente porque el coste lo paga otro. Hemos confundido pertenencia con afectación. Una persona puede pertenecer emocionalmente a un país sin vivir en él, puede sentirse española, catalana, gallega, andaluza, madrileña o lo que considere, puede conservar sus tradiciones, su idioma, sus recuerdos y sus amigos; todo eso es perfectamente legítimo, pero una cosa es pertenecer a una comunidad y otra distinta es estar sometido diariamente a las decisiones de su gobierno.
La democracia representativa nació, entre otras cosas, para resolver precisamente ese problema: decidir quién representa a quién y sobre qué asuntos. Por eso quizá la pregunta no debería ser simplemente: ¿Tiene esta persona un vínculo con España?, sino también: ¿Qué decisiones está legitimada para tomar sobre quienes viven en España y soportan sus consecuencias? No es una pregunta sencilla y tampoco admite soluciones simplistas. Excluir a los residentes en el extranjero sería tan discutible como fingir que su situación es idéntica a la de quien vive aquí todo el año. Entre ambos extremos existe un debate legítimo sobre representación, residencia, derechos políticos, circunscripciones, participación exterior y peso del voto.
Lo curioso es que en la comunidad de propietarios de mi amigo ya han resuelto el asunto. Allí no hay debate, me decía mi amigo: “si tu bisabuelo tuvo un tercero interior durante seis meses en 1964, tienes derecho a decidir si el edificio necesita una piscina. Y si los veinte que vivimos aquí protestamos, la respuesta es siempre la misma: “tenéis una visión demasiado localista”.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 9, 2026 | Educación, Opinión, Política
Les he de confesar que los resultados de PISA 2025 no me pillan por sorpresa. Llevamos años con datos e informes catastróficos de la salud de nuestro modelo educativo y no dejamos de aprender de los propios errores que año tras año nos dejan en evidencia. Es un error utilizar PISA únicamente como arma partidista y no cuestionarse qué políticas funcionan y cuáles no para cambiarlas o potenciarlas. Esa cuestión debería estar por encima de cualquier gobierno, de cualquier ideología, de cualquier política y por supuesto de cualquier partido.
PISA no debería servir para decidir quién tiene razón en una vieja guerra ideológica sobre el sistema educativo, debería servir para preguntarnos qué necesitan realmente nuestros alumnos; y la respuesta, probablemente, no sea tan complicada: mejores profesores, más conocimiento, más lectura, mejores fundamentos matemáticos, exigencia acompañada de apoyo y una tecnología utilizada con inteligencia, no como sustituto del esfuerzo.
Los datos de PISA 2025 deberían servir para algo más que para una disputa política o para una sucesión de titulares. Deberían abrir una reflexión profunda sobre qué entendemos por educar y qué modelo educativo queremos. Quizá haya llegado el momento de recuperar algunas preguntas básicas: ¿qué debe saber un alumno al terminar cada etapa? ¿Cuánto debe leer? ¿Qué conocimientos debe dominar? ¿Cuánto tiempo necesita para practicar? ¿Cómo enseñamos el esfuerzo? ¿Cómo recuperamos la perseverancia? ¿Cómo conseguimos que la tecnología ayude en lugar de distraer? La educación puede y debe evolucionar, pero evolucionar no significa prescindir de sus fundamentos.
El peor resultado de PISA no sería que España bajara unos puntos, el verdadero desastre sería mirar esos datos, discutir durante una semana y después volver a hacer exactamente lo mismo. No se trata de elegir entre equidad y excelencia, se trata de entender que sin excelencia, la equidad termina convirtiéndose en una promesa vacía; y sin equidad, la excelencia se convierte en un privilegio. La fotografía que acaba de publicar la OCDE no es tranquilizadora. El rendimiento de los alumnos españoles de 15 años se sitúa por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. En comparación con 2022, España vuelve a retroceder en matemáticas y lectura, mientras que las ciencias permanecen prácticamente estables. Y si ampliamos la mirada hasta 2015, los resultados se encuentran entre los más bajos registrados en España.
