Me comentaba ayer una amiga que trabaja de educadora en un centro educativo de menores de máxima seguridad, en régimen cerrado, que cada vez llegan más casos y perfiles de jóvenes infractores más violentos y que les toca cumplir condenas más largas. Está muy preocupada por un problema que se agrava cada vez más y que ve que no se esté dando una respuesta apropiada.
Le decía que tristemente nos hemos acostumbrando al aumento de la violencia y agresividad entre los jóvenes, sin que nadie haga nada al respecto. Vivimos que un país en el que apenas se hace nada coherente y eficaz para solucionar los problemas grandes. Este lo es. Las penas son ridículas y la edad penal establecida a los 18 años aunque se les puede exigir responsabilidades a los 14 parece que necesita una revisión urgente, pues parte de la base que hasta esa edad hay un déficit de culpabilidad, ya que el niño, supuestamente, no está en condiciones de darse cuenta de lo que la Ley exige.
Los dos teníamos la firme convicción que es necesario reformar la ley de responsabilidad del menor y también la necesidad de elaborar un Plan nacional para abordar este asunto empezando por analizar las causas y por estudiar el entorno violento que rodea a los jóvenes y las respuestas que se dan por parte de las instituciones, de los políticos y de todo lo que rodea a los jóvenes.
Me decía ella muy indignada que algo está pasando en la sociedad; nuestros jóvenes están cada vez más rodeados de violencia, en las series, en el cine, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los videojuegos y hasta en la propia política. Es una situación en la que tenemos que trabajar y pensar qué es lo que está pasando. Tenemos que empezar a articular una respuesta educativa inmediata ante estos comportamientos agresivos de nuestros jóvenes.
Le comentaba que la familia también debe de jugar un papel muy importante en este asunto y debería ser el pilar sobre el que se sujete el desarrollo de estos jóvenes. Deberíamos analizar y reflexionar sobre el estilo educativo de los progenitores y sobre el modo de relacionarse de hijos y progenitores. Tal vez, le decía a mi amiga, nuestros jóvenes no tienen demasiadas referencias, ni en sus mayores ni en su entorno. Sus firmes aliados son el móvil, la tablet, el ordenador, los videojuegos, las series, las redes sociales y sus grupos de whatsApp; grupos de WhatsApp en los que a veces se les encuentran archivos y material de mucha violencia extrema: insultos, vejaciones, contenido sexual violento, amenazas y un montón de salvajadas más que revuelven el estómago a cualquiera.
Los dos teníamos claro que detrás de un joven agresivo se pueden esconder muchas causas, y no todas son achacables a la educación: pueden ser también fisiológicas o psicológicas. Y en la adolescencia, igual que en la infancia, hay que tener siempre presente que quien se porta mal es que está mal por alguna razón. Por todo ello las soluciones en numerosos casos deben de pasar por cambiar las circunstancias que rodean al joven.
Terminamos la conversación hablando de la falta de autoridad, de la crisis de valores que vivimos y que faltan muchos recursos para afrontar estos nuevos retos que se están generando, y que tampoco es ninguna solución internar en un centro de menores a un adolescente, ya que estos mismos se han convertido en una entrada de dinero, que lo único que hacen con el mismo, es dilapidarlo y malgestionarlo.
Decía hoy en rueda de prensa el Vicepresidente de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto, en relación con la cesión de senadores del grupo socialista para la formación de los grupos parlamentarios de Junts y PNV, que “no es la cesión de senadores lo que provoca interrogantes, pues incluso el PP ha llevado a cabo esta práctica, sino el hecho de que en algunos casos incluso hay más senadores prestados que senadores propios».
También pasó hace unos días con en el Congreso, en el que la Mesa dio luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts, que se registraron con diputados prestados por Sumar y el PSOE, al no cumplir con el mínimo establecido el Reglamento.
En cualquier Democracia sana y madura este tipo de cesiones sería un fraude electoral y democrático; pues provoca una pérdida de representación entre el votante y el representante electo. Es una alteración muy grave que distorsiona la relación entre lo electoral que se manifestó en las urnas y el peso parlamentario.
Urge una reforma profunda de la Ley Electoral que aborde asuntos importantes como esto y sobre todo sobre la gobernabilidad de España, la representatividad, el modo de elegir a nuestros representantes y la proporcionalidad.
