¿A tí, como padre, o al Estado? Esta pregunta es la que lleva generando mucha tensión entre padres y Estado desde hace muchos años. La puso de manifiesto la exministra Isabel Celaá, en su momento en relación con el asunto del Pin Parental, llegando a decir que «los hijos no pertenecen a los padres».
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha vuelto a ponerla de manifiesto esta semana con la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias. Entre sus novedades más destacadas se encuentra la prohibición del Pin Parental.
Se dice en esta Ley que “los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”.
Como docente, siempre he creído y defendido firmemente que los padres, más que el derecho a educar a sus hijos, lo que realmente tienen es el deber; tienen esa obligación. Y esa responsabilidad de hacerlo no pueden cederla; un deber nunca se puede ceder. No pueden traspasarla, es intransferible.
El Estado debe proporcionar los medios, los recursos, las herramientas para colaborar y facilitar a los padres esta obligación de educar a sus hijos durante la edad escolar. “El Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar”. Si el Estado entra a educar a tus hijos de un determinado modo o manera contrario a tu idea, a tus principios morales, el Estado está impidiendo el cumplimiento de tus obligaciones paternales, y por tanto violando tu integridad y tu derecho como padre. Y por supuesto el de tu hijo también.
No debemos permitir que el Estado u otros agentes externos a la Educación se introduzcan en la formación de nuestros hijos y, menos todavía, en un asunto tan personal como es la educación sexual y afectiva, que es lo que pretenden con esta Ley de Familias y con la ideología de género tan aberrante que están introduciendo en las aulas y que claramente se aleja del sentido común y de la biología natural.
El apartado 3 del artículo 27 de nuestra Constitución lo dice textualmente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Parece evidente que se está atentando contra la libertad, por un lado, de los padres, y, por otro, de los menores, al obligarlos a asistir a recibir contenidos sin dar información previa a los padres sobre estas actividades e imponerles unos contenidos muy cargados de ideología de género partidista.
Las cargas ideológicas que llegan a la escuela cada día son más grandes y están preñadas de demasiadas conveniencias del poder de unos gobernantes que imponen políticas educativas ideológicas por encima de la voluntad de los padres. Olvidan a la escuela y a sus verdaderos actores: a los maestros, a sus alumnos y a sus familias. Les damos igual.
Debemos impedirlo; dejar en manos del Estado la Educación implica el riesgo de que esta se manipule por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. Dirigir y usar espuriamente la Educación por quienes dirigen el Estado siempre ha sido una tentación y un objetivo, pero lo que pretenden ahora nos puede acabar llevando hacia niveles crecientes de monolitismo y de pensamiento único terrible.
Una sociedad madura debe ser capaz de impedir que la Educación quede absolutamente a merced del Estado. No pueden quitarnos y restringir las libertades y nuestros derechos fundamentales. Debemos evitar que nos metan en una dictadura para adueñarse de la Educación. No podemos dejar que nos roben la libertad que tenemos como padres a garantizar la educación moral que queremos para nuestros hijos.
Recientemente se debatía en el Congreso de los Diputados el asunto de la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. En un momento de su debate, la diputada de VOX, Patricia Rueda afirmaba que el Gobierno “premia a filoetarras y terroristas” en una evidente alusión a premiar a EH Bildu por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En ese justo instante el vicepresidente primero de la Cámara Baja, en sus funciones de presidente del hemiciclo, pidió a la diputada que se retractara y retirara sus palabras. Patricia se negó a hacerlo y le recordó al vicepresidente que estaba coartando su libertad de palabra. Patricia tuvo que abandonar la tribuna al no retirar su frase.
Decir la verdad en las instituciones se ha convertido en un acto revolucionario y de valentía. Tiene graves consecuencias. La verdad es sincera, demoledora, dura, tajante e incómoda pero no siempre solo deja el corazón y el alma tranquila, no siempre te deja dormir tranquilo; en muchas ocasiones conlleva e implica rechazo, crítica, oposición y hasta represalia.
No se hacen ustedes a la idea la cantidad de veces que he tenido que decir las verdades del barquero desde el micrófono de la sala de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara; sin miramientos a quienes iban dirigidas, con franqueza y he obteniendo respuestas y reacciones tan variopintas como desafortunadas.
Pero es que una de las razones por las que llegué a la Política es para defender a los guadalajareños y para fortalecer y mejorar la detección y denuncia de vulneraciones de sus derechos. Para ello una de las cosas que toca hacer es ser transparente y sincero con las evidencias y desnudar las mentiras de quienes nos manipulan para que no nos engañen.
La comunicación en estas instituciones es demasiado falsa, muy reactiva y aséptica. Ha de ser mucho más valiente, proactiva y humana; se ha de relacionar mejor con la verdad y menos con la mentira, con la imprudencia, con la hipocresía, con la prepotencia, la soberbia, el oportunismo, con el ego desmedido y con la falta de escucha y sinceridad.
