“España acaba de despertar”. Esto es lo que un valiente octogenario decía a los cámaras de televisión y al servicio de emergencias mientras le curaban de sus heridas tras una de las manifestaciones en la calle Ferraz de Madrid.
Abuelos como este forman parte de una generación española muy solidaria que ha dado todo a cambio de nada, que han tragado muchos sinsabores y que han tenido que superar muchas carencias y muchos obstáculos allanándonos el camino a los que veníamos después. Muchos nacieron en guerra o postguerra y crecieron en una dictadura; fueron los que con el sudor de su lucha y trabajo cambiaron el país liderando una transición. Hoy, con sus ochenta y tantos siguen luchando por dejarnos un país mejor. Son unos héroes muchos de ellos.
Llegaban ayer a mis manos dos convocatorias de concentraciones para estos días, una para el sábado día 11- N a las 12h. en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara y otra para el sábado 18-N en la plaza de Cibeles de Madrid. La del sábado en Guadalajara ha surgido espontáneamente de la sociedad civil guadalajareña harta ya de ver como se está vendiendo y rompiendo España, y lleva el lema de “Amnistía o Libertad”. La de Cibeles por otro lado lleva el lema de “No en mi nombre: ni Amnistía, ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad”.
Ha llegado el momento de despertar, como decía nuestro héroe, y en el que los españoles debemos decir ¡basta ya! Y salir a la calle. El artículo 30 de la Constitución Española dice bien claro que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; y eso es lo que toca ahora. Estamos en un momento crucial de nuestra historia y España necesita de sus ciudadanos para defenderla del separatismo y del sanchismo. Tenemos que salir a las calles a impedir que se siga pisoteando nuestro país. No podemos permitir que Pedro Sánchez perpetre esta traición de vender España a los separatistas y golpistas. No se puede dinamitar el Estado de Derecho, violar la Constitución, y romper España con tal de quedarse en el poder. Es momento de actuar y de defender a España.No hay libertad si el poder de juzgar no se separa del poder legislativo y del ejecutivo. El sábado 11-N estaré en la plaza de Santo Domingo para apoyar la defensa espontánea de la libertad por parte de un grupo de guadalajareños y también el sábado 18-N en Cibeles. No podemos dejar en mano de los partidos políticos nuestro futuro, no van a luchar por nuestros intereses, lo harán por sus conveniencias y por capitalizar, liderar e intentar rentabilizar las protestas en las calles y así ganar ese terreno electoral. España es lo único importante. Solo todos unidos podremos luchar contra los que quieren destruir lo que con tanto esfuerzo ha costado construir. Si hoy se concede una amnistía que quebrante los principios de igualdad, de libertad y de separación de poderes por intereses puramente partidistas, mañana lo volverán a hacer otros.
Nuestras libertades están en peligro. Este domingo día 5 de noviembre estaré en Valencia en la manifestación que hemos organizado y convocado desde la Asociación Civil Democrática para defender y proteger la libertad. Se trata de no perder nunca la dignidad, ni el amor propio. Y por supuesto tampoco la libertad. Vale la pena luchar por lo que vale tener. Nunca debemos renunciar a la búsqueda de un mundo libre, igual y justo. Luchamos poco por la libertad, tenemos la idea equivocada que ya somos lo suficientemente libres. No es así.
En España estamos perdiendo la libertad a la misma velocidad que se destruyen los cimientos más resistentes de la sociedad española tal y como la conocíamos. No es una manifestación de un partido político; ninguna manifestación de cualquier partido político tiene otra intención que no sea la de encumbrar al líder político de turno. Cada vez más los españoles vamos teniendo claro que las élites y sus partidos están siendo poco útiles para solucionar nuestros problemas y para luchar por la democracia, la libertad, la justicia, y nuestro bienestar. Sin libertad la democracia es despotismo, es abuso de poder, es el «todo por el pueblo pero sin el pueblo».
