Desde este viernes hasta el domingo se celebrará en el Campus de Guadalajara el IXCongreso Internacional de Enseñanza Bilingüe (CIEB 2023). Lo organiza la Universidad de Alcalá y la Asociación Enseñanza Bilingüe y reunirá en Guadalajara a más de 400 profesionales: profesores, editoriales, asociaciones, investigadores, formadores, técnicos e incluso algún político.
He escuchado decir a su director, Xavier Gisbert, que la enseñanza bilingüe ha supuesto “la mayor innovación de la enseñanza en los últimos tiempos”. Olvidó en su discurso de presentación decir que cada vez más los centros educativos de Castilla-La Mancha -y de toda España- que imparten estudios de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional abandonan sus proyectos bilingües. Muchos de ellos lo hacen decepcionados con el modelo porque los niños ni aprenden inglés ni las materias. Están saliendo del programa y vuelven a dar las asignaturas en español por los problemas de aprendizaje de los alumnos.
Muchas de las familias y los docentes lo califican como “la gran chapuza”. Así es, fue un modelo impuesto por las administraciones y por nuestros políticos en búsqueda de rédito electoral y con ese afán de politizar la Educación en vez de hacer buenas políticas educativas, potentes y útiles. En vez de legislar y desarrollar currículos con conveniencias ideológicas desde sus cómodos despachos deberían dignarse de vez en cuando a bajar a la tierra y reunirse con los que saben de verdad sobre el tema, que son los maestros y los profesores de Secundaria y Bachillerato.
Cada vez más el sentir general respecto a la educación bilingüe es que es un modelo débil con síntomas de fracasar, que hace caer el rendimiento académico y reduce el nivel de las materias. Es un modelo en el que el alumnado participa menos y que empeora considerablemente el resultado en los exámenes y además provoca un mayor índice de problemas de conducta en la clase.
Además el bilingüismo segrega porque el que no llega al nivel busca otro centro que no lo tenga, de manera que el alumnado se va agrupando en función de sus posibilidades. Incluso, dentro del propio centro también diferencia a los alumnos.
Los padres cada vez más son conscientes de estos problemas y de esta realidad y deciden que sus hijos no participen en el programa de secciones bilingües al que está adherido el centro y que la sección bilingüe en el centro no sea la única opción para sus hijos. Son muchas las críticas y quejas que se hacen al programa de secciones bilingües; y no sin sentido. Los padres no quieren que sus hijos den clases troncales en inglés, ya que a la hora de matricularse no existe una alternativa hasta llegar a secundaria, cuando sí que pueden elegir. Muchos exigen una alternativa, una evaluación y replantear el modelo y sobre todo claridad y que no les vendan milongas. Muchos padres ven como sus hijos no profundizan en los contenidos como se haría en español y el inglés que se aprende no aporta nada para la vida diaria.
Nunca tuvo que ser obligatorio este programa, ya lo dijimos algunos desde el principio y se nos achacó de malos docentes y de antisistemas. Este modelo provoca mucha frustración y desasosiego en padres y alumnos. Los niños tienen que echar muchas horas y al final solo es para aprobar muy raspados y lo único que provoca es que cojan manía y al final odien al inglés. Este modelo de enseñanza bilingüe comenzó mal desde su inicio, por un lado siendo obligatorio, en segundo lugar sin la formación adecuada del profesorado y siendo absolutamente segregador hacia aquellos alumnos con notas más bajas, que no deja de ser una exclusión en toda regla.
Como profesor de Ciencias Naturales critiqué este programa de enseñanza bilingüe para este área porque es una asignatura con un vocabulario excesivamente técnico. Es evidente que cuanto más expositivo y técnico es el texto, menos adecuado es para la adquisición de una lectura comprensiva. Fui profesor en un Instituto de una localidad de Guadalajara con dos centros de Infantil y Primaria y un único IES; uno era bilingüe y otro no. La diferencia del nivel del alumnado que recibía en los conocimientos de los contenidos curriculares de mi área era increíble. Incluso el temario impartido en esos cursos de Primaria era diferente para bilingüe o no bilingüe. Muy escaso en el primero.
Si realmente queremos mejorar el nivel de bilingüismo la enseñanza del inglés debería adquirir mayor peso y otro enfoque en el currículo. Complementariamente a esto las familias también tienen trabajo por delante y deberían hacer un esfuerzo y fomentar en casa la lectura de libros en inglés y el visionado de películas en ese idioma.
Seguramente si hubiésemos escuchado y atendido las reclamaciones, las quejas, las sugerencias y las aportaciones de los que estamos en la tiza no hubiésemos llegado a esta situación en la que el bilingüismo no levanta cabeza.
Me comentaba ayer una amiga que trabaja de educadora en un centro educativo de menores de máxima seguridad, en régimen cerrado, que cada vez llegan más casos y perfiles de jóvenes infractores más violentos y que les toca cumplir condenas más largas. Está muy preocupada por un problema que se agrava cada vez más y que ve que no se esté dando una respuesta apropiada.