Hay que atreverse a decir la verdad sobre lo que ocurre. Solemos convivir de forma muy habitual y demasiado cercana con la mentira. Mentir, tristemente, se ha convertido en un recurso omnipresente, en una herramienta imprescindible en la consecución de cualquier logro político. Forma parte de la estrategia electoralista de demasiados políticos, hasta el punto de que la mentira y el éxito se perciben en la política casi tan complementarios como con evidencias de inteligencia. Se ha popularizado e interiorizado el mentir, pareciese inevitable hacerlo y apenas no nos preocupa la mentira sino saber por qué se miente. Ya no nos escandalizamos de nada ni pedimos responsabilidades por ella.
Ejemplo y evidencias de ello tenemos de todos los colores. Pablo Iglesias afirmaba en un mitín que “yo ya no soy político; puedo decir la verdad”. Pedro Sánchez ha llegado incluso a ser justificado por una ministra al reconocer que una cosa es lo que decía siendo miembro de la oposición y otra muy distinta al ser presidente del Gobierno.
Nunca pueden arrebatarnos la libertad de expresión por decir la verdad. Me apasiona la gente que dice la verdad valientemente sin medir sus consecuencias. Es una actitud ejemplar y que se debe copiar en una sociedad demasiado acostumbrada a que la mientan y a mentirse a sí misma, en la que tristemente la mentira y el mentiroso se han convertido en parte del paisaje. La libertad de expresión y de pensamiento es condición y herramienta necesaria en todo régimen democrático. Si nuestro propio Estado no puede garantizarnos este derecho, entonces, no hay democracia.
Guadalajara es la provincia más afectada por la despoblación de toda España. Un 90 por ciento de sus pueblos la sufren extremamente. Para combatirla, además de ser incluida en esas ayudas europeas que llegarán a Teruel, Soria y Cuenca, debería poner en valor su enorme potencial paisajisto, natural y turístico. Guadalajara tiene una fabulosa variedad de paisajes.
Estos paisajes y estos entornos están muy comprometidos con la implantación de parques eólicos que pone en jaque la geomorfología del terreno con el levantamiento y movimiento de tierras, no sólo en el emplazamiento final de los aerogeneradores, sino las zonas próximas con las consiguientes vías de acceso o subestaciones y tendidos eléctricos de evacuación.
El paisaje guadalajareño se deteriorará con estos aerogeneradores que miden más de 150 metros de altura, incluso algunos alcanzan los 200 metros, y repercutiría muy negativamente en el turismo rural. Hay un perjuicio evidente del paisaje y de la naturaleza guadalajareña en muchos casos y en muchos rincones.
España vive una pérdida progresiva de la soberanía energética con leyes como la Ley del cambio climático aprobada en mayo de 2021, en la que nos prohíben explorar, investigar y explotar nuestros recursos energéticos. Esto nos perjudica muchísimo y supone un claro encarecimiento de la factura de la luz y del gas. La alternativa a la crisis energética global no puede consistir en crear un océano de molinos gigantes en un territorio supuestamente vaciado y empobrecido.
Además, hay una falta de regulación para evitar el desarrollo incontrolado de molinos eólicos. Urge que se establezca una reglamentación en la construcción de parques eólicos. Urge un instrumento de protección que regulase la instalación de parques eólicos. A día de hoy no existe ningún instrumento que proteja a estas zonas emblemáticas y naturales ante la instalación de parques eólicos.
El debate y el tema central sería de proporción, de gestión y de modelo. No se trata de renunciar a la energía eólica, que es necesaria, pero la implantación de grandes parques eólicos en estas zonas ha de realizarse de forma planificada, respetando el medio rural y su desarrollo. Se trata de buscar un óptimo en su aprovechamiento, salvaguardando, por un lado, la defensa del territorio y de los derechos de sus habitantes y, por otro lado, nuestro patrimonio natural.
Hay un sinfín de parques eólicos proyectados ya aprobados sin que exista ni un solo instrumento que proteja de los impactos medioambientales. Es de sentido común y razonable que este tipo de energías renovables alternativas se someta a un orden y a una normativa y reglamentación para que no se especule, para que no se cometa un desarrollo incontrolado de construcción de molinos eólicos, para que no haya un impacto medioambiental irreparable, para que no se destruya el atractivo natural turístico. Tiene que existir una planificación con criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos claros en los que haya participación ciudadana.
Este negocio eólico, estos macro-parques se llevarán muchas cosas. Se llevará por delante el futuro de estas zonas rurales porque los parques eólicos no generan empleo; su impacto directo sobre la contratación local es mínimo. Se llevará el silencio de estas zonas y nos acercará ese incómodo zumbido dentro de la oreja, ese ruido que afecta a los animales que emiten sonidos en su época reproductora.
