En política, la estética y la ética deberían ir siem
pre de la mano. Sin embargo, en el caso del alcalde de Fuentelencina, Santos López Tabernero, demuestra cómo los intereses de las grandes corporaciones energéticas pueden arrollar el sustento de los pueblos con la complicidad de quienes juraron defenderlos. Que el máximo responsable local actúe como promotor en la sombra de un macroparque fotovoltaico es grave; que lo haga mientras ostenta el cargo de delegado provincial de Agricultura de la Junta es, directamente, una burla intolerable para el sector primario.
¿Cómo puede el encargado de proteger, modernizar y amparar a nuestros agricultores bendecir un proyecto como «Haza del Sol»? Hablamos de la entrega de 275 hectáreas de tierra agrícola productiva a la multinacional Alfanar Energía. Bajo el mandato y la complacencia de López Tabernero, los profesionales del campo de la Alcarria se han visto acorralados por un asfixiante ultimátum: o ceden sus tierras por un alquiler impuesto o se exponen al rodillo de la expropiación forzosa.
Es una traición en toda regla a la soberanía alimentaria y al futuro de los jóvenes ganaderos que intentan fijar población en el medio rural. En lugar de blindar el término municipal utilizando las herramientas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal para decretar una moratoria —como han hecho otros ayuntamientos valientes—, el alcalde prefiere parapetarse tras la fría «legalidad administrativa». Una equidistancia tramposa que solo beneficia al gigante energético.
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y los colectivos ecologistas han sido claros: la situación es insostenible y el cese de Santos López como delegado de Agricultura es una necesidad higiénica urgente. No se puede repicar y andar en la procesión. No se puede ser el defensor del agricultor en Toledo y el facilitador de las placas solares en Guadalajara. Fuentelencina merece un alcalde que mire a los ojos a sus vecinos, no uno que mire los balances de resultados de las multinacionales.
Esta colonización fotovoltaica engulle medio millón de hectáreas de campo español. Todo el sector primario está denunciando una ola de especulación que destruye la soberanía alimentaria y acelera la despoblación. España ha perdido más de 500.000 hectáreas de cultivo en apenas diez años, una superficie devorada de forma progresiva por usos del suelo completamente ajenos a la producción agroalimentaria. El eje central de la crisis radica en el avance descontrolado de las plantas fotovoltaicas en zonas de alto valor agronómico. Las infraestructuras de energías renovables ocupan ya unas 47.000 hectáreas de suelo que antes generaba alimentos. Las proyecciones del sector indican que esta cifra superará las 100.000 hectáreas en las próximas décadas si las administraciones no intervienen.
Esta expansión desmedida no se produce sobre terrenos baldíos o zonas desérticas. El capital inversor busca superficies llanas y estratégicas, afectando directamente a vegas fértiles y regadíos consolidados que suponen el motor económico de comarcas enteras. La agricultura y la ganadería son insustituibles. No podemos permitir que el suelo productivo se convierta en moneda de cambio. Hay un vacío normativo que deja la ordenación del territorio a merced de fondos de inversión. Existe un efecto dominó de despoblación y desabastecimiento que está transformando drásticamente el suelo rústico y generando un impacto socioeconómico que va mucho más allá del paisaje. E
ste efecto está provocando la quiebra de la soberanía alimentaria: menos suelo fértil implica una menor capacidad de producción propia, encareciendo la cesta de la compra y disparando la dependencia de importaciones de terceros países. También está provocando una destrucción de empleo local; la instalación de plantas fotovoltaicas apenas genera puestos de trabajo estables tras su construcción, destruyendo el empleo agrario continuo que sustenta los pueblos. Además cataliza el éxodo rural e invierno demográfico; claro, sin expectativas laborales ligadas a la tierra, el relevo generacional se extingue y se acelera el abandono definitivo de los municipios del interior. Además el desequilibrio territorial se hace más presente y el vaciado de los campos consolida un modelo de macrociudades saturadas frente a una periferia productiva desmantelada.
La propuesta, la solución sería un Pacto de Territorios para blindar el campo. Ante la inacción institucional y la falta de una planificación territorial coordinada, el mundo rural debería de exigir a nuestros políticos y gobernantes que la protección de la tierra se situase de manera inmediata en el centro de la agenda política nacional. Urge la articulación de un Pacto de Territorios para buscar establecer límites claros y restrictivos a la instalación de industrias en suelo rústico, forzando la recuperación de suelos ya degradados para fines energéticos y blindando, de manera permanente, los campos de cultivo esenciales. En esto deberían estar los alcaldes, en buscar y catalizar este pacto para no perder; y el alcalde de Fuentelencina por doble razón, una por su condición de delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara y por su condición de alcalde. Blindar la tierra hoy es la única garantía para evitar el desabastecimiento mañana.