Leía ayer una editorial de u
n conocido periódico alcarreño lo que ganaban los alcaldes de la provincia de Guadalajara y como su nomina, no siempre va vinculado al censo de su localidad, ni a su productividad, ni a la altura de la responsabilidad que asumen.
Resulta sorprendente descubrir que José Luis González Lamola, alcalde de El Casar (12.000 habitantes), tiene una nómina de cerca de 49.303 euros/año (cada vecino aporta 4,10 euros para mantener a su alcalde). El alcalde de Marchamalo (7.000 habitantes), Rafael Esteban, cobra 44.619 euros/año (6,30 euros cada vecino). El alcalde de Valdeaveruelo (1.000 habitantes), Alberto Cortés, 35.534€ y el de Uceda (2.500 habitantes), Francisco Javier Alonso, 33.506€.
La Ley de Transparencia es reveladora y deja en evidencia el despilfarro y descontrol que hay en los sueldos públicos de los 82.000 cargos políticos que hay en España. Es urgente la eliminación del despilfarro en gasto político y en consecuencia de la mejora de los recursos públicos para que los ciudadanos tengamos mejores servicios y más baratos.
Es urgente que el sueldo de nuestros alcaldes esté a la altura de la responsabilidad que asumen y vincularlo parte de su sueldo a su productividad y poner un límite de mandato, como máximo 8 años para ser presidente, ministro, alcalde o concejal.
Es urgente eliminar los parlamentos autonómicos y el Senado para que desaparezcan 82.000 cargos políticos que están impidiendo que disfrutemos de unas pensiones dignas, de unas becas educativas en condiciones, de una sanidad sin listas estratosféricas de espera, sin un justicia lenta y colapsada y sin multitud de servicios impedidos porque tenemos que pagar sueldos de cargos y asesores para que vivan de la política, porque en numerosos casos no tienen ni oficio ni salidas profesionales.