Se llevarán esas noches y esos paisajes nocturnos sin contaminación lumínica debido a esas balizas luminosas de color blanco y rojo que tanto impacto provocan para conseguir un cielo limpio. Se llevará la vida de miles de aves y murciélagos por colisión al no poder esquivar las aspas de los aerogeneradores. Se llevará una correcta llegada a destino y una buena orientación de las aves en sus rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y de descanso debido al efecto barrera. Se llevará el suelo provocando que desaparezca la cubierta vegetal.
Se llevará la vida, el futuro y las posibilidades económicas de muchos guadalajareños porque estos parques eólicos no generan empleo. Es negocio eléctrico y nada más que negocio eléctrico. El principio del lucro. El verdadero problema en este asunto es de gigantes energéticos y de su control sobre recursos naturales y voluntades políticas.
¿Dónde queda el derecho de los guadalajareños a la preservación de nuestro entorno natural, nuestro paisaje y el impacto visual?
Mucho ha cambiado la gestión forestal y la de prevención y extinción desde aquellos años 80 en los que pasaba mis veranos, para costear mis estudios universitarios, formando parte del retén de Montes Claros en la Sierra de Ayllón, por el Cañón del Jarama entre parajes fantásticos como el Cañón del Jarama, el cerro de San Cristóbal, el Collado de la Vihuela, cabeza del Viejo y entre pueblos como La Hiruela, Bocígano, Colmenar de la Sierra, Corralejo, La Vereda, etc.
Conducía una vieja carroceta, un vehículo autobomba de museo, y formaba parte del retén y de esas cuadrillas realizando tareas de podas, clareos, desbroces y demás tareas selvícolas y participando en la extinción de los incendios forestales de esa amplia y boscosa zona.
Mucho han cambiado los medios contra el fuego en estas décadas. Los equipos, vehículos y conocimiento han evolucionado mucho; también el músculo, potencia y profesionalidad. Ahora tenemos a la Unidad Militar de Emergencia (UME), brigadas nacionales del Estado contra incendios, son la élite. Disponemos de sistemas digitales y satelitales, así como otros medios de vigilancia y lucha activa, como drones.
Disponemos de cuadrillas helitransportadas y una flota aeronáutica inmensa: aviones anfibios de gran capacidad, aviones de carga en tierra, helicópteros de transporte de brigadas y bombarderos, aviones de coordinación y observación. Tenemos habilitados retenes de maquinaria pesada y un sinfín de maquinaria para apertura de cortafuegos. Disponemos también de vehículos autobombas muy modernas.
Muchos medios de extinción y mucho conocimiento al respecto. Pero lo que falta es prevención para evitar estos fuegos de nueva generación. Cada vez hay más combustible disponible en el monte y por eso, cada año hay más ‘mega- incendios’.
Hay que trabajar en su gestión, en hacer políticas forestales correctas, políticas de prevención, políticas que incentiven el uso de los recursos del bosque, de esos residuos forestales y aprovechar la biomasa térmica y eléctrica, incluso gas. De esta forma reduciríamos la masa del bosque con menos gasto.
El bosque español crece a mucha velocidad, se va acumulando y es un combustible que puede arder. Esta es la causa de estos enormes incendios, no se está reduciendo ni eliminando combustible. Hay que evitar que se superen rangos peligrosos que puedan arder. Más plantas de biomasa y menos demagogia porque cada vez hay más combustible disponible en el monte y por eso cada año hay más ‘mega-incendios’.
Gran parte de la gestión forestal del mundo rural se perdió en los años 70. El monte se empezó a llenar de matorrales, sotobosque y maleza, que año tras años se está acumulando. La maleza hay que eliminarla y el sotobosque, que son parte de la biodiversidad y del que dependen un sinfín de especies de animales y vegetales, hay que controlarlo, protegerlo y reducirlo. Debemos crear ecosistemas diversos biológicamente para que la fauna silvestre puedan actuar de bomberos, pero también hay que reducir la densidad de la vegetación.
Escucharán a nuestros responsables políticos siempre con sus excusas y sus absurdas justificaciones por no admitir su culpa. Tienden a evadir su responsabilidad: que si el calor, que si el cambio climático, que si el viento, que si pirómanos… Menos cambio climático y más cuidar los bosques, que hay toneladas de combustible muy seco sin recoger dejados años tras años y por fenómenos meteorológicos como ‘Filomena’.