Le decía que tristemente nos hemos acostumbrando al aumento de la violencia y agresividad entre los jóvenes, sin que nadie haga nada al respecto. Vivimos que un país en el que apenas se hace nada coherente y eficaz para solucionar los problemas grandes. Este lo es. Las penas son ridículas y la edad penal establecida a los 18 años aunque se les puede exigir responsabilidades a los 14 parece que necesita una revisión urgente, pues parte de la base que hasta esa edad hay un déficit de culpabilidad, ya que el niño, supuestamente, no está en condiciones de darse cuenta de lo que la Ley exige.
Los dos teníamos la firme convicción que es necesario reformar la ley de responsabilidad del menor y también la necesidad de elaborar un Plan nacional para abordar este asunto empezando por analizar las causas y por estudiar el entorno violento que rodea a los jóvenes y las respuestas que se dan por parte de las instituciones, de los políticos y de todo lo que rodea a los jóvenes.
Me decía ella muy indignada que algo está pasando en la sociedad; nuestros jóvenes están cada vez más rodeados de violencia, en las series, en el cine, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los videojuegos y hasta en la propia política. Es una situación en la que tenemos que trabajar y pensar qué es lo que está pasando. Tenemos que empezar a articular una respuesta educativa inmediata ante estos comportamientos agresivos de nuestros jóvenes.
Le comentaba que la familia también debe de jugar un papel muy importante en este asunto y debería ser el pilar sobre el que se sujete el desarrollo de estos jóvenes. Deberíamos analizar y reflexionar sobre el estilo educativo de los progenitores y sobre el modo de relacionarse de hijos y progenitores. Tal vez, le decía a mi amiga, nuestros jóvenes no tienen demasiadas referencias, ni en sus mayores ni en su entorno. Sus firmes aliados son el móvil, la tablet, el ordenador, los videojuegos, las series, las redes sociales y sus grupos de whatsApp; grupos de WhatsApp en los que a veces se les encuentran archivos y material de mucha violencia extrema: insultos, vejaciones, contenido sexual violento, amenazas y un montón de salvajadas más que revuelven el estómago a cualquiera.
Los dos teníamos claro que detrás de un joven agresivo se pueden esconder muchas causas, y no todas son achacables a la educación: pueden ser también fisiológicas o psicológicas. Y en la adolescencia, igual que en la infancia, hay que tener siempre presente que quien se porta mal es que está mal por alguna razón. Por todo ello las soluciones en numerosos casos deben de pasar por cambiar las circunstancias que rodean al joven.
Terminamos la conversación hablando de la falta de autoridad, de la crisis de valores que vivimos y que faltan muchos recursos para afrontar estos nuevos retos que se están generando, y que tampoco es ninguna solución internar en un centro de menores a un adolescente, ya que estos mismos se han convertido en una entrada de dinero, que lo único que hacen con el mismo, es dilapidarlo y malgestionarlo.
Decía hoy en rueda de prensa el Vicepresidente de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto, en relación con la cesión de senadores del grupo socialista para la formación de los grupos parlamentarios de Junts y PNV, que “no es la cesión de senadores lo que provoca interrogantes, pues incluso el PP ha llevado a cabo esta práctica, sino el hecho de que en algunos casos incluso hay más senadores prestados que senadores propios».
También pasó hace unos días con en el Congreso, en el que la Mesa dio luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts, que se registraron con diputados prestados por Sumar y el PSOE, al no cumplir con el mínimo establecido el Reglamento.
En cualquier Democracia sana y madura este tipo de cesiones sería un fraude electoral y democrático; pues provoca una pérdida de representación entre el votante y el representante electo. Es una alteración muy grave que distorsiona la relación entre lo electoral que se manifestó en las urnas y el peso parlamentario.
Urge una reforma profunda de la Ley Electoral que aborde asuntos importantes como esto y sobre todo sobre la gobernabilidad de España, la representatividad, el modo de elegir a nuestros representantes y la proporcionalidad.
Urge una reforma que ofrezca más poder al ciudadano, estableciendo un vínculo real y mayor entre el representante y el representado, con mayor control, con más transparencia sobre él y dando así el protagonismo a los ciudadanos y no a las cúpulas de los partidos.
Urge una transformación de la Ley que impida que en la Cámara de la soberanía nacional, minorías territoriales sobrerrepresentadas no condicionen la política y la gobernabilidad; para que de esa forma no se pueda depender de partidos que no se sienten españoles. Urge una nueva Ley para que todos los votos tengan el mismo valor, un ciudadano un voto. En el que el candidato pueda ser conocido personalmente por sus votantes y, al final, este responda directamente ante ellos, evitando así la férrea disciplina de partido y el control de quien le puso con su dedo, esas élites de los partidos.
No hay Democracia sin transparencia ni transparencia sin Democracia. Es importante fortalecer nuestra Democracia y comprometerse en seguir profundizando en el sistema democrático y en reformarlo y regenerarlo para ganar en calidad democrática. Para eso es fundamental llegar a un gran pacto nacional, hace falta consenso, hace falta voluntad, hace falta generosidad y dejar de lado intereses partidistas.