Vivimos en un país en el que da igual de qué sector provengas, da igual que seas agricultor, ganadero, profesor, abogado, autónomo, ama de casa… Da igual. Tus libertades están siendo cercenadas constantemente, con el único objetivo de que los partidos del sistema político oligárquico y parasitario puedan perpetuarse en un ciclo sin fin en el que cada partido hereda, cuando le toca, la miseria que ha generado el partido anterior.
Asistimos a un momento crítico en España. Un momento en el que comprobamos que hay españoles de primera y de segunda, en dependencia directa de su adscripción política y de las circunstancias electorales de cada momento. Lo estamos viendo en Cataluña, una región española sometida a la voluntad política de unos cuantos y en la que, dentro de muy poco, observaremos con la boca abierta cómo se concede una amnistía a delincuentes que ya han sido condenados, por el simple hecho de que los intereses personales de uno solo, el señor Sánchez Castejón, pasan por la voluntad de quienes pretenden romper España.
Los ciudadanos sobrevivimos en una tiranía permanente, anestesiados por las promesas incumplidas de una clase política que ni siquiera tiene la intención de abordar los problemas reales de la gente. La separación de poderes no existe, la democracia real tampoco, puesto que el sistema electoral no permite que ninguno de los que estamos hoy aquí podamos elegir a quienes tienen que representarnos, votamos por unas siglas, sean las que sean; y esas siglas, a través de los aparatos empresariales de cada partido político, son las que se encargan de confeccionar de manera vertical unas listas electorales que responden, únicamente, ante los intereses de cada uno de esos partidos.
¿Dónde quedan los intereses de los ciudadanos? ¿Dónde queda la representación de la gente de la calle? En ningún sitio porque, simplemente, no existe.
El domingo en Valencia también apoyaremos al mundo rural y al sector primario. Nuestro mundo rural se muere y nadie mueve ni un solo dedo para revertir esa situación. Es urgente e imprescindible impulsar la lucha por la defensa de un mundo rural vivo y libre, que afronte los graves problemas que padece, además de la degradación, menosprecio e infravaloración al que está sometido cada día. Es urgente poner en valor estse sector estratégico incuestionable para nuestra economía. Es urgente defender el uso prioritario de nuestras tierras agrícolas y ganaderas para a producción de alimentos. Nuestros pueblos merecen oportunidades, servicios, infraestructuras, apoyo y ayuda para desarrollar sus infinitas posibilidades y recursos, respetando su biodiversidad, sus costumbres, sus tradiciones y su forma de vida.
Todos merecemos que nuestra forma de vida, nuestras libertades y nuestras tradiciones sean respetadas. Y por eso estaré el domingo en Valencia junto a la Asociación Civil Democrática: para alzar la voz en contra de todos aquellos que quieren convertirnos en marionetas de una agenda, la agenda 2030; que tras sus 17 mandamientos esconde la firme intención de acabar con todo aquello que hoy entendemos por libertad. Una agenda globalista disfrazada de nobles objetivos, pero que lo único que pretende es desintegrar a las clases medias y finiquitar la soberanía de las naciones, poniendo a las élites burocráticas como elementos decisivos en las vidas de los ciudadanos.
Por todo ello estaré el domingo en la Plaza de Alfonso El Magnánimo en Valencia, para gritar alto y claro a nuestros políticos, que no nos representan, que están muy lejos de los intereses de los ciudadanos y que nuestra libertad no es una moneda de cambio que puedan utilizar a capricho. Por eso estaremos allí, para plantar cara como sociedad civil, para decirles que nos encontrarán en las calles defendiéndonos y para gritar ¡VIVA LA LIBERTAD!
Decía hoy en rueda de prensa el Vicepresidente de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto, en relación con la cesión de senadores del grupo socialista para la formación de los grupos parlamentarios de Junts y PNV, que “no es la cesión de senadores lo que provoca interrogantes, pues incluso el PP ha llevado a cabo esta práctica, sino el hecho de que en algunos casos incluso hay más senadores prestados que senadores propios».