Por otro lado no hemos sido capaces de sustituir este trabajo que hacían en el mundo rural por políticas forestales que palien este abandono. La despoblación, la política de protección de los espacios naturales y el cese de actividades del primer sector de producción agroganadera agravan el problema. Las políticas conservacionistas y ecologistas radicales son nefastas; esas políticas activistas de solo se puede mirar y no tocar nada son erróneas. Hay demasiado proteccionismo con multas y problemas al mundo rural. No podemos perseguir a los pocos que limpian nuestros montes. Su aprovechamiento es necesario. Hacen una gran labor de preventiva. Tiene que haber zonas de aprovechamiento ganadero.
Debemos hacer más cortafuegos, las superficies continuas de los bosques cada vez son mas grandes. Hay que romper con esas grandes masas y crear discontinuidades en el combustible.
Por otro lado, habría que devolver las competencias al Estado en extinción. Fue un error las transferencias. Son competencias que, dadas las dimensiones y la intensidad, deben ser del Estado. Con un centro de mando de coordinación único. Debemos de acabar con la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de aplicar protocolos o dispositivos.
Este monstruo de nueva generación de los incendios forestales es un monstruo con vida propia, que va por libre, con mucha voracidad. Es una nueva realidad que hay que tener muy presente y que hay que combatir y luchar partiendo de la dura realidad y del elemento clave, que no es otro que la gran cantidad de combustible que hay en nuestros montes, campos y vegas de los ríos.
El pasado lunes día 4 se aprobaba en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso el dictamen de la Ley de Memoria Democrática que será sometida a votación en el pleno previsto el 14 de julio. Todo hace pensar que esta Ley saldrá adelante después de que el Gobierno cerrara un pacto con EH Bildu que le garantizaba la mayoría simple.
Entre las enmiendas pactadas, destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.
Algunos días antes el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
La Ley de Memoria Democrática llegará finalmente hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” desde 1978 hasta finales de 1983.
Me preguntaba días pasados un vecino que me paraba en plena Calle Mayor de Guadalajara que “cómo puede una ley regular su memoria histórica, si cada uno tenemos la nuestra». Yo le avancé que esa historia de la democracia y la memoria democrática que nos quieren imponer, además formará parte del currículo obligatorio de estudio en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la Formación Profesional y en el Bachillerato. Que esa lectura histórica sesgada sustentada en la dicotomía izquierda-derecha y la asignación de etiquetas de buenos y malos la iban a trasladar a las aulas. Pueden imaginar su enfado, malestar e indignación.
La Ley de Memoria Democrática es un error gravísimo. Un paso atrás en la convivencia entre españoles. No podemos permitir que esta ley totalitaria salga adelante y que vuelva a reinar el rencor y la revancha entre españoles. Es una ley vengativa y revanchista, que imposibilita la reconciliación entre españoles y es peligrosa para la convivencia democrática.
La ley, además, ‘legitima’ a la ETA abriendo el camino a posibles anulaciones de las condenas a los terroristas, incluso con indemnizaciones. Es una ley pensada en términos de odio, rencor y revancha, injusta y discriminatoria con una parte importantísima de las víctimas, a las que olvida faltando a la memoria, la verdad, la justicia y la historia.
No podemos ceder ante los herederos de ETA, ante el blanqueo de lo que hicieron y fueron. Pretenden cambiarnos la historia y decirnos que los terroristas eran en realidad unos soldados que, en el fondo, prestaron un servicio a la causa de la democracia o que hay que reconocerles por su lucha por la consolidación de los valores democráticos.
Los etarras no pueden ser convertidos en víctimas de la lucha por la libertad. ETA nos dejó el balance de 829 asesinatos, de los cuales más de tres de cada cuatro se perpetraron durante la transición. Y de esos crímenes, 358 quedaron y están impunes. Secuestró a más 80 personas y fueron miles los empresarios extorsionados a lo largo de su trayectoria.
Ahora, apenas nos quedan una semana para frenar la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Memoria Histórica. Una ley sectaria que saldrá adelante con el apoyo de los herederos de ETA y que reavivará más esos viejos odios y rencores que quedaron apagados en todo el proceso de la transición.
Deberíamos exigir políticas de paz, de convivencia y de reencuentro entre los españoles, eliminando todas aquellas políticas que generen controversia y enfrentamiento sobre nuestro pasado. Deberíamos exigir que se esclarezca los casi 400 asesinatos de la ETA sin juzgar.
Deberíamos exigir que se priorice los gastos sociales y cesen de forma inmediata las millonarias subvenciones a los ‘chiringuitos’ de la Memoria Histórica. Deberíamos exigir que cese el adoctrinamiento histórico en las televisiones y en los centros docentes.
Deberíamos exigir que cesen las profanaciones y movimientos de tierras que llevan a cabo las asociaciones memorialistas en los cementerios y camposantos españoles regados de dinero público.
Deberíamos exigir que sea respetada la autonomía municipal exclusiva de los ayuntamientos españoles en su competencia de determinar los nombres de sus calles y plazas y que cesen las injerencias políticas del Parlamento español en dicha autonomía.