Para ello tendremos que recurrir a fórmulas de democracias más maduras y sistemas proporcionales y representativos como la representación proporcional mixta de Inglaterra o Alemania, con el diputado de distrito como mecanismo para ganar en control y proporcionalidad. Y como fórmulas de gobierno que gobierne la lista más votada o que haya una segunda vuelta a la que no puedan acudir los partidos que no hayan conseguido el cinco por ciento de los votos en la primera vuelta.
Todos los partidos prometen cambiar estos sistemas tan poco democráticos pero todos se olvidan cuando pisan moqueta. Llegué a Vox para provocar e impulsar esta necesaria transformación de la Ley Electoral, salí casi, entre otras, por la misma razón: no poder internamente hacerlo.
En todos los partidos actuales se asfixia a los “disidentes” que quieren provocar estos cambios, que buscan democratizar y hacer más transparente todo. Se elimina a cualquiera que discrepa con las imposiciones de sus élites o con todo aquel que con su criterio propio pueda suponer un riesgo o poner en peligro los intereses y conveniencias espurias de sus líderes. Se elimina a todo aquel que busca provocar el debate activo, la libertad de expresión. Seguiré provocando el necesario cambio de Ley Electoral allá donde pueda hacerlo.
¿A tí, como padre, o al Estado? Esta pregunta es la que lleva generando mucha tensión entre padres y Estado desde hace muchos años. La puso de manifiesto la exministra Isabel Celaá, en su momento en relación con el asunto del Pin Parental, llegando a decir que «los hijos no pertenecen a los padres».
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha vuelto a ponerla de manifiesto esta semana con la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias. Entre sus novedades más destacadas se encuentra la prohibición del Pin Parental.
Se dice en esta Ley que “los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”.
Como docente, siempre he creído y defendido firmemente que los padres, más que el derecho a educar a sus hijos, lo que realmente tienen es el deber; tienen esa obligación. Y esa responsabilidad de hacerlo no pueden cederla; un deber nunca se puede ceder. No pueden traspasarla, es intransferible.
El Estado debe proporcionar los medios, los recursos, las herramientas para colaborar y facilitar a los padres esta obligación de educar a sus hijos durante la edad escolar. “El Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar”. Si el Estado entra a educar a tus hijos de un determinado modo o manera contrario a tu idea, a tus principios morales, el Estado está impidiendo el cumplimiento de tus obligaciones paternales, y por tanto violando tu integridad y tu derecho como padre. Y por supuesto el de tu hijo también.
No debemos permitir que el Estado u otros agentes externos a la Educación se introduzcan en la formación de nuestros hijos y, menos todavía, en un asunto tan personal como es la educación sexual y afectiva, que es lo que pretenden con esta Ley de Familias y con la ideología de género tan aberrante que están introduciendo en las aulas y que claramente se aleja del sentido común y de la biología natural.
El apartado 3 del artículo 27 de nuestra Constitución lo dice textualmente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Parece evidente que se está atentando contra la libertad, por un lado, de los padres, y, por otro, de los menores, al obligarlos a asistir a recibir contenidos sin dar información previa a los padres sobre estas actividades e imponerles unos contenidos muy cargados de ideología de género partidista.
Las cargas ideológicas que llegan a la escuela cada día son más grandes y están preñadas de demasiadas conveniencias del poder de unos gobernantes que imponen políticas educativas ideológicas por encima de la voluntad de los padres. Olvidan a la escuela y a sus verdaderos actores: a los maestros, a sus alumnos y a sus familias. Les damos igual.
Debemos impedirlo; dejar en manos del Estado la Educación implica el riesgo de que esta se manipule por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. Dirigir y usar espuriamente la Educación por quienes dirigen el Estado siempre ha sido una tentación y un objetivo, pero lo que pretenden ahora nos puede acabar llevando hacia niveles crecientes de monolitismo y de pensamiento único terrible.
Una sociedad madura debe ser capaz de impedir que la Educación quede absolutamente a merced del Estado. No pueden quitarnos y restringir las libertades y nuestros derechos fundamentales. Debemos evitar que nos metan en una dictadura para adueñarse de la Educación. No podemos dejar que nos roben la libertad que tenemos como padres a garantizar la educación moral que queremos para nuestros hijos.
Recientemente se debatía en el Congreso de los Diputados el asunto de la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. En un momento de su debate, la diputada de VOX, Patricia Rueda afirmaba que el Gobierno “premia a filoetarras y terroristas” en una evidente alusión a premiar a EH Bildu por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En ese justo instante el vicepresidente primero de la Cámara Baja, en sus funciones de presidente del hemiciclo, pidió a la diputada que se retractara y retirara sus palabras. Patricia se negó a hacerlo y le recordó al vicepresidente que estaba coartando su libertad de palabra. Patricia tuvo que abandonar la tribuna al no retirar su frase.
