Escribo este artículo en el justo momento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está declarando ante la comisión de investigación del “caso Koldo” en el Senado. Tiene la obligación de acudir y no puede ausentarse porque la propia Constitución no lo permite y además, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad durante toda la sesión. ¿Creen que las élites de los partidos nos dicen la verdad sobre su financiación? ¿Creen que Sánchez lo hará? ¿Creen que Mariano Moreno el ex gerente del PSOE lo hizo ante el Tribunal Supremo? No, el ex gerente no lo hizo: dijo 13 veces al juez «no lo sé» y «no lo recuerdo» para evitar explicar los pagos en B y se escudó otras tantas diciendo que «esto ya era así cuando llegué» al preguntarle por el dinero. Evasivas, lagunas de memoria y silencios otras tantas veces cuando el instructor le preguntaba sobre el sistema de pagos en metálico. Y Sánchez, a lo Houdini, hará lo mismo y por supuesto empleará “el y tú más” en no pocas ocasiones, como argumento y usará la táctica de responder a una acusación diciendo que el otro también la ha cometido, más veces y más gordas.
La financiación de los partidos en muchos casos traspasa la delgada línea roja de la malversación de fondos públicos. Cuando indagas y preguntas sobre ello obtienes más preguntas que respuestas. Deberíamos exigir a los partidos políticos, a sus cargos y a sus candidatos más transparencia y datos sobre sus finanzas. Es muy importante vigilarles para identificar irregularidades que indican un posible fraude o abuso. Deberíamos supervisarles para que no puedan influir ni mercadear en la adjudicación de contratos públicos para beneficiar a empresas que donan a sus campañas. Las normativas deberían ser más estrictas con el financiamiento político para regularlo y controlarlo; y sobre todo para evitar esas fallas y agujeros en las que son tan difíciles de controlar y dominar el delito de financiación irregular e ilegal de los partidos políticos; como por ejemplo con las donaciones en las campaña electorales o en las subvenciones públicas que salen del bolsillo de los ciudadanos y lo suelen destinar para uso del partido o de sus fundaciones, olvidando que la finalidad de ese dinero es garantizar el buen funcionamiento de las instituciones autonómicas y de ayuntamientos. Tristemente el fenómeno de la corrupción política en España se está convirtiendo en un suceso cotidianamente abrumador que ocupa y abre muchos medios informativos
Hace unos días, lo veíamos con el grupo Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue cazado desviando dinero público, dinero nuestro de los castellano manchegos, 35.000 euros nuestros que se iban a la caja central de la formación que preside Santiago Abascal. Las Cortes de Castilla-La Mancha consideran “nula de pleno derecho” una cláusula con la que el partido de Abascal se quedaba los remanentes de dinero público enviados desde Toledo a su sede en Madrid. Para estos diputados regionales primero es el Partido y luego los castellanomanchegos. El equipo de intervención de la Junta advierte que no se ha justificado el gasto que afirma Vox de 12 empleados que en la sede nacional de Vox en Madrid dedicaron para asesorar al grupo regional. Por lo visto en ese grupo desconocen que el dinero que se entrega a los grupos viene de los castellanomanchegos y que se debe de usar exclusivamente para el funcionamiento y la representación parlamentaria dentro de Castilla-La Mancha y no al partido ni a sus fundaciones. Además de ser ilegal es muy poco ético.
Durante mi época como portavoz-concejal del Grupo Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, nunca transferí ni un solo euro al partido en Madrid; tenía muy claro que esa dotación económica, que cada mes nos llegaba con un componente fijo, tenía que destinarse a financiar el funcionamiento del grupo, y no ser destinadas a retribuciones personales o al propio partido. Fueron destinadas a pagar exclusivamente los gastos de funcionamiento del grupo y de su actividad; y lo que sobraba lo devolvíamos, que fue bastante.
En Vox, por aquel entonces, como dije en mi despedida como concejal y baja voluntaria en el partido, ya nos exigían y “obligaban” que un porcentaje de esa asignación la destináramos al propio partido. Y lo hacían a través de la firma de un convenio con el partido para, como decían ellos, “contribuir económicamente con los gastos que suponían, la comunicación, la formación y el asesoramiento jurídico y protocolario en la provincia”.
La cuestión es si se debe servir al partido o a los ciudadanos. Muchos eligen servir al partido para recoger sus frutos en forma de prebendas, de puestos de trabajo, de cargos, de aparecer en las listas y de otros beneficios. Otros elegimos estar al servicio de los ciudadanos. Cada cual elige a que viene a la política, y por supuesto cuando se va, eso si, si eres libre para hacerlo y tienes los garbanzos pagados fuera de ella.