También pasó hace unos días con en el Congreso, en el que la Mesa dio luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts, que se registraron con diputados prestados por Sumar y el PSOE, al no cumplir con el mínimo establecido el Reglamento.
En cualquier Democracia sana y madura este tipo de cesiones sería un fraude electoral y democrático; pues provoca una pérdida de representación entre el votante y el representante electo. Es una alteración muy grave que distorsiona la relación entre lo electoral que se manifestó en las urnas y el peso parlamentario.
Urge una reforma profunda de la Ley Electoral que aborde asuntos importantes como esto y sobre todo sobre la gobernabilidad de España, la representatividad, el modo de elegir a nuestros representantes y la proporcionalidad.
Urge una reforma que ofrezca más poder al ciudadano, estableciendo un vínculo real y mayor entre el representante y el representado, con mayor control, con más transparencia sobre él y dando así el protagonismo a los ciudadanos y no a las cúpulas de los partidos.
Urge una transformación de la Ley que impida que en la Cámara de la soberanía nacional, minorías territoriales sobrerrepresentadas no condicionen la política y la gobernabilidad; para que de esa forma no se pueda depender de partidos que no se sienten españoles. Urge una nueva Ley para que todos los votos tengan el mismo valor, un ciudadano un voto. En el que el candidato pueda ser conocido personalmente por sus votantes y, al final, este responda directamente ante ellos, evitando así la férrea disciplina de partido y el control de quien le puso con su dedo, esas élites de los partidos.
No hay Democracia sin transparencia ni transparencia sin Democracia. Es importante fortalecer nuestra Democracia y comprometerse en seguir profundizando en el sistema democrático y en reformarlo y regenerarlo para ganar en calidad democrática. Para eso es fundamental llegar a un gran pacto nacional, hace falta consenso, hace falta voluntad, hace falta generosidad y dejar de lado intereses partidistas.
Para ello tendremos que recurrir a fórmulas de democracias más maduras y sistemas proporcionales y representativos como la representación proporcional mixta de Inglaterra o Alemania, con el diputado de distrito como mecanismo para ganar en control y proporcionalidad. Y como fórmulas de gobierno que gobierne la lista más votada o que haya una segunda vuelta a la que no puedan acudir los partidos que no hayan conseguido el cinco por ciento de los votos en la primera vuelta.
Todos los partidos prometen cambiar estos sistemas tan poco democráticos pero todos se olvidan cuando pisan moqueta. Llegué a Vox para provocar e impulsar esta necesaria transformación de la Ley Electoral, salí casi, entre otras, por la misma razón: no poder internamente hacerlo.
En todos los partidos actuales se asfixia a los “disidentes” que quieren provocar estos cambios, que buscan democratizar y hacer más transparente todo. Se elimina a cualquiera que discrepa con las imposiciones de sus élites o con todo aquel que con su criterio propio pueda suponer un riesgo o poner en peligro los intereses y conveniencias espurias de sus líderes. Se elimina a todo aquel que busca provocar el debate activo, la libertad de expresión. Seguiré provocando el necesario cambio de Ley Electoral allá donde pueda hacerlo.
Recientemente se debatía en el Congreso de los Diputados el asunto de la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. En un momento de su debate, la diputada de VOX, Patricia Rueda afirmaba que el Gobierno “premia a filoetarras y terroristas” en una evidente alusión a premiar a EH Bildu por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En ese justo instante el vicepresidente primero de la Cámara Baja, en sus funciones de presidente del hemiciclo, pidió a la diputada que se retractara y retirara sus palabras. Patricia se negó a hacerlo y le recordó al vicepresidente que estaba coartando su libertad de palabra. Patricia tuvo que abandonar la tribuna al no retirar su frase.
Decir la verdad en las instituciones se ha convertido en un acto revolucionario y de valentía. Tiene graves consecuencias. La verdad es sincera, demoledora, dura, tajante e incómoda pero no siempre solo deja el corazón y el alma tranquila, no siempre te deja dormir tranquilo; en muchas ocasiones conlleva e implica rechazo, crítica, oposición y hasta represalia.