No estamos, por tanto, ante una simple consecuencia pasajera de la pandemia. El Covid puede explicar una parte del golpe sufrido por los sistemas educativos, pero cada vez resulta más difícil utilizarlo como explicación suficiente de lo que está ocurriendo. La propia OCDE señala que, después de la enorme caída registrada en PISA 2022, los resultados han seguido estancados o descendiendo en numerosos países. Y aquí aparece la primera gran pregunta: ¿qué estamos haciendo mal? El problema no es solamente cuánto aprenden, sino qué estamos dejando de exigir. Durante años, el debate educativo se ha desplazado desde los conocimientos hacia las competencias, desde los contenidos hacia las metodologías y desde la exigencia hacia la inclusión. Algunas de estas transformaciones tienen sentido. Nadie debería defender una escuela que abandone a los alumnos con más dificultades. Pero hay una confusión peligrosa: pensar que exigir menos equivale a incluir más. No es así, no necesitamos rebajar el nivel, necesitamos buscar fórmulas para alcanzar ese nivel. La igualdad educativa no debería consistir en que todos reciban la misma expectativa a la baja, sino en que todos tengan las herramientas necesarias para alcanzar unas expectativas altas.
Los datos de PISA deberían servir precisamente para recuperar esta conversación. España tiene un 67% de alumnos que alcanza al menos el nivel 2 de competencia matemática, frente al 65% de media de la OCDE. En ciencias, el porcentaje español es del 76%, frente al 74% de la OCDE. En lectura, sin embargo, España se sitúa ligeramente por debajo: 68% frente al 69%. Es decir, el diagnóstico no es simplemente que «todo vaya mal». El problema más preocupante aparece cuando observamos la tendencia y, especialmente, la escasez de alumnos situados en los niveles superiores. Solo alrededor del 4% de los estudiantes españoles alcanza los niveles más altos en ciencias y matemáticas, frente a un 7% de media de la OCDE en ciencias.
Una educación que consigue que más alumnos alcancen un mínimo, pero que tiene dificultades para llevar a una proporción significativa de ellos hacia la excelencia, corre el riesgo de confundir igualdad con uniformidad. El asunto, por ejemplo de la lectura debería encender todas las alarmas. La OCDE calcula que entre 2015 y 2025 la puntuación media de lectura cayó 28 puntos en el conjunto de la OCDE, una pérdida equivalente aproximadamente a un año y medio de aprendizaje. Leer bien significa comprender un problema de matemáticas, interpretar una fuente histórica, seguir una explicación científica, distinguir un argumento de una opinión o evaluar críticamente una información encontrada en internet. Y precisamente cuando vivimos rodeados de información, titulares, vídeos, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial, comprender un texto se convierte en una competencia todavía más importante.
La paradoja es evidente: cuanto más fácil resulta producir información, más importante resulta saber interpretarla. La tecnología no es el enemigo y conviene huir de las simplificaciones. El debate sobre móviles, pantallas e inteligencia artificial suele plantearse como una guerra entre tecnófilos y tecnófobos. Pero PISA 2025 ofrece una conclusión bastante más interesante. La OCDE advierte de que la relación entre inteligencia artificial y rendimiento es compleja. La tecnología puede ayudar al aprendizaje cuando se utiliza con objetivos concretos, pero su uso excesivo o recreativo puede perjudicarlo. De hecho, los propios datos muestran asociaciones negativas entre determinados usos de IA para tareas escolares y el rendimiento, lo que demuestra que utilizar una herramienta no equivale automáticamente a aprender.
Por eso la cuestión no debería ser si queremos tecnología en las aulas, la cuestión debería ser para qué. Un móvil puede distraer o puede convertirse en una herramienta. Una inteligencia artificial puede sustituir el esfuerzo intelectual o puede ayudar a un alumno a comprender algo que no entendía. Un buscador puede fomentar la superficialidad o enseñar a contrastar fuentes. La respuesta no está en prohibir indiscriminadamente ni en abrazar ingenuamente cualquier innovación. Está en enseñar a utilizarla.
