Estoy siguiendo con mucho detalle la noticia del caso JUANA RIVAS y sobre todo los acontecimientos y las decisiones judiciales que se están tomando. Me temo que este asunto está causando verdadero trastorno y deterioro a todo ese sistema y entramado creado alrededor de la mal llamada “Ley de Violencia de Género” y de esas feministas, profesionales  y movimientos radicales que viven del negocio de género, dedicadas a imponer una ideología a favor de la mujer y en contra del hombre; buscando someter a la justicia, al gobierno y a la sociedad a las ordenes de la dictadura de género.

La ley de violencia de género del 2004 nunca debió llegar a nuestros hogares, es una ley ineficaz, injusta, crea desigualdad, discriminación y potencia la violencia en el hogar, las denuncias falsas, el odio entre género y el número de casos de padres separados injustamente de sus hijos y la alienación. Esta ley nunca resolvió los problemas de “violencia de género” ni los resolverá. Y lo peor de todo es que el nuevo pacto de estado, sus 200 medidas y los 1000 millones de €,  contra la “violencia machista”, no será nada más que un cambio  lampedusiano para que  no cambie nada. Al contrario, endurecerá más este asunto y provocará una desigualad y unos problemas y consecuencias de mayor calibre.  De esos 1000 millones 500 los gestionará el gobierno y los otros 500 irán destinados a las comunidades autónomas para que ese entramado y negocio de género siga viviendo muy bien de este asunto. Los ayuntamientos crearán unidades de apoyo para “apoyar” y “facilitar” esa denuncia, en muchos casos instrumental e interesada que da de comer a esa red de conveniencias creada alrededor del negocio del género y que busca sustituir a la justicia y al sentido común por la ideología feminista radical. La mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a la ayuda de 400 euros al mes, solo necesitará una acusación no una sentencia en firme; y aunque se pruebe que es falsa, el estado le dará el dinero.

Sigo, como les decía, con mucho interés este caso, que sin duda marcará mucho en el devenir de futuros casos parecidos y en el modus operadi de la Justicia, de las asociaciones, institutos y plataformas de “la mujer” y en las de guardia y custodia compartida y denuncias falsas. Les confieso que tengo muchas dudas estos días y que me surgen preguntas que quiero compartir con ustedes:

-¿Dimitirá la señora Francisca Granados -asesora legal de Juana Rivas y directora del área de igualdad y asesora jurídica del centro de la mujer en Granada- por aconsejar a delinquir a su clienta? ¿Debemos de pagar todos nosotros este tipo de asesoramiento que incita y aconseja a incumplir la ley? ¿La señora Francisca Granados aconseja lo bueno para el niño, lo hace para Juana o lo hace para las feministas?

-¿Debe un presidente de gobierno apoyar públicamente a Juana Rivas aunque esté cometiendo un delito?

-¿Debería usar Susana Diez dinero de la Junta de Andalucía para dar asistencia jurídica a Juana Rivas?

-¿La “violencia de género” solo es la cometida por varones? ¿Debería llamarse violencia intrafamiliar y generalizar los géneros? ¿Por qué la que comete la mujer sobre el hombre se llama violencia doméstica?

-Si el varón recibe acusación de violencia de género pierde custodia y si está en fase de divorcio pierde todo. La mujer no paga nada de gastos judiciales. ¿Y al revés? ¿Es justo esto?

-Los grupos feministas recibieron el año pasado alrededor de 2 millones de euros para “luchar” contra la violencia de género. Las victimas solo el 5%. ¿ES normal esto?

-Todos los varones somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. ¿En qué otro país se da esta desigualdad ante la ley? ¿Dónde más ocurre esta justicia parcial?

-Los hijos, está claro, no deben de estar con maltratadores, pero ¿Quién decide si lo son?

-La ley, en caso de divorcio con hijos, favorece a la mujer, el 75% de las custodias es para ella. El 23% compartidas y tan solo el 2% paternas y otros. ¿Cuál debería ser el modelo más justo y mejor para los menores?

En todo este asunto hay que hacer modificaciones muy profundas,  abordando el asunto de la violencia y los conflictos de pareja, desde la equidad y la justicia. Para ello hay que tener en cuenta y escuchar a todos los colectivos, todos forman parte del problema y todos tienen que formar parte del diseño de la solución.

Y una de las propuestas estrellas, es sin duda la de elaborar una ley a favor de la custodia compartida como norma. Legislando de una forma justa los tiempos con esos menores y  el uso privativo de la vivienda familiar, pues estos asuntos son focos de desencuentros, de desigualdades, de denuncias falsas, de demonizaciones y de alienación parental que en muchos casos, como fue el mío, terminan en casos de padres injustamente apartados de sus hijos durante muchos años… Aunque esto formará parte de otra historia.