No se hacen ustedes a la idea la cantidad de veces que he tenido que decir las verdades del barquero desde el micrófono de la sala de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara; sin miramientos a quienes iban dirigidas, con franqueza y he obteniendo respuestas y reacciones tan variopintas como desafortunadas.
Pero es que una de las razones por las que llegué a la Política es para defender a los guadalajareños y para fortalecer y mejorar la detección y denuncia de vulneraciones de sus derechos. Para ello una de las cosas que toca hacer es ser transparente y sincero con las evidencias y desnudar las mentiras de quienes nos manipulan para que no nos engañen.
La comunicación en estas instituciones es demasiado falsa, muy reactiva y aséptica. Ha de ser mucho más valiente, proactiva y humana; se ha de relacionar mejor con la verdad y menos con la mentira, con la imprudencia, con la hipocresía, con la prepotencia, la soberbia, el oportunismo, con el ego desmedido y con la falta de escucha y sinceridad.
Hay que atreverse a decir la verdad sobre lo que ocurre. Solemos convivir de forma muy habitual y demasiado cercana con la mentira. Mentir, tristemente, se ha convertido en un recurso omnipresente, en una herramienta imprescindible en la consecución de cualquier logro político. Forma parte de la estrategia electoralista de demasiados políticos, hasta el punto de que la mentira y el éxito se perciben en la política casi tan complementarios como con evidencias de inteligencia. Se ha popularizado e interiorizado el mentir, pareciese inevitable hacerlo y apenas no nos preocupa la mentira sino saber por qué se miente. Ya no nos escandalizamos de nada ni pedimos responsabilidades por ella.
Ejemplo y evidencias de ello tenemos de todos los colores. Pablo Iglesias afirmaba en un mitín que “yo ya no soy político; puedo decir la verdad”. Pedro Sánchez ha llegado incluso a ser justificado por una ministra al reconocer que una cosa es lo que decía siendo miembro de la oposición y otra muy distinta al ser presidente del Gobierno.
Nunca pueden arrebatarnos la libertad de expresión por decir la verdad. Me apasiona la gente que dice la verdad valientemente sin medir sus consecuencias. Es una actitud ejemplar y que se debe copiar en una sociedad demasiado acostumbrada a que la mientan y a mentirse a sí misma, en la que tristemente la mentira y el mentiroso se han convertido en parte del paisaje. La libertad de expresión y de pensamiento es condición y herramienta necesaria en todo régimen democrático. Si nuestro propio Estado no puede garantizarnos este derecho, entonces, no hay democracia.
El pasado lunes día 4 se aprobaba en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso el dictamen de la Ley de Memoria Democrática que será sometida a votación en el pleno previsto el 14 de julio. Todo hace pensar que esta Ley saldrá adelante después de que el Gobierno cerrara un pacto con EH Bildu que le garantizaba la mayoría simple.
Entre las enmiendas pactadas, destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), EH Bildu y Más País para designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.
Algunos días antes el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el mismo objetivo, pero con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982, durante los primeros años de la democracia.
La Ley de Memoria Democrática llegará finalmente hasta el año 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” desde 1978 hasta finales de 1983.
Me preguntaba días pasados un vecino que me paraba en plena Calle Mayor de Guadalajara que “cómo puede una ley regular su memoria histórica, si cada uno tenemos la nuestra». Yo le avancé que esa historia de la democracia y la memoria democrática que nos quieren imponer, además formará parte del currículo obligatorio de estudio en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la Formación Profesional y en el Bachillerato. Que esa lectura histórica sesgada sustentada en la dicotomía izquierda-derecha y la asignación de etiquetas de buenos y malos la iban a trasladar a las aulas. Pueden imaginar su enfado, malestar e indignación.
La Ley de Memoria Democrática es un error gravísimo. Un paso atrás en la convivencia entre españoles. No podemos permitir que esta ley totalitaria salga adelante y que vuelva a reinar el rencor y la revancha entre españoles. Es una ley vengativa y revanchista, que imposibilita la reconciliación entre españoles y es peligrosa para la convivencia democrática.