La principal lección que nos da PISA 2025 va más allá de la ideológica o partidista, de si una política educativa es buena y otra no. PISA nos desvela que los alumnos necesitan saber cosas. Necesitan leer mucho y comprender lo que leen. Necesitan dominar las matemáticas. Necesitan conocer ciencia. Necesitan escribir. Necesitan memorizar determinados conocimientos para poder relacionarlos con otros. Necesitan profesores bien formados y con tiempo para enseñar. Necesitan disciplina, esfuerzo y hábitos de estudio. Y también necesitan aprender a utilizar las nuevas tecnologías. No hay contradicción entre ambas cosas. Un alumno que no sabe leer críticamente puede convertirse en un consumidor perfecto de respuestas generadas por una máquina. Uno que sabe leer, pensar, contrastar y razonar puede convertir esa misma máquina en una herramienta extraordinariamente poderosa. El verdadero fracaso sería no aprender de PISA. PISA 2025 nos devuelve una realidad incómoda: sin esfuerzo, sin mérito, sin disciplina, sin perseverancia y sin responsabilidad no hay aprendizaje y sin conocimiento no hay pensamiento crítico. Para analizar, relacionar, sintetizar y concluir primero hay que saber. Y para saber hay que hacer un trabajo duro. La escuela puede cambiar sus métodos y herramientas, puede innovar, pero no puede renunciar a enseñar.
Durante las últimas décadas se ha intentado transformar la escuela. Se han incorporado nuevas metodologías, herramientas digitales, dispositivos electrónicos, nuevos espacios y distintas formas de organizar el aprendizaje. La intención era modernizar un modelo educativo considerado demasiado tradicional. Pero en ese proceso puede haberse cometido un error: confundir modernizar la escuela con eliminar algunos de los principios sobre los que históricamente se ha construido el aprendizaje. La metodología puede cambiar. También pueden cambiar los recursos, las tecnologías y los espacios. Pero hay una cuestión difícil de discutir: sin esfuerzo no hay aprendizaje profundo y sin conocimiento no puede existir una educación sólida.
Otro elemento que merece atención es la capacidad de los alumnos para perseverar ante una dificultad. Aprender no siempre es divertido. Tampoco es inmediato. Hay conocimientos que requieren repetición, práctica, concentración y tiempo. Resolver un problema matemático complicado, comprender un texto complejo o dominar una determinada disciplina exige aceptar la frustración y continuar trabajando. Por eso, la perseverancia no debería considerarse un elemento secundario del proceso educativo. La escuela también debe enseñar a los alumnos a enfrentarse a aquello que cuesta, a equivocarse, corregir, volver a intentarlo y terminar aquello que han comenzado. Una escuela moderna no tiene por qué ser una escuela sin exigencia. La modernización educativa no debería consistir en sustituir todo lo anterior por todo lo nuevo. Porque una escuela moderna no es aquella que tiene más dispositivos, utiliza más aplicaciones o cambia constantemente de metodología. Es aquella que consigue que sus alumnos lean mejor, escriban mejor, comprendan mejor, razonen mejor y sepan más.
Los resultados recuerdan, además, que la educación no depende exclusivamente de lo que ocurre dentro del aula. La implicación de las familias sigue siendo determinante. El hábito de leer, la responsabilidad, las rutinas de estudio, el respeto por el profesor, la constancia y la valoración del conocimiento comienzan también fuera de la escuela. La educación, por tanto, no puede plantearse como una responsabilidad exclusiva de los docentes. Es una tarea compartida entre escuela, familias y sociedad.
por AntonioDeMiguelAnton | Sep 2, 2026 | Política, Varios
Ceuta, hoy, en su día, vive más que nunca el peligroso juego de ser instrumentalizada. Lleva días siendo el epicentro de la disputa política nacional, evidenciando cómo una frontera europea y su dura realidad pueden ser secuestradas por intereses partidistas. Las movilizaciones convocadas este miércoles en Madrid —divididas entre la protesta ciudadana frente al Congreso y el acto institucional en el Ayuntamiento— reflejan la profunda fractura en la gestión de una crisis que trasciende las siglas.
Por si no fuera suficiente el problema que tenemos encima con el asalto masivo a Ceuta, del que ahora salen las pruebas y evidencias de que no fue espontáneo y que esas oleadas fueron planificadas y coordinadas por gendarmes marroquíes dirigidos desde la retaguardia como una guerra híbrida de manual, se nos añaden un nuevo problema que radica en el uso de Ceuta como un arma arrojadiza de desgaste político, un tablero donde el sufrimiento humano y la vulnerabilidad de una región de España se transforman en capital electoral.
