Ceuta se ha convertido en un espejo incómodo en el que Europa prefiere no mirarse. La invasión que asfixia a la ciudad autónoma tras las entradas masivas de este verano ha dejado al descubierto una realidad que va mucho más allá de las cifras de acogida. Lo que hoy se respira en sus playas y barriadas no es solo el colapso material de unas instituciones desbordadas; es la descomposición silenciosa de la convivencia, acelerada por quienes han decidido que el miedo es una excelente herramienta electoral.
Es innegable que la ciudadanía ceutí sufre una fatiga crónica legítima. Una población de poco más de 80.000 habitantes no puede gestionar en solitario la frontera sur de un continente entero. El agotamiento ante los servicios públicos saturados y la perenne sensación de desamparo por parte de Madrid y Bruselas forman un caldo de cultivo idóneo para la frustración, el miedo y el hartazgo. La mecha de Ceuta está a punto de encenderse si es que no se ha encendido ya, evitar que se queme y estalle todo es tarea de todos. Pedir «paciencia» a una ciudad al límite mientras el calendario institucional se dilata no es una estrategia muy acertada; no es ni razonable ni inteligente negar las preocupaciones de los vecinos de Ceuta e intentar convencerles de que tienen que acostumbrarse a vivir con una realidad que es invivible. Una democracia no puede pedir a quienes sienten que su ciudad está sometida a una presión extraordinaria que simplemente dejen de preocuparse. Aumentar la intensidad del ventilador de la crispación tampoco parece muy afortunado. Si permitimos que el malestar social sea devorado por la intolerancia, habremos perdido lo más valioso que define a la sociedad ceutí: su histórica capacidad para mantener la paz y la convivencia en mitad de la frontera. El polvorín está listo; de la responsabilidad de nuestros gobernantes y de la propia sociedad civil depende no arrimar la cerilla.
Una sociedad sometida durante mucho tiempo al miedo puede terminar buscando rostros sobre los que descargar su frustración. Primero se señala, después se estigmatiza y finalmente, alguien decide que tiene derecho a actuar contra quien ha sido señalado. Ese recorrido no es inevitable, pero la historia demuestra que la violencia política y social rara vez aparece de la nada. Antes suele existir un deterioro del lenguaje, una pérdida de empatía y una creciente aceptación de que determinadas personas —por lo que piensan, por lo que defienden o por quienes son— merecen ser tratadas como enemigos.
Ceuta necesita seguridad, necesita libertad, necesita que sus derechos no sean pisoteados, necesita una política migratoria eficaz, necesita protección de sus fronteras y recursos suficientes para afrontar una situación excepcional. Y necesita que las preocupaciones de sus ciudadanos sean escuchadas; necesita algo tan básico como que nadie tenga miedo de atravesar una calle, sacar el perro a pasear por la noche, ir al gimnasio o al colegio, ir a pasear a sus playas acudir a una protesta y también necesita poder defender una posición política en libertad o ejercer sin miedo un cargo público porque pueda convertirse en objetivo de una turba. La violencia no puede convertirse en la continuación del debate político por otros medios. Y cuando una ciudad empieza a parecer un polvorín, la responsabilidad de quienes tienen capacidad de influencia no consiste en acercar la cerilla a la pólvora, sino en rebajar la temperatura. Porque una vez que el miedo encuentra un enemigo, siempre existe el riesgo de que alguien termine creyendo que atacarlo está justificado.