La ley, además, ‘legitima’ a la ETA abriendo el camino a posibles anulaciones de las condenas a los terroristas, incluso con indemnizaciones. Es una ley pensada en términos de odio, rencor y revancha, injusta y discriminatoria con una parte importantísima de las víctimas, a las que olvida faltando a la memoria, la verdad, la justicia y la historia.
No podemos ceder ante los herederos de ETA, ante el blanqueo de lo que hicieron y fueron. Pretenden cambiarnos la historia y decirnos que los terroristas eran en realidad unos soldados que, en el fondo, prestaron un servicio a la causa de la democracia o que hay que reconocerles por su lucha por la consolidación de los valores democráticos.
Los etarras no pueden ser convertidos en víctimas de la lucha por la libertad. ETA nos dejó el balance de 829 asesinatos, de los cuales más de tres de cada cuatro se perpetraron durante la transición. Y de esos crímenes, 358 quedaron y están impunes. Secuestró a más 80 personas y fueron miles los empresarios extorsionados a lo largo de su trayectoria.
Ahora, apenas nos quedan una semana para frenar la aprobación del proyecto de la nueva Ley de Memoria Histórica. Una ley sectaria que saldrá adelante con el apoyo de los herederos de ETA y que reavivará más esos viejos odios y rencores que quedaron apagados en todo el proceso de la transición.
Deberíamos exigir políticas de paz, de convivencia y de reencuentro entre los españoles, eliminando todas aquellas políticas que generen controversia y enfrentamiento sobre nuestro pasado. Deberíamos exigir que se esclarezca los casi 400 asesinatos de la ETA sin juzgar.
Deberíamos exigir que se priorice los gastos sociales y cesen de forma inmediata las millonarias subvenciones a los ‘chiringuitos’ de la Memoria Histórica. Deberíamos exigir que cese el adoctrinamiento histórico en las televisiones y en los centros docentes.
Deberíamos exigir que cesen las profanaciones y movimientos de tierras que llevan a cabo las asociaciones memorialistas en los cementerios y camposantos españoles regados de dinero público.
Deberíamos exigir que sea respetada la autonomía municipal exclusiva de los ayuntamientos españoles en su competencia de determinar los nombres de sus calles y plazas y que cesen las injerencias políticas del Parlamento español en dicha autonomía.
La semana pasada tuve la visita de una madre guadalajareña en el despacho de mi Grupo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Su desgarrador testimonio es la semilla y el germen del nacimiento de este artículo que ahora mismo están leyendo.
Me contó que cuando deja a su hijo en el colegio tiene miedo. Que es una tortura continuada y constante para ella y, sobre todo, para su hijo. Y lo es porque no ve que el centro escolar al que va su hijo sea un lugar seguro físico y emocionalmente para él. Me narraba con lágrimas en los ojos que no ve que su hijo pueda acceder a su derecho a la educación en un entorno saludable y amable y que vive comportamientos de desprecio y ridiculización y comportamientos de intimidación, amenazas, exclusión y bloqueo social.
Esta madre acudía a pedirme ayuda porque su hijo estaba siendo víctima marginada y despreciada en su entorno educativo por sus iguales con la indiferencia, el silencio, la complicidad y la pasividad de los adultos profesionales de la Educación cercanos a él en el colegio.
Me decía esta madre que su hijo estaba sufriendo maltrato y acoso escolar, que día a día estaba quedando expuesto emocionalmente en manos de sus agresores y que esto generaba ya consecuencias graves en un niño que aún no tiene forjada su personalidad. Esta madre venía desesperada buscando ayuda, comprensión y, sobre todo, buscaba una fórmula para poner fin al tormento que está viviendo su hijo. “Si esto no es acoso, ¿qué es acoso entonces?”, me decía esta madre desesperada.