Decir la verdad en las instituciones se ha convertido en un acto revolucionario y de valentía. Tiene graves consecuencias. La verdad es sincera, demoledora, dura, tajante e incómoda pero no siempre solo deja el corazón y el alma tranquila, no siempre te deja dormir tranquilo; en muchas ocasiones conlleva e implica rechazo, crítica, oposición y hasta represalia.
No se hacen ustedes a la idea la cantidad de veces que he tenido que decir las verdades del barquero desde el micrófono de la sala de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara; sin miramientos a quienes iban dirigidas, con franqueza y he obteniendo respuestas y reacciones tan variopintas como desafortunadas.
Pero es que una de las razones por las que llegué a la Política es para defender a los guadalajareños y para fortalecer y mejorar la detección y denuncia de vulneraciones de sus derechos. Para ello una de las cosas que toca hacer es ser transparente y sincero con las evidencias y desnudar las mentiras de quienes nos manipulan para que no nos engañen.
La comunicación en estas instituciones es demasiado falsa, muy reactiva y aséptica. Ha de ser mucho más valiente, proactiva y humana; se ha de relacionar mejor con la verdad y menos con la mentira, con la imprudencia, con la hipocresía, con la prepotencia, la soberbia, el oportunismo, con el ego desmedido y con la falta de escucha y sinceridad.
Hay que atreverse a decir la verdad sobre lo que ocurre. Solemos convivir de forma muy habitual y demasiado cercana con la mentira. Mentir, tristemente, se ha convertido en un recurso omnipresente, en una herramienta imprescindible en la consecución de cualquier logro político. Forma parte de la estrategia electoralista de demasiados políticos, hasta el punto de que la mentira y el éxito se perciben en la política casi tan complementarios como con evidencias de inteligencia. Se ha popularizado e interiorizado el mentir, pareciese inevitable hacerlo y apenas no nos preocupa la mentira sino saber por qué se miente. Ya no nos escandalizamos de nada ni pedimos responsabilidades por ella.
Ejemplo y evidencias de ello tenemos de todos los colores. Pablo Iglesias afirmaba en un mitín que “yo ya no soy político; puedo decir la verdad”. Pedro Sánchez ha llegado incluso a ser justificado por una ministra al reconocer que una cosa es lo que decía siendo miembro de la oposición y otra muy distinta al ser presidente del Gobierno.
Nunca pueden arrebatarnos la libertad de expresión por decir la verdad. Me apasiona la gente que dice la verdad valientemente sin medir sus consecuencias. Es una actitud ejemplar y que se debe copiar en una sociedad demasiado acostumbrada a que la mientan y a mentirse a sí misma, en la que tristemente la mentira y el mentiroso se han convertido en parte del paisaje. La libertad de expresión y de pensamiento es condición y herramienta necesaria en todo régimen democrático. Si nuestro propio Estado no puede garantizarnos este derecho, entonces, no hay democracia.
Guadalajara es la provincia más afectada por la despoblación de toda España. Un 90 por ciento de sus pueblos la sufren extremamente. Para combatirla, además de ser incluida en esas ayudas europeas que llegarán a Teruel, Soria y Cuenca, debería poner en valor su enorme potencial paisajisto, natural y turístico. Guadalajara tiene una fabulosa variedad de paisajes.
Estos paisajes y estos entornos están muy comprometidos con la implantación de parques eólicos que pone en jaque la geomorfología del terreno con el levantamiento y movimiento de tierras, no sólo en el emplazamiento final de los aerogeneradores, sino las zonas próximas con las consiguientes vías de acceso o subestaciones y tendidos eléctricos de evacuación.
El paisaje guadalajareño se deteriorará con estos aerogeneradores que miden más de 150 metros de altura, incluso algunos alcanzan los 200 metros, y repercutiría muy negativamente en el turismo rural. Hay un perjuicio evidente del paisaje y de la naturaleza guadalajareña en muchos casos y en muchos rincones.
España vive una pérdida progresiva de la soberanía energética con leyes como la Ley del cambio climático aprobada en mayo de 2021, en la que nos prohíben explorar, investigar y explotar nuestros recursos energéticos. Esto nos perjudica muchísimo y supone un claro encarecimiento de la factura de la luz y del gas. La alternativa a la crisis energética global no puede consistir en crear un océano de molinos gigantes en un territorio supuestamente vaciado y empobrecido.
Además, hay una falta de regulación para evitar el desarrollo incontrolado de molinos eólicos. Urge que se establezca una reglamentación en la construcción de parques eólicos. Urge un instrumento de protección que regulase la instalación de parques eólicos. A día de hoy no existe ningún instrumento que proteja a estas zonas emblemáticas y naturales ante la instalación de parques eólicos.
El debate y el tema central sería de proporción, de gestión y de modelo. No se trata de renunciar a la energía eólica, que es necesaria, pero la implantación de grandes parques eólicos en estas zonas ha de realizarse de forma planificada, respetando el medio rural y su desarrollo. Se trata de buscar un óptimo en su aprovechamiento, salvaguardando, por un lado, la defensa del territorio y de los derechos de sus habitantes y, por otro lado, nuestro patrimonio natural.