Urge una reforma que ofrezca más poder al ciudadano, estableciendo un vínculo real y mayor entre el representante y el representado, con mayor control, con más transparencia sobre él y dando así el protagonismo a los ciudadanos y no a las cúpulas de los partidos.
Urge una transformación de la Ley que impida que en la Cámara de la soberanía nacional, minorías territoriales sobrerrepresentadas no condicionen la política y la gobernabilidad; para que de esa forma no se pueda depender de partidos que no se sienten españoles. Urge una nueva Ley para que todos los votos tengan el mismo valor, un ciudadano un voto. En el que el candidato pueda ser conocido personalmente por sus votantes y, al final, este responda directamente ante ellos, evitando así la férrea disciplina de partido y el control de quien le puso con su dedo, esas élites de los partidos.
No hay Democracia sin transparencia ni transparencia sin Democracia. Es importante fortalecer nuestra Democracia y comprometerse en seguir profundizando en el sistema democrático y en reformarlo y regenerarlo para ganar en calidad democrática. Para eso es fundamental llegar a un gran pacto nacional, hace falta consenso, hace falta voluntad, hace falta generosidad y dejar de lado intereses partidistas.
Para ello tendremos que recurrir a fórmulas de democracias más maduras y sistemas proporcionales y representativos como la representación proporcional mixta de Inglaterra o Alemania, con el diputado de distrito como mecanismo para ganar en control y proporcionalidad. Y como fórmulas de gobierno que gobierne la lista más votada o que haya una segunda vuelta a la que no puedan acudir los partidos que no hayan conseguido el cinco por ciento de los votos en la primera vuelta.
Todos los partidos prometen cambiar estos sistemas tan poco democráticos pero todos se olvidan cuando pisan moqueta. Llegué a Vox para provocar e impulsar esta necesaria transformación de la Ley Electoral, salí casi, entre otras, por la misma razón: no poder internamente hacerlo.
En todos los partidos actuales se asfixia a los “disidentes” que quieren provocar estos cambios, que buscan democratizar y hacer más transparente todo. Se elimina a cualquiera que discrepa con las imposiciones de sus élites o con todo aquel que con su criterio propio pueda suponer un riesgo o poner en peligro los intereses y conveniencias espurias de sus líderes. Se elimina a todo aquel que busca provocar el debate activo, la libertad de expresión. Seguiré provocando el necesario cambio de Ley Electoral allá donde pueda hacerlo.
¿A tí, como padre, o al Estado? Esta pregunta es la que lleva generando mucha tensión entre padres y Estado desde hace muchos años. La puso de manifiesto la exministra Isabel Celaá, en su momento en relación con el asunto del Pin Parental, llegando a decir que «los hijos no pertenecen a los padres».
El Gobierno, a través del Consejo de Ministros, ha vuelto a ponerla de manifiesto esta semana con la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Familias. Entre sus novedades más destacadas se encuentra la prohibición del Pin Parental.
Se dice en esta Ley que “los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”.
Como docente, siempre he creído y defendido firmemente que los padres, más que el derecho a educar a sus hijos, lo que realmente tienen es el deber; tienen esa obligación. Y esa responsabilidad de hacerlo no pueden cederla; un deber nunca se puede ceder. No pueden traspasarla, es intransferible.
El Estado debe proporcionar los medios, los recursos, las herramientas para colaborar y facilitar a los padres esta obligación de educar a sus hijos durante la edad escolar. “El Estado no debe enseñar sino que debe permitir enseñar”. Si el Estado entra a educar a tus hijos de un determinado modo o manera contrario a tu idea, a tus principios morales, el Estado está impidiendo el cumplimiento de tus obligaciones paternales, y por tanto violando tu integridad y tu derecho como padre. Y por supuesto el de tu hijo también.
No debemos permitir que el Estado u otros agentes externos a la Educación se introduzcan en la formación de nuestros hijos y, menos todavía, en un asunto tan personal como es la educación sexual y afectiva, que es lo que pretenden con esta Ley de Familias y con la ideología de género tan aberrante que están introduciendo en las aulas y que claramente se aleja del sentido común y de la biología natural.
El apartado 3 del artículo 27 de nuestra Constitución lo dice textualmente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Parece evidente que se está atentando contra la libertad, por un lado, de los padres, y, por otro, de los menores, al obligarlos a asistir a recibir contenidos sin dar información previa a los padres sobre estas actividades e imponerles unos contenidos muy cargados de ideología de género partidista.