Así se sienten las familias cuando los protocolos contra el acoso escolar se quedan en papel mojado porque quien los tiene que aplicar niega que exista un problema o el procedimiento es demasiado lento. Estos protocolos existen, pero los parámetros son difíciles de demostrar y los colegios, como instituciones, dejan mucho que desear en el tratamiento y gestión para atajar estas dramáticas situaciones.
El acoso escolar es una lacra muy grande sobre la que debemos concienciar, sensibilizar, formar y aportar soluciones para identificarlo rápidamente y desarrollar buenas prácticas y una gestión eficaz.
La percepción que tienen la mayoría de padres, y también de profesores, sobre este asunto es que los centros ocultan casos de acoso para no dañar su imagen, y también que este asunto del acoso no se exterioriza o pasa inadvertido para los padres. Los padres quieren que los centros educativos sean lugares de protección y que haya una actuación enérgica para acabar con estos comportamientos.
El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares y recurrente en el tiempo. Es una forma de violencia extrema. Consiste en una tortura continuada y constante, mediante la cual el agresor deja a la víctima subyugada, marginada y despreciada, a menudo ante la indiferencia, silencio o complicidad de otros compañeros o adultos cercanos a ambos. La víctima maltratada queda emocionalmente en manos del agresor, generando consecuencias graves en los menores, que aún no tienen forjada su personalidad.
Otro problema que acentúa el acoso escolar son las redes sociales y el uso del teléfono móvil, que se convierten en una caja de resonancia de lo que ocurre físicamente en el centro escolar, multiplicando el daño en la víctima.
El acoso escolar comienza en edades tempranas, siendo en Primaria donde más se produce, y reduciéndose paulatinamente a medida que los niños van creciendo y pasando por distintas etapas de asentamiento de la personalidad.
Las autoridades públicas solo contabilizan los casos que trascienden por medio de denuncias, que es un porcentaje muy pequeño. Las denuncias que se hacen suelen ser a causa de lesiones físicas, fáciles de determinar mediante un parte médico de lesiones. Pero está comprobado que el acoso psicológico es más grave que el físico y suele convivir con éste.
Sabemos que la violencia que se ve, la física, supone solo un 10 por ciento de los casos, permaneciendo oculto el otro 90 por ciento del acoso escolar en forma de agresiones psicológicas, que pueden generar daños a medio y largo plazo: estrés, depresión, ansiedad, suicidios…
Deberíamos empezar a trabajar en un Plan Nacional contra el acoso escolar, ya que las secuelas que puede sufrir un niño o adolescente ante el acoso escolar pueden ser gravísimas para su futuro y para su desarrollo como adulto, pudiendo desembocar en trastornos depresivos, ansiedad e incluso el suicidio.
Deberíamos implantar un Plan Nacional de prevención del Acoso Escolar para los primeros ciclos de la educación, poniendo el esfuerzo principal en Primaria, que es donde más se detecta y donde se podrá frenar a tiempo.
Deberíamos elaborar una Ley integral de prevención de la violencia en las aulas. Deberíamos dotar de recursos y procedimientos a los agentes sociales, profesores, familiares y otros adultos para facilitar la detección temprana del acoso escolar.
Deberíamos impartir cursos de entrenamiento infantil para la prevención del acoso escolar, proporcionando a los alumnos herramientas útiles para su vida, como la empatía o la asertividad, dotándoles de modelos de comportamiento positivo, y potenciando la inteligencia social y emocional, y la cultura del esfuerzo. Con el objetivo de dotar a los alumnos de autonomía, competencia y seguridad.
Deberíamos trabajar con las familias, para que aprendan a detectar el acoso escolar de manera temprana y poder evitarlo en sus hijos y en sus compañeros, trabajando junto con los profesores y resto de personal de los colegios.
Deberíamos concienciar a la sociedad sobre esta situación de violencia y potenciar su rechazo total para que madres como la que se acercó a hablar conmigo no se sienta desesperada y, sobre todo, su hijo pueda estar arropado más de lo que ahora mismo lo está.