Hay un sinfín de parques eólicos proyectados ya aprobados sin que exista ni un solo instrumento que proteja de los impactos medioambientales. Es de sentido común y razonable que este tipo de energías renovables alternativas se someta a un orden y a una normativa y reglamentación para que no se especule, para que no se cometa un desarrollo incontrolado de construcción de molinos eólicos, para que no haya un impacto medioambiental irreparable, para que no se destruya el atractivo natural turístico. Tiene que existir una planificación con criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos claros en los que haya participación ciudadana.
Este negocio eólico, estos macro-parques se llevarán muchas cosas. Se llevará por delante el futuro de estas zonas rurales porque los parques eólicos no generan empleo; su impacto directo sobre la contratación local es mínimo. Se llevará el silencio de estas zonas y nos acercará ese incómodo zumbido dentro de la oreja, ese ruido que afecta a los animales que emiten sonidos en su época reproductora.
Se llevarán esas noches y esos paisajes nocturnos sin contaminación lumínica debido a esas balizas luminosas de color blanco y rojo que tanto impacto provocan para conseguir un cielo limpio. Se llevará la vida de miles de aves y murciélagos por colisión al no poder esquivar las aspas de los aerogeneradores. Se llevará una correcta llegada a destino y una buena orientación de las aves en sus rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y de descanso debido al efecto barrera. Se llevará el suelo provocando que desaparezca la cubierta vegetal.
Se llevará la vida, el futuro y las posibilidades económicas de muchos guadalajareños porque estos parques eólicos no generan empleo. Es negocio eléctrico y nada más que negocio eléctrico. El principio del lucro. El verdadero problema en este asunto es de gigantes energéticos y de su control sobre recursos naturales y voluntades políticas.
¿Dónde queda el derecho de los guadalajareños a la preservación de nuestro entorno natural, nuestro paisaje y el impacto visual?
Mucho ha cambiado la gestión forestal y la de prevención y extinción desde aquellos años 80 en los que pasaba mis veranos, para costear mis estudios universitarios, formando parte del retén de Montes Claros en la Sierra de Ayllón, por el Cañón del Jarama entre parajes fantásticos como el Cañón del Jarama, el cerro de San Cristóbal, el Collado de la Vihuela, cabeza del Viejo y entre pueblos como La Hiruela, Bocígano, Colmenar de la Sierra, Corralejo, La Vereda, etc.
Conducía una vieja carroceta, un vehículo autobomba de museo, y formaba parte del retén y de esas cuadrillas realizando tareas de podas, clareos, desbroces y demás tareas selvícolas y participando en la extinción de los incendios forestales de esa amplia y boscosa zona.
Mucho han cambiado los medios contra el fuego en estas décadas. Los equipos, vehículos y conocimiento han evolucionado mucho; también el músculo, potencia y profesionalidad. Ahora tenemos a la Unidad Militar de Emergencia (UME), brigadas nacionales del Estado contra incendios, son la élite. Disponemos de sistemas digitales y satelitales, así como otros medios de vigilancia y lucha activa, como drones.
Disponemos de cuadrillas helitransportadas y una flota aeronáutica inmensa: aviones anfibios de gran capacidad, aviones de carga en tierra, helicópteros de transporte de brigadas y bombarderos, aviones de coordinación y observación. Tenemos habilitados retenes de maquinaria pesada y un sinfín de maquinaria para apertura de cortafuegos. Disponemos también de vehículos autobombas muy modernas.
Muchos medios de extinción y mucho conocimiento al respecto. Pero lo que falta es prevención para evitar estos fuegos de nueva generación. Cada vez hay más combustible disponible en el monte y por eso, cada año hay más ‘mega- incendios’.
Hay que trabajar en su gestión, en hacer políticas forestales correctas, políticas de prevención, políticas que incentiven el uso de los recursos del bosque, de esos residuos forestales y aprovechar la biomasa térmica y eléctrica, incluso gas. De esta forma reduciríamos la masa del bosque con menos gasto.
El bosque español crece a mucha velocidad, se va acumulando y es un combustible que puede arder. Esta es la causa de estos enormes incendios, no se está reduciendo ni eliminando combustible. Hay que evitar que se superen rangos peligrosos que puedan arder. Más plantas de biomasa y menos demagogia porque cada vez hay más combustible disponible en el monte y por eso cada año hay más ‘mega-incendios’.
Gran parte de la gestión forestal del mundo rural se perdió en los años 70. El monte se empezó a llenar de matorrales, sotobosque y maleza, que año tras años se está acumulando. La maleza hay que eliminarla y el sotobosque, que son parte de la biodiversidad y del que dependen un sinfín de especies de animales y vegetales, hay que controlarlo, protegerlo y reducirlo. Debemos crear ecosistemas diversos biológicamente para que la fauna silvestre puedan actuar de bomberos, pero también hay que reducir la densidad de la vegetación.