Las cargas ideológicas que llegan a la escuela cada día son más grandes y están preñadas de demasiadas conveniencias del poder de unos gobernantes que imponen políticas educativas ideológicas por encima de la voluntad de los padres. Olvidan a la escuela y a sus verdaderos actores: a los maestros, a sus alumnos y a sus familias. Les damos igual.
Debemos impedirlo; dejar en manos del Estado la Educación implica el riesgo de que esta se manipule por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. Dirigir y usar espuriamente la Educación por quienes dirigen el Estado siempre ha sido una tentación y un objetivo, pero lo que pretenden ahora nos puede acabar llevando hacia niveles crecientes de monolitismo y de pensamiento único terrible.
Una sociedad madura debe ser capaz de impedir que la Educación quede absolutamente a merced del Estado. No pueden quitarnos y restringir las libertades y nuestros derechos fundamentales. Debemos evitar que nos metan en una dictadura para adueñarse de la Educación. No podemos dejar que nos roben la libertad que tenemos como padres a garantizar la educación moral que queremos para nuestros hijos.
Recientemente se debatía en el Congreso de los Diputados el asunto de la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. En un momento de su debate, la diputada de VOX, Patricia Rueda afirmaba que el Gobierno “premia a filoetarras y terroristas” en una evidente alusión a premiar a EH Bildu por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En ese justo instante el vicepresidente primero de la Cámara Baja, en sus funciones de presidente del hemiciclo, pidió a la diputada que se retractara y retirara sus palabras. Patricia se negó a hacerlo y le recordó al vicepresidente que estaba coartando su libertad de palabra. Patricia tuvo que abandonar la tribuna al no retirar su frase.
Decir la verdad en las instituciones se ha convertido en un acto revolucionario y de valentía. Tiene graves consecuencias. La verdad es sincera, demoledora, dura, tajante e incómoda pero no siempre solo deja el corazón y el alma tranquila, no siempre te deja dormir tranquilo; en muchas ocasiones conlleva e implica rechazo, crítica, oposición y hasta represalia.
No se hacen ustedes a la idea la cantidad de veces que he tenido que decir las verdades del barquero desde el micrófono de la sala de Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara; sin miramientos a quienes iban dirigidas, con franqueza y he obteniendo respuestas y reacciones tan variopintas como desafortunadas.
Pero es que una de las razones por las que llegué a la Política es para defender a los guadalajareños y para fortalecer y mejorar la detección y denuncia de vulneraciones de sus derechos. Para ello una de las cosas que toca hacer es ser transparente y sincero con las evidencias y desnudar las mentiras de quienes nos manipulan para que no nos engañen.
La comunicación en estas instituciones es demasiado falsa, muy reactiva y aséptica. Ha de ser mucho más valiente, proactiva y humana; se ha de relacionar mejor con la verdad y menos con la mentira, con la imprudencia, con la hipocresía, con la prepotencia, la soberbia, el oportunismo, con el ego desmedido y con la falta de escucha y sinceridad.
Hay que atreverse a decir la verdad sobre lo que ocurre. Solemos convivir de forma muy habitual y demasiado cercana con la mentira. Mentir, tristemente, se ha convertido en un recurso omnipresente, en una herramienta imprescindible en la consecución de cualquier logro político. Forma parte de la estrategia electoralista de demasiados políticos, hasta el punto de que la mentira y el éxito se perciben en la política casi tan complementarios como con evidencias de inteligencia. Se ha popularizado e interiorizado el mentir, pareciese inevitable hacerlo y apenas no nos preocupa la mentira sino saber por qué se miente. Ya no nos escandalizamos de nada ni pedimos responsabilidades por ella.
Ejemplo y evidencias de ello tenemos de todos los colores. Pablo Iglesias afirmaba en un mitín que “yo ya no soy político; puedo decir la verdad”. Pedro Sánchez ha llegado incluso a ser justificado por una ministra al reconocer que una cosa es lo que decía siendo miembro de la oposición y otra muy distinta al ser presidente del Gobierno.
Nunca pueden arrebatarnos la libertad de expresión por decir la verdad. Me apasiona la gente que dice la verdad valientemente sin medir sus consecuencias. Es una actitud ejemplar y que se debe copiar en una sociedad demasiado acostumbrada a que la mientan y a mentirse a sí misma, en la que tristemente la mentira y el mentiroso se han convertido en parte del paisaje. La libertad de expresión y de pensamiento es condición y herramienta necesaria en todo régimen democrático. Si nuestro propio Estado no puede garantizarnos este derecho, entonces, no hay democracia.