Mientras los colectivos ciudadanos claman por soluciones reales y despolitizadas a este grave asalto a nuestra frontera y a su presión invasora, las instituciones y los partidos se enzarzan en debates de competencias y polémicas sobre la legalidad de las convocatorias de manifestación de hoy, alejando el foco de lo verdaderamente urgente: garantizar la seguridad, los derechos, la estabilidad y la dignidad de la población ceutí y de quienes llegan a sus costas. Secuestrar el debate sobre Ceuta para alimentar el ruido demoscópico solo deteriora más el problema e impide la búsqueda de una solución. Una frontera internacional requiere políticas de altura, consenso y diplomacia, no ser el escenario de un pulso de poder que deja a los ciudadanos de la ciudad autónoma en una constante e insostenible sensación de desamparo.
En estos días veremos como la lucha partidista entre el PP y Vox por monopolizar el asunto de Ceuta va en aumento. La tentación de los partidos de apropiarse de las movilizaciones es comprensible desde la lógica electoral porque una concentración multitudinaria permite visualizar respaldo social, proyectar liderazgo y convertir un problema concreto en un argumento contra el adversario. Pero precisamente por eso los ciudadanos deberían desconfiar de quienes intentan colocar una bandera partidista delante de una causa que pertenece a todos. La formación de Santiago Abascal ha llegado a plantear una iniciativa en forma de moción para presentar en los ayuntamientos de forma coordinada sobre la «soberanía española y la invasión de Ceuta», reclamando, entre otras medidas, una declaración expresa sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y una política mucho más dura hacia Marruecos, pero ha aclarado a todos sus concejales que “es importante que, si el PP les propone registrarla de forma conjunta, se rechace esa petición y se registren como propia y exclusiva de Vox”.
El problema aparece cuando la defensa de esa causa empieza a convertirse en una competición por ver quién es más contundente, quién moviliza a más gente y quién consigue convertir el malestar ciudadano en rédito político. Y ahí está el verdadero peligro: convertir una causa ciudadana en escaparate político. La defensa de la ciudad y de la soberanía española corre el riesgo de quedar eclipsada por la competición entre Feijóo y Abascal por capitalizar el descontento ciudadano. Ceuta debería ser una causa capaz de unir; sin embargo, la política española está consiguiendo convertirla en otro escenario de confrontación partidista. Las concentraciones convocadas este 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma han terminado adquiriendo una dimensión política evidente. El PP las respalda a través de la FEMP y Alberto Núñez Feijóo tiene previsto participar en Madrid. Vox, por su parte, ha movilizado a sus simpatizantes y Santiago Abascal también acudirá a la concentración madrileña. Sobre el papel, ambos partidos defienden una misma causa: Ceuta, sus ciudadanos y la soberanía española, pero el problema aparece cuando la defensa de esa causa empieza a convertirse en una competición por ver quién es más contundente, quién moviliza a más gente y quién consigue convertir el malestar ciudadano en rédito político. Y ahí está el verdadero peligro, convertir una causa ciudadana en escaparate político. El PP pretende presentar las concentraciones como una respuesta institucional y ciudadana en apoyo de Ceuta. Vox ha decidido acompañarlas, pero con un discurso propio mucho más directamente dirigido contra el Gobierno y contra la política migratoria.