Escucharán a nuestros responsables políticos siempre con sus excusas y sus absurdas justificaciones por no admitir su culpa. Tienden a evadir su responsabilidad: que si el calor, que si el cambio climático, que si el viento, que si pirómanos… Menos cambio climático y más cuidar los bosques, que hay toneladas de combustible muy seco sin recoger dejados años tras años y por fenómenos meteorológicos como ‘Filomena’.
Por otro lado no hemos sido capaces de sustituir este trabajo que hacían en el mundo rural por políticas forestales que palien este abandono. La despoblación, la política de protección de los espacios naturales y el cese de actividades del primer sector de producción agroganadera agravan el problema. Las políticas conservacionistas y ecologistas radicales son nefastas; esas políticas activistas de solo se puede mirar y no tocar nada son erróneas. Hay demasiado proteccionismo con multas y problemas al mundo rural. No podemos perseguir a los pocos que limpian nuestros montes. Su aprovechamiento es necesario. Hacen una gran labor de preventiva. Tiene que haber zonas de aprovechamiento ganadero.
Debemos hacer más cortafuegos, las superficies continuas de los bosques cada vez son mas grandes. Hay que romper con esas grandes masas y crear discontinuidades en el combustible.
Por otro lado, habría que devolver las competencias al Estado en extinción. Fue un error las transferencias. Son competencias que, dadas las dimensiones y la intensidad, deben ser del Estado. Con un centro de mando de coordinación único. Debemos de acabar con la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de aplicar protocolos o dispositivos.
Este monstruo de nueva generación de los incendios forestales es un monstruo con vida propia, que va por libre, con mucha voracidad. Es una nueva realidad que hay que tener muy presente y que hay que combatir y luchar partiendo de la dura realidad y del elemento clave, que no es otro que la gran cantidad de combustible que hay en nuestros montes, campos y vegas de los ríos.
El pasado lunes día 4 se aprobaba en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso el dictamen de la Ley de Memoria Democrática que será sometida a votación en el pleno previsto el 14 de julio. Todo hace pensar que esta Ley saldrá adelante después de que el Gobierno cerrara un pacto con EH Bildu que le garantizaba la mayoría simple.
Entre las enmiendas pactadas, destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.
Algunos días antes el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
La Ley de Memoria Democrática llegará finalmente hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” desde 1978 hasta finales de 1983.
Me preguntaba días pasados un vecino que me paraba en plena Calle Mayor de Guadalajara que “cómo puede una ley regular su memoria histórica, si cada uno tenemos la nuestra». Yo le avancé que esa historia de la democracia y la memoria democrática que nos quieren imponer, además formará parte del currículo obligatorio de estudio en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la Formación Profesional y en el Bachillerato. Que esa lectura histórica sesgada sustentada en la dicotomía izquierda-derecha y la asignación de etiquetas de buenos y malos la iban a trasladar a las aulas. Pueden imaginar su enfado, malestar e indignación.
La Ley de Memoria Democrática es un error gravísimo. Un paso atrás en la convivencia entre españoles. No podemos permitir que esta ley totalitaria salga adelante y que vuelva a reinar el rencor y la revancha entre españoles. Es una ley vengativa y revanchista, que imposibilita la reconciliación entre españoles y es peligrosa para la convivencia democrática.
La ley, además, ‘legitima’ a la ETA abriendo el camino a posibles anulaciones de las condenas a los terroristas, incluso con indemnizaciones. Es una ley pensada en términos de odio, rencor y revancha, injusta y discriminatoria con una parte importantísima de las víctimas, a las que olvida faltando a la memoria, la verdad, la justicia y la historia.
No podemos ceder ante los herederos de ETA, ante el blanqueo de lo que hicieron y fueron. Pretenden cambiarnos la historia y decirnos que los terroristas eran en realidad unos soldados que, en el fondo, prestaron un servicio a la causa de la democracia o que hay que reconocerles por su lucha por la consolidación de los valores democráticos.
Los etarras no pueden ser convertidos en víctimas de la lucha por la libertad. ETA nos dejó el balance de 829 asesinatos, de los cuales más de tres de cada cuatro se perpetraron durante la transición. Y de esos crímenes, 358 quedaron y están impunes. Secuestró a más 80 personas y fueron miles los empresarios extorsionados a lo largo de su trayectoria.
Ahora, apenas nos quedan una semana para frenar la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Memoria Histórica. Una ley sectaria que saldrá adelante con el apoyo de los herederos de ETA y que reavivará más esos viejos odios y rencores que quedaron apagados en todo el proceso de la transición.
Deberíamos exigir políticas de paz, de convivencia y de reencuentro entre los españoles, eliminando todas aquellas políticas que generen controversia y enfrentamiento sobre nuestro pasado. Deberíamos exigir que se esclarezca los casi 400 asesinatos de la ETA sin juzgar.
Deberíamos exigir que se priorice los gastos sociales y cesen de forma inmediata las millonarias subvenciones a los ‘chiringuitos’ de la Memoria Histórica. Deberíamos exigir que cese el adoctrinamiento histórico en las televisiones y en los centros docentes.
