El pasado lunes día 4 se aprobaba en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso el dictamen de la Ley de Memoria Democrática que será sometida a votación en el pleno previsto el 14 de julio. Todo hace pensar que esta Ley saldrá adelante después de que el Gobierno cerrara un pacto con EH Bildu que le garantizaba la mayoría simple.
Entre las enmiendas pactadas, destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.
Algunos días antes el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
La Ley de Memoria Democrática llegará finalmente hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” desde 1978 hasta finales de 1983.
Me preguntaba días pasados un vecino que me paraba en plena Calle Mayor de Guadalajara que “cómo puede una ley regular su memoria histórica, si cada uno tenemos la nuestra». Yo le avancé que esa historia de la democracia y la memoria democrática que nos quieren imponer, además formará parte del currículo obligatorio de estudio en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la Formación Profesional y en el Bachillerato. Que esa lectura histórica sesgada sustentada en la dicotomía izquierda-derecha y la asignación de etiquetas de buenos y malos la iban a trasladar a las aulas. Pueden imaginar su enfado, malestar e indignación.
La Ley de Memoria Democrática es un error gravísimo. Un paso atrás en la convivencia entre españoles. No podemos permitir que esta ley totalitaria salga adelante y que vuelva a reinar el rencor y la revancha entre españoles. Es una ley vengativa y revanchista, que imposibilita la reconciliación entre españoles y es peligrosa para la convivencia democrática.
La ley, además, ‘legitima’ a la ETA abriendo el camino a posibles anulaciones de las condenas a los terroristas, incluso con indemnizaciones. Es una ley pensada en términos de odio, rencor y revancha, injusta y discriminatoria con una parte importantísima de las víctimas, a las que olvida faltando a la memoria, la verdad, la justicia y la historia.
No podemos ceder ante los herederos de ETA, ante el blanqueo de lo que hicieron y fueron. Pretenden cambiarnos la historia y decirnos que los terroristas eran en realidad unos soldados que, en el fondo, prestaron un servicio a la causa de la democracia o que hay que reconocerles por su lucha por la consolidación de los valores democráticos.
Los etarras no pueden ser convertidos en víctimas de la lucha por la libertad. ETA nos dejó el balance de 829 asesinatos, de los cuales más de tres de cada cuatro se perpetraron durante la transición. Y de esos crímenes, 358 quedaron y están impunes. Secuestró a más 80 personas y fueron miles los empresarios extorsionados a lo largo de su trayectoria.
Ahora, apenas nos quedan una semana para frenar la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Memoria Histórica. Una ley sectaria que saldrá adelante con el apoyo de los herederos de ETA y que reavivará más esos viejos odios y rencores que quedaron apagados en todo el proceso de la transición.
Deberíamos exigir políticas de paz, de convivencia y de reencuentro entre los españoles, eliminando todas aquellas políticas que generen controversia y enfrentamiento sobre nuestro pasado. Deberíamos exigir que se esclarezca los casi 400 asesinatos de la ETA sin juzgar.
Deberíamos exigir que se priorice los gastos sociales y cesen de forma inmediata las millonarias subvenciones a los ‘chiringuitos’ de la Memoria Histórica. Deberíamos exigir que cese el adoctrinamiento histórico en las televisiones y en los centros docentes.
Deberíamos exigir que cesen las profanaciones y movimientos de tierras que llevan a cabo las asociaciones memorialistas en los cementerios y camposantos españoles regados de dinero público.
Deberíamos exigir que sea respetada la autonomía municipal exclusiva de los ayuntamientos españoles en su competencia de determinar los nombres de sus calles y plazas y que cesen las injerencias políticas del Parlamento español en dicha autonomía.