Ceuta no necesita partidos que se apropien de su causa, hay causas que deberían ser tan importantes como para no convertirse en patrimonio de unas siglas, la defensa de Ceuta es una de ellas. Cuando una ciudad española atraviesa una situación de especial gravedad y sus ciudadanos reclaman seguridad, normalidad y el respaldo del Estado, lo último que debería ocurrir es que los partidos políticos conviertan esa preocupación en otro episodio de su permanente batalla electoral. Sin embargo, eso es precisamente lo que está sucediendo. Las convocatorias en apoyo a los ceutíes han terminado atrapadas en la lógica partidista. Unos partidos convocan, otros organizan concentraciones alternativas, unos acusan a los demás de instrumentalizar la situación y los otros responden denunciando una supuesta estrategia para desmovilizar a la ciudadanía. Y enfrente, el PSOE ha respondido denunciando la supuesta instrumentalización de las concentraciones y llamando a sus dirigentes territoriales a no participar en determinadas convocatorias. Algunos ayuntamientos gobernados por socialistas e IU han optado incluso por organizar concentraciones alternativas. Es decir: unos convocan, otros desconvocan, unos acusan a los otros de utilizar Ceuta y los otros responden acusándolos de querer utilizar el sufrimiento de los ceutíes contra el Gobierno.
Mientras tanto, el debate sobre Ceuta queda relegado a un segundo plano; y eso es un error. Porque una persona que sale a la calle para defender a los ceutíes no lo hace necesariamente para defender a un partido. Puede votar al PP, al PSOE, a Vox, a cualquier otra formación o no votar a ninguna. Puede estar de acuerdo con unas decisiones del Gobierno y discrepar de otras. Puede tener posiciones muy diferentes sobre inmigración, seguridad o política exterior. Lo que puede tener en común con miles de ciudadanos es algo mucho más sencillo: preocupación por Ceuta y solidaridad con sus habitantes. Ese sentimiento no tiene propietario político porque acudir a una concentración en defensa de Ceuta no convierte a nadie en votante del PP. Tampoco hacerlo debería convertir a nadie en simpatizante de Vox. Y no acudir a una convocatoria concreta tampoco convierte automáticamente a nadie en enemigo de Ceuta.
Ceuta no es de ningún partido. Lo que está ocurriendo con las convocatorias en apoyo a Ceuta demuestra, una vez más, lo difícil que resulta para nuestra política dejar de lado la confrontación partidista. Los españoles tenemos motivos suficientes para salir a la calle porque Ceuta ha vivido una situación extraordinariamente grave y sus vecinos reclaman seguridad, normalidad, respaldo institucional, una respuesta clara del Estado y sobre todo la verdad. Ese debería ser el punto de partida, sin embargo, los partidos han convertido las convocatorias en otro escenario de confrontación política del que no debemos formar parte ni caer en sus garras.
La ciudadanía no necesita que ningún partido le explique que Ceuta es España. No necesita que una sigla le conceda permiso para defender a los ceutíes. Y tampoco necesita que otra sigla le diga que una concentración deja de ser legítima porque la haya promovido un adversario político. Lo que necesita es que las instituciones cumplan con su obligación. Necesita seguridad. Necesita recursos. Necesita coordinación entre administraciones. Necesita una política migratoria eficaz. Necesita una política exterior que defienda los intereses españoles. Y necesita que el Gobierno y la oposición sean capaces de discutir estas cuestiones sin convertir cada problema nacional en una batalla electoral.
Porque cuando una causa ciudadana se convierte en un arma partidista, todos pierden. Pierde el Gobierno, porque cualquier medida que adopte será interpretada en clave electoral. Pierde la oposición, porque puede terminar utilizando un problema real de los ciudadanos como instrumento de desgaste. Y, sobre todo, pierde la propia ciudadanía, porque termina dividida entre quienes acuden a una convocatoria y quienes acuden a otra, cuando el objetivo debería ser exactamente el mismo: defender a Ceuta y exigir que el Estado esté a la altura de sus responsabilidades. Dejad de utilizar a Ceuta para enfrentarnos entre nosotros y empezad a trabajar juntos para defenderla, porque Ceuta no es del Gobierno, no es del PP, no es de Vox, no es del PSOE. Ceuta es de los ceutíes y es España. Y precisamente por eso, ninguna sigla debería intentar apropiarse de ella.
Siempre he seguido con profunda atención lo que sucede en Francia. Pasé mis veranos en un campamento juvenil en plenos Alpes franceses. Haber vivido la convivencia directa con jóvenes parisinos de la banlieue de Thiais en los Alpes, me permitió, ademas de hacer un montón de amigos parisinos, entender la realidad francesa desde una perspectiva muy rica y cercana, lejos de los puros tópicos y estereotipos, que los había, los hay y muchos.