Deberíamos exigir que cesen las profanaciones y movimientos de tierras que llevan a cabo las asociaciones memorialistas en los cementerios y camposantos españoles regados de dinero público.
Deberíamos exigir que sea respetada la autonomía municipal exclusiva de los ayuntamientos españoles en su competencia de determinar los nombres de sus calles y plazas y que cesen las injerencias políticas del Parlamento español en dicha autonomía.
Ha pasado ya mucho tiempo desde que aquel viejo profesor de Didáctica de la Educación nos hablaba del valor, del carácter didáctico y de la importancia del libro de texto. De cómo eran igual de necesarios tanto para el alumno como para el profesor, pues debían servir para guiar mucho mejor la clase.
Nos explicaba con su habitual pasión y sentimiento que con los libros de texto teníamos garantizado que los niños iban a tener los contenidos necesarios para ajustarse al currículo educativo independientemente del centro escolar y del sitio de España en el que estuviésemos ejerciendo.
Nos decía con su maravilloso discurso retórico y con su espectacular arte de la elocuencia que el libro de texto debe ofrecer siempre una información fiable y veraz, adecuada en un tono y formato de la verdad mayúsculo. Solo así, nos decía con su voz firme, el libro de texto podrá ser una herramienta fundamental en cualquier educación.
Ya han pasado algunos años de aquellas clases magistrales y sin embargo, el carácter y la importancia del libro de texto debería seguir inmutable hoy para nosotros, los profesores, en nuestro día a día y cotidianidad docente. Tristemente no es así y los libros de texto que se usarán para el próximo año lectivo parecen más parte de la propaganda del Gobierno del socialista Pedro Sánchez que manuales didácticos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Parece evidente que algunos editores de los libros de texto están perpetrando la gran traición a España construyendo post-verdades y dejando a un lado el rigor académico de los libros. Todo un despropósito que dejará huella en la calidad educativa y en los valores de nuestros jóvenes.
La culpa de esta manipulación de la Educación es, sin ningún género de duda, de estos políticos que quieren adoctrinar a nuestros hijos de forma ideológica y partidista; pero también de todos los cómplices de este despropósito. Unos por manipuladores, por acción; otros por omisión, por indolentes, por irresponsables y por sumisos; como los profesores y padres que permanecen silentes e impasibles ante estos planteamientos ideológicos y partidistas en la educación de sus hijos y alumnos; o los sindicatos y las asociaciones educativas que permanecen impertérritos ante estos nuevos currículos de enseñanza adoctrinadores adaptados a esta Ley LOMLOE (promovida desde el más burdo sectarismo y aprobada sin el consenso amplio) que se impartirán a partir de septiembre en los cursos impares tiñendo de ideología las páginas de numerosos libros de texto aprobada sin es amplio consenso.
Los libros de texto se han convertidos en catálogos de programas políticos con numerosos contenidos y conceptos que implican una carga ideológica muy importante y que no contribuyen a adquirir las competencias. Quieren crear activistas de sus leyes ideológicas. Es un escándalo que estos libros -más bien manuales- de diferentes editoriales asuman en mayor o menor medida la agenda ideológica del Gobierno de Sánchez, llegando en algunos casos a fomentar, a promover y a incitar directamente el odio contra VOX.
Es realmente preocupante la merma de la calidad que provocará esta nueva norma educativa, sobre todo en la rebaja de los umbrales de exigencia. Una Ley que nos trae unos nuevos libros de texto que reproducen de un modo indisimulado la ideología que quiere inculcar el Ejecutivo sanchista, pretendiendo convertir a los alumnos más que en estudiantes en verdaderos activistas del pensamiento que emana hoy de Moncloa.
Libros de texto que se centran en temas como la perspectiva de género o la exaltación del ecologismo y que erigen al Partido Socialista como ejemplo de lo que es la “democracia plena”. Libros que venden la mal llamada “memoria democrática”. Libros que inciden en la permanente advertencia del “acecho de la ultraderecha”. Libros, como el de Historia del Mundo Contemporáneo, de Primero de Bachillerato, en el que se presenta al partido de Santiago Abascal como una formación de “herencia” nazi y fascista. Libros en los que se culpabiliza a EE.UU y no al tirano Maduro del hambre y el éxodo en Venezuela.
Esta Ley y estos libros de texto no van a hacer más que agravar los males que desde hace años acechan y amenazan a la Educación en España.
La semana pasada tuve la visita de una madre guadalajareña en el despacho de mi Grupo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Su desgarrador testimonio es la semilla y el germen del nacimiento de este artículo que ahora mismo están leyendo.
Me contó que cuando deja a su hijo en el colegio tiene miedo. Que es una tortura continuada y constante para ella y, sobre todo, para su hijo. Y lo es porque no ve que el centro escolar al que va su hijo sea un lugar seguro físico y emocionalmente para él. Me narraba con lágrimas en los ojos que no ve que su hijo pueda acceder a su derecho a la educación en un entorno saludable y amable y que vive comportamientos de desprecio y ridiculización y comportamientos de intimidación, amenazas, exclusión y bloqueo social.