Guadalajara es la provincia más afectada por la despoblación de toda España. Un 90 por ciento de sus pueblos la sufren extremamente. Para combatirla, además de ser incluida en esas ayudas europeas que llegarán a Teruel, Soria y Cuenca, debería poner en valor su enorme potencial paisajisto, natural y turístico. Guadalajara tiene una fabulosa variedad de paisajes.
Estos paisajes y estos entornos están muy comprometidos con la implantación de parques eólicos que pone en jaque la geomorfología del terreno con el levantamiento y movimiento de tierras, no sólo en el emplazamiento final de los aerogeneradores, sino las zonas próximas con las consiguientes vías de acceso o subestaciones y tendidos eléctricos de evacuación.
El paisaje guadalajareño se deteriorará con estos aerogeneradores que miden más de 150 metros de altura, incluso algunos alcanzan los 200 metros, y repercutiría muy negativamente en el turismo rural. Hay un perjuicio evidente del paisaje y de la naturaleza guadalajareña en muchos casos y en muchos rincones.
España vive una pérdida progresiva de la soberanía energética con leyes como la Ley del cambio climático aprobada en mayo de 2021, en la que nos prohíben explorar, investigar y explotar nuestros recursos energéticos. Esto nos perjudica muchísimo y supone un claro encarecimiento de la factura de la luz y del gas. La alternativa a la crisis energética global no puede consistir en crear un océano de molinos gigantes en un territorio supuestamente vaciado y empobrecido.
Además, hay una falta de regulación para evitar el desarrollo incontrolado de molinos eólicos. Urge que se establezca una reglamentación en la construcción de parques eólicos. Urge un instrumento de protección que regulase la instalación de parques eólicos. A día de hoy no existe ningún instrumento que proteja a estas zonas emblemáticas y naturales ante la instalación de parques eólicos.
El debate y el tema central sería de proporción, de gestión y de modelo. No se trata de renunciar a la energía eólica, que es necesaria, pero la implantación de grandes parques eólicos en estas zonas ha de realizarse de forma planificada, respetando el medio rural y su desarrollo. Se trata de buscar un óptimo en su aprovechamiento, salvaguardando, por un lado, la defensa del territorio y de los derechos de sus habitantes y, por otro lado, nuestro patrimonio natural.
Hay un sinfín de parques eólicos proyectados ya aprobados sin que exista ni un solo instrumento que proteja de los impactos medioambientales. Es de sentido común y razonable que este tipo de energías renovables alternativas se someta a un orden y a una normativa y reglamentación para que no se especule, para que no se cometa un desarrollo incontrolado de construcción de molinos eólicos, para que no haya un impacto medioambiental irreparable, para que no se destruya el atractivo natural turístico. Tiene que existir una planificación con criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos claros en los que haya participación ciudadana.
Este negocio eólico, estos macro-parques se llevarán muchas cosas. Se llevará por delante el futuro de estas zonas rurales porque los parques eólicos no generan empleo; su impacto directo sobre la contratación local es mínimo. Se llevará el silencio de estas zonas y nos acercará ese incómodo zumbido dentro de la oreja, ese ruido que afecta a los animales que emiten sonidos en su época reproductora.
Se llevarán esas noches y esos paisajes nocturnos sin contaminación lumínica debido a esas balizas luminosas de color blanco y rojo que tanto impacto provocan para conseguir un cielo limpio. Se llevará la vida de miles de aves y murciélagos por colisión al no poder esquivar las aspas de los aerogeneradores. Se llevará una correcta llegada a destino y una buena orientación de las aves en sus rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y de descanso debido al efecto barrera. Se llevará el suelo provocando que desaparezca la cubierta vegetal.
Se llevará la vida, el futuro y las posibilidades económicas de muchos guadalajareños porque estos parques eólicos no generan empleo. Es negocio eléctrico y nada más que negocio eléctrico. El principio del lucro. El verdadero problema en este asunto es de gigantes energéticos y de su control sobre recursos naturales y voluntades políticas.
¿Dónde queda el derecho de los guadalajareños a la preservación de nuestro entorno natural, nuestro paisaje y el impacto visual?