Esta madre acudía a pedirme ayuda porque su hijo estaba siendo víctima marginada y despreciada en su entorno educativo por sus iguales con la indiferencia, el silencio, la complicidad y la pasividad de los adultos profesionales de la Educación cercanos a él en el colegio.
Me decía esta madre que su hijo estaba sufriendo maltrato y acoso escolar, que día a día estaba quedando expuesto emocionalmente en manos de sus agresores y que esto generaba ya consecuencias graves en un niño que aún no tiene forjada su personalidad. Esta madre venía desesperada buscando ayuda, comprensión y, sobre todo, buscaba una fórmula para poner fin al tormento que está viviendo su hijo. “Si esto no es acoso, ¿qué es acoso entonces?”, me decía esta madre desesperada.
Así se sienten las familias cuando los protocolos contra el acoso escolar se quedan en papel mojado porque quien los tiene que aplicar niega que exista un problema o el procedimiento es demasiado lento. Estos protocolos existen, pero los parámetros son difíciles de demostrar y los colegios, como instituciones, dejan mucho que desear en el tratamiento y gestión para atajar estas dramáticas situaciones.
El acoso escolar es una lacra muy grande sobre la que debemos concienciar, sensibilizar, formar y aportar soluciones para identificarlo rápidamente y desarrollar buenas prácticas y una gestión eficaz.
La percepción que tienen la mayoría de padres, y también de profesores, sobre este asunto es que los centros ocultan casos de acoso para no dañar su imagen, y también que este asunto del acoso no se exterioriza o pasa inadvertido para los padres. Los padres quieren que los centros educativos sean lugares de protección y que haya una actuación enérgica para acabar con estos comportamientos.
El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares y recurrente en el tiempo. Es una forma de violencia extrema. Consiste en una tortura continuada y constante, mediante la cual el agresor deja a la víctima subyugada, marginada y despreciada, a menudo ante la indiferencia, silencio o complicidad de otros compañeros o adultos cercanos a ambos. La víctima maltratada queda emocionalmente en manos del agresor, generando consecuencias graves en los menores, que aún no tienen forjada su personalidad.
Otro problema que acentúa el acoso escolar son las redes sociales y el uso del teléfono móvil, que se convierten en una caja de resonancia de lo que ocurre físicamente en el centro escolar, multiplicando el daño en la víctima.
El acoso escolar comienza en edades tempranas, siendo en Primaria donde más se produce, y reduciéndose paulatinamente a medida que los niños van creciendo y pasando por distintas etapas de asentamiento de la personalidad.
Las autoridades públicas solo contabilizan los casos que trascienden por medio de denuncias, que es un porcentaje muy pequeño. Las denuncias que se hacen suelen ser a causa de lesiones físicas, fáciles de determinar mediante un parte médico de lesiones. Pero está comprobado que el acoso psicológico es más grave que el físico y suele convivir con éste.
Sabemos que la violencia que se ve, la física, supone solo un 10 por ciento de los casos, permaneciendo oculto el otro 90 por ciento del acoso escolar en forma de agresiones psicológicas, que pueden generar daños a medio y largo plazo: estrés, depresión, ansiedad, suicidios…
Deberíamos empezar a trabajar en un Plan Nacional contra el acoso escolar, ya que las secuelas que puede sufrir un niño o adolescente ante el acoso escolar pueden ser gravísimas para su futuro y para su desarrollo como adulto, pudiendo desembocar en trastornos depresivos, ansiedad e incluso el suicidio.
Deberíamos implantar un Plan Nacional de prevención del Acoso Escolar para los primeros ciclos de la educación, poniendo el esfuerzo principal en Primaria, que es donde más se detecta y donde se podrá frenar a tiempo.
Deberíamos elaborar una Ley integral de prevención de la violencia en las aulas. Deberíamos dotar de recursos y procedimientos a los agentes sociales, profesores, familiares y otros adultos para facilitar la detección temprana del acoso escolar.
Deberíamos impartir cursos de entrenamiento infantil para la prevención del acoso escolar, proporcionando a los alumnos herramientas útiles para su vida, como la empatía o la asertividad, dotándoles de modelos de comportamiento positivo, y potenciando la inteligencia social y emocional, y la cultura del esfuerzo. Con el objetivo de dotar a los alumnos de autonomía, competencia y seguridad.
Deberíamos trabajar con las familias, para que aprendan a detectar el acoso escolar de manera temprana y poder evitarlo en sus hijos y en sus compañeros, trabajando junto con los profesores y resto de personal de los colegios.
Deberíamos concienciar a la sociedad sobre esta situación de violencia y potenciar su rechazo total para que madres como la que se acercó a hablar conmigo no se sienta desesperada y, sobre todo, su hijo pueda estar arropado más de lo que ahora mismo